América Latina entre rebelión y estado de excepción permanente

En el otoño de 2019 los reflectores internacionales han sido puestos nuevamente en el continente latinoamericano cuando, a través de un masivo estallido social que ha acomunado diferentes países de la región, se han hecho una vez más patentes la falta de consenso social, la emergencia de una protesta social que supera paulatinamente el miedo y las dificultades del Estado para contener esta creciente protesta.

Haciendo un paso atrás, desde el principio de los años noventa la eclosión de movilizaciones políticas y de protestas populares ha sido un hecho común en casi toda América Latina. Al respecto, hay que destacar particularmente la capacidad que han tenido los movimientos y organizaciones populares de aglutinar fuerzas y de enfrentarse a gobiernos que aplicaban la letra las reformas neoliberales aconsejadas desde el Consenso de Washington. En consecuencia, de crisis económicas, pobreza y autoritarismo que siguieron a la década de la llamada transición a la democracia y a la consolidación del neoliberalismo en el continente, ha habido un viraje político importante: los ciudadanos se han acercado a partidos de izquierda o centro izquierda, que en varias ocasiones han resultado ganadores de contiendas electorales. En el mismo periodo, movimientos indígenas y campesinos, en particular en Bolivia y Ecuador, han sido capaces de destituir a presidentes paladinos del neoliberalismo.

Frente a la avanzada en el continente de gobiernos progresistas que anhelaban diferentes demandas de los movimientos sociales, en 2008 la politóloga argentina Maristella Svampa habló del quiebre del consenso neoliberal (Svampa, 2008, p. 2). Eso al fin no sucedió: los hechos que le siguieron, en parte ligados a la crisis económica mundial del mismo año, desmintieron este pronóstico y llevaron a la contraofensiva neoliberal con la restauración de gobiernos conservadores, que se mantuvieron a través de políticas de sacrificios para la clase popular (austeridad) y el disciplinamiento social (autoritarismo). Pero, desde el llamado otoño latinoamericano de 2019, tiempo de levantamientos y estallidos en diversos países del continente, el consenso del cual hablaba Svampa, parecería empezar realmente a quebrantarse.

En el último periodo, los gobiernos de derecha pro neoliberales que siguen a la letra los imperativos del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), detrás de los cuales se encuentran los intereses corporativos de los poderíos neoimperialistas, por lo menos en los casos de Ecuador, Chile y Colombia, no han pasado por un momento favorable por lo que refiere a aprobación y consenso popular. Todos han enfrentado una crisis identificable con la falta de gobernabilidad, por lo cual, para lograr perpetuarse en el poder, se han visto obligados a apoyarse en las fuerzas armadas, los tristemente célebres gorilas latinoamericanos, los militares de la obediencia ciega, en un intento de restablecer la ley y el orden funcional a los intereses del capital.

Es un hecho bastante generalizado que, en los momentos de crisis y para seguir con la implementación de los ajustes estructurales impopulares impuestos de las Organizaciones Gubernamentales Internacionales (OGI)[1], el Estado no encuentra otra solución que imponer una deriva autoritaria. Como decía el político e intelectual italiano Antonio Gramsci, no tiene un mínimo de consenso en su actuar, entonces la sola respuesta es el estado de excepción continuo y prolongado. Esto debido a que “el Estado se pueden constituir como aparato de represión para toda la sociedad en momentos de crisis, pérdida o debilitamiento de la hegemonía, pérdida del consentimiento o consenso” (Gramsci, 1977, p. 52). Para los gobiernos conservadores, que se han visto cuestionados por parte de sus ciudadanos y electores, la única manera de perpetuarse en el poder y gobernar ha sido entonces a través de un Estado militarizado y unas tácticas policiales basadas en el miedo, funcional al debilitamiento, la desarticulación y la invisibilización de la protesta, tan requerida por parte de un poder que necesita más que nunca autolegitimarse. Al respecto recordamos que, desde mucho tiempo, el miedo ha sido “uno de los instrumentos de control social de los poderes autoritarios e incluso de aquellos que se ostentan como formalmente democráticos” pero, últimamente, “se ha refuncionalizado como tecnología propia de la gubernamentalidad neoliberal y la reorganización global en curso” (Calveiro, 2019, p. 36).

Por consiguiente, el escenario que se ha presentado desde octubre de 2019 recuerda tiempos oscuros y no olvidados de dictaduras y terror, en virtud de que la falsa democracia puesta en marcha en los años ochenta (llamada, irónicamente, transición) no ha funcionado a cabalidad para imponer el neoliberalismo ortodoxo y despojar a los pueblos de los abundantes bienes naturales funcionales a los intereses del capital. Regresa la política del terrorismo de estado en contra de la inconformidad y para el control del orden público, como un patrón a nivel continental, bajo el lema de “neoliberalismo o muerte”. Por este fin se crean nuevas leyes que dan más poder a las fuerzas armadas y más presupuesto para sus elementos y sus equipajes. Sin embargo, es tanto el malestar, la desesperación, el hartazgo y la frustración en contra de los gobiernos neoliberales (progresistas y conservadores) que, a pesar de la represión violenta, el utilizo masivo e indiscriminado de la fuerza, los presos, los asesinatos, el pueblo sigue en la calle, exigiendo cambios económicos sustanciales y justicia social.

A nivel general, cuando se habla de la relación entre movimientos sociales y Estados, se puede afirmar que, desde el principio de este siglo, después de un periodo de relativa paz que hizo seguimiento al tiempo de las dictaduras, estos últimos se han vuelto cada vez más autoritarios, porque han perdido el apoyo popular y utilizan más a la represión para controlar la masa. Aunque este actuar ha sido, en varios casos contraproducente porque “puede provocar el resultado opuesto y movilizar las resistencias” (Calveiro, 2019, p. 39). Por lo mismo, los movimientos sociales se radicalizan, no se dejan intimidar: en Chile, por ejemplo, se habla de la generación que le perdió el miedo al toque de queda, uno de los símbolos de la era Pinochet. Nos encontramos frente a un cambio profundo, donde la indignación por la represión es motor de más protestas al mismo tiempo que aumenta la desobediencia: “nos quitaron todo que nos quitaron hasta el miedo” se escucha por cada rincón de la región. De esta manera derrotan, diariamente y en la calle,” el intento de la clase política de imponer el miedo y la parálisis” (Gaudichaud, 2010, p. 165). “Lo que el poder no podía comprender es que la pérdida de toda esperanza constituye también la la condición de la pura revuelta” (Comité Invisible, 2017, p. 120).

Dicho lo anterior, el presente ensayo, al tomar como ejemplo el otoño de 2019, tiene la intención de ampliar la panorámica de la relación entre el Estado y los movimientos sociales en América Latina. Por este fin se ha abonado, por un lado, sobre las causas estructurales y los reclamos de justicia social que han llevado a los recientes levantamientos populares y, por el otro, se han buscado orígenes y consecuencias de los estallidos.

El patio trasero

No se puede entender el otoño latinoamericano sin insertarlo en el contexto geopolítico que vivimos, en el cual reaparece con fuerza en el continente el neoimperialismo estadounidense, que recupera a la Doctrina Monroe, por medio de la imposición de gobiernos que se doblan frente a los dictámenes del FMI, considerado el brazo económico del Imperio. Al respecto, en febrero de 2018, el entonces secretario de Estado de este país, Rex Tillerson, aseguró que la Doctrina "es tan relevante hoy como el día en que fue escrita"[2]. El fin último de Estados Unidos es mantener su esfera de influencia en la región para proteger sus intereses geoestratégicos y los de sus corporaciones trasnacionales, para poder apoderarse de los estratégicos bienes de la naturaleza que necesita (esencialmente minerales, gas, litio, petróleo, agua) y privatizar la mayoría de los servicios públicos en beneficio de sus empresas.

Pero recientemente, vista la siempre más fuerte resistencia social, el Imperio ha empezado a utilizar nuevas formas de golpes de estado para desestabilizar la región y consolidar sus objetivos. En algunos casos disfrazados (golpes blandos), como en Haití (el último de una larga serie en 2004), en Honduras (2009) con la destitución de Manuel Zelaya, en Paraguay (2012) con la deposición de Fernando Lugo. O también a través de un golpe parlamentario como el que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (2016) en Brasil después del contradictorio encarcelamiento de Lula da Silva en el mismo año. Sin contar los innumerables intentos de derrocar al comandante Hugo Chávez Farías, antes y ahora sus sucesor Nicolás Maduro en Venezuela.

Estos golpes de estado disfrazados forman parte de los llamados conflictos de baja intensidad: una estrategia a través de la cual “los programas de ayuda pueden ser realizados en regiones conflictivas, sin la carga ominosa que significa la intervención militar directa” (Harnecker, 1999, p. 33), para desestabilizar a gobiernos incomodos. El plan consiste a grandes rasgos en la entrega de dinero y armas en cantidad a las derechas reaccionarias, a promoción de campañas mediáticas de desprestigios en contra de los partidos y gobiernos progresistas y de los movimientos anti austeridad, la formación de grupos paramilitares que hagan destrozos en la calle para crear un clima de instabilidad, caos y violencia y así justificar la necesidad de la militarización para lograr el regreso al orden a través de medidas de excepción como el estado de sitio y el toque de queda. Adicionalmente, para el caso de la mayoría de los países de América Latina, la cúpula del ejército ha sido formada en las escuelas de entrenamiento militar de Estados Unidos, principalmente en Whinsec, Fort Benning, Georgia, conocida en el pasado como la Escuela de las Américas, por su adoctrinamiento militar e ideológico y sus técnicas de contrainsurgencia. Lo anterior nos recuerda las palabras de Frantz Fanon, el cual afirmaba que, en países pobres, “subdesarrollados donde, por regla general, la mayor riqueza se da al lado de la mayor miseria, el ejército y la policía son los pilares del régimen. Un ejército y una policía que están aconsejados por expertos extranjeros” (Fanon, 1961, p. 48) y que se convierten en fuerzas internas de ocupación de sus propios pueblos.

Entonces, de una u otra forma Estados Unidos sigue decidiendo cuales son los gobiernos legítimos, que crea, impone y apoya. El presidente de este país, Donald Trump, ha hablado reiteradamente, refiriéndose particularmente a Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, de regímenes ilegítimos que hay que combatir, fundamentalmente porque no atienden a los intereses de su país y por no obedecer a las órdenes que se le quiere imponer en los planos político y económico. Al fin y al cabo, se trata una clara injerencia externa a la soberanía popular. Este es el sentido de las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el cual, refiriéndose precisamente al otoño latinoamericano, dijo: “ayudaremos a gobiernos legítimos y democráticos”, refiriéndose específicamente a Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, “a evitar protestas, y estaremos alerta”[3].

Por otro lado, y como parte de la misma estrategia desestabilizadora, se puede evidenciar un mismo patrón de acción de los gobiernos conservadores para enfrentar a las protestas y los estallidos sociales. Gracias al apoyo incondicionado de los medios de comunicaciones afines al gobierno y a la clase empresarial, en los levantamientos populares del otoño latinoamericano se ha enfatizado únicamente el vandalismo de una pequeña turbe que saquea, la cual ha estado compuesta en su mayoría de agente infiltrados del Estado, como ha sido ampliamente comprobado. Estos han sido utilizados para deslegitimar a las reivindicaciones del pueblo y tener el pretexto para poder así equiparar la protesta al desorden subversivo con el fin de proclamar el estado de sitio, justificándolo con la necesidad de garantizar la democracia y el estado de derecho (la Ley y el Orden)[4]. De esta manera se ha buscado la legitimidad necesaria para que el Estado intervenga de manera violenta en la represión de las protestas sociales. En este sentido se puede hablar de neoliberalismo armado: “frente a la erosión de la hegemonía neoliberal, la legitimidad democrática de los regímenes políticos parece estar eclipsándose de forma alarmante en beneficio de una política basada en la ley de la fuerza, garante de la continuidad y efectividad de las políticas neoliberales” (Taddei, 2002, p. 30).

Interregno

Como se evidencia, el contexto actual en el continente es de gran conflictividad. Se vive una fuerte polarización que se asemeja siempre más a un choque de civilización donde se enfrentan dos visiones del mundo, dos maneras de pensar y de vivir opuestas, dicotómicas y sin espacio para la negociación.

Por un lado, se puede evidenciar la política de gobiernos cuales el de Bolsonaro en Brasil, de Lenin Moreno en Ecuador, de Duque en Colombia, entre otros, que representan la recomposición del bloque social comandado por el poder económico transnacionalizado, es decir la restauración neoliberal armada. Por el otro lado se encuentran las exigencias del pueblo afectado cada día más pesantemente de los programas de austeridad relacionados a los ajustes estructurales y sus reclamos de justicia y democracia. Además, las contradicciones actuales del sistema, que los gobiernos progresistas del continente no han podido solucionar, llevan a una confrontación más radical. Polarización que trae consigo la militarización de los territorios en disputa y de la vida social en su conjunto.

Retomando a Gramsci, estamos en tiempo de interregno, tiempo de crisis que “consiste en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados” (Gramsci, 1977, p. 34). Esta definición resulta pertinente para reflejar la condición de extrema polarización actual que se presenta como un escenario particularmente peligroso, pues se caracteriza precisamente por un alto grado de radicalización. Es un momento crítico porque “las formas de evolución represivas se observan de manera generalizada, independientemente del tipo de régimen que se trate” (Bianchetto y Ávila, 2019, p. 9). No obstante, al mismo tiempo, “la existencia de resistencias es una evidencia de la posibilidad de que nuevas alternativas para el cambio puedan surgir” (Bianchetto y Ávila, 2019, p. 15). Esto depende en gran medida de las formas en que los gobiernos perciben y reaccionan ante las crisis o recesiones económicas (y consecuentemente políticas), con más o menos violencia y autoritarismo.

Asimismo, para abonar en esta confrontación, la región está siendo escenario de una disputa neoimperialista[5] por la hegemonía global entre Estados Unidos y China, como parte de una recomposición geopolítica y geoestratégica con el objetivo de garantizar el control sobre territorios y recursos, la cual ha sido definida como una reorganización hegemónica a nivel planetario (Calveiro, 2012, p. 12). En esta disputa Estados Unidos no está dispuesto a dejar al enemigo su patio trasero. No hay que olvidar que América Latina continua a mostrar a combinación de países con alta dependencia en exportaciones primarias y procesos con democracias frágiles: en el continente, más allá de neoliberalismo o progresismo, “los autoritarismos, los golpes de Estado y la inestabilidad siguen siendo parte de la vida política” (Acosta y Cajas Guijarro, 2020, p. 23). Estas condiciones, partes sustanciales de las contradicciones del sistema impuesto, exigen transformaciones estructurales ya que “las formas y normas fundamentales de funcionamiento de un sistema social no solo no funcionan bien, sino que están profundizando situaciones de caos, malestar colectivo, carencias, violencias y resistencias” (Lao, 2011, p. 142). Por todo lo anterior es evidente que el continente latinoamericano “continúa siendo el escenario de las más importantes luchas del mundo contemporáneo contra el neoliberalismo y por la construcción de alternativas al modelo adoptado por el capitalismo” (Sader, 2019a, para. 1).

Gobiernos progresistas

Recordamos que América Latina ha sido el escenario de una importante cantidad de experiencias políticas que, hacia fines de la década de 1990, pusieron en cuestión el modelo neoliberal prevalente en la región. El año 1998 fue el punto de inflexión, cuando se produjo la victoria del comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela con su propuesta del socialismo del siglo XXI. A partir de entonces, distintos países como Brasil (2003), Argentina (2003), Uruguay (2005), Bolivia (2005), Ecuador (2007), Nicaragua (2007), Paraguay (2008) y El Salvador (2009), fueron derribando, con sus políticas de gobierno, algunos de los cimientos de la arquitectura neoliberal. Por cierto, eso fue posible gracias al aporte fundamental de los movimientos sociales, mismos que ahora están luchan en la calle, a través del desafío del estado de sitio y la reafirmación del rechazo a las medidas socio económicas neoliberales. Ellos han sido críticos también con los partidos y gobiernos progresistas de la región, que precedentemente habían apoyado, por no haber modificado el modelo de desarrollo capitalista, identificado ahora como neo desarrollismo extractivista.

Es cierto también que, por el momento, no se vislumbra en el horizonte una salida concreta y viable al neoliberalismo, con la construcción del anhelado poscapitalismo del nuevo siglo. Por diferentes razones, el único cambio político económico y social de fondo que se ha intentado en esta dirección, es decir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Unión de Naciones Suramericanas (ALBA-UNASUR), la cual proponía cooperación, complementariedad y solidaridad entre los países firmantes, no ha podido prosperar.

Al regresar a los gobiernos progresistas que llegaron al poder en la primera década del nuevo siglo, se puede afirmar que, aunque los movimientos sociales del continente fueron fundamentales en la tapa previa a su victoria electoral, finalmente estos últimos no pudieron incidir como habían deseado y habían acordado, debido por un lado a la cooptación de los cuadros y de los líderes del movimiento, y por el otro a la traición de los nuevos gobernantes a sus promesas de campaña. Los partidos progresistas, ya ganadores e instalados en el gobierno, casi indistintamente se han aferrados, para resolver los graves problemas de la caja pública, a la política de los commodities, la cual se puede definir también como redistributiva neoliberal, esencialmente fundada en la creación de programas sociales a través de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza.

Al respecto, Maristella Svampa ha definido precisamente a esa época como el periodo del “consenso de los commodities”, caracterizada por el boom de los precios internacionales de las materias primas y de los bienes de consumo que ha generado y consolidado un estilo de desarrollo neoextractivista, mediante el cual se han producido “nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales” (Svampa, 2019, p.12). Este consenso está basado en la exportación de bienes naturales a gran escala y si bien no es una actividad nueva en la región, en el contexto actual de cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensificando la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de estos bienes, sin mayor valor agregado. Una de las principales consecuencias es que la demanda de materias primas y de bienes de consumo se acompaña de vertiginoso proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas. Entonces, desde el punto de vista de la lógica capitalista neoliberal, el nuevo consenso de los commodities conlleva “la profundización de la acumulación por desposesión” (Harvey, 2004, p. 27), al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación, “al establecerse reglas que suponen la aceptación de desigualdades ambientales y políticas por parte de los países latinoamericanos en el nuevo orden geopolítico” (Svampa, 2012, p. 3).

Los efectos más visibles de esta política se pueden rescontrar en los impactos y los riesgos que dichos emprendimientos presentan, en términos sociales, económicos y ambientales, al configurar espacios socio-productivos dependientes del mercado internacional, en función de una mirada productivista y eficientista del territorio (territorios sacrificables). Razón por la cual, para definir los gobiernos de “izquierda” del continente latinoamericano que han logrado llegar al poder en el siglo actual y que han perseguido el consenso de los commodities, se utiliza el término de “neodesarrollismo progresista” (Svampa, 2012, p. 3), poniendo de esta manera el acento en el privilegio que otorgan, antes que todos, a la lógica del crecimiento económico a través de la explotación y la mercantilización de los bienes naturales. Es aquí donde empieza el quiebre de los gobiernos progresistas porqué, aunque parezca que la vía redistributiva sea la correcta, la misma se hace en detrimento de los bienes comunes de los pueblos y comunidades asentados en territorios ricos de recursos extraíbles. “Da lo mismo que sean gobiernos neoliberales, neoprogresistas o progresistas. Da igual. No hay una agenda ambiental en los gobiernos, hay una agenda extractivista” (Alier, 2017, p. 4) con su carácter depredatorio. Por cierto, los movimientos sociales han criticado reiteradamente los límites epistemológicos de esta visión progresista de desarrollo y de relación con la naturaleza, tema que se ha vuelto uno de los grandes desafíos contemporáneos.

Levantamientos y represión

Octubre de 2019, muchos lugares de la geografía latinoamericana: aprentemente inesperado ha llegado un nuevo tiempo de levantamientos, de estallidos. Se han producido insurrecciones populares, huelgas generales, movilizaciones de masas: el pueblo está exasperado, cansado de tanta desigualdad, de tanta injusticia. Los jóvenes entienden que no hay futuro para ellos en este sistema, los ancianos no tienen para comer y curarse, las mujeres siguen menospreciadas, los trabajadores sin garantías, los desempleados sin esperanza, los pueblos y comunidades indígenas expoliados y sin ser considerados sujetos de derechos. Sobre estos últimos, Raul Zibechi, entre otros, considera que “los pueblos indígenas en las revueltas son el núcleo principal, junto a las mujeres y los jóvenes” (Muñoz Ramírez, 2019, para. 2).

No hay de que sorprenderse, re-empezó la rebelión ciudadana, multiclasista, multisectorial. Todas las personan que bajaron a la calle tienen algo en común, sus causas profundas son bien claras: el paradigma económico insostenible, la doble explotación, de la naturaleza y de los seres humanos. Es una rebelión popular que reclama el fin del neoliberalismo y un nuevo orden social con más poder al pueblo. Entre sus características se puede rescontrar que son protestas en su mayoría espontanea, múltiple, heterogénea, masiva, con unos tratos de desobediencia civil, la acción directa no convencional y disruptiva, y otro creativos y festivos, que tiene como canal de confrontación y confluencia el hartazgo del modelo y un enemigo común definido y autoritario. Lo que es cierto es que se trata de un malestar común que se ha detonado en cada lugar por medidas aparentemente insignificantes pero que han unificado y canalizado el descontento: el alza del precio del boleto del metro en el caso de Chile o el aumento de la gasolina en Ecuador. Culmine de tanta rabia y desesperación acumuladas desde demasiado tiempo y que, en cualquier momento, debido también a la emulación, tenía que explotar. Las calles rebomban de los gritos multitudinarios: “¡Ya basta de ayuste estructurales, que paguen los ricos!”; “ahora sí, guerra civil”. Hay que subrayar también que las manifestaciones y sublevaciones de final de 2019 han sido más virulentas que en ocasiones pasadas y han adquirido un carácter insurreccional por sus dimensiones y la amplitud de sus reclamos, hasta llegar a cuestionamientos de tipo estructural, cultural y socio económico.

Por el contrario, lejos de escuchar los reclamos ciudadanos, la única solución que han encontrado los gobiernos que quieren perpetrarse en el poder y mantener los privilegios de la élite que sigue con su escandalosa riqueza, es la instauración de un estado de excepción permanente que suspende el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, que limita la expresión de la ciudadanía y que legitima el uso de la fuerza pública, “como parte de una más amplia estrategia militar policial punitiva” (Fazio, 2012, p. 4).

En lugar de resolver los conflictos a través de atender las causas sociales, políticas, económicas y culturales que los generan, el interlocutor único se vuelve el aparato punitivo estatal. Al mismo tiempo que

               “se utilizan de manera más creciente los recursos y los principios de orden castrense para reprimir la disidencia política, bajo coartadas como las doctrinas militaristas de la “seguridad nacional”, la “seguridad interna”, la “contrainsurgencia”, la “guerra contrarrevolucionaria” o la “lucha contra el terrorismo”, que saturan a su vez de retórica belicista al Estado, los medios de comunicación y la sociedad en general” (González, 2006, p. 14).

Por lo tanto, el estado de excepción que se ha instaurado desde noviembre de 2019 en diferentes países de la región ha desmantelado por completo las garantías individuales y ha suprimido las leyes constitucionales, “creando un estado de derecho en ausencia de la ley” (Comité Invisible, 2017, p. 36).

Lo anterior lleva en primer plano el debate sobre la democracia representativa neoliberal, debido a que la globalización neoliberal ha provocado también “una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, reduciéndola a sus aspectos procedimentales, con la correspondiente crisis y descrédito de los procesos electorales mismos, las instituciones y los partidos políticos” (López y Rivas, 2020, p. 145). El problema tiene raíces profundas que se pueden hacer retomar a los años 80 del siglo pasado, cuando se dio inicio, después del periodo de las dictaduras militares, al proceso de transición democrática, que todavía está lejos de terminar. A través de un pacto entre las élites y los militares, esta transición ha sido funcional para la profundización del modelo neoliberal en el continente, utilizándose algunos de sus países, en primer lugar, Chile como laboratorio para experimentar la nueva fase del capitalismo. Para evidenciar el tipo de sistema que se ha implementado en América Latina, se habla de democracias “restringidas” (Calveiro, 2012, p. 303). “tuteladas”[6], “protegidas”, o de “baja intensidad”, donde “los militares siguen presentes tras las bambalinas y hacen sentir su voz cada vez que las fuerzas antineoliberales tienen la audacia de manifestarse como una alternativa” (Harnecker, 1999, p. 66). Por otro lado, considerando estas problemáticas, puede afirmarse que los movimientos sociales del continente se han convertido en auténticos laboratorios de democracia ciudadana. Sus experiencias han dado nacimiento a una verdadera “reinvención de la democracia explorando, construyendo y exigiendo una democracia participativa, protagónica, directa y/o popular” (de Sousa Santos, 2006, p. 80) y han reintroducido la democracia asemblearia en la toma de decisiones.

Contemporáneamente se encuentran también nuevas definiciones del Estado. Según Emir Sader, refiriéndose en primer lugar al Brasil de Bolsonaro, se puede hablar de “un Estado Mínimo que se desmantela paulatinamente de la política social, la educación, la salud, pero al mismo tiempo se fortalece en los mecanismos de represión y control” (Sader, 2019b, para. 7). Asimismo “es un Estado policial, que reprime a las víctimas del sistema al tiempo que deja de cumplir sus obligaciones sociales y económicas” (Acosta y Cajas Guijarro, 2020, p. 24). En todos casos, al utilizar sistemáticamente dispositivos de amedrentamiento del colectivo social, se trata de “Estados criminales” (Calveiro, 2012, p. 44), funcionales al orden neoliberal establecido e impuesto: quien no obedece y no se agacha es el enemigo, el subversivo. Es decir, todos aquellos que representan una alternativa para el proyecto hegemónico son el otro a combatir con todas las fuerzas disponibles.

La mejor opción para evadir los problemas estructurales, sociales y económicos, es la construcción de un enemigo, que según el caso y el momento pueden ser: comunistas, vándalos, migrantes, pobres. Por este fin es esencial la maquinaria para fabricar consenso, la propaganda, donde los medios de comunicación masivos son los encargados de canalizar el pensamiento y las actitudes de los ciudadanos dentro de los límites aceptables para las clases dominantes y para imponer decisiones que serían impopulares. Esta elaboración del enemigo interno es parte sustancial de la más amplia construcción social del miedo: “todos los que se oponen a los intereses de los que mandan forman parte del mal” (Fazio, 2012, p. 31) y en consecuencia hay que castigarlos y reprimirlos.

Recordamos que la presencia constante de un enemigo y la amenaza del desorden “son necesarias para legitimar la violencia imperial” (Hardt y Negri, 2004, p. 54). Es así que, a través de la aplicación de la violencia represiva sobre cualquier movimiento de oposición, el régimen busca legitimar sus acciones al presentar estos desafíos como amenazas a la estabilidad política (Boudreau, 2005, p. 34, en Sánchez Barría, 2017, p. 19), al buen funcionamiento de los negocios y al desarrollo del país y del capital, principalmente por el hecho que la inestabilidad en la región puede alejar a los inversionistas: los mercados piden, antes que todos, el disciplinamiento de la sociedad. El ejemplo más reciente de este modus operandi lo ha proporcionado el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en sus declaraciones siguientes a la rebelión popular en contra de las nuevas medidas de austeridad emanadas de su gobierno en octubre de 2019 cuando, en un mensaje a la nación, afirmó que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”[7]. Por lo tanto “la legislación que tenemos hoy para combatir a los encapuchados, a los vándalos, a los que hacen barricadas y obstaculizan el libre tránsito, no es suficiente”. Consecuentemente se necesitan "leyes más severas para enfrentar con mayor eficacia a este implacable enemigo”[8]. Por este fin el presidente dejó la seguridad y el orden público en mano de la institución armada, la cual se convirtió en ejército de ocupación en su propio país, en contra del enemigo interno, identificado por parte de Piñera con el pueblo mismo.

Pero, en el caso que los mecanismos de la propaganda resulten ineficaces, la burguesía sigue recurriendo, sin el menor escrúpulo, a probados métodos fascistas; “es en este momento que la democracia liberal se transforma en totalitarismo liberal” (Harnecker, 1999, p. 171) o “en un nuevo Estado policial autoritario que busca legitimar el uso de la fuerza y generar de facto un Estado de excepción” (Fazio, 2012, p. 31). Este, con el pretexto de combatir a la subversión, está dirigido a controlar, criminalizar y/o aplastar a los movimientos sociales y a la disidencia política interna. La inconformidad se transforma, según el discurso neoliberal oficial, en subversión y, acto seguido, en terrorismo.

El concepto de terrorismo, que se ha impuesto a nivel global desde Estados Unidos, justificado como respuesta a los atentados de las Torres Gemelas en 2001, comprende una variedad de acciones claramente ligadas con la práctica insurgente que no es terrorista- como “desestabilizar las estructuras políticas y económicas de un país, o apoderarse de medios de transporte colectivo, una estrategia utilizada por la mayoría de los movimientos sociales urbanos que “toman” temporalmente ómnibus, trenes y otros transportes” (Calveiro, 2012, p. 97). En consecuencia, toda protesta antisistémica puede considerarse una forma de desestabilizar la estructura política, como a la mayoría de las huelgas se la puede acusar de atentar en contra de la estructura económica y así sucesivamente para terminar asimilando protesta y terrorismo. Finalmente, “la figura del terrorismo es funcional para sancionar casi cualquier práctica de oposición al sistema social, económico o político” (Calveiro, 2012, p. 82), así que la legitimidad de la protesta social y las justas exigencias del movimiento han sido repelidas, estigmatizadas y criminalizadas por la institucionalidad estatal que amplía sus atribuciones violentas y restringe las garantías ciudadanas.

Según Schock, en un trabajo de 2005 sobre movimientos sociales y régimen autoritario, lo cual nos remite al momento actual, los gobiernos tienen cuatro posibles opciones para responder a un desafío colectivo: “ignorar, conciliar, reformar o reprimir” (Sánchez Barría, 2017, p. 14). Vistas las multitudinarias y repetidas manifestaciones que se han sucedido en el otoño de 2019, ignorar no es posible. La conciliación, que corresponde al intento de cooptación por parte de los gobiernos en turno, es descartada, dada la negativa a las negociaciones por parte del movimiento. Las reformas, en cuanto concesiones concretas hacia los grupos agraviados, para los gobiernos neoliberales no son opción. Finalmente, la represión se ha vuelto el modo principal de la relación que establecen los gobiernos del continente hacia sus opositores. El problema, con esta última opción, es que se puede caer en el “Dilema del Dictador”, es decir: “cuánta violencia represiva es necesaria para desalentar la protesta sin que esto provoque una reacción contraria de radicalización y escalamiento en la oposición de la sociedad civil” (Francisco, 2006, p. 59, en Sánchez Barría, 2017, p. 15) y llegar al punto que, como dijo Franz Fanon, “el desarrollo de la violencia en el seno del pueblo colonizado será proporcional a la violencia ejercida por el régimen colonial impugnado”  (Fanon, 1961, p. 19).

Los levantamientos populares del otoño 2019 han hecho evidente que nos encontramos frente a un círculo aparentemente sin salida de insurrección, represión y radicalización. Es una situación de impase, de ingobernabilidad que bien se puede ver por ejemplo en los casos de Chile o Ecuador, donde los gobiernos conservadores, bajo una presión popular siempre mayor, se han visto obligados a retratar o posponer las últimas reformas del Fondo Monetario Internacional. Pero, ellos mismos siguen en el poder, sin cumplir las demás reivindicaciones del movimiento, el cual por su lado se mantiene en la calle, aunque sin plantear planes precisos que no sean el rechazo al neoliberalismo. Al mismo tiempo demuestra su hartazgo hacia los políticos tradicionales que se han mostrado incapaces de ofrecer alternativas a la profunda crisis y ya no confía en los partidos de centroizquierda, después de las desilusiones de los últimos años.

Es la lucha de clase al tiempo del interregno, entre la pesadilla y el sueño, entre una oligarquía neoliberal que se reúsa a morirse y por lo mismo utiliza la violencia, y una clase popular marginada que pelea por su sobrevivencia y por cambios estructurales: “que se vayan todos”. La cuerda se tira y se afloja, es parte de un ciclo histórico de flujos y reflujos donde en lugar de los latifundistas, en la actualidad los dominadores son las empresas transnacionales y los dominados son los de siempre, pero ahora con nuevas herramientas de lucha.   

Las opciones que se vislumbran son, por un lado, la salvación del sistema capitalista actual a través de gobiernos derechistas reaccionarios de corte militar y, por el otro lado, la formación de un poder popular que en este momento es embrionario y meramente reactivo. Es la búsqueda de la “tercera vía”, lejos del neoliberalismo deshumanizante pero también del progresismo del consenso de los commodities.

Consideraciones éticas y financiamiento 

Conflicto de intereses / Competing interests:

Los autores declaran que no incurren en conflictos de intereses.

Rol de los autores /Authors Roles:

No aplica.

Fuentes de financiamiento / Funding:

El autor declara que no recibió un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

El autor declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.