Conflictos sociales en Perú: desafíos y reflexiones sobre tierras indígenas, extractivismo y el modelo neoliberal

El presente ensayo se enfoca en el análisis de un problema crucial que ha marcado la realidad socioambiental y política del Perú en las últimas dos décadas, que gira en torno a los relacionados con los conflictos socioambientales por las actividades extractivistas que realiza el Perú dentro de territorios indígenas, con el fin de obtener un crecimiento económico; pensamiento ideológico influenciada por el movimiento neoliberal según (Zárate et al., 2020).

Palomino Quispe (2016) sostiene que el Estado no está siendo eficiente en la gestión de los conflictos socioambientales. Esto se evidencia en el hecho de que la Defensoría del Pueblo solo considera los conflictos como nuevos cuando el problema se hace evidente, lo que refleja una respuesta reactiva por parte de las entidades estatales. Además, en el 51% de los conflictos en los que se implementó algún mecanismo de diálogo, se registró al menos una acción de violencia, lo cual señala una deficiente gestión de estos conflictos (Muñoz Muñoz & Mercado García, 2023).

Este fenómeno cobra especial relevancia al estar estrechamente ligado a las discusiones contemporáneas en torno a las problemáticas socioambientales en las regiones andinas, debido a la explotación de megaproyectos mineros que impactan en territorios que han sido tradicionalmente custodiados por comunidades indígenas a lo largo de generaciones (Leon Mendoza, 2019). Y ante una creciente demanda global de minerales y petróleo, así como el aumento de sus precios, ha conducido a una política gubernamental en países ricos en estos recursos, como Perú, que coloca la explotación primaria exportadora como piedra angular para el crecimiento económico y el desarrollo del país (Zárate et al., 2020).

No obstante, esta estrategia de explotación ha generado tensiones con la población, ya que el Estado peruano promulga leyes de expropiación de tierras indígenas, en muchos casos sin el pleno consentimiento de las comunidades, las cuales consideran esas tierras como parte fundamental de su legado y cultura como en el caso de Bagua (Palomino Quispe, 2016).

Entonces, podemos señalar que estos tipos de conflictos son derivados por el Estado quien, en uso de su poder constitucional, limita el derecho de propiedad de las comunidades indígenas en pos de fomentar el crecimiento económico del país. En este contexto, emerge una pregunta fundamental que constituye el motor impulsor de este ensayo: ¿Las actividades extractivistas de tierras indígenas realmente reportan beneficios significativos para el Perú? La respuesta a esta interrogante reviste implicaciones de gran envergadura para el desarrollo y la justicia social en Perú, un país caracterizado por su diversidad multicultural y la imperante necesidad de conciliar los intereses económicos con los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

Por ello, el ensayo tiene como objetivo analizar y comprender la postura de los pueblos indígenas frente a las tierras que el Estado pretende expropiar. Esta tarea resulta fundamental para abordar de manera adecuada las raíces de los conflictos ambientales y para responder a la interrogante planteada, con el fin de asegurar un enfoque más equitativo y sostenible en la gestión de los recursos naturales y territorios en Perú.

Análisis a los antecedentes históricos de conflictos socioambientales en el Perú

En el marco de este ensayo, se han identificado y examinado los conflictos socioambientales que afectan al Perú, particularmente aquellos relacionados con la identidad y la pertenencia territorial, que involucran a los pueblos indígenas. Esto en razón a que, para estos pueblos, el territorio no se concibe únicamente como una cuestión de propiedad individual, sino como un espacio multiétnico compartido por diversas colectividades (Vélez-Torres & Ruiz-Torres, 2015). Los usos estacionales de la tierra se definen y redefinen entre grupos, lo que está estrechamente vinculado con la construcción de la identidad indígena y la formación del concepto de "nosotros"(Guzmán Zamora & Rodrigo Alsina, 2019).

Sin embargo, según Soriano Hernández (2017) este pensamiento andino sufre de discriminación étnica y racial convirtiéndose en una problemática significativa en estos conflictos, y esto se debe a la existencia de múltiples vertientes que desafían la estructura política del Estado peruano.

Asimismo, es importante considerar que ésta identidad indígena desempeña un papel fundamental en las luchas de los pueblos andinos, ya que choca con la imposición de un sistema económico y social proveniente de fuera, que amenaza con destruir lo que se ha forjado a lo largo de décadas y siglos en estas regiones (Poblete Nuñez, 2017), es por ello que las comunidades indígenas han persistido en la defensa de su territorio a pesar de las presiones ejercidas por sistemas económicos que priorizan el crecimiento a expensas de la naturaleza.

En ese sentido, consideramos existe una contradicción entre la cosmovisión indígena, que valora la armonía con la naturaleza, y el enfoque neoliberal del siglo XX, que promueve el crecimiento social a costa de la naturaleza, toda vez que, el Estado a menudo impone normas que permiten la expropiación de la propiedad en aras del bien común sin tener en cuenta la diversidad multiétnica y pluricultural del país (Bebbington, 2021).

Además, las demandas territoriales de los pueblos indígenas se presentan en dos dimensiones principales: la recuperación de la propiedad de las tierras que les fueron arrebatadas y la aspiración a políticas y normativas que les otorguen control sobre los territorios que históricamente les pertenecieron (Poblete Nuñez, 2017).

Análisis a la constitución política con el pluralismo jurídico

El Perú se define constitucionalmente como un país pluricultural y multiétnico, reconociendo el derecho a la identidad étnica, es decir que, se debe garantizar el reconocimiento de las autoridades originarias de las comunidades y les otorga funciones jurisdiccionales, permitiendo que regulen sus asuntos de acuerdo a sus usos y costumbres, dentro de un marco que respeta los derechos humanos.

En el país, existen organizaciones como las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas, que están protegidas tanto por el ordenamiento jurídico nacional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Bazán Cerdán y Quiroz Quiroz, 2018) las define de la siguiente manera:

a)      Comunidad campesina: Es una personería jurídica formada por familias que habitan y controlan territorios específicos, que se encuentran unidas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, las mismas que comparten la tierra, a través del trabajo comunal mediante la ayuda mutua desarrollando actividades multisectoriales con el propósito de lograr la plena realización de sus miembros y el beneficio del país.

b)     Comunidad nativa: Están compuesta por familias que comparte el mismo idioma, cultura y vivencia social, a través de la posesión y uso común y continuo del territorio.

c)      Pueblos indígenas: Son aquellos pueblos originarios que tienen derechos que son reconocidos por el convenio 69 y ratificado por la Constitución Peruana, con el fin de que pueda perdurar su cultura y creencias incluyendo a pueblos aislados, así como a las comunidades campesinas y nativas.

Respecto de los pueblos indígenas

De acuerdo al Convenio 69 los Estados tienen la obligación de respetar las decisiones tomadas dentro de las comunidades indígenas y deben facilitar el mantenimiento de sus costumbres, incluyendo sus métodos de resolución de conflictos (Zambrano et al., 2017). Sin embargo, en algunas situaciones, las propias comunidades pueden recurrir al sistema estatal o enfrentarse a él cuando se ha quebrantado alguna norma penal.

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido un proceso que ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la Constitución de 1920, que reconoció la "existencia legal de las comunidades de indígenas" y la naturaleza imprescriptible de sus tierras. La Constitución de 1933 reiteró estos derechos y añadió la inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras comunales. Además, se permitió la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas.

La Constitución de 1993 introdujo la causal del abandono al eliminar el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales y debilitó su carácter imprescriptible. Este cambio marcó el inicio de un deterioro progresivo de la seguridad jurídica de las tierras indígenas que habían sido consagradas desde 1920 (Federación Internacional por los Derechos Humanos [FIDH], 2009).

El caso Bagua se presenta como un ejemplo histórico de cómo los pueblos indígenas han sido afectados por las decisiones del Estado sin considerar su opinión.

Análisis del caso Bagua

El 9 de abril de 2009 en Perú  ocurrió uno de los más grandes conflictos socioambientales conocido como la "huelga amazónica" porque duró más de 55 días y se produjeron 33 muertes, tanto de indígenas como de miembros de la Policía Nacional del Perú (Palomino Quispe, 2016).

Se ha encontrado que la causa principal de este trágico evento fue la falta de consulta a los pueblos indígenas en relación con los proyectos extractivos que se estaban implementando en sus tierras y territorios (Cavero, 2011). Sin embargo, hubo discrepancias en cuanto a la atribución de responsabilidades por estas muertes, esto debido a que, algunos informes apuntaron a los indígenas por defender sus derechos, mientras que otros responsabilizaron al Estado y sus representantes por exacerbar el conflicto, también se mencionaron a los diferentes partidos políticos y otros factores como posibles causas (Dolorier & Paneque, 2013).

A raíz de este conflicto se aperturaron hasta siete procesos penales, incluyendo los conocidos como "curva del diablo" y "la estación 6", que involucraron a indígenas acusados de la muerte de 23 policías, la misma que resultó en la absolución de todos los procesados y que generó jurisprudencia relevante en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas (Urtega Crovetto, 2017).

Es así que, a lo largo de la historia, los pueblos indígenas de Perú han enfrentado desafíos significativos en la defensa de sus tierras y recursos; y, a pesar de avances legales que reconocieron derechos de propiedad en el pasado, cambios políticos y económicos han llevado a un deterioro de la seguridad jurídica de las tierras indígenas, lo que ha generado tensiones y conflictos (Burneo, 2020).

El conflicto en Bagua ha demostrado la compleja relación entre el Estado, las empresas extractivas y los pueblos indígenas en Perú ha llevado a que entendamos que es necesario dar un mayor reconocimiento y comprensión de la situación de los pueblos indígenas en el país frente a un crecimiento económico, lo que significa que el Estado debe abordar adecuadamente las actividades extractivas en sus territorios.

De las actividades extractivistas

Damonte y Vila (2014) dieron a conocer que la actividad extractiva es de vital importancia para la economía peruana, contribuyendo significativamente al crecimiento del país, toda vez que, esta expansión de la actividad extractiva ha llevado a que la minería represente un porcentaje importante del Producto Bruto Interno (PBI), llegando al 28% del PBI en el país, excluyendo Lima, y al 14.5% del PBI, incluyendo Lima (Caballero, 2012).

Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos que la actividad extractiva ha aportado al país, también se ha encontrado que ha llevado a un creciente descontento socioambiental (Vélez-Torres & Ruiz-Torres, 2015). Es por ello que, ante la expansión de las industrias extractivas se ha incrementado la movilización de los pueblos indígenas en Perú representado por organizaciones como: la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAP), creadas con el fin de proteger los derechos de las comunidades indígenas frente a las industrias extractivas cuestionando el concepto de "desarrollo"(Dolorier & Paneque, 2013).

Es así que, la actividad extractiva si bien ha sido fundamental para el crecimiento económico del Perú, también ha generado conflictos socioambientales y transformaciones en la identidad social y política de las comunidades afectadas, que no benefician a un país caracterizado por ser pluricultural, donde solo incrementaran las movilizaciones de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos hasta que el Estado pueda crear nuevas alternativas que ayuden al desarrollo respetando la identidad étnica.

Respecto del modelo económico neoliberal

El modelo económico neoliberal en Perú tuvo un impacto significativo en la estructura de la propiedad y en la economía del país, además se tiene que existe un crecimiento en la propiedad privada lo que llevó a una reconfiguración del poder económico respecto de las actividades financieras en el crecimiento del mercado (Durand, 2011).

En términos de indicadores económicos, se encontró que el modelo neoliberal generó un alto crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2001 y 2009, con tasas que duplicaron las registradas en la región latinoamericana. En 2010, el PBI nacional se había duplicado en comparación con el año 2005 y se había triplicado en comparación con el año 2000. Esto coincidió con una disminución de la tasa de pobreza en ese período, que pasó del 49.8% al 34.8% (Toche, 2011).

Sin embargo, a pesar de estos indicadores económicos positivos, se encontró que la pobreza persistió y se concentró en ciertos grupos sociales y regiones geográficas (Trivelli, 2005). En 2009, se observó que la pobreza estaba concentrada en las zonas rurales de los departamentos de la sierra y la selva del país, afectando al 66% y 57% de sus pobladores, respectivamente, en comparación con solo el 14% de la población de Lima Metropolitana (Toche, 2011).

En resumen, la investigación encontró que el modelo neoliberal extractivista en Perú tuvo un carácter excluyente, ya que persistieron las condiciones de pobreza y desigualdad, especialmente entre las poblaciones indígenas y en las regiones donde se desarrollaron actividades extractivas.

En conclusión, al analizar detenidamente los conflictos socioambientales generados por las actividades extractivas en territorios indígenas en Perú, se revela una compleja interacción entre el Estado, las comunidades indígenas y el modelo económico neoliberal. Esto nos lleva a comprender que la imposición de proyectos extractivos conlleva tensiones significativas, especialmente en lo referente a la defensa de la identidad, cultura y territorio por parte de los pueblos indígenas.

Las leyes que permiten la expropiación de tierras sin un consentimiento pleno de las comunidades contradicen los principios de pluralismo jurídico y generan conflictos de intereses. Las actividades extractivas, si bien contribuyen significativamente al crecimiento económico del país, también han generado descontento socioambiental y persistencia de la pobreza, especialmente entre las poblaciones indígenas. Por lo tanto, el modelo económico neoliberal, a pesar de sus éxitos económicos en términos generales, ha sido excluyente y ha dejado profundas desigualdades. En este sentido, se reportan beneficios al Perú en continuar con actividades extractivas en tierras indígenas.

En este contexto, es fundamental replantear las políticas gubernamentales y adoptar enfoques que respeten la diversidad cultural, promoviendo la consulta previa, el reconocimiento de derechos indígenas y un desarrollo más equitativo. Además, se insta a la necesidad de investigaciones futuras que profundicen en alternativas sostenibles y justas para la gestión de recursos naturales en Perú, considerando tanto el crecimiento económico como la preservación de la identidad y los derechos de las comunidades indígenas. Este proceso es esencial para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social en un país caracterizado por su diversidad multicultural.

Conflicto de intereses / Competing interests:

Los autores declaran que no existió ningún conflicto de intereses.

Rol de los autores / Authors Roles:

Sandra Ramos: Conceptualización, investigación, metodología, recursos, supervisión, visualización, administración   del   proyecto, escritura -preparación   del borrador original, escritura -revisar & amp; edición, recolección archivos, codificación abierta, estructuración, teorización, preparación del borrador.

Li Medina: Conceptualización, investigación, recursos, visualización, administración del proyecto, escritura -preparación del borrador original, escritura -revisar & amp; edición, recolección archivos,

Fuentes de financiamiento / Funding:

Los autores declaran que no recibieron un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:          

Los autores declaran no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.