Conflicto interno y discursos del poder en la educación en el Altiplano (1980 - 2000)

Investigar sobre el conflicto armado interno y los discursos del poder en la escuela en el altiplano puneño y la incursión en este escenario por parte de SL (Sendero Luminoso) y el Ejército del Perú posee una connotación delicada, pues el magisterio fue impactado directamente por el accionar de SL, el MRTA y el mismo Ejército. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su conclusión N° 22, señaló:

“La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de ellas, logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del país…” (Comisión de la Verdad y Rec0nciliación Nacional, 2003, p. 365).

Dicha situación contribuyó a extender la impresión de desconfianza hacia maestros y maestras, llevando al Ministerio de Educación a prohibir que se hablara sobre el conflicto en las aulas y luego a penalizar y separar a los maestros que aparecían procesados por los delitos vinculados al terrorismo.

En las zonas del país en que el conflicto armado fue vivido literalmente como una guerra, en las zonas rurales, quedaron secuelas en la salud mental de las personas afectadas, en su memoria colectiva. La memoria, como una construcción simbólica (Bourdieu, 1983), de lo ocurrido, sus experiencias reales y traumáticas, silenciadas por los actores de la misma, ocultándolas a sus descendientes.

Cuando la CVR presentó su Informe final en 2003, recomendó que este fuese parte de la enseñanza en los colegios. Los primeros intentos para incluir en los textos escolares la historia del conflicto armado interno fueron realizados durante el gobierno de Alejandro Toledo, sin mucho éxito. Más tarde en el periodo de Alan García, la congresista Mercedes Cabanillas, exministra de educación envió los libros distribuidos por el Estado a consulta de la Comisión de Defensa del Congreso. A raíz de ello se levantó una campaña mediática de crítica a los textos escolares por hacer (supuestamente) apología al terrorismo. Como respuesta al escándalo, el Ministerio de Educación creó una comisión para que analizara el texto de Ciencias Sociales para el quinto grado de educación secundaria. La comisión concluyó en su informe técnico que “el texto no hacía apología al terrorismo y que, por el contrario, era útil e innovador para estudiantes y docentes” (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005, p. 5).

Dadas estas desavenencias aún latentes en nuestro medio es necesario desarrollar una investigación sobre las relaciones de los conflictos internos, los Discursos del poder y la educación en el altiplano puneño entre 1980 y 2000 para explicar el vínculo entre conflicto interno y discursos del poder, educación en el altiplano puneño durante los períodos 1980 – 2000; analizar los procesos a través de los cuales en la escuela se estructuran los discursos de poder y se crean escenarios de violencia simbólica y cultural durante el periodo del conflicto interno 1980 – 2000; explicar el cómo la escuela y el maestro se convirtieron en el centro de creación de discursos ligados al poder y a las ideologías del período del conflicto interno y que tuvieron como incidencia en los problemas educativos y sociales en el período del conflicto interno.

Considerando el presupuesto teórico anterior, esta investigación busca establecer relaciones entre el conflicto interno en el altiplano peruano (1980 - 2000) y los fenómenos propios a la educación en el territorio aludido.

Discursos del poder

La epistemología neo-marxista, desde Adorno hasta Habermas de la Escuela de Franckfurt, sirve como base para este trabajo, para sostener un análisis sistemático del lenguaje y de la construcción de discursos históricos en relación a la noción de control; así como la línea sociolingüística aplicada a la historia de Halliday [en Inglaterra], los trabajos de análisis del discurso que se realizan en Francia bajo la influencia de Foucault y Pêcheux, a la que se adiciona la línea de Gramsci en Italia.

Otra línea importante, es la investigación feminista del lenguaje y la comunicación, que se viene desarrollando en varios países; ésta es una línea crítica puesto que habla de las desigualdades y en los estudios críticos del discurso orientados al estudio de las desigualdades, como aquellas producidas por el racismo. Así, en el análisis crítico del discurso encontramos una conjunción combinada de influencias neo-marxistas, de estudios críticos europeos con investigaciones en el campo cultural desde cuyas narratologías se han negado la participación dirigencial de indígenas, estudiantes, obreros y mujeres en la participación contra grupos terroristas.

El interés es evidenciar los problemas sociales como el poder y la desigualdad a través del discurso en relación a los procesos de conflicto interno. Tenemos entonces que el núcleo central del Análisis Crítico del Discurso es saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la injusticia social determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y a comunicaciones aceptables y legitimadas por la sociedad durante el periodo del conflicto interno.

El análisis que se realiza no se refiere solamente al poder en general sino a la noción de abuso de poder. Se intenta dilucidar las estrategias de uso, legitimación y construcción de la dominación; por ello se habla de desviaciones de normas y temas como los derechos humanos. Tópicos de estas características implican rupturas y desviaciones.

En resumen, el campo del análisis crítico se centra en la gente que tiene poder y el abuso que se hace de dicho poder. En general el análisis que se realiza es un análisis vertical, el interés radica en analizar los discursos de la gente que tiene poder, ya que los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y al uso de estructuras discursivas de dominación, desigualdad y de limitaciones de la libertad.

Poder y Control

El poder “moderno” es el que se ejerce por medio de los imaginarios, esta es la manera indirecta de controlar los actos de otros. El poder consiste en influir a los otros por medio de la persuasión para lograr que hagan lo que se quiere. Los grupos que tienen acceso a esas formas de poder y de control social son generalmente grupos que han sido legitimados y tienen acceso al discurso público. Esto es lo que Gramsci (1967) nomina como hegemonía. El discurso es poder y la persuasión es el elemento de control.

Desde una perspectiva crítica muchos análisis sobre el poder social implican referencias al abuso de poder, a las varias formas de ejercicio de poder inaceptables e ilegítimas dadas en normas y valores que favorecen a los grupos con poder. Los actos son intenciones y controlando las intenciones se controlan a su vez los actos. Existe un control a través del discurso. Es muy interesante llegar a la conclusión que los actos de la gente son actos discursivos.

La noción de poder involucra el concepto de control sobre dos instancias: los actos de las personas y la mente de las personas [imaginarios individuales]; es decir, hablar de poder es hablar de control. El control remite a la limitación de la libertad de acción de otros.

Antecedentes de los sucesos

La característica fundamental de la historia social de Puno es el conflicto entre haciendas y comunidades (Ramos Zambrano, 2009; Rénique, 2016; Tamayo Herrera, 1982; Velasquez-Garambel, 2004). Durante los siglos XIX y XX, los grupos de poder compuesto por terratenientes tuvieron hegemonía sobre la vida pública y los conflictos con los indígenas se sucedieron consecutivamente. Los políticos de la región Puno de dicho periodo han estado directa o indirectamente ligados con hechos cruentos contra los indígenas. Durante el siglo XIX primó un circuito mercantil de acopio de lanas que tuvo como epicentro las provincias quechuas del norte (Azángaro, Carabaya y Melgar), donde el latifundio feudal y las relaciones serviles entre campesinos y terratenientes (gamonalismo) alcanzaron su más brutal expresión, como el caso de Angelino Lizares Quiñones en Azángaro, Mariano Cuentas en Chucuito, Ilave y Pomata (Velasquez-Garambel, 2004).

El gamonalismo expresaba poderes locales con alto grado de autonomía con grupos armados propios que, en ocasiones, llegaron a enfrentarse al ejército nacional; sin embargo, los gamonales no eran un grupo social cohesionado, las rivalidades personales o familiares ya que las intrigas y asesinatos dominaban la vida y acción pública.

A pesar del aparentemente ilimitado poder gamonal, Puno ha sido tierra de numerosas rebeliones indígenas. El periodo histórico abarca cerca de setenta años, desde la década de 1860 hasta 1940. Siendo el periodo crítico entre 1865 y 1925, las revueltas indígenas más importantes fueron las de Huancané (1868-la Rebelión de Juan Bustamante); Pomata (1895); Tiquillaca (1899); Chucuito (1905); Huancané y Azángaro (1915); Hankoyo en Sandia (1917); Huancané, Puno, y Moho (1921); Wancho-Lima en Huancané (1923-24), entre otras. 

Todas estas surgieron en respuesta a la expansión de las haciendas y los abusos de autoridades locales, coinciden con el período en que el precio de las lanas y de las fibras alcanzó las cifras más altas. Como contrapeso al poder gamonal aparecieron en la segunda década del siglo XX otros actores sociales y religiosos que tendrían papeles importantes en apoyo al indígena (Velasquez-Garambel, 2004).

El indio (la carga de nuestro referente) debía educarse, “la educación” era el instrumento que le permitiría el acceso a la cultura occidental y también la condición de “igual” frente al otro que no sea indígena. En el altiplano puneño, las luchas reivindicacionistas cobraron un matiz especial, ya que la mayor parte de movimientos generaron un radio enorme de acción como puede observarse en la historiografía del sur del Perú.

En 1980, dos importantes hitos marcan la historia del Perú. Por un lado, el fin de doce años de dictadura militar y la elección de Fernando Belaúnde Terry, marcando la entrada del Perú en la globalización económica; y por el otro, el comienzo de la subversión armada de Sendero Luminoso que llegó a su punto más alto en 1992, año en que fue capturado el líder senderista Abimael Guzmán.

Como lo subraya Carlos Iván Degregori, la violencia política desencadenada en el Perú durante la década del 80 e inicios de los 90 marca:

 “el período más violento de nuestra historia contemporánea. Sendero Luminoso [que] ha superado largamente en horror a cualquier otro proyecto violentista de América latina, mostró de manera descarnada las debilidades estructurales que existen en la construcción del Estado y la Nación. Un balance de la misma es requisito indispensable para construir el Perú del futuro” (Degregori, 2018, p. 182).

La violencia con sus secuelas se produce en un marco de desprotección estatal de la población civil y de ausencia de políticas de prevención y protección de la misma durante todo el período, por otro lado, de abierta agresión de los grupos armados a la población civil y sus organizaciones.

Uno de los impactos de violencia ha sido el surgimiento de una nueva dinámica organizativa que implican en cierto sentido una nueva institucionalidad y nuevas organizaciones de resistencia: tal es el caso de las Rondas o Comités de autodefensa y de las organizaciones de mujeres. Implicaciones en el movimiento poblacional y comunero. El desplazamiento poblacional por violencia política en el departamento de Ayacucho y Puno significó una aguda aceleración de tendencias de migración Campo-Ciudad [distintas a las observadas por Matos Mar].

Los daños psicológico emocionales no han sido evaluados. En las relaciones intrafamiliares comuneras la violencia ha aumentado como efecto derivado de la violencia experimentada por los miembros del grupo familiar y por el deterioro de la salud mental. El patrón de conducta que asigna al varón el rol de autoridad aún por medios violentos confluye con el hecho que son los varones los que generalmente agreden física y psicológicamente a sus mujeres e hijos.

Las Rondas o Comités de autodefensa campesina han hecho que la comunidad asimile su normatividad. En la región centro-sur del Perú se originaron como modelo organizativo contrainsurgente patrocinado por las Fuerzas Armadas. En 1992 las Rondas campesinas del norte fueron incorporadas a la estructura jurídica nacional de los Comités de autodefensa a través del D.L. N° 077/1992 que establece el reglamento y funciones de los referidos comités.

Los discursos del poder y la escuela en el altiplano peruano (1980-2000)

El mercado de lanas definió el escenario puneño desde el S. XIX, especialmente en las provincias norteñas. Los grandes propietarios dominaron la vida pública, y los conflictos en torno a la tierra se sucedieron uno tras otro. El ejercicio del poder terrateniente fue casi total hasta mediados del siglo XX, aunque es necesario recordar la diferencia entre la zona norte -las provincias de Azángaro y Melgar, fundamentalmente y las áreas que estaban bajo control de las parcialidades vinculadas a la producción de fibra de alpaca. La “gran sequía” de 1956-1961 en el altiplano puneño generó una emigración significativa hacia espacios urbanos como Arequipa, Lima, Tacna y demás ciudades del interior.

En la década de 1960 las tensiones por la propiedad de la tierra involucraban a hacendados, colonos y comuneros, alimentando discursos de redistribución de la tierra y democratización inéditos a través de líderes y partidos regionales -caceristas, comunistas, belaundistas- por el control de las federaciones campesinas, en claro enfrentamiento con los partidos tradicionales. Estos actores se entrecruzan por un lado con las rivalidades interprovinciales para acceder a los escasos fondos gubernamentales, y por otro lado con los conflictos entre la elite mestiza y los grupos de cholos y forasteros emergentes (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005).

No queda ninguna duda que el mayor crecimiento de San Román gira en torno a la pujante ciudad comercial de Juliaca, que en contraste con el Puno terrateniente, se consolidó como espacio mercantil, manteniendo influencia en la región que circunda al lago Titicaca y la zona fronteriza. Los hermanos Cáceres Velásquez y el llamado “cacerismo” son la expresión política de la transformación de Juliaca, evidencia según algunos estudiosos de un nuevo poder cholo, recambio de los agotados poderes regionales. La persistencia legislativa de los representantes “caceristas” rediseñó la distribución del poder local y atrajo al Estado a la región. CORPUNO, el aeropuerto, la UNTA [hoy UNAP] son los símbolos de aquella época. Entre el activismo sindical y el caciquismo, el “cacerismo” fue la punta de lanza de un ciclo de cambios proseguido bajo el régimen reformista militar instalado en 1968. Con la Reforma Agraria, se crearon empresas asociativas Cooperativa Agraria de Producción, Empresa Rural de Propiedad Social (ERPS) y Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS), fusionando las tierras más productivas de varias haciendas bajo una administración centralizada, encargada a un gerente contratado fiscalizado por el Ministerio de Agricultura; mientras en las tierras menos productivas el ganado “huaccho” podía pastar sin ninguna restricción.

A inicios de los 80, las empresas asociativas surgidas de la Reforma Agraria, se habían convertido en el blanco de la frustración de amplios sectores excluidos de la reforma agraria. Su reestructuración sería la gran “bandera de lucha” de las federaciones que, durante la década de 1980 cobran fuerza en el altiplano. Las tomas de tierras y la reestructuración de las SAIS Fundada el 17 de diciembre del 1978 en San Juan de Salinas, Azángaro, la Federación Departamental de Campesinos de Puno, asumió la responsabilidad de conducir el proceso de “reestructuración democrática” de la tierra en el ámbito del departamento.

El conflicto armado interno en Puno, concentrado notoriamente en las provincias de Azángaro, Melgar y Lampa, al norte del departamento, tiene como elemento central la pugna por la tierra. La mayoría de las 1103 haciendas expropiadas por la reforma agraria fueron convertidas en 44 empresas asociativas, beneficiando a ex-trabajadores de las haciendas y sólo a 67 comunidades, mientras que más del 80% de comuneros quedaron al margen. Así, la conflictiva relación entre comunidades campesinas quechuas y aimaras y las ex haciendas, convertidas en empresas asociativas, por el control de tierras en áreas ganaderas del norte del departamento de Puno, se reeditó; pero esta vez en el contexto de la guerra interna. La historia de la violencia en Puno nos recuerda igualmente que tampoco se implantó en esta región la estrategia anti-subversiva de tierra arrasada utilizada en otras regiones del país, precisamente por el grado de movilización de los comuneros y del frente pro campesino comunero. Esta situación hace de Puno un espacio diferente en el marco de la guerra interna pues a pesar de su intención explícita de implantarse en la región, SL es derrotado por la movilización de la sociedad rural puneña y las organizaciones regionales.

En diciembre de 1985 comenzaron las tomas de tierras desencadenando una de las más importantes movilizaciones campesinas en la historia de Puno hasta provocar una nueva reforma agraria. En efecto, el 13 de diciembre de 1985, cerca de 4 000 campesinos de los distritos de Santa Rosa, Macarí, Vilque, Atuncolla, Tiquillaca, dirigidos por la Federación Unitaria de Campesinos inician, pacíficamente, la recuperación de tierras. Poco más de un mes después, el 7 de febrero de 1986, el presidente de la República, Alan García, en un mensaje a la nación, anuncia la “reestructuración y redimensionamiento de las empresas asociativas”: Días después se publican los Decretos supremos 005 y 006 que señalan las acciones a tomar en Puno. A raíz de estos decretos supremos se nombró, en Lima, una comisión de reestructuración cuyos integrantes se tomaron todo el año 1986 para negociar con los directivos de las empresas asociativas. Por otra parte, desde el gobierno, el promocionado plan del Trapecio Andino recién fue explicado en febrero de 1986 pero apenas incluía propuestas para coordinar y armonizar los heterogéneos proyectos, programas y acciones que una serie de entidades estatales desarrollaban en ese ámbito territorial. Frente a la lentitud de los funcionarios apristas, la Federación Departamental de Campesinos de Puno, entre enero y junio de 1987, decidió “recuperar tierras” en todas las provincias del departamento. El 19 de mayo de aquel año, 172 comunidades campesinas recuperarían más de 360 000 hectáreas, siendo ésta una de las jornadas campesinas más importantes en ese período. El presidente Alan García Pérez, por su parte, decidía concluir con el proceso de reestructuración de la propiedad de la tierra e inicia la titulación de las tierras que habían quedado en posesión de las empresas asociativas.

En este contexto la historia de la violencia en el departamento de Puno tiene su epicentro en Azángaro, Melgar y el sur de Carabaya, las dos primeras provincias con mayor concentración de ex-haciendas convertidas en SAIS. En el contexto descrito irrumpe el PCP-SL con el objetivo de liderar la movilización campesina en Puno. Para ellos, los distintos modelos de empresas asociativas creadas por la reforma agraria eran expresión de una sociedad semi feudal que debía ser derruida. Según narró Osmán Morote Barrionuevo, dirigente del PCP-SL recluido en el penal de Yanamayo en la entrevista mencionada, el Comité Sub zonal de Puno era la segunda prioridad en los planes senderistas después del Comité Regional Principal de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica; por ello el PCPSL destaca al altiplano puneño cuadros importantes desde fines de los 70, centrando su trabajo en los centros educativos, la organización magisterial y algunas comunidades campesinas.

El Comité Regional del sur del PCP-SL comprendía los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Cusco y Puno y para ejecutar sus planes fueron destacados a la región dirigentes como Antonio Díaz Martínez, María Pantoja, Margie Clavo Peralta, Edmundo Cox Beuzeville, Moisés Límaco Huayascachi, Eduardo Taype. Al interior del Comité Regional del sur del PCP-SL, se priorizó inicialmente el departamento de Cusco como el comité zonal más importante. Sin embargo, las evaluaciones posteriores identificaron al departamento de Puno como el Comité Zonal prioritario dentro del Comité Regional del sur.

La lucha senderista fue concebida como guerra campesina que actuaría bajo los principios de “la tierra para quien la trabaja” y “la tierra se conquista con las armas”. Los senderistas se precian de haber “repartido” 300 000 mil hectáreas entre los campesinos más pobres de la sierra de la Libertad, Cajamarca y Huancavelica. Según ellos, lograron “movilizar” a 150 000 campesinos. Por otro lado, critican, aún hoy, “las tomas de tierras en Andahuaylas, dirigidas por Vanguardia Revolucionaria convirtieron una zona revolucionaria en una zona con mayor presencia del Estado” (Entrevista a O. Morote Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005, p. 106). En el recuento hecho por el líder máximo del PCP-SL, su partido aparece como el principal impulsador del movimiento por la reestructuración:

“Una de las cuestiones importantes que hemos hecho ha sido el impulsar un movimiento de invasión de tierras, muy importante, en el departamento de La Libertad, ahí han sido repartidas más de 300 000 has. y se han movilizado 160 000 campesinos; viendo el conjunto de movilizaciones que hemos tenido ésa es la que más masa ha logrado mover; este movimiento se impulsó para socavar los planes del Apra y también lo aplicamos en Puno, y somos nosotros los que hemos empezado las invasiones de tierras también en Puno mientras el PUM discutía con el Apra sobre qué y cómo hacer, ésa es la pura y simple realidad” (Entrevista a Abimael Guzmán Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005, p. 275).

Los senderistas que actuaban en la llamada Fuerza Principal del comité sub zonal de Puno, eran de origen arequipeño, limeño, ayacuchano, apurimeño y cusqueño, intentaron formar cuadros o mandos quechuas y aimaras. Según la información disponible, los primeros militantes del PCP-SL en Puno fueron reclutados entre los maestros, el Frente de Organizaciones Populares, los Institutos Superiores Pedagógicos y el Frente Estudiantil Revolucionario en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

En ese período destaca el trabajo político de Edmundo Cox Beuzeville en el lejano distrito de San Antón, en Azángaro, donde ejercía como maestro de escuela. El asentamiento territorial inicial del PCP-SL en Puno fue en la zona aimara de Juli, donde constituyeron las tres primeras células senderistas en las comunidades campesinas de Tisnachuro, Tutacani y Tacaya. En términos organizativos, el PCP-SL saltó de solitarios militantes a pequeñas células, captando, además de profesores y estudiantes, a algunos campesinos aimaras. Sin embargo, con el correr de los años, Juli perdió importancia para los planes senderistas, imposibilitado de ampliar su presencia entre la población aimara.

En consecuencia, en medio de las movilizaciones campesinas por la tierra se fueron constituyendo alianzas explícitas o implícitas. Por un lado, se ubicaba el frente pro campesino comunero, y por el otro lado el PCP-SL y ciertos funcionarios de las empresas asociativas de origen ideológico maoísta. Estos últimos, consideraban al IER Waqrani, como principal asesor de la FUCAM, y de la FDCP, por lo tanto, según ellos había que destruir este cerebro “revisionista”. Para alcanzar sus objetivos los senderistas tenían, según Morote, que “arrancar a las masas de la influencia política del revisionismo”, que en Puno estaba identificado, principalmente, con el frente pro campesino comunero conformado por una diversidad de organismos y equipos de la Iglesia Católica, la organización campesina, el Partido Unificado Mariateguista e Izquierda Unida. Con esa lógica, el PCP-SL se acercó a distintos dirigentes campesinos, previamente seleccionados por ser “los más avanzados entre las masas” (Entrevista a interno senderista de Yanamayo), para invitarlos a enrolarse a la “guerra popular”. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes, señalaron que no compartían métodos violentos y de terror para alcanzar la reestructuración de la tierra.

En otras ocasiones, como en los asaltos a la SAIS Macaya en marzo o a la ERPS Kunurana en junio, decenas de pobladores se animan a participar. En 1986 se registra la mayor cantidad de atentados y actos terroristas en todo el ciclo de violencia en Puno, aunque los asesinatos sean aún reducidos. La toma de pueblos y el ajusticiamiento de autoridades complementa el "arrasamiento" empresarial, como por ejemplo la toma de Chupa, que Guzmán exhibirá en su documento de agosto de 1986 como prueba de la primacía de su partido en el altiplano. 20 senderistas ingresaron a esa localidad el 16 de febrero de 1986, capturando a las principales autoridades del pueblo, mientras las tiendas principales son saqueadas y los víveres que almacenan repartidos. Comienza luego el “juicio popular”. El gobernador es asesinado, y la población ruega a los senderistas que se detengan, a lo cual acceden, pero todas las autoridades de Chupa renunciarán poco después. Hacia fines de octubre de 1986, San Juan de Salinas también es un pueblo sin autoridades ni representantes. En cabildo abierto, los vecinos piden a Zenobio Huarsaya, líder local y uno de los fundadores de la FDCP, lanzar su postulación a la alcaldía, a la cual accede en elecciones. El 8 de abril de 1987 siete hombres y dos mujeres lo arrastran de su domicilio hasta la plaza mientras su mujer y sus hijos miran desesperados: “Lo arrodillaron ante 200 personas, preguntaron si lo mataban y la gente clamó que no lo hicieran pidiendo que le den tiempo para que renunciara a lo que los terroristas indicaron que estaban en guerra y que de todas maneras Huarsaya trabajaba para el gobierno. La gente estaba enardecida” (Guardia Civil del Perú, Jefatura Provincial de San Román, “Atestado 21-SSE-J. CV, 2005) Los campesinos apoyan a la policía que busca a los asesinos, y días después la columna armada senderista es diezmada cerca de San Juan de Salinas, mientras algunos de sus sobrevivientes huyen hacia el Cusco.

La ofensiva senderista bate el campo: 1988-1990 Al cabo de casi un año de silencio tras el aniquilamiento de una columna en Cututuni, Azángaro, el PCP-SL reapareció en el norte del departamento con un devastador ataque al puesto policial de Crucero el 5 de mayo de 1988, asesinando a seis efectivos y al juez de paz de la localidad. Casi un mes después, la misma columna senderista asesinó a Jaime Centeno Jove, sucesor de Zenobio Huarsaya en la alcaldía de San Juan de Salinas, en la plaza principal de la ciudad de Azángaro. Pero la acción de mayor impacto regional ocurre el 30 de junio, cuando dos senderistas asesinan al alcalde provincial de Puno, Luis Dueñas Peralta. El PCP-SL había reconstruido su fuerza principal en el norte de Puno, bajo el mando de Juan Carlos Olivares del Carpio, “Gringo”, desplegando una capacidad militar inesperada teniendo en cuenta los limitados recursos que disponía y los sucesivos golpes que su organización había experimentado. Por su parte, el Segundo Congreso Nacional del PUM en junio de 1988, acordó disputar con el PCP-SL el control del sur andino vía la constitución de organismos de autodefensa y medidas de preparación militar.

Radio Onda Azul, creada en 1958, de propiedad de la Diócesis de Puno, contribuye activamente a generar una conciencia ciudadana que se enfrenta a la violencia. Sin embargo, para muchos el discurso de la radio era de tendencia izquierdista, tal como lo expresa la Revista Caretas en 1986: “La Iglesia Sur Andina no oculta su simpatía hacia la izquierda marxista local, cuenta con una de las emisoras de radio más potentes de la zona, Onda Azul y ha argumentado a favor de la reestructuración de tierras en castellano, quechua y aimara. También tienen por cierto, programas educativos” Por esta posición pro-comunera, las instalaciones de Onda Azul sufrieron atentados que fueron atribuidos a grupos paramilitares, el 3 de agosto de 1986 y los días 3 y 5 de julio de 1988.

El viernes 19 de mayo 1989 un grupo del PCP-SL asesina a Marcelino Pachari Roselló, alcalde provincial de Azángaro y militante del Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, quien se encontraba inspeccionando la reconstrucción del puente que días atrás había sido volado por un destacamento del PCP-SL. Dos días después del asesinato de Pachari, la columna del PCP-SL destruye en la noche del 21 de mayo las instalaciones del IER "Waqrani", en las afueras de Ayaviri. La violenta campaña senderista continuó el 26 en el distrito de Ñuñoa. Allí arrasan la Empresa Rural de Propiedad Social “Alianza” y asesinan a 2 técnicos. Dos días después, el Ejército ingresó a Azángaro con la finalidad de asumir el control político militar para hacer frente a la subversión. Al siguiente día, el 29 de mayo, el PCP-SL tomó el distrito de Ayrampuni y asesinó al alcalde Daniel Curro Chambi, incendiando el local del colegio.

En resumen, mayo de 1989 es un mes muy violento, con asesinato de alcaldes y otras autoridades, arrasamiento del IER Waqrani, ataque a Chuquibambilla. Si hasta 1986 el PCP-SL tuvo problemas para hacer funcionar su Comité Regional, en 1989 ya contaba con un comité regional capaz de dirigir la “guerra popular” bajo la conducción de María Pantoja, una de las más importantes dirigentes senderistas. Sea por miedo o persuasión, los senderistas tratan de imponer su presencia, entretejiendo una estructura de apoyo que les permite actuar a través de buena parte del departamento. En el campo, una “red territorial” de simpatizantes activos o pasivos, delimita un ámbito geográfico en el que la Fuerza Principal puede desplazarse con relativa seguridad, mientras las “fuerzas locales” sirven al partido en acciones específicas para retornar después a su vida habitual (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005).

La “fuerza principal” está centrada en la provincia de Azángaro, entre los distritos de San Juan de Salinas y Chupa. Desprende desde allí sus acciones hacia el resto de la provincia, hacia la provincia de Melgar, al sur de Carabaya y al norte de Lampa. Pero paralelamente a este conjunto de acciones violentas se sumó el aislamiento social y la derrota política del PCP-SL se vislumbra, considerando que la condena a sus acciones violentas se generaliza (entrevistas recogidas para CARE-Perú, en el 2006, en el marco del Proyecto Cawsay); nada volvería a ser como antes después de la campaña senderista de mayo del 89.

Cuando se inició la guerra interna, algunos dirigentes campesinos de las federaciones se referían a los senderistas como “compañeros”. Un tiempo después, los campesinos más politizados los llamaban “tíos”; pero más adelante, después del asesinato de varios dirigentes campesinos, comenzaron a llamarlos “sacos largos”, en alusión a las siglas del PCP-SL. Estos cambios corresponden a las distintas fases vividas por el campesinado puneño, desde la paciente aceptación inicial a la resistencia y posterior rechazo (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005).

Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL ha causado 23 bajas en las fuerzas policiales y “ajusticiado” a 14 autoridades. Al menos un par de docenas más suman las víctimas no reconocidas que mueren por "robar a nombre del partido," incurrir en abigeato, “soplonaje” o deserción. Con 88 víctimas, que superaban largamente a las del año anterior, culminaba 1989, uno de los años de mayor el conflicto armado interno en Puno. El PCP-SL era activo en un "triángulo guerrillero" nuclear, base de lanzamiento para desplazamientos que cubrían un extenso abanico territorial: de San Juan del Oro (Sandia) y Cojata (Huancané) -sobre la línea fronteriza con Bolivia hasta Calapuja (Lampa), Ñuñoa (Melgar) -cerca del límite con el Cucco- y Crucero (Carabaya) al norte. Las dos columnas senderistas, sumamente móviles, disponían de aproximadamente 40 integrantes una de ellas, entre Azángaro, Melgar y Carabaya, y otra de 20 militantes en la provincia de Huancané.

Pero el escenario político puneño se hacía cada vez más complejo. En su estrategia de barrer con toda forma de autoridad y organización, PCP-SL asesinó a líderes de federaciones campesinas como Zenobio Huarsaya, Tomás Quispe Sayhua, Dionisio Cantani, alcaldes de origen campesino como Marcelino Pachari Rosello, jueces de paz, tenientes gobernadores y docentes universitarios como Norman Bedoya Aza de Patria Roja y Elías Coasaca, del Partido Aprista (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005).

En la madrugada del 20 de enero de 1990, la Fuerza Principal del PCP-SL encabezada por Juan Carlos Olivares ataca la SAIS Sollocota con 30 de sus activistas. El destacamento de la Policía Nacional ahí instalado logra repeler el asalto, y los atacantes se repliegan, pero las fuerzas del orden junto con los campesinos emprenden la persecución y hacia el mediodía alcanzan al grupo encabezado por el "Gringo", quien cae abaleado con otros cuatro senderistas. El mando político Olivares y el mito del “Gringo” mueren a la vez, y ello significa el principio del fin para el PCP-SL en Puno pues la caída de Olivares desbarata la fuerza principal y la fuerza local de la guerrilla, así como la red de contactos que tenía en un extenso territorio. De hecho, a partir de este enfrentamiento las acciones del PCP-SL empiezan a decrecer. Las provincias de Azángaro y Melgar concentraron la mayoría de muertos, pues de 441 muertos del total departamental, 353 se registran en ambas provincias. Los índices de violencia y la cantidad de muertos en 1990 son casi similares a los del año anterior, aunque la cifra mayor recae primero en Azángaro en 1989 con 62 muertos, en 1992 con 54, y en 1990 con 31, luego Melgar en 1990 con 32 muertos.

Por otra parte, aunque sus primeros actos públicos datan de 1987 con atentados al local del Banco de Crédito de Puno y a la empresa lanera Michell en la ciudad de Puno, y la Universidad del Altiplano así como la toma de radio Juliaca y radio San Román, en Juliaca, el interés mayor del MRTA se concentró en Sandia y San Juan del Oro, donde se estableció un grupo reducido de militantes que no pudo avanzar en su trabajo proselitista limitándose a realizar algunas acciones militares como el asalto a un asiento minero en Sandia el 23 de julio de 1990. El MRTA se propone también, en 1991, ampliar su presencia en la vertiente oriental del departamento, ejecutando acciones como la del 3 de mayo de 1991, cuando un grupo armado del MRTA toma el pueblo de San Juan del Oro, en la provincia de Sandia, y realiza un mitin. Cuatro días después, otro grupo del MRTA se enfrenta a una patrulla policial en la frontera con Bolivia, siendo dispersado. Casi al mismo tiempo, el 14 de mayo de 1991 es asesinado por el PCP-SL en Juliaca, Porfirio Suni, dirigente reconocido de la Federación Campesina de Aricoma (FUCA) y representante de IU en el gobierno de la Región José Carlos Mariátegui. Los asesinatos de autoridades, líderes y funcionarios públicos de parte del PCP-SL prosiguen con la muerte, el 17 de julio, del alcalde provincial de San Antonio de Putina, Prudencio Sulca y dos regidores en el fundo Calacala. Al mes siguiente, el 18 de agosto, cae asesinado el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en Juliaca, y el día 30 muere abaleado por el PCP-SL el periodista y dirigente de Cambio 90, Gustavo Zúñiga.

En un escenario casi inédito, una columna senderista ataca el 6 de setiembre el pueblo de Pucará, en la provincia de Lampa, matando a 5 policías y quemando la municipalidad, el local de Entel Perú y varias casas. Otro grupo armado embosca una patrulla del ejército en la provincia de Melgar, muriendo un oficial y 5 soldados, 4 subversivos y el administrador de la mina San Rafael. En el distrito de Inchupalla, en Huancané, el domingo 29 de Julio de 1992 un destacamento del PCP- SL asesina a Pedro Pascual Vilca Canaza secretario del consejo distrital de Inchupalla, Santiago Chuquija Ingalla, teniente Gobernador, Artemio Sancho Sancho, Juez de paz del distrito, María Flora Montesisnos Lipe y su menor hijo René Morales Montesinos. Pero la respuesta organizada campesina a la violencia senderista no deja de incrementarse. El 12 de septiembre, los ronderos de Asillo se enfrentan al PCP-SL matando a 7 de ellos. Cinco días después, el PCP-SL responde atacando el puesto policial de Asillo, donde mueren dos civiles, pero el rechazo a los grupos senderistas ya es definitivo. La estrategia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales Hacia 1987 la violencia policial se había convertido en un serio problema, conforme denunció la Vicaría de la Solidaridad de Puno ese año:

Llegan a los pueblos y levantan su cuartel en locales comunales o en centros de servicio como centros de salud o escuelas. Nadie protesta, ni denuncia, ni condena. Se van aceptando las cosas así, por miedo a los unos y a los otros. Imponiéndose, poco a poco, la ley del terror, de la resignación y de la muerte (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005, p. 282).

Son numerosos los testimonios de denuncias de abusos policiales como, los ocurridos en Fiestas Patrias de 1987 en la comunidad de Kenamari Bajo y Llali en la provincia de Melgar; el asesinato de la niña Juana Choque Miranda, el 5 de octubre del mismo año, por un policía en estado de ebriedad del puesto de Arapa y la muerte del joven Juan Gutiérrez Mamani, en un baile social realizado en Pucará, a manos de un miembro de la Guardia Civil también en estado de ebriedad. En Puno, como en todo el país, la imagen de las fuerzas policiales y fuerzas armadas era bastante negativa. El sacerdote Markus Degen, con más de 38 años de trabajo pastoral en el altiplano y actual Capellán del Penal de Máxima Seguridad de Yanamayo, recuerda cómo eran percibidos los agentes del orden: “Antes de la aparición del PCP-SL, la policía era mal vista. Cometía abusos, había signos de corrupción e infundían temor. Por ejemplo, se sabía que asaltaron en Asillo y San Antón. La gente no los quería”. Otras opiniones son aún más duras: el abuso mayor ha sido cometido por los militares y los sinchis de la policía. Mucha gente les tiene temor. llegaban y entraban a cualquier casa, sacaban lo que encontraban, vacas, ovejas, gallinas, se llevaban artefactos; nadie tenía derecho a reclamar, nadie podía acercarse. A veces los militares estaban disfrazados de civiles, pero al final mucha gente ha desaparecido. Pero nadie quiere dar cuenta, prefieren ocultarse, por ejemplo, el Ejército una noche agarró campesinos, los desnudó, los expuso en un parque y le echaron abundante agua a pesar del enorme frío. Fueron acusados de convivir y apoyar con los terroristas (Comisión de la Verdad y Recinciliación Nacional, 2005).

Para finalizar este recuento es importante recordar que, a diferencia de otras regiones del país, los activistas de derechos humanos y algunos comunicadores sociales lograron generar una opinión publica respetuosa de la dignidad humana que contribuyó a reducir al mínimo el costo social de la guerra en la región. En Puno, el movimiento de derechos humanos creó el 2 de 276 diciembre de 1981 el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puno, teniendo en su Junta Superior a los tres Obispos de Puno, Ayaviri y Juli. En 1992, las Vicarías de Solidaridad y el Coddeh Puno impulsan la conformación del Consejo Regional por la Paz. En marzo de 1994, en el penal de Yanamayo, Fujimori es recibido por Osmán Morote quien, con un apretón de manos, le reitera el pedido de un “acuerdo de paz”. A algunas decenas de kilómetros de ahí, las últimas huestes del PCP-SL en el altiplano son desarticuladas.

Conflicto interno/ Escuela y maestro en el altiplano puneño (1980 – 1990)

A fines del 2001 tuvimos la grata suerte de codirigir un programa radial de literatura y música clásica junto a Rafael Vallenas Gaona (†), en ese entonces entrevistamos a Edwin Loza (el Amauta de la Artesanía Peruana) quien nos adelantó sobre la llegada del Grupo “Yuyachkani”, quienes desarrollaban un trabajo de sensibilización con la recién formada “Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional”, apenas llegado Yuyachkani, Rafael y quien escribe nos unimos para hacer posible que el grupo de teatro diera una función en la Facultad de Derecho de la UNA-P, en ese entonces pusieron en escena “Santiago” y “Rosa Cuchillo” de Oscar Colchado Lucio, velada inolvidable.

La peripecia inició ahí, junto a Yuyachkani algunos miembros de la Comisión de la Verdad arribaron a Puno, se efectuaba una convocatoria para trabajar en salidas de campo, visitas a los penales y levantamiento de registros testimoniales de las víctimas del período del “conflicto  interno”, me uní al grupo que lideraba Analí Oda y Giovanna Acenef Campos, me tocó visitar reiteradamente el penal de Yanamayo y entrevistar a algunos miembros de SL, a los arrepentidos y a alguno que otro integrante del MRTA. Trabajé casi un año transcribiendo testimonios, mi trabajo consistía sólo en transcribir los audios (Velasquez-Garambel, 2018), para lo que nos adiestraron en previos talleres dirigidos por un equipo de jóvenes antropólogos de la Universidad Católica del Perú, discípulos de Carlos Iván Degregori.

La inequidad en nuestro país es arremetedoramente excluyente, la mayoría de gente que se hallaba en los penales eran estudiantes Universitarios e Institutos Superiores (generalmente de ascendencia marginal), estudiantes de Educación, de Derecho, Arquitectura; maestros universitarios con una preparación intelectual y una sensibilidad muy elevada, entonces la pregunta que me hacía era ¿en qué momento perdieron el rumbo? ¿Cuándo decidieron sembrar el terror en nuestro país? ¿Por qué habían sembrado tanto dolor abriendo surcos de cadáveres y sufrimiento? Durante muchos años he intentado explicarme sobre la naturaleza de estos sucesos de conflicto interno, creo sin éxito, y la cartografía social se hace cada vez más compleja, los avances teóricos más allá de brindarme luz me opacan el camino y mis preocupaciones terminan por disiparse. Durante los últimos años me he llenado de recortitos de diarios de la época, con fotografías e informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de los documentos existentes en diversos archivos y de uno que otro testimonio no consignado por la Comisión de la Verdad.

Hemos vuelto a recorrer el eje norte de la región Puno, gracias a CARE – Perú y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (del 2006 al 2009), por cuatro ocasiones. Logrando más testimonios, he tratado de reconstruir hechos; pero hasta la fecha sólo me he limitado a redactar un informe etnográfico que muchos han utilizado y hasta publicado, en algunos casos sin consignar la autoría (documento que al fin y al cabo no me pertenece, ya que el dolor de los actores sociales resulta una carga incluso para el investigador), el mismo documento ha circulado como un documento de trabajo para su discusión y enriquecimiento y el que acoge en su versión final testimonios de maestros de Chupa, Azángaro, Ajoyani, Tulani, Antauta, Crucero y Lampa. El documento que se presenta a continuación es una pequeña parte del trabajo que fuera presentado para la Comisión Internacional de Derechos Humanos hace ya varios años, el mismo que es citado por Sigfredo Chiroque Chunga de la (UNMSM), Carlos Arroyo (de UPSALA), Gustavo Gorriti, Carlos Contreras, Gabriela Ramos y Pablo Sandoval. Como repito, dicho trabajo ya no me pertenece, es ahora un material de divulgación, por lo sensible que resulta. En él se han insertado partes que aún no habían sido corregidas para el informe de la CV.

Los conflictos internos fueron originados a causa de diferencias marcadas entre los discursos manejados por racionalidades disímiles y marcadas dispersiones de ideologías marxistas en la construcción de modelos sociales emergentes en los que la escuela se convirtió en la institución estatal a través de la que se podía crear una cultura de la dominación o en un instrumento para programar comportamientos y discursos sociales totalitarios, hegemónicos y de poder desde una postura totalizadora.

La escuela se constituye en un centro de reproducción de discursos e ideologías del poder, las mismas que se constituyen en elementos simbólicos violentos, que inciden en la cultura. Los maestros se convirtieron en operadores y en entes reproductores de discursos cargados de elementos simbólicos e ideológicos que agudizaron el conflicto interno y el sistema educativo de dicho período.

Consideraciones éticas y financiamiento 

Conflicto de intereses / Competing interests:

Los autores declaran que no incurren en conflictos de intereses.

Rol de los autores / Authors Roles:

José Luis Velásquez-Garambel: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, escritura - preparación del borrador original, escritura - revisar & amp; edición.

Richard Condori-Cruz: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, escritura - preparación del borrador original, escritura - revisar & amp; edición.

Wilson Sucari: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, escritura - preparación del borrador original, escritura - revisar & amp; edición.

Fuentes de financiamiento / Funding:

Los autores declaran que no recibieron un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

Los autores declaran no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.