La violencia estructural y su impacto sobre la calidad de vida dentro de la sociedad

Se puede decir que una sociedad no es más que un nombre colectivo para referirse a cierto número de individuos. Llevando a otro terreno la controversia entre nominalismo y realismo, un nominalista podría afirmar que de igual modo que lo único existente en una especie son los miembros que la componen, con lo que la especie considerada independientemente de sus miembros carece de existencia, así también las unidades de una sociedad serían lo único que existiese, siendo puramente verbal la de aquélla. El nominalista podría aducir como ejemplo el de los estudiantes que escuchan a un profesor, que constituyen un agregado que desaparece al acabarse la clase: no serían, por tanto, una cosa, sino un mero conjunto de personas. Pues bien, podría argüir que lo mismo sucede con los ciudadanos que forman una nación…

Del mismo modo es razonable considerar a la sociedad como una entidad, porque, aunque formada de unidades discretas, la permanencia de las relaciones que tienen lugar entre ellas implica una cierta condición de conjunto concreto del agregado que forman. Y eso es lo que nos conduce a nuestra idea de sociedad (p. 232).

Así, una sociedad puede considerarse como una entidad visualizada desde una perspectiva individualista y desde otra colectiva, siendo que de una u otra forma reviste la misma importancia porque entraña una sinergia de nexos entre todos sus conformantes, lo cual a su vez, genera distintas consecuencias. Las interacciones gestadas en el conglomerado social pueden resultar con connotaciones positivas, así como también negativas y entre estas últimas se encuentra la génesis de la violencia entendida como la coacción con poder que promueve la supremacía, la opresión o la dominación por parte de quien la ejecuta, mientras que denota sumisión o sometimiento por parte de quien es víctima de ella (Quilupangui y Paredes, 2022). En este sentido, se ha llegado a determinar que cuando ocurren manifestaciones violentas correlacionadas con diversidad de seres humanos, se suscita una afectación hacia la calidad de vida en aspectos como la seguridad, el manejo de las relaciones comunitarias, entre otros, por lo cual es fundamental el establecimiento de políticas públicas para erradicar su materialización (Tavares de Lucena et al., 2017).

Ahora bien, una de las variantes de la violencia, es lo que se conoce como violencia estructural. Esta, conforme con Rodríguez (2022) se asume como “incorporada en las formas sociales, especialmente las contemporáneas” (p. 28) y refiere a situaciones que causan daños en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, siendo un ejemplo muy palpable la manifestación de la pobreza (Rodríguez, 2009), todo como consecuencia de la segmentación social sin la necesidad del ejercicio directo de la coacción (Murillo, 2022).

Es pues, con base en los elementos hasta aquí explanados, que cabría realizar las siguientes interrogantes para el desarrollo de este texto: ¿Cuáles son las implicaciones generales de la violencia?; ¿en qué consiste la violencia estructural? Y finalmente, ¿cómo índice la violencia estructural sobre la calidad de vida de las sociedades? En función de lo ya escrito, el objetivo general de este ensayo es comprender la incidencia de la violencia estructural como factor de impacto sobre la calidad de vida de las personas dentro de la sociedad. Para ello, se realizó un proceso de investigación bibliográfico en aras de nutrir el trabajo consolidado.

El poder, en tanto relacional, es la facultad y el medio para ejercer influencia sobre otros de forma directa, y casi siempre coercitiva, por lo tanto el resultado es la conformación de relaciones asimétricas entre los individuos. El objetivo del poder es establecer una posición hegemónica para tener el dominio y con ello construir la legitimidad necesaria que garantice su permanencia, para ello, se vale de las leyes y los dispositivos de vigilancia que los gobiernos diseñan para proteger la vida de los individuos, pero sobre todo para garantizar su permanencia, y así lo institucionaliza. En esta lógica discursiva, el biopoder se visibiliza a través de los mecanismos disciplinarios que se han construido para vigilar y dominar los cuerpos humanos, los cuales están sostenidos por todo un entramado jurídico (p. 315).

Por lo tanto, la puesta en práctica del poder es potencialmente un ejercicio de desigualdad en cuanto a las facultades que posee el que lo ostenta, con respeto de aquel sobre el cual tiene algún tipo de imperio. Dicha implicación puede suscitar conflictos intersubjetivos entre los involucrados. Sin embargo, no debe confundirse la noción de conflicto con la de violencia.

Álvarez-Ovallos y otros (2020) expresan que “actualmente, el conflicto es considerado como un proceso natural, característico en cualquier dinámica asociada a relaciones humanas presentes en el entorno, como un aspecto clave del desarrollo individual. En ese sentido, las formas de enfrentar un conflicto dependen directamente de las percepciones” (p. 8). Esto ocurre porque, como indica Fuquen Alvarado (2003) “el conflicto es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden, unos contra otros, debido a tener intereses, objetos y modalidades diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerado como adversario” (p. 267). De tal manera, una manifestación conflictiva es simplemente la contraposición de intereses de las partes involucradas en una relación, con lo cual no necesariamente se entraña un nexo de violencia, pues esta se manifiesta en concordancia con lo informado por Sarabia (2018) al esbozar que:

En 1996 la 49ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la prevención de la violencia como una prioridad de la salud pública. Definió violencia como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectiva, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p. 1).

De tal modo, podría afirmarse de una forma más adecuada, que la violencia sí puede surgir en un marco conflictual, pero se concreta cuando hay una escalada en ese conflicto, provocando una trascendencia de configuraciones las cuales determinan la ocurrencia de perjuicios a las partes correlacionadas, resultando como mayor afectada aquella que posea una mayor debilidad. De hecho, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2022) establece que las distintas manifestaciones de violencia provocan consecuencias negativas como huellas en el desarrollo de tipo social, cognitivo o emocional; desequilibrio contra la autoridad cuando se ejerce por medio de acciones coercitivas y punitivas; resquebrajamiento de la evolución socioemocioal de las personas; proliferación del estrés tóxico; repercusiones en el desarrollo físico; o la replicación de las conductas violentas por parte de las víctimas.

Las consecuencias expuestas con anterioridad se suscitan con independencia de la clase de violencia ejercida. Esto es importante de resaltar, porque la diversificación de los daños ocasionados a las personas bajo dicho respecto, pueden devenirse de acuerdo con Montero González y Maque Condori (2022) porque las manifestaciones violentas pueden ser de tipo psicológico, por negligencia o abandono, física, sexual, aparte de cualquier otra caracterización que se quiera dar en cuanto a la denominación de dicha forma de lesionar los intereses de las personas.

Ahora bien, Mendoza Vargas y otros (2020) también estiman que la violencia puede ser: personal (psíquica o física), cultural (relacionada con estereotipos sociales que condicionan las conductas humanas) o estructural, la cual se manifiesta cuando existen “maltratos institucionales pasivos o activos” (p. 55). Conviene, sin embargo, ampliar esta visión para determinar la forma en que la violencia estructural afecta a la calidad de vida de la sociedad, y por ello es pertinente citar a Bohm (2017) cuando explica:

La violencia estructural, entendida como propuesta teórica sobre la violencia, que permite el pensar, investigar y potencialmente, también actuar podría definirse, tomando distintos elementos trabajados por Galtung en sus distintos trabajos y abordajes, como el “conjunto de los obstáculos físicos y organizativos evitables que en las relaciones estructurales impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas o alcanzar su verdadero potencial”. Se trata así de obstáculos evitables que impiden que sean cubiertas necesidades básicas. Cuando en tierra fértil hay niños muriendo de hambre, o cerca de fuentes de agua natural los pobladores no tienen qué beber o cuando los pueblos indígenas y campesinos, antiguos propietarios de la tierra, no pueden vivir sin intromisiones en condiciones de vida digna de acuerdo con sus requerimientos básicos, podríamos estar, en principio, frente a casos de violencia estructural (p. 57)

En función con lo anterior, la autora citada plantea que en este entramado la problemática esencial, se sostiene en el hecho de que la violencia estructural no es una forma directamente visible, pues a diferencia de los actos de violencia en delitos como el robo o el homicidio, en la violencia estructural no hay una percepción manifiesta de que su incidencia constituye una materialización de comportamientos violentos. Por ello, su prevención es escasa, al igual que su sanción e incluso las reparaciones que deberían generarse al sufrir esa clase de violencia. De hecho, en este sentido puede señalarse que los sistemas legislativos son silenciosos ante la violencia estructural, visto que también ese tipo de manifestación es silenciosa (Loeza, 2017). En este sentido, Bohm (2017) además expone que los fallecimientos como consecuencia del hambre, las dolencias generadas por deficiente atención sanitaria, el menoscabo de los empleos por corrupción de fuentes de recolección artesanal o el detrimento de espacios aptos para que los infantes puedan jugar, son incidencias dentro de las cuales es difícilmente determinable un culpable de manera formal.