“La gente bruta y los pobres miserables” también lucharon. Los indígenas de Huamanga en la Independencia

Ayacucho aun concentra la mayor población indígena y aunque históricamente fueron considerados como: “gente bruta y pobres miserables”, tuvieron una participación decisiva en las diferentes etapas de la historia del Perú. ¿Cuál era la situación de las poblaciones indígenas previa a la lucha por la Independencia? ¿Por qué y cómo participaron en el proceso de la Independencia? Y ¿Qué significó el advenimiento de la república para los indígenas?

Desde las últimas décadas del siglo XX la participación de los indígenas ha sido un tema de interés. En los 70s la investigación de Bonilla y Spalding abrió un significativo debate, siendo continuada en los años 80 por Hunefeldt (1982), Flores Galindo (Flores, 1987, págs. 121-144), O´Phelan (1987, págs. 145-199) y Cahill (1988, págs. 133-159). En los 90s destacaron los trabajos de Nuria Sala (1992, págs. 273-288) y Charles Walker (Walker, 1999). Hacia la primera década del siglo XXI surgieron las investigaciones de Waldemar Espinoza (2007, págs. 179–220), Florencia Mallon (2003), Cecilia Méndez (2005, págs. 125-153), Luis Miguel Glave (2008, págs. 369-426), Mark Thurner (2006), Joelle Chassin (2008, págs. 227-242) y David Garret (2009). Al inicio de las conmemoraciones de los bicentenarios de la Independencia Margareth Najarro (2009-2010, págs. 159-186), Heraclio Bonilla (2010), Víctor Peralta (2012, págs. 317-340) y Marissa Bazán (Bazán, 2013) profundizaron el papel de los indígenas. Asimismo, en los últimos años destacan las publicaciones sobre los iquichanos (Méndez, 2014) y la participación de los indígenas en la rebelión de Cuzco (Pereyra, 2016). Recientemente, Silvia Escanilla retoma el tema, reafirma la participación activa de los indígenas y propone que entre 1808 y 1824 desplegaron ciertas estrategias inaugurando una nueva manera de hacer política que definiría la guerra y que perduraría mucho después de la Independencia (Escanilla, 2021, págs. 51-81). 

Además de estos avances, la participación de los indígenas es un tema que aún requiere de mayores investigaciones y principalmente desde las regiones. En ese sentido, en este trabajo estudiamos las razones y el papel de los indígenas de la intendencia de Huamanga (actual Ayacucho) en el proceso de la Independencia. Asimismo, el significado del establecimiento de la administración republicana para las poblaciones indígenas.

Un sector diverso y privilegiado

Hacia las últimas décadas del siglo XVIII e inicios del XIX, los indígenas constituían el sector más poblado y altamente jerarquizado. Según el censo de 1791, Huamanga administrativamente integraba 7 partidos, 59 distritos y 135 pueblos con una población total de 111,559 habitantes, de los cuales 75,284 eran indígenas. Estaban asentados en las cabezadas, llanuras extensas y quebradas de la provincia de Lucanas y Parinacochas; los valles interandinos y las alturas de Cangallo; las zonas cálidas del valle de Andahuaylas y Huamanga. Igualmente, en los valles, las punas y la ceja de la selva de Huanta y Anco (véase: imagen 1).

En las cabezadas (1 000-3 000 msnm) cultivaban maíz, ají, frijoles y frutales. En los valles cortos y la zona quechua (1 500-3 500 msnm), cañaverales, trigo, maíz, calabazas, quinua, duraznos, manzanas, tuna, entre otros. En las altiplanicies vastas y frígidas (3 500-5 000 msnm), criaban camélidos y obtenían minerales. Y en las montañas tropicales (800-1 500 msnm), cultivaban coca y frutas. Asimismo, en beneficio de los españoles y mestizos, trabajaban en los centros mineros, haciendas, molinos, estancias, obrajes y las ciudades más importantes de la intendencia.

Para el año 1812, los indígenas siguieron siendo el sector más poblado y había experimentado un relativo incremento. En las siete subdelegaciones de Huamanga se hallaron 957 pardos y esclavos; 5,378 españoles; 29,621 mestizos; y 78,954 indígenas (Eguiguren, 2013, pág. 46).

Por otro lado, el sector indígena se caracterizaba por su diversidad étnica, jerarquía social y privilegios obtenidos en la administración virreinal. Además, de la diversidad étnica, se distinguían los indígenas de nobleza, principales, ricos, de privilegio, de oficios especializados y comunes.

Imagen 1. Mapa de la intendencia de Huamanga, 1800 (Tomado de hgis de las Indias).

Desde la última etapa de la administración incaica y a lo largo del virreinato, cada valle de la intendencia de Huamanga estaba habitada por diversas etnias: Lucanas, Soras, Angaraes, Chocorbos, Chancas o Tanquiguas (Quichua, 2017, págs. 37-53). Por ejemplo, en el valle de Andahuaylas muchos pueblos a principios del siglo XIX aún se identificaban con la etnia Chanca. Los pueblos al sur del río Pampas se consideraban Lucanas y algunos pueblos próximos a Vilcashuamán con los Tanquiguas. Igualmente, numerosos pueblos se identificaban con su origen mitimae. En el valle del río Pampas, los indígenas del pueblo de Pomabamba decían ser del ayllu Cañari. Los pueblos del valle de Qaracha, entre ellos, Huancasancos y Lucanamarca decían tener origen Wanka. En el valle de Huamanga, el pueblo de Quinua se componía de dos ayllus: Anansayac y Urinsayac. Es decir, que Huamanga era un espacio regional de convivencia histórica, entre etnias, españoles y mestizos, en la que cada grupo disponía de su autonomía.

Identificarse con una etnia originaria de Huamanga o un grupo mitimae no era una imposición virreinal y, por el contrario, era una expresión voluntaria que los pueblos utilizaban para expresar su identidad y diferenciación, la cual fue reconocida y respetada por las autoridades hispanas.

Pasando al campo de las jerarquías y privilegios, en Huamanguilla, don Fernando Ataurimachi del ayllu Anta, por ser hijo de don Fernando Rucana y nieto de don Francisco Ataurimachi “descendientes por línea recta de Guayna Capac” era considerado indígena de nobleza y por su apoyo a los españoles durante la conquista no tenían la obligación de pagar tributo y otros servicios personales. Los indígenas principales estaban compuestos por los curacas de primera y segunda persona. Don Cristóbal Apocana Yanqui, su esposa María Sacama y su hijo Cristóbal Yanqui asumieron desde fines del siglo XVI sucesivamente el cargo de cacique del pueblo de Carapo, Huamanquiquia y Huambo. Controlaron cientos de topos de tierras y estancias de ovinos. Igualmente, desde las últimas décadas del siglo XVI hasta los últimos años del siglo XVIII don Lucas Chuchón, Cristóbal Chuchón, Phelipe Chuchón y Juan Chuchón ostentaron el cargo de cacique de Vischongo, siendo una familia medianamente acomodada, dueños de tierras, estancias y molinos (Quichua, 2021). Asimismo, los indígenas ricos constituyeron un sector importante e influyente. El indígena Julio Santos Casani, vecino de Huamanga fundó con sus propios recursos económicos una iglesia. La indígena Catalina Lucha de Tayacaja dejó sus tierras para la manutención del hospital de la villa de Huanta. En 1802 la señora Inés Capcha Huamaní de aproximadamente 90 años de edad y natural de Parinacochas disponía 20 mil ovinos, 20 mil llamas y una cantidad similar de vacunos y caballares (O´Higgins, 1804[1982], pág. 629).

En el grupo de los privilegiados se hallaban los indígenas que no tenían la función de participar en la mita minera. Dentro de este grupo se ubicaban los indígenas de la ciudad de Huamanga y otros pueblos vecinos, quienes por su inmediata alianza con los españoles y su participación en la conquista y la derrota de las fuerzas de Manco Inca solo tenían la responsabilidad de limpiar las calles de Huamanga. Del mismo modo, en este grupo estaban los indígenas chasquis, puentes y guardias, que cumplían con la labor de la comunicación, la reedificación de los puentes y la vigilancia de la actividad comercial. Dichas responsabilidades cumplían los indígenas del pueblo de San Juan de Cayara, ayllu Huando de Huancasancos, San Juan Bautista de Paras, ayllu Anos de Totos, San Bartolomé de Cancha Cancha, San Cristóbal de Vischongo, Purísima Concepción de Chacamarca, San Juan Bautista de Ocros y Santa Isabel de Chumbes, todos ubicados en el curso del río Pampas de la provincia de Vilcashuamán.

A fines del siglo XVII los indígenas de Lucanas, Soras y Andamarca dejaron de ser indios comunes por convertirse en indígenas de oficios especializados y se desenvolvían como escribanos, barberos, sastres, zapateros, tinteros, carpinteros, etc. Una estrategia que implementaron para no participar en las mitas mineras, dejar de lado las tributaciones y principalmente para no convertirse en indígenas forasteros que perdían sus tierras (Quichua, 2015, págs. 313-332). Los indígenas comunes se dividían en mitayos y forasteros. El primero cumplía con las mitas y las tributaciones y a cambio de ello disponían de tierras. Mientras los forasteros al evadir la mita o el tributo no tenían acceso a beneficiarse con la tierra y vivían en la ciudades, haciendas u obrajes de los españoles o mestizos. Queda claro que la república de los indígenas era extremadamente jerarquizada y privilegiada. ¿Cuáles fueron las razones de separatismo y rechazo a la administración virreinal?

Razones del separatismo y rechazo a la administración virreinal

Las razones fueron diversas y cada sector de los indígenas tuvieron sus propios intereses, proyectos y necesidades. En la primera etapa, la motivación central fue la implantación de las reformas borbónicas que trató de cortar los privilegios tributarios y económicos, seguido por las disputas de las tierras comunales. Hacia la última etapa de la Independencia, las razones fueron las contribuciones de guerra que implantaron las autoridades del cabildo de Huamanga.  Dichas reformas y contribuciones fueron establecidas en un contexto de pobreza y un lapso crítico afectado por las sequías, excesivas lluvias y enfermedades.  

Años después de la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II, los intendentes de Huamanga, don José Menéndez (1794-1799) y Demetrio O´Higgins (1799-1812) intensificaron las reformas borbónicas con el objetivo de sacar el mayor provecho económico en beneficio de la corona. Cobraron tributo a los indígenas privilegiados. Por ejemplo, en la ciudad de Huamanga, los indígenas asentados en los barrios circundantes denominados: San Agustín Pampa, Carmen Alto, Conchopata, Amargura, Andamarca, Belén, Soquiacato, Calvario, entre otros, bajo la administración de los Austrias (XVI-XVII) vivían exento de la mita minera por haber brindado su apoyo a los españoles en la conquista. La revisita de 1770 indica: “[…] en este dicho barrio y parcialidad de Belem y Soquiacato anexo de la Magdalena se hallaron seis indios originarios que no pagan tributo por reserva y privilegios que les tenía concedido su Magestad y solo tienen la pensión de asistir a las faenas de la ciudad”. Sin embargo, hacia las últimas décadas del siglo XVIII, pasaron a ser registrados para cumplir con el pago de los tributos al igual que los indígenas comunes.

Este mismo caso enfrentaron los indígenas de la provincia de Lucanas. Según el informe del subdelegado don José de Irigoyen y Zenteno que data de 1807, los diezmeros al cobrar recargadas sumas, cometían abusos y “semejantes latrocinios y hábitos de robo” al pretender cobrar diezmos a los indígenas exentos. En la provincia de Lucanas, 10 doctrinas al ubicarse en las punas y por ser pastores vivían libres de diezmos. Igualmente, los pueblos de Paraysancos, Santa Lucía, Otoca y Laramate eran privilegiados por la corona. El licitador don Francisco Bendezú con el objetivo de recuperar los 2000 pesos pagados por el diezmo y disponer suculentas ganancias cometía atropellos. El subdelegado declaraba:

“hago presente a Vuestra Merced como juez del partido el abuso o trastorno que hacen los licitadores de diezmos… con los indios reservados sin ejemplar quizá en ninguna provincia, obligándolo a su contribución como españoles, golpeando si se resisten a ellos, sus mujeres e hijos y llevándoles violentamente sus ganados y bienes”.

El afán de obtener mayores ingresos económicos motivó inestabilidades y rechazos de las poblaciones indígenas.

Las reformas borbónicas también afectaron a los indígenas comerciantes de telas y panes. Al adquirir telas a bajos precios en la ciudad de Huamanga y “suponiendo ser todo labrado por sí mismos” vendían en los pueblos vecinos más de 400 mil varas de algodón anuales sin pagar las alcabalas. Percatado de las significativas ganancias, el intendente propuso la libre venta de 12 mil varas anuales y pagar la respectiva alcabala por “el resto que quieran sacar fuera de la ciudad…” (O´Higgins, 1804[1982], pág. 685). La decisión del intendente fue criticada y los indígenas al igual que los comerciantes españoles y mestizos para burlar las alcabalas transportaron los productos por rutas desconocidas y las noches. De tal manera, se incrementó el contrabando. Igualmente, los humildes indígenas al construir pequeños hornos, cocían el pan y vendían en la plaza, compitiendo con los panaderos mestizos y españoles.

Los indígenas vendedores de telas y productores de panes conformaban uno de los sectores más productivos de la ciudad de Huamanga y, sin embargo, al no estar empadronados no tenían la responsabilidad de brindar las contribuciones respectivas. Un documento indica:

“Aunque en esta ciudad hay otros oficiales como son canteros, olleros y curtidores son todos indios de las dos parroquias y se puede decir que no hay panaderías sino hornos en que los indios cuezen el pan que venden en la plaza y por lo que hace los tejedores de bayetas son indios de las mencionadas parroquias y solo son oficiales españoles, mestizos y uno u otro mulato los que constan en la listan adjunta”.

En la administración del intendente O´Higgins, los indígenas tejedores de bayetas, comerciantes de telas y venderos de panes fueron obligados a brindar un gravamen en beneficio de la corona. Por lo tanto, todos estos sectores afectados rechazaron a la administración de los borbones y conformaron el bando separatista.

Las indicadas medidas reformistas se impusieron en un contexto inestable de excesivas lluvias, sequías, pobreza y enfermedades. En 1804, los pueblos del centro y sur de la intendencia de Huamanga sufrieron excesivas precipitaciones y nevadas, llegando al extremo que los guanacos y vicuñas bajasen a las proximidades de los pueblos en busca de pasto y abrigo (O´Higgins, 1804[1982], págs. 633-634). Por su parte, los pueblos del norte y la ceja de la selva estaban afectados por una maligna epidemia. A su vez, sufrieron la rabia, una nueva enfermedad que desde su aparición en Lima hacia 1803 y 1804, se difundió aceleradamente dejando en los años posteriores una alta tasa de mortandad en los pueblos más humildes siendo contagiado por la mordedura de perros y gatos. Frente a ello, durante la década de 1820 las autoridades del cabildo de Huamanga decretaron matar y enterrar a los caninos. Entre 1814 y 1815, las poblaciones del centro y el sur de Huamanga sobrevivieron las constantes sequías, la cual afectó a la agricultura y ganadería. Igualmente, meses antes de batalla de Ayacucho, tanto los españoles, mestizos, indígenas y los militares fueron afectados por la viruela. En setiembre de 1824, Sánchez Carrión informa a Simón Bolívar del contagio de los militares y su recuperación puesto que desde 1810 en la intendencia de Huamanga ya se venía difundiendo, aunque lentamente la vacuna antivariólica (Quichua, 2020, págs. 8-24).

El antiborbonismo se recrudeció por los abusos de los tamberos y las disputas territoriales. Los indígenas que tenían la función de participar en las mitas de tambo, estaban acostumbrados de disponer mulas o pagar para no brindar servicios personales en las postas. Sin embargo, hacia los primeros años del siglo XIX, las autoridades virreinales incrementaron los montos. Los indígenas del pueblo de Paccha (Santiago-Huanta) como nunca antes, además de disponer las acémilas fueron obligados a pagar 50 pesos entre junio y noviembre y los que rechazaron e incumplieron terminaron siendo duramente reprimidos. Sobre los abusos a los indígenas de Vinchos, don Mariano Vásquez testificó con las siguientes expresiones:

“y cuando van a servir y no vayan la dicha cantidad les hace trabajar todo el tiempo en los seis meses ya en hacer adobe, sembrar papas y cebada en hacer chicha, y en venderla, en sembrar coles y traerlas a vender a esta ciudad (Huamanga) señalándoles un real por cada col y que cuando a este precio no les puedan despachar y las devuelven hace que las paguen a fuerza de palos y de rigor… les hace pastear mulas si se pierde les obliga a pagarla o les quita una de las que llevan alquiladas”.

La cita anterior no solo expresa la radicalización de la mita de tambo, sino los beneficios económicos que disponían las autoridades a costa del trabajo de los indígenas. Dichos excesos evidencian las razones del rechazo a la administración virreinal. 

Otro punto importante, fue la disputa entre españoles e indígenas por el control de las tierras. En Chiara, los indígenas Juan de Dios Capiso, Lorenzo Meneses, Faustino Meneses y Luis Quispe conllevaron una disputa con don Jacinto Infanzón por las tierras de Ataquisuar y Uchuymarca. Los indígenas considerando ser suyas desde tiempos inmemoriales construyeron ranchos, barbecharon y sembraron. Por su parte, don infanzón mediante documentos sostuvo que en 1805 adquirió las referidas haciendas con la suma de mil pesos, puesto que las tierras antes de ser vendidas eran alquiladas anualmente en 50 pesos a favor de la catedral de Huamanga. Lamentablemente, los indígenas no pudieron presentar documentos y al ser despojados pretendieron preservar dichas tierras mediante actos violentos. Con el apoyo de los indígenas del pueblo de Chiara atacaron con piedras a don Infanzón y le quitaron los documentos. Interpuesta la queja, las autoridades borbónicas determinaron expulsar a los cuatro indígenas cabecillas, la cual no fue cumplida. En 1807 terminaron siendo sentenciados para ser recluidos a la cárcel de Huamanga. Juan de Dios Capiso, Luis Quispe y Faustino Meneses terminaron capturados y Lorenzo Meneses huyó. Desde setiembre a diciembre de 1807 se mantuvieron en cárcel y al lograr su libertad y retornar a su pueblo indicaron “que no obedecían al subdelegado, al intendente y muchos menos a otras autoridades” y a los años siguientes conformaron la línea independentista (Quichua, 2019, págs. 97-99). 

Retomando el asunto de los impuestos, en la última etapa de la guerra independentista, las autoridades del cabildo de Huamanga continuaron estableciendo diferentes contribuciones de guerra y eso motivó a que las poblaciones indígenas que venían identificándose con las fuerzas de la corona y aquellos que se mantenían indecisos brinden su apoyo y levanten armas en favor de la Independencia. 

El cabildo de Huamanga, en 1818 decretó la contribución de guerra al tabaco, a las bebidas, granos y otras especias. Dichos gravámenes afectaron específicamente a los indígenas dedicados a la comercialización de aguardiente, ají, frijoles y pallares.  

Tabla 1. Contribución de guerra al tabaco, bebida, granos y otras especies, 1818.

Fuente: ARAY. Libro de cabildo desde 1817 hasta 1822. Acta 26, 1818, s/f.

Algunos comerciantes indígenas al igual que los españoles y mestizos obtenían aguardiente, ají, frijoles y pallares en las haciendas de Andahuaylas, los valles cálidos y las haciendas de Ica. Otros, frecuentaban a la ciudad de Huamanga y al comprar a precios rebajados transportaban a las doctrinas, los centros mineros, las salineras y las ferias que se desarrollaban en los diferentes meses del año, entre ellos, la de Incahuasi en Parinacochas, Cocharcas en Andahuaylas y Acuchimay en Huamanga.  

Las autoridades del cabildo de Huamanga continuaron estableciendo nuevas contribuciones de guerra. En 1819 determinaron la contribución a la venta de los ganados, la lana y los cueros, afectando duramente a los pobladores de la provincia de Lucanas, Parinacochas y Vilcashuamán.

Tabla 2. Contribución de guerra a los ganados, 1819.

Fuente: ARAY. Libro de cabildo desde 1817 hasta 1822. Acta 50, 1819, s/f.

Los indígenas de la parte central y fundamentalmente del sur de Huamanga aprovechando las amplias punas con abundante agua se dedicaban a la ganadería y pagar un monto respectivo por su comercialización terminó siendo una de las razones determinantes para que rechacen al gobierno virreinal y apoyen decididamente a la causa independentista.

Las contribuciones de guerra también se decretaron a las familias españolas, mestizas e indígenas de las ciudades. El 2 de octubre de 1822, el cabildo decretó un impuesto al ramo de la sisa y las pulperías. En el ramo de la sisa decidieron cobrar a los comerciantes de cinco productos. El acuerdo dice: “… que paguen un real por semana los carniceros, recauderos, soreros, panaderas y fruteras”. Tal es así, cobrando un peso a cien comerciantes obtendrían 12 pesos y 4 reales a la semana, 50 pesos al mes y 600 pesos al año. De la misma manera, las pulperías al ser rematadas en la suma de 111 pesos dejaban aproximadamente 561 pesos anuales. De ambas contribuciones, las arcas virreinales en beneficio de las fuerzas de la corona disfrutarían de un total de 1 161 pesos anuales.

El rechazo a la administración fue motivado por las mismas autoridades virreinales al implantar las reformas borbónicas e intensificar las contribuciones en un contexto de excesivas lluvias, constantes sequías y enfermedades. Posteriormente, el rechazo se agudizó también por las contribuciones de guerra decretadas por el cabildo de Huamanga para financiar a las fuerzas de la corona que venían enfrentando a los rebeldes. Por lo tanto, los indígenas tuvieron las razones suficientes para tener una participación decisiva en el largo proceso independentista.

Las participaciones indígenas

Los indígenas participaron de diversa índole: lucharon en los campos de batalla, conformaron las milicias, establecieron cuarteles, abastecieron a las fuerzas militares, difundieron las comunicaciones, entre otros.

Un sector de los indígenas afectados con las reformas borbónicas brindó su apoyo a la rebelión cuzqueña (1814). Al controlar a la ciudad de Andahuaylas y Huamanga, avanzaron a Huanta, participaron en las contiendas bélicas y tras la derrota, sufrieron las mayores persecuciones de las fuerzas de la corona. Durante el retroceso a Huamanga, cercaron dicha ciudad en 1815, cortaron todos los canales de agua y generaron temor de sus habitantes. Felipe Pilares, mayordomo de las rentas de la ciudad refirió de la siguiente manera:

“… de esta ciudad recogí de varias personas de este comercio el número de 120 botijas vacías para el gasto y consumo de las tropas que se hallaban en los dos cuarteles y para los presos de la real cárcel, con motivo del cerco y sitio que se experimentó en la ciudad por los indios insurgentes en el año de 1815 por el justo recelo que se anunciaba de que se nos quitase talvez el auxilio de agua como que efectivamente quebraron dichos insurgentes las principales acequias por donde se dirigía…”.

Las fuerzas de la corona resistieron las incursiones indígenas y con el arribo de las tropas de apoyo enviadas de Lima terminaron derrotando a los insurgentes. Los indígenas volvieron a sus pueblos y a pesar de la derrota habían ganado experiencia en los campos de batalla y a los años siguientes conformaron las milicias y las guerrillas más experimentadas en la región.

Las principales milicias se establecieron en los pueblos de la provincia de Vilcashuamán, Lucanas y Parinacochas. Apoyaron a las fuerzas patriotas al alcance de su jurisdicción, mantuvieron el centro y el sur de la intendencia de Huamanga fuera del control de los realistas y amenazaron tomar Huamanga y Andahuaylas por ser las últimas ciudades que se mantenían bajo el control de las fuerzas realistas y la administración virreinal.

Las milicias de Cangallo juntamente con los morochucos pusieron en jaque a las correrías y avances de las fuerzas de la corona, generando en ciertas ocasiones bajas significativas. De la misma manera, las milicias de Lucanas y Parinacochas apoyaron a los patriotas en las contiendas realizadas en el territorio de Arequipa. Un comunicado de Antonio José de Sucre indica: “En Lucanas y Parinacochas hay mucha arma que nosotros mismos repartimos a esos pueblos el año pasado. El capitán Castañeda debe tener una fuerte guerrilla que se reunirá a la usted, y el intendente de Parinacochas ha de reunir otra guerrilla para mandarla a usted de refuerzo a Chuquibamba”.

A su vez, las milicias establecieron cuarteles. En el sur, destacó el cuartel del pueblo de Lampa (Parinacochas) y en la parte central, que comprende el curso del río Pampas sobresalieron: Alcamenca, Yanamarca, Putica, Totos, Cangallo, Pomabamba, Chuschi y Huancaraylla (Vilcashuamán). Los cuarteles se mantuvieron mediante el aporte económico de las indígenas, quienes suministraron granos, tubérculos, carne, sal, bebidas y ropas. El 16 de enero de 1824, don Gregorio Morán describió la disminución “de los granos de cebada” por ser llevados a los cuarteles para la alimentación de los indígenas enrolados en las fuerzas independentistas.

Los indígenas de los cuarteles mantuvieron planes y una comunicación con las fuerzas patriotas y perjudicaron el avance de los realistas atacando en los caminos y cortando los puentes. El 13 de enero de 1822, Agustín José Molinare informa al comandante general del sur, Juan Pardo de Zela sobre la participación de los indígenas: “… he impartido repetidas órdenes para que pasen al pueblo de Huancaya donde se disponían los indios para impedir el paso a los enemigos, para lo que se han pedido aucilio. Estos se hallan diez leguas de este punto con 250 hombres de tropa de linia, y alguna indiada de Huambalpa y Vischongo”.

Los indígenas y las milicias dispusieron y manejaron diversas armas de guerra. El informe de José Alejo Pérez emitido el 13 de setiembre de 1821 desde el cuartel de Lampa indicaba que de los 80 hombres que componía sus fuerzas, 50 estaban armados con fusiles, tercerolas y carabinas. Asimismo, había dejado 25 armas a la Milicia Patriótica de San Juan de Lucanas para el resguardo de dicho partido. Sobre todo, destaca el manejo de cañones en los enfrentamientos. Durante el ataque fallido a la ciudad de Huamanga, las fuerzas patriotas de Francisco de Paula, tuvo el apoyo de los indígenas, no solo como fuerzas secundarias sino mediante el empleo de un cañón de guerra. Dice: “y pudimos escapar de entre los godos ya envueltos en un caballo de un asistente perdiendo el cañón que tenían los picaros indios y los cartuchos”.

Igualmente, los indígenas patriotas y las milicias prohibieron el ingreso de personas desconocidas o grupos del bando realista a los pueblos porque sufrían el secuestro de ganados, productos y todo tipo de bienes. Para el ingreso a un pueblo era necesario presentar “una orden o pasaporte”. Aquellos que no presentaban dichos requisitos terminaron ejecutados. Por ejemplo, según el informe de José Pizarro, los indígenas del pueblo de Huambalpa ejecutaron a un indígena considerando que era del bando contrario y desgraciadamente se habían confundido. El indígena ejecutado era un guía de los patriotas y frente a tal error, el señor Pizarro indicó que se trataba de una confusión y “como jente bruta no conocieron de que tropa era”. Solicitó al coronel Francisco Paula Otero no castigar a los autores del crimen y que más bien era necesario “dar libertad a esos pobres miserables”.

De la misma manera, los indígenas jugaron un papel fundamental en la obtención y la difusión de las informaciones. La carta que envió Álvarez de Arenales con fecha 29 de octubre desde el campamento ubicado en la hacienda Quicamachay a las autoridades de Huamanga para su ingreso respectivo fue llevado por un indígena, quien después de un largo recorrido arribó a su destino a las 6 de la mañana y entregó la carta a don Melchor Espinoza. Las autoridades del cabildo dirigido por el teniente asesor Juan José Eguíluz organizaron inmediatamente una reunión y admitieron el ingreso de las tropas libertarias y unos días después, el 8 de noviembre de 1820 desarrollaron la jura de la Independencia en Huamanga.

Durante la agudización de la guerra, los indígenas de los cuarteles de los pueblos del valle de Pampas también tuvieron un papel decisivo en la incautación de las cartas enemigas. Desde el pueblo de Huancasancos, Molineri indica a Pardo de Zela con la siguiente expresión: “Le remito algunos papeles del enemigo, que me han traído los indios”. De esa manera, se informaron de los planes realistas y se adelantaron en los ataques.

Por otro lado, la labor de las mujeres destacó en la difusión de los mensajes e informes del avance de las fuerzas realistas. Las mujeres comunicaban a los milicianos con prontitud sobre los movimientos, la cantidad de hombres, caballos y equipos bélicos de las fuerzas realistas que pasaban por los pueblos. Igualmente, las indígenas de los pueblos mantenían contacto con las mestizas de Huamanga y difundían las noticias de los acontecimientos ocurridos en las ciudades y los pueblos. Por ejemplo, María Parado de Bellido al ser originaria del pueblo de Paras, ubicado en la cuenca del Pampas mantenía estrechos vínculos con las indígenas de dicha jurisdicción. En ocasiones, las cartas enviadas por las mestizas desde Huamanga eran distribuidas por las indígenas. Juan Pablo de Zela en una carta dirigido al ministro de guerra don Bernardo Monteagudo indica: “También he visto una esquela escrita por una mujer desde el mismo Guamanga la que asegura que son dos mil y quinientos hombres los que se han reunido en Guamanga”. Igualmente, las indígenas dedicadas a la venta de aguardiente, chicha y el comercio estaban atentas a las conversaciones, preparativos, planes de los enemigos y brindaron información oportuna a sus esposos o familiares y ellos, hicieron presente a las autoridades de alto mando.

El establecimiento de una red de comunicación entre Huamanga, los pueblos y cuarteles terminó siendo uno de los elementos más importantes que facilitó el avance y control de la intendencia de Huamanga por las fuerzas patriotas. Por ello, los cuarteles establecidos en los pueblos indígenas sufrieron constantes ataques. El 21 de setiembre de 1821, desde el cuartel de Totos, Miguel García informa al coronel Guillermo Miller del incendio que sufrieron los cuarteles. Indica: “Por lo que a mí me toca, no á ávido mayor novedad, y solo la irrupción si de hostilidad, é incendio que irrogó el enemigo; al Quartel de Yanamarca, Pueblo de Putica, Cangallo y Pomabamba en los que, solo han padecido las avitaciones y uno, que otro traste que sus dueños no pudieron cargar; porque fui persiguiendo al enemigo…”. Otros cuarteles también tuvieron un funcionamiento efímero, siendo uno de ellos, el cuartel del pueblo de Yanamarca que a fines de 1821 había sufrido los mayores ataques de las fuerzas realistas.

Además de las represiones, la colaboración de las indígenas continuó. Antes de la batalla de Ayacucho apoyaron a las fuerzas libertarias de Sucre. La carta de Fermín Lino al brigadier y comandante general don Antonio Gutiérrez refiere: “las Indias de estos pueblos (Quinua, Huamanguilla, Acosvinchos y Guaychao) han sido premiadas porque a porfia se empeñaron en cooperar a las maniobras del Exercito Libertador”.

La cita referida indica que la labor de las mujeres no solo se limitó a la entrega de recursos económicos y alimenticios a las fuerzas, sino “en cooperar a las maniobras del Exercito Libertador”. Es decir, que las indígenas brindaron información de las rutas y sobre las ventajas y desventajas del territorio para el establecimiento de los batallones en el campo de enfrentamiento.

Esto habría sido posible debido que las referidas indígenas eran originarias y vivían en los pueblos próximos a la pampa de la Ayacucho, escenario de la batalla final de 9 de diciembre de 1824 donde las fuerzas de Sucre derrotaron definitivamente a los realistas.

A pesar de venir enfrentando una situación difícil, las poblaciones indígenas brindaron sus aportes económicos. Entregaron animales para la manutención de las tropas. Mariano de la Rosa confirma el aporte de los pobladores de Chuschi. Dice:

“Hoy día se han esparcido toda esta comunidad por ganado lo que hayga. Despacharé y avisaré a Vuestra Señoría el por menor; por mandar las cien reses espero hasta las doce para los puntos que Vuestra Señoría me pide para pasar a los pueblos de la obra banda, juntamente con el alcalde por hallarme bisoño, y sin ninguna práctica de estos lugares. Es quanto puedo informar a Vuestra Señoría en obsequio de mi palabra de honor”.

Igualmente, del punto de Challcacucho obtuvieron 100 reses; de Mayoc 50; Canchacancha 20 reses, 5 fanegas de cebada, cancha y papas. En la jurisdicción del pueblo de Pomacocha, Mariano Castillo a duras penas había conseguido 12 fanegas de cebada, 3 de papa, un poco de sal y 30 cargas de leña. Al sur del río Pampas, en la zona de Querobamaba, los indígenas de Tintay, Morcolla, Huacaña, Chuschama, Poma y Payco también brindaron los víveres correspondientes.

Definitivamente, los indígenas tuvieron una participación constante y determinante en el triunfo de las fuerzas patriotas frente a los realistas.

El significado del advenimiento de la república

La instauración de la república peruana no expresó un cambio significativo para las poblaciones indígenas. Por el contrario, el Estado republicano puso fin a la diversidad identitaria de las poblaciones indígenas, prohibió las expresiones culturales de los pueblos y modificó las delimitaciones territoriales generando prolongados litigios territoriales.

Con el objetivo de establecer una nación peruana integrada por ciudadanos y gobernada por una constitución, la administración republicana puso fin a la diversidad étnica, social y los privilegios de los indígenas.

Los pueblos indígenas dejaron de identificarse con las etnias prehispánicas: Lucanas, Soras, Angaraes, Chocorbos, Chancas o Tanquiguas, Por ejemplo, los habitantes de Huamanquiquia, Huambo y Carapo en los documentos de litigios a diferencia de la época virreinal ya no se identificaban con la etnia Lucanas. Eran pocos los pueblos que siguieron utilizando los antiguos nombres étnicos y solo conservaron sus estructuras internas. En Andahuaylas bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz (1836-1839), para distinguir a los pueblos de valle y las alturas de Andahuaylas aún empleaban nombres de identidad étnica prehispánica: Chancas de valle y Chancas de las punas, haciendo referencia a la antigua división de los Hanan y Urin Chancas. De la misma manera, fueron abandonando el uso de los nombres de los grupos mitimaes. Pocos pueblos continuaron empleando, entre ellos los indígenas de Pomabamba. En un juicio territorial que data del año 1845 continuaban utilizando su nombre étnico. Dice: “Los indígenas mayores de Pomabamba del ayllo Cañari…”. Igualmente, en algunas zonas fueron prevaleciendo nombre de los ayllus prehispánicos. En el padrón de los indígenas contribuyentes de Andahuaylas que data de 1836 se observa la pervivencia del ayllu yunga, Lurinsaya y Hanansaya de Andarapa, Mayo y Anta de Pampachiri, quichua de Huasaura y Anco de Curamba.

En los años venideros, las autoridades republicanas fueron dejando de lado la diversidad étnica y consideraron a todos únicamente como indígenas. Aún más, derrocaron los privilegios indígenas y las instituciones de los pueblos. Ser descendiente de Huayna Cápac o disponer de un oficio especializado dejó de tener importancia y todos los indígenas fueron empadronados en el grupo de originarios o forasteros con o sin tierras. Anularon una de las instituciones prehispánicas más importantes, los curacazgos. Muchas de las familias curacales, entre ellos los Yanqui Astocuri de Huamanquiquia perdieron su prestigio y participación política en la esfera local y pasaron ser parte de los indígenas comunes. Por el contrario, pocas familias curacales tuvieron la capacidad de reinsertarse a la actividad política en la república. Uno de los casos singulares fue la familia Chuchón, quienes en la administración republicana siguieron teniendo predominio político ya que se desenvolvieron como alcaldes, gobernadores y autoridades eclesiásticas. Su continuidad política fue posible por el empleo de tres mecanismos: el control de la tierra, las alianzas matrimoniales y la educación (Quichua, 2021).

Los indígenas convertidos en originarios y forasteros con y sin tierra, al igual que en la administración virreinal conformaron el sector de la última escala social y económicamente, terminó siendo el grupo más pobre del país, desprestigiado, excluido y cada vez más despojado de su identidad.  

En el aspecto cultural, el presidente Agustín Gamarra en su primer mandato (1829-1833) prohibió las actividades festivas y religiosas de los pueblos considerando que generaban crímenes, escándalos y excesivos gastos y los indígenas no podían cumplir puntualmente con las contribuciones.

En los pueblos de la provincia de Huanta mandó a prohibir la fiesta de Las Cruces, una de las celebraciones más concurridas y pomposas que se celebraba en dos momentos del año. En los primeros días de enero la fiesta iniciaba con el registro de las cruces. Los alcaldes, regidores, alguaciles y ministros de vara recién nombrados visitaban a la casa de los indígenas para registrar las cruces que disponían las familias. Por la visita, “cada dueño de cruz les daba trago de aguardiente y un vaso de chicha como propina de la visita de buen gobierno” y durante todo el día apenas recorrían una docena de casas y por tal razón el registro se prolongaba casi por todo el mes de enero. El registro de las cruces no solamente se hacía para confirmar la cristiandad de los indígenas, sino  para establecer el pacto de los indígenas con las nuevas autoridades y se desarrollaban mediante las expresiones musicales, conversaciones y brindis con las mejores bebidas.

Después de dicha antesala, el día central de la fiesta se realizaba en el mes de mayo. Un documento describe:

“El día 3 de mayo en el pueblo capital de cada una de estas doctrinas comienza la función de las cruzes llevándose en número de tres o cuatrocientas a la iglesia cuyo retablo del altar mayor se entra con ellas; el cura canta la misa, luego se saca en procesión todas ellas cargando cada uno la suya; que alboroto, que singuisarra se forma al apearlas del retablo; un hormigueo de muchachos subiendo y bajando sin orden. Concluida la procesión de grado o a la fuerza vuelve a entrar en la iglesia a dejar el estipendio en un peso por la misa…”.

La celebración central se desarrollaba después de las cosechas y antes del inicio de la limpieza de las acequias y los sembríos. Por lo tanto, “el mes íntegro de mayo se consagraba a Baco y la inmoralidad periódica”. En cada casa se festejaba a las cruces con botijas de chicha y aguardiente, las cuales generaban altísimos gastos y los indígenas tenían “atrasos y dificultades” en el cumplimiento de las contribuciones. Asimismo, la embriagues de las autoridades y los pobladores generaban los mayores peligros y desórdenes. En 1832, don Ángel Pacheco en un informe al señor ministro de Estado del departamento de Ayacucho indicaba lo siguiente:

“En este mes de mayo la embriaguez no se circunscribe en los ministros llamados de vara, sino que se generaliza y aquí los desafíos, las riñas, las peleas, golpes, heridas, sangre y a veces muertes: al paso de estos horrores se presentan a la vista no es menos lo que padece el oído con las obscenidades, votos, juramentos y blasfemias que por calles y plazas resuenan con injuria de la decencia y honestidad y escándalo de algunos virtuosos que no falta y de sus propios inocentes”.

Las autoridades republicanas no solo prohibieron a la fiesta de Las Cruces en los pueblos rebeldes de Huanta, también prohibieron en el centro y sur del departamento. El 4 de setiembre de 1832, los representantes de la Junta Departamental de Ayacucho aprobaron prohibir todas las festividades de los pueblos. Dice: “que se prohíba absolutamente en todas las provincias, distritos y parroquias … las festividades de los santos con coetes, danzantes de tijera, milicias y otras antiguas corruptelas que al paso que ofenden la moral pública, ocasionan indevibles daños, gastos y perjuicios a los miserables indígenas que son los que sostienen …”.

En las semanas y meses siguientes este decreto fue difundido por el prefecto departamental para su cumplimiento respectivo. El 19 de setiembre el prefecto González remitió una copia al deán eclesiástico para dar cumplimiento “al destierro de todas las costumbres de danzas y demás festividades de los santos”.

Las prohibiciones desataron un rechazo generalizado, porque la fiesta de Las Cruces, la Danza de Tijeras y las demás celebraciones expresaban la esencia cultural de los pueblos, la estrecha convivencia de la cultura occidental y andina, la integración de los pueblos, las prácticas de la reciprocidad, el contrapunteo entre las familias, la interrelación de las autoridades entrantes y los pobladores, y el tinkuy en general.

De la misma manera, las autoridades republicanas promovieron cambios administrativos, jurisdiccionales y territoriales en la que las provincias y doctrinas sufrieron subdivisiones y muchos pueblos dejaron de pertenecer a sus antiguas jurisdicciones.

En la provincia de Huanta, la doctrina de Luricocha que bajo la administración virreinal se dividía en dos curatos (Huayllay y Seque), pasó a ser dividido en tres curatos: Huayllay, Seque y Carhuaurán. La creación de este último curato generó un descontento de los indígenas y los curas. Varios pueblos de la puna pasaron a pertenecer a la jurisdicción de Huanta y los curas perdieron un significativo número de feligreses y la disminución de sus ingresos económicos. La incorporación de los pueblos indígenas a Huanta fue una determinación detonante que revitalizó la rebelión iquichana y simplemente al no admitir, desconocieron al cura de Huanta y prefirieron seguir bajo la administración eclesiástica de Carhuaurán. Desafortunadamente los cambios jurisdiccionales que encaminaron las autoridades centrales fue una decisión política inadecuada porque desarticuló todos los lazos históricos de los pueblos indígenas.

Los cambios jurisdiccionales también se produjeron en otras partes del departamento. La parroquia de Pullo (Parinacochas) fue dividido en dos vice parroquias o doctrinas; Laramate (Lucanas) en dos; Huambalpa, Chuschi, Totos y Paras (Cangallo) cada uno en dos; Chincheros, San Jerónimo, Huancarama y Onqoy (Andahuaylas) en dos; Córdoba (Castrovirreyna) en dos; Pampas (Tayacaja) en dos; y Acobamba y Lircay (Huancavelica) en dos. Asimismo, en Lucanas, tanto Sondondo, Isisua, Queca y Huaycahuccho se convirtieron en pueblos, mientras Chipau, Apcará y Cabana en viceparroquias. En la jurisdicción de Cangallo, la puna de Caracha se transformó en una parroquia de Sancos; y la de Urubamba en una parroquia de Carapo. En Lucanas, Visvicha pasó a ser una parroquia del pueblo de Apcará y la Caballopampa a Otoca.

Los cambios jurisdiccionales desataron un problema mayor, las disputas territoriales entre los pueblos. En la cuenca de Qaracha, Los pueblos indígenas de Huancasancos y Sacsamarca disponían tierras comunales desde la época de las reducciones toledanas y al inicio de la república enfrentaron litigios. Los indígenas de Sacsamarca al carecer de tierras cultivables tenían acceso a la otra banda del río y juntamente con los huancasanquinos cultivaban maíz, trigo y otros cereales. Esta práctica, mediante el amparo de las autoridades virreinales se había mantenido desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. En 1826, la autoridad principal de Cangallo, Miguel García las tierras llamadas Pisauca, Secsecaca, Huahuacuyuchina, Oroyapata, Marita, Sullococha y Chacapata por ubicarse en la otra banda vendió al alcalde y los indígenas del pueblo de Huancasancos en 50 pesos sin conocimiento de los sacsamarquinos. Las autoridades afectadas: Mateo Puma, Antonio Huamaní, Manuel Yanayalli, Mariano Cayo, Tadeo Cancho y los pobladores pidieron retomar el control de las tierras comunales por “poseer desde tiempo inmemorial i bajo títulos formales”. Sin embargo, las autoridades republicanas demostraron ineficiencia y no resolvieron el problema. Los pueblos vecinos de Sacsamarca y Huancasancos llevaron prolongados juicios y finalmente, las referidas tierras quedaron bajo el control de los huancasanquinos y terminó siendo una de las razones de la rivalidad entre los dichos pueblos.         

Los litigios entre los pueblos terminaron siendo un problema constante y a diferencia de la administración virreinal, las autoridades republicanas no tuvieron la capacidad de solucionar los problemas. Las autoridades virreinales resolvían los juicios intercomunales teniendo en cuenta los primeros títulos otorgados en el proceso de las reducciones. Para las poblaciones indígenas el documento se había convertido un elemento clave para el control de las tierras comunales y disponían de una copia siendo reconocida constantemente por los corregidores (luego los intendentes), los virreyes y en ocasiones amparados por el mismo monarca. A su vez, los indígenas tuvieron el conocimiento pleno de la legislación de la época, disponían de escribanos, tinterillos, curacas y alcaldes que tenían la función de defender las tierras comunales. El caso más conocido son los pueblos de la cuenca de Qaracha: Huamanquiquia, Huambo, Carapo, Sarhua, Sacsamarca, Taulli, Manchiri, y Huancasancos que se caracterizaron por tener el control de extensas tierras comunales amparados mediante los títulos otorgados por el visitador Juan Palomares en 1574. Y sorprendentemente, la nueva administración republicana a lo largo del siglo XIX para resolver los litigios intercomunales siguió utilizando los primeros documentos virreinales. De tal manera, la administración republicana fue más débil e ineficiente. 

En el proceso de la Independencia, las poblaciones indígenas de la intendencia de Huamanga tuvieron una participación divida. Un sector mantuvo su identificación con la administración virreinal y otros se sumaron a la causa separatista al ser afectados por las reformas borbónicas establecidas hacia las últimas décadas del siglo XVIII, al sufrir encarcelamientos por perder los juicios territoriales y las excesivas contribuciones de guerra implantadas por el cabildo de Huamanga en una dura situación de sequías, pobreza y enfermedades.

El papel de los indígenas fue determinante en el proceso de la independencia del Perú. Participaron desde las primeras contiendas bélicas, obtuvieron una experiencia bélica y al establecer cuarteles y conformar milicias lucharon al lado de las fuerzas patriotas. Por otro lado, abastecieron todas las necesidades de la guerra brindando ganados, alimentos y aportes económicos. Las indígenas mantuvieron a los cuarteles y durante la participación de sus esposos, hijos y familiares en las contiendas soportaron el peso de la guerra y dirigieron la economía familiar. Igualmente, tuvieron un papel decisivo en la difusión de la información. Sus aportes no fueron exclusivamente en beneficio de las fuerzas libertarias, en los últimos años de la guerra también brindaron aportes forzosos a las tropas de la corona. Es decir, al hallarse entre la espada y la pared fueron afectados de ambos bandos en conflicto.

El gobierno republicano que pretendía establecer una sociedad imaginada de peruanos puso fin a la diversidad étnica, los privilegios y las jerarquías sociales de los indígenas. De la misma manera, con la prohibición de las actividades festivas y religiosas desenraizó a las prácticas culturales de los pueblos. Este proyecto se extendió a lo largo del siglo XIX y el XX. A pesar de ello, la diversidad y las expresiones culturales de los pueblos sobreviven y el bicentenario tiene que ser la construcción de un Perú diverso, la recuperación y conservación de las diversas expresiones festivas y culturales de los pueblos más humildes.