Aproximaciones al diseño de un modelo de evaluación de política pública municipal desde el feminismo y el género

En México, el interés por las políticas públicas comenzó en los años 80s, cuando la crisis económica y del sistema político se hizo notorio gracias a la inconformidad social y académica generalizada, derivada de una crítica a la forma en cómo el gobierno tomaba las decisiones que dirigían al país (Merino, 2013).

Con el interés de estudiar, diseñar e implementar políticas públicas, también vino la necesidad de evaluarlas, por lo que, en el año 2004, con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se creó “(…) el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México, y el CONEVAL como la instancia con autonomía técnica y de gestión con las atribuciones de medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social” (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2023).

En este sentido, en el 2014 se reformó el artículo 26 constitucional apartado C, donde se expuso que:

“El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley” (CPEUM, 2024, art. 26).

A pesar de los logros obtenidos en materia de evaluación, el 23 de agosto de 2024 se tuvo una regresión en la materia, ya que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen donde se planteó la extinción de siete organismos, entre ellos el CONEVAL, derogando el apartado C del artículo 26 constitucional, y reformando el apartado B, plasmando que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

“Estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley” (Cámara de Diputados, 2024).

Aún no se pueden palpar las repercusiones que estas acciones puedan traer en materia de evaluación en el país, ya que INEGI es un órgano autónomo que levanta información estadística, pero no realiza análisis, ni cuenta con las capacidades, ni modelo de gobernanza para realizar las funciones diferenciadas y especializadas en materia de medición de pobreza, evaluación y monitoreo de políticas públicas y programas sociales, entre otros, como lo ha realizado CONEVAL desde hace 19 años (CONEVAL, 4 de agosto de 2024).

Por otro lado, a lo largo de estos años, la evaluación se ha centrado principalmente en las políticas nacionales y en menor escala estatales, dejando de lado las políticas públicas municipales. Lo anterior resulta inquietante, puesto que los gobiernos locales son los más cercanos a la ciudadanía siendo “el nivel de gobierno que mejor refleja los patrones de convivencia política de una determinada sociedad” (Meza, 2020, p. 12). Entonces, si las políticas públicas municipales no llegan a ser evaluadas, no se les puede brindar la oportunidad de mejorar y de ser una herramienta de utilidad para la sociedad.

La evaluación puede ser una herramienta que ayude a los gobiernos municipales a visibilizar y vislumbrar las problemáticas sociales con las que cuentan en su territorio, para que, con base en ello, puedan emitir políticas públicas certeras.  En este marco, para la formulación y evaluación de una política pública, se requiere considerar las características específicas de la población, contemplando categorías como género, edad, posición económica, cultura, educación, recreación, entre otros, con el fin de que la toma de decisiones sea adecuada.

La perspectiva de género en todas las fases de las políticas públicas ayuda a que no solo se tomen en cuenta a las mujeres, sino que se consideren las diferencias estructurales, desigualdades y relaciones de poder entre hombres y mujeres. Las políticas públicas locales con enfoque de género resultan muy importantes, puesto que fungen como una nueva visión y pensamiento de los problemas, necesidades y demandas de una sociedad a nivel local (Massolo, 2003). En este sentido, la incorporación del enfoque feminista y de perspectiva de género en la evaluación de las políticas públicas municipales es esencial, puesto que, al considerar estos enfoques, se puede lograr una reducción de la brecha de desigualdad, asegurando el camino hacia la igualdad sustantiva (Benavente y Valdés, 2014).

Partiendo de lo anterior, se identifica la necesidad de generar herramientas y estrategias de estudio e investigación con perspectiva de género y enfoque feminista en las fases de las políticas públicas municipales, principalmente en el de la evaluación, por lo que, en el presente trabajo, se realiza una aproximación a un modelo de evaluación feminista y con perspectiva de género aplicable y adaptable a los gobiernos locales.

Para dar paso al análisis del presente estudio, es necesario abordar algunos conceptos clave como es: política pública, evaluación, feminismo, género, agencia, empoderamiento y resiliencia. Estos elementos, son fundamentales para comprender las múltiples dimensiones propuestas en el modelo, con el fin de generar un instrumento de análisis multidisciplinar, que permita una evaluación exhaustiva e integral. Por lo anterior, a continuación, se discuten brevemente estas categorías y sus interrelaciones.

Políticas públicas municipales y evaluación

Cuando hablamos de políticas públicas municipales, se entiende que el modelo tradicional de política pública se debe de adaptar a las características y elementos del ámbito local; Cabrero (2003, p.27) expone una serie de elementos que debemos tener en cuenta:

1.      La construcción de la agenda tiende a ser tradicional o no tradicional

2.      La conformación de redes políticas tiende a ser espontáneas y volátiles

3.      El proceso de política pública comúnmente se adapta al tiempo y espacio institucional y social.

El primer punto; la construcción de la agenda tiende a ser tradicional o no tradicional. Los municipios en México, viven diversas realidades, inclusive uno solo a lo largo de los años experimenta muchas, por lo anterior, Cabrero (2003) menciona que existen al menos tres escenarios respecto a la elaboración de una agenda de políticas públicas a nivel municipal.

El primer escenario es la agenda tradicional, que es una agenda casi inexistente, ya que los gobiernos municipales se centran primordialmente en atender las demandas diarias de la población y cómo van surgiendo, como la prestación de los servicios públicos que por ley les corresponden: alumbrado, recolección de basura, panteones, catastro, mercados, rastro, parques y jardines y seguridad pública; algunos de estos, también se encargan de disposición final y tratado de residuos, drenaje, alcantarillado y agua potable, realizado acciones operativas y de corto plazo (Cabrero, 2003).

El segundo escenario, es la agenda ampliada, que realiza las mismas actividades que la agenda tradicional, pero no se espera a atender lo que se manifieste, sino que busca prever las problemáticas implementando estrategias anticipadamente planeadas, discutidas y presupuestas con el fin de dar completa cobertura de prestación de servicios públicos, lo anterior, genera que se inmiscuyan más actores en la agenda de políticas públicas, como por ejemplo miembros del cabildo (para la asignación de recursos), así como autoridades de diversos niveles dentro de la administración pública municipal (Cabrero, 2003).

El tercer escenario, es la agenda integral, que adopta lo mismo que la agenda ampliada, pero que “asume como responsabilidad el bienestar integral de los habitantes del municipio” (Cabrero, 2003, p.28), esto quiere decir, que este tipo de agenda que adopta un gobierno municipal, se adjudica temas de desarrollo y vida pública del municipio, que tradicional y formalmente son atendidos por otros órdenes de gobierno, como por ejemplo: desarrollo urbano integral, obra pública urbana, cuidado del medio ambiente, apoyo a productores, fomento del empleo, entre otras; lo anterior, provoca que exista la necesidad de crear redes de políticas públicas, derivando en la incorporación de más actores, como: empresarios/ empresarias, OCS, academias, organizaciones deportivas, culturales, autoridades de diversos órdenes de gobierno, entre otros (Cabrero, 2003).

Derivado de lo anterior, retomamos la idea de que la agenda de las políticas públicas municipales surge a partir del contexto en el que se encuentre, ya que como se puede observar, conforme los escenarios van avanzando, las agendas se van volviendo más complejas de ejecutar, por lo que el gobierno municipal debe ser competente para llevarlas a cabo. Cabrero (2003) menciona que existen municipios que se van desarrollando y van pasando de una agenda a la otra, sin embargo, existen otros que se estancan.

Segundo punto; la conformación de redes políticas tiende a ser espontánea y volátil. Como ya mencionamos, los municipios en el país se centran en las acciones a corto plazo, ya que los periodos comúnmente son de 3 años, por lo que resulta muy complejo para los gobiernos generar redes de políticas públicas sólidas, habitualmente tratan “proyectos” que solo duran el periodo de la gestión local, y si llegan a existir políticas públicas que perduren y resistan los cambios, es porque algún grupo organizado externo al gobierno municipal, ha logrado consolidar su temática a través de las administraciones (Cabrero, 2003).

El tercer punto, un proceso de política pública comúnmente se adapta al tiempo y espacio institucional y social. Como ya se ha expuesto, el restrictivo tiempo con el que cuentan los gobiernos locales dificulta la hechura de políticas públicas, aunado a que, al ser el gobierno más cercano a la ciudadanía, tanto la administración, como la sociedad, espera ver resultados inmediatos para así generar satisfacción rápida entre la población, por lo que es raro encontrar políticas públicas a largo plazo y no visibles (ejemplo: Cuidado del medio ambiente). En este sentido, otra dificultad contra la que se enfrentan los gobiernos municipales es el poco recurso humano técnico y profesionalizado existente, puesto que, a diferencia de otros órdenes de gobierno, es difícil que cuenten con ello.

A continuación, se expondrán las características generales de las fases del ciclo de políticas públicas en los gobiernos locales:

Tabla 1

Características del proceso de la hechura de políticas públicas municipales

Definición del problema	Formulación y diseño	Implementación	Evaluación
Comúnmente responde a demandas urgentes	Poco tiempo de análisis	Acción inmediata, entre decisión y ejecución	Poco tiempo de maduración para la evaluación de la política pública
Seleccionan problemas con solución visible y factible	Imitación en el diseño de soluciones	Regulación formal poco eficaz	Evaluación a partir del grado de satisfacción ciudadana
De tiempo restringido	Innovación en el diseño de soluciones	Regulación social, muy eficaz Regulación por proximidad	Débil evaluación de impacto de políticas

Nota. Elaborado con base en Políticas Públicas Municipales. Una Agenda en Construcción, por Cabrero (2003).

En la Tabla 1, Cabrero (2003) enlista algunos elementos de cada fase del proceso de las políticas públicas municipales, mismos que se han definido a lo largo de este apartado.

¿Qué es la evaluación?

La evaluación es una investigación interdisciplinaria, que busca conocer, explicar y valorar a través de una herramienta sistemática, el nivel de efectividad y logro de objetivos de las políticas y programas públicos, aportando comentarios, características y elementos para la mejora de la toma de decisiones especto a la actividad evaluada (Cardozo, 2009).

La evaluación, es la última fase del ciclo de las políticas públicas, y muy relevante, puesto que es la oportunidad para que un programa o política pública pueda obtener un feedback de lo que se realiza correcta o incorrectamente, lo anterior, con el fin de mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de la gestión pública y de los recursos, así como su efectividad; existiendo varios tipos de evaluaciones, dependiendo lo que la o el evaluador le interese observar (Arellano y Blanco, 2013; Cardozo, 2006).

La evaluación es un proceso que implica un cúmulo de actividades que dependen del tipo de evaluación que se pretenda realizar como: identificar los efectos provocados por la acción, programa, política o evaluación y los costos incurridos; aplicar una escala de medición; comparar la medida lograda con otra que sirva de parámetro para la evaluación, fundamentalmente en el caso de programas sociales, para constatar si hubo mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población; explicar los resultados comparativos encontrados; emitir un juicio de valor que califique, en conjunto, las actividades realizadas, los servicios, blindados, sus efectos y su impacto globa; y efectuar las recomendaciones necesarias para enfrentar los problemas detectados y aprovechar las fortalezas del programa, con el fin de contribuir a un mayor logro de sus objetivos (Cardozo, 2006, p. 44).

Enfoque feminista, de género y algunos elementos

El enfoque feminista y de género sobre una localidad o municipio refiere mucho más que solo considerar a las mujeres y reconocer su existencia: significa identificar y analizar las diferencias sociales, culturales, así como las relaciones de poder entre los géneros, diferencias que dan como resultado discriminación y subordinación de las mujeres (Massolo, 2006).

Algunas de las categorías importantes que se deben de tomar en cuenta cuando se pretende aplicar un enfoque de género o feminista en las fases de la política pública (gestación, diseño, implementación y evaluación) son: autonomía, agencia, empoderamiento, resiliencia, las necesidades de género e interseccionalidad.

La autonomía para Lagarde (1998) vista de un enfoque feminista, es parte de los procesos históricos, debiendo de ser estudiada desde el sujeto en el contexto social, cultural y en el poder; inclusive, debe ser analizada desde el momento de la vida de la o el sujeto, ya que existen distintos tipos de autonomía partiendo de este elemento, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la autonomía de un infante de 3 años, que de la autonomía de una mujer de 30 años. Partiendo de lo anterior, la autonomía “se define y construye en cada circulo particular (…) familiar (…), laboral, deportivo, político, etc.” (Lagarde, 1998, p. 16). La autonomía tiene estrecha relación con la individualidad, en la construcción de nuestra biografía y en el repensamiento de la vida propia (quienes somos, quienes son nuestras antecesoras, quienes son nuestras contemporáneas); lo que nos lleva a construir nuestra identidad fuera de cualquier estereotipo de género impuesto por la sociedad, la autonomía se edifica con la capacidad de conformar la identidad.

Algunos principios políticos que Lagarde (1998, pp. 35-39) expone de “falsa” autonomía de las mujeres son: Sujeción (aspirar a la autonomía siendo parte de los hombres); subsunción (para poder tener derechos, aceptar estar subsumidas en los hombres); cuerpo para todos (nos realizamos como seres para otros y el reconocimiento está en los otros); y trabajo de las mujeres (los bienes materiales y simbólicos que producimos nos son expropiados). En este marco, es necesario que para que las mujeres cuenten con autonomía e individualidad, necesitan contar con “biografía, límites propios, subjetivos y objetivos; recursos materiales y simbólicos y la posibilidad de usarlos para satisfacer necesidades propias.” (p. 42).

Es importante mencionar, que los obstáculos para que una mujer pueda ser autónoma, no solo son de género, sino también de clase, edad, territorio, cultura, entre otras.  Lo que nos lleva a lo que aluden Bojorquez-Chapela, Salgado y Casique (2009), que la autonomía nace como un proceso de autodeterminación, posterior a una fase de autorreflexión. Con base en Dyson y Morre, citado por en Pallitto y O’Campo (2005),  Govindasamy y Malhotra (1996) y Jejeebhoy (1995) proponen una serie de dimensiones de autonomía importantes para las mujeres: de conocimiento, enfocada a contar con la información necesaria para escoger y actuar; de poder de toma de decisiones; de capacidad de movimiento, centrado en tener la habilidad de desplazarse y relacionarse con el entorno fuera de lo doméstico y familiar; de autonomía emocional, basado en poseer salud emocional que permita enfrentar los obstáculos; de autonomía económica, referente al empleo, ingresos y propiedad; de autonomía política o social, respecto al poder para realizar actividades colectivas o comunitarias y de autonomía corporal, que versa sobre la disposición de su salud y sexualidad. La construcción de la autonomía va de la mano con el desarrollo de la agencia.  

La agencia de las mujeres es otro elemento importante que considerar, entendida como el cúmulo de capacidad y predisposición que las mujeres tienen y ocupan activamente con base a sus intereses para lograr metas y objetivos que mejoren su bienestar (Ortiz-Rodríguez, Pillai y Ribeiro-Ferreira, 2017).

Respecto al campo doméstico y laboral, la división del trabajo influye significativamente en los procesos y nivel de agencia de las mujeres. Acharya et al. (2010) exponen que hay una relación entre el involucramiento de los hombres en las labores, producción de bienes y servicios domésticos y el incremento de nivel de agencia de las mujeres. Lo anterior, en la lógica de que a medida de las mujeres acceden a recursos a través de la inmersión en el campo laboral, es más probable que su agencia incremente, aunque no se debe dejar de lado el costo que muchas veces esto conlleva, ya que generalmente, cuando las mujeres entran al mercado laboral, no se pueden desligar del campo doméstico, desembocando en una doble jornada para las mismas. En concreto, “la agencia se caracteriza como procesos de cambio donde las personas comienzan a tomar conciencia de su poder, posibilidades e influencias en diferentes grupos y entornos.” (Ortiz-Rodríguez, Pillai y Ribeiro-Ferreira, 2017), por lo que esta capacidad se relaciona directamente con el concepto de empoderamiento de las mujeres, el cual se entiende como un crecimiento en el nivel de agencia a través del tiempo (Ortiz-Rodríguez, Pillai y Ribeiro-Ferreira, 2017; p. 2).

El término empoderamiento, fue popularizado en la segunda ola del feminismo, emanado de la palabra empowerment. Aunque en los últimos años, ha tenido debates teóricos y confusiones sobre la delimitación de la definición del concepto en español, para León (1997) “empoderarse significa que las personas adquieran el control de sus vidas, logren la habilidad de hacer cosas y de definir sus propias agendas” (p.7). Este concepto, varía dependiendo el enfoque desde donde se estudie (psicología, economía, sociología, antropología, etc.), el uso del término empoderamiento en el feminismo, toma sentido en el contexto donde la mujer adquiere y ejerce el poder, principalmente sobre sus vidas. 

La palabra empoderamiento, contiene el rasgo de poder, referido a las relaciones de poder, o del poder como relación social. Wieringa (como se citó en León 1997) expone que:

“El poder opera desde las relaciones interpersonales hasta el nivel estatal. Las instituciones y estructuras del Estado son elementos localizados dentro de ciertas esferas del poder, cuyas concepciones se confunden en la compleja red de relaciones de fuerza. Los individuos también están atrapados en esta compleja red, participando como actores que ejercen el poder y como objetos de los juegos de poder (…)  mientras al mismo tiempo la configuran” (p. 15)

En este sentido, también el concepto puede referir al poder sobre bienes materiales (físicos, humanos y financieros), recursos intelectuales (conocimientos, información e ideas) y de ideología (creencias, valores, actitudes y comportamientos). El poder, por consiguiente, se acumula en quienes controlan todo ello, lo que genera de igual forma un poder de la toma de decisiones (Batliwala, 1997).

A través de sus medios, las mujeres a lo largo de la historia han intentado influenciar circunstancias de su entorno, buscando conseguir mayor control y redistribución de las fuentes de poder, por consiguiente, lograr el empoderamiento de las mujeres busca:

Desafiar la ideología patriarcal (dominación masculina y subordinación de la mujer), transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la desigualdad social (la familia, la raza, la clase, la religión, los procesos educativos y las instituciones, los sistemas y prácticas de salud, las leyes y los códigos civiles, los procesos políticos, los modelos de desarrollo y las instituciones gubernamentales) y capacitar a las mujeres pobres para que logren acceso y control de la información y de los recursos materiales (Batliwala, 1997; p. 193-194).

Stromquist (como se citó en Schuler, 1997) analiza al empoderamiento desde tres visiones: económico, cognitivo y psicológico. El cognitivo versa sobre la percepción y entendimiento de las mujeres de los motivos y condiciones de la subordinación. El psicológico se enfoca en el progreso de los sentimientos, como la autoestima, seguridad en sí mismas y determinación, que son condiciones para que las mujeres puedan actuar para mejorar sus circunstancias. El empoderamiento económico refiere a “la capacidad de las mujeres de participar en algún tipo de actividad productiva que ofrezca una medida de independencia económica y un mejor estatus.” (p.33). Ahora bien, para que el empoderamiento de la mujer sea una realidad, también debe existir otro componente a la par del mismo, la resiliencia.

El enfoque de la resiliencia se ha desarrollado con el tiempo y las investigaciones intra e interindividuales, pero la realidad es, que ha existido desde siempre; historiadores, autores y autoras han descrito situaciones en la que los pueblos y las comunidades han afrontado adversidades y aun así logran progresar social, económica y culturalmente (Uriarte, 2005).

El término de resiliencia entró a las ciencias sociales a partir de los años sesenta, entendido como una cualidad humana universal o un proceso evolutivo definido como:

La capacidad que tienen las personas para desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos a pesar de vivir en contextos de alto riesgo, como entornos de pobreza y familias multiproblemáticas, situaciones de estrés prolongado, centros de internamiento, etc. Se refiere tanto a los individuos en particular como a los grupos familiares o colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos (…) de recuperarse tras haber sufrido experiencias notablemente traumáticas (Uriarte, 2005).

Ahora bien, para que las mujeres puedan cambiar su realidad y entorno social, de igual forma se requiere delimitar cuales son las necesidades que las mismas tienen. La categoría analítica de necesidades de género de Moser (1989) a partir de aportaciones de Moluneux, expone dos conceptos relevantes de análisis: Las necesidades prácticas y los intereses estratégicos.

Las necesidades prácticas, refieren a las condiciones materiales de vida, como la proporción de alimentos, educación, servicios de salud, entre otras. Nacen a raíz de la posición subordinada de los roles y patrones de género, se visualizan fácilmente debido a que están relacionadas con lo cotidiano, son de corto plazo y de satisfacción inmediata (García, 1996).

Por otro lado, los intereses estratégicos se derivan de la crítica de la posición subordinada de las mujeres en la sociedad y buscan un cambio estructural, como la igualdad de género, por lo que pretenden desafiar los roles y órdenes tradicionales de género, a diferencia de las necesidades prácticas, son menos visibles y de mediano/ largo plazo, con un componente ideológico importante para permear en las relaciones/estructuras de poder, conductas, percepciones, actitudes, entre otras (García, 1996).

Por otro lado, es importante considerar la categoría de interseccionalidad, que toma fuerza en la tercera ola del feminismo, pues busca visibilizar la diversidad en la categoría de género. El término fue adoptado por la academia después de que la investigadora Crenshaw (1989) lo ocupara para describir las distintas desigualdades que las mujeres afroamericanas sufrían, pues expuso que las mismas, no solo vivían discriminación por su raza, sino también por cuestiones económicas, sociales, domésticas, etc., argumentando que esa misma desigualdad generaba en cadena más desigualdades.

Crenshaw (1991) manifestaba que “las intersecciones de raza, género y clase constituyen los elementos estructurales primarios que conforman las experiencias de muchas mujeres negras y latinas en casas de acogida” (p.92) aunque de igual forma, hace énfasis en prestar atención en otros espacios donde se intersecan las estructuras de poder, como por ejemplo la esfera política y gubernamental. La interseccionalidad es un instrumento analítico, implementado para resolver problemas sociales específicos, así como “una forma de entender y analizar la complejidad del mundo, de las personas y de las experiencias humanas” (Hill y Bilge, 2019).

Como ya se ha indicado, las herramientas teóricas y metodológicas expuestas en párrafos anteriores ayudan a comprender y aplicar de mejor forma el modelo de evaluación feminista y de género a las políticas públicas municipales dirigidas a las mujeres.

Criterios básicos para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de gobiernos locales

De la Cruz (2009) expone algunos criterios básicos para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de gobiernos locales:

a)      Integralidad: Los municipios deben de atender al mismo tiempo la violencia, vulneración y exclusión de las mujeres a la par que garantizan calidad de vida y servicios para las mismas.

b)     Capacitación: Toda política pública dirigida a mujeres requiere capacitación del personal que la diseñará, formulará y ejecutará en materia de PEG.

c)      Transversalidad: La perspectiva de la igualdad de género, debe de involucrar a todos los sectores, áreas y actores, evitando aislar el tema de mujeres en un solo espacio.  

d)     Coordinación: La coordinación inter e intraorganizacional entre las áreas del gobierno local, así como con los demás órdenes de gobierno (estatal o federal) es fundamental.

e)      Institucionalización: Incorporación de la perspectiva de género y derechos de las mujeres a las normativas municipales, así como a las estructuras administrativas y organizacionales del municipio, con el fin de dar paso a su sostenibilidad.

f)       La promoción de la participación de las mujeres: Fomentar la participación igual o dependiendo el caso de mujeres y hombres.

La que suscribe anexa a estos criterios (aunque va implícito en el de transversalización) el del presupuesto sensible al género, ya que pretende que los gobiernos de cualquier orden se responsabilicen y se comprometan a conducir los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género en compromisos reales presupuestarios (Sharp, 2003).

La metodología es de corte cualitativo, puesto que se enfoca en estudiar un fenómeno de manera sistemática; comprender y examinar la forma en la que las y los individuos perciben el fenómeno que les rodea, analizando sus puntos de vista, e interpretación del mismo (Sampieri et al., 2014, pp. 7, 358). La técnica de investigación utilizada fue de tipo documental lo que implica desde una revisión crítica de la literatura existente donde se revisan diagnósticos y diversos documentos, los cuales pueden ser institucionales, privados o mediáticos, esto permite identificar posturas epistémicas, enfoques teóricos-metodológicos y vacíos en el tema de estudio (Sánchez, 2021).  

“Si bien el ejercicio de la técnica de la documentación puede ser comparado con el estado del arte de un proyecto en el proceso de investigación-dado que constituye el principal elemento donde se establecen los antecedentes de la construcción del objeto de estudio, esta técnica va más allá porque aporta información selecta al continuar realizándose durante el proceso de trabajo de campo. Por lo tanto, los datos que se consiguen mediante esta técnica de investigación cualitativa son útiles no solamente en la etapa del diseño de la investigación, sino que, además, externan su relevancia durante la recopilación y el análisis de la información y los datos” (Sánchez, 2021, p.56).

En el caso de este trabajo la revisión y análisis documental permitió que se identificaran trabajos de investigación claves para el análisis y desarrollo de un modelo propio, en este caso se rescataron las propuestas de McClean (2000), Conelly (2000), Bamberger y Podems (2002), Podems (2010) Moser (1993), Seigart & Brisolara,  (2002), quienes desde diversos enfoques proponen categorías y modelos de evaluación de la política pública, los cuales se confrontan en este trabajo para detectar conceptos clave y categorías a retomar para la construcción de un modelo propio que integra tanto el enfoque feminista como el de género, así como elementos teóricos derivados de ambos enfoques.

a)                 Enfoques y comparativa ¿Evaluación feminista o evaluación con perspectiva de género?

En toda evaluación, las y los evaluadores escogen el mejor modelo de evaluación, dependiendo el tema de interés que tengan respecto del programa o política pública. En el presente caso, se busca plantear un modelo de evaluación feminista nutriéndolo con elementos de la teoría de género de la política pública municipal.

Podems (2010) menciona que la evaluación feminista y la evaluación con perspectiva de género, en muchas ocasiones son confundidas, pues algunas y algunos evaluadores las ocupan como sinónimo, lo anterior, derivado de que la evaluación feminista es relativamente nueva a nivel internacional y prácticamente inexistente a nivel nacional. Podems (2010) refiere que la escasez de publicaciones en revistas y libros sobre la evaluación feminista puede ser a causa de la duda de académicos y académicas en llamar de esta forma a su investigación gracias a la falta de claridad entre ambos enfoques.

Para Brisolara et al. (2014) la evaluación feminista, resulta ser un modelo que abarca varios enfoques para su conformación, por ejemplo, como primer punto, adopta un enfoque que comienza con un reconocimiento y examen del orden de género de las estructuras como punto de partida. Como segundo punto, toma en cuenta la interseccionalidad, pues no todo se reduce únicamente al sexo, la raza, la clase o la capacidad. En tercer punto, la evaluación feminista aboga por la “participación activa” (que depende de la perspectiva de la o el evaluador). Así mismo, se basa en literatura filosófica, metodológica y epistemológica. Aunado a que este tipo de evaluación, la responde a las necesidades significativas del período histórico particular.

Podems (2010) realiza una serie de cuestionamientos importantes tales como:

“¿Cuáles son las diferenciaciones teóricas y prácticas entre los enfoques de evaluación feminista y de género? Si estos enfoques son diferentes, ¿Cómo su comprensión y uso generarían diferentes procesos de evaluación y hallazgos? ¿Usa una feminista una evaluación feminista y una no feminista enfoques de género?” (pp. 2-3)

b)                Confrontación de enfoques y revisión de categorías

Motivada por los anteriores cuestionamientos, y con el propósito de situarnos teóricamente, y más adelante metodológicamente, definiremos brevemente la evaluación feminista y la evaluación con perspectiva de género desde el enfoque de Podems (2010) que es el que mejor se adapta a la presente investigación:

Tabla 2

Comparativa de enfoques

Nota. Elaborado con base en Feminist Evaluation and Gender Approaches: There’s a Difference?, por Podems (2010).

Para inicios de los años setenta, varias autoras como Carolina Moser, Maxine Moulinex, Karen Levy, entre otras, comenzaron a desarrollar trabajos académicos entorno al enfoque de género, plantificación y políticas públicas dirigidas a mujeres, postulando propuestas de género como un paradigma naciente que debía ser orientado científica y políticamente a la articulación de necesidades específicas de las mujeres en el desarrollo. Lo anterior, originó dos grandes enfoques: el oficial y el alternativo. Los enfoques oficiales se centraron en Asistencialismo y Mujeres en el Desarrollo, mejor conocido como Enfoque MED (Women in Development, WID), Enfoques MED/WID de la Equidad, Antipobreza y Eficiencia. Los enfoques alternativos, se situaron en Enfoques de Emancipación, Empoderamiento y de Género (este último antecedente del Mainstream). La Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y el Instituto Harvard de Desarrollo Internacional se convirtieron en las principales agencias defensoras del Enfoque MED/WID, que buscaba reconocer a las mujeres como participantes activas en el desarrollo en roles reproductivos y productivos (empleo y mercado). Estos enfoques (Equidad, Antipobreza y Eficiencia), que rondaron entre los setenta y los noventa, en general, fueron criticados por no aliviar las responsabilidades domésticas para las mujeres, por partir de visiones primermundistas, occidentales y metodológicamente incompletas (García, 2000).

El desarrollo de Estudios de Género y Teorías de Género, entre los setenta y noventa, popularizó enfoques alternativos, el de Empoderamiento y de Género en el Desarrollo GED (Gender and Development, GAD), Enfoque GED/GAD. El de Empoderamiento, surge debido a las fallas del Enfoque MED/WID de la Equidad, denunciadas principalmente por feministas de tercer mundo, las cuales buscaban el reconocimiento de los roles y autonomía de las mujeres y su empoderamiento con el fin de generar autosuficiencia y reconocimiento de sus propias capacidades.

El enfoque de GED/GAD es el cambio del MED/WID, como reacción a la marginación y subalternidad creada por las instituciones MED/WID, reconociendo el triple rol (reproductivo, productivo y comunal) , así como tomando en cuenta las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, lo cual resultó en una exploración permanente de mejores referencias y metodologías para adoptar criterios de género (García, 2000).

En este sentido, investigadoras feministas como McClean (2000), Conelly (2000), Bamberger y Podems (2002), Podems (2010) Moser (1993), Seigart, D. & Brisolara (2002), entre otras, plantearon e identificaron varios “errores” en los enfoques de evaluación con perspectiva de género. A continuación, resumiéremos y enlistaremos de forma general los más significativos y relevantes para visualizar de mejor forma las diferencias entre ambos enfoques:

Tabla 3

Confrontación de enfoques

Evaluación feminista	Evaluación con perspectiva de género
Busca transformar las estructuras patriarcales	No logra afrontar y retar la dominación y poder estructural de los hombres
Busca estudiar cada categoría presentada en el análisis, incluso si son la minoría	En ocasiones evalúa a la mujer como categoría homogénea, sin considerar las diversidades.
Analiza todas las categorías representadas en los estudios (transgénero, transexual, trasvesti, por citar ejemplos)	Comúnmente cae en el binarismo (hombre – mujer)
Basado en teorías feministas principalmente	Se iniciaron por presión feminista, pero principalmente por presión económica y política.
Explora por qué existen diferencias y desigualdades	Identifica diferencias entre hombres y mujeres
Desafía la posición subordinada de la mujer en su contexto social	No cuestiona la posición de las mujeres en la sociedad, la recopila y la registra.
Intenta afectar estratégicamente la situación de las mujeres	Mapea la situación de las mujeres
Deja abierta la posibilidad de que quizá las mujeres no quieren lo que los hombres tienen.	Aparenta que da por hecho que las mujeres quieren lo que los hombres ya tienen.
Pretende que la evaluadora sea reflexiva	No enfatiza en la reflexión
Busca escuchar múltiples voces	No siempre se centra en escuchar todas las voces
No proporciona guías o marcos evaluativos específicos	Brinda metodologías y técnicas enfocadas y especializadas en recopilación de datos enfocados al género
La palabra “feminista” puede limitar la evaluación o sesgarla	La categoría de género es política y socialmente aceptada

Nota. Elaborado con base en Feminist Evaluation and Gender Approaches: There’s a Difference?, por Podems (2010).

En este sentido, las discusiones comenzaron a centrarse en la perspectiva de género, entendida como un enfoque filosófico, científico, así como una herramienta metodológica y práctica para que las y los encargados de llevar a cabo las fases de las políticas públicas (gestación, diseño, implementación y evaluación) alrededor del género, no tergiversen las intervenciones gubernamentales a modo de impactar de manera diferenciada y/o sesgada en los hombres y mujeres (Lamas, 1996). Con la explicación anterior, no se pretende exponer que un enfoque es mejor que otro (feminista y de género), puesto que no son excluyentes, simplemente cada uno cuenta con diversos alcances, así que se pueden complementar para generar un marco evaluativo fuerte teórica y metodológicamente.

c)                  Categorías ampliadas para la evaluación de política pública municipal

En este marco, Kriszan y Lombardo (2013) implementan algunos criterios que consideran fundamentales a la hora de evaluar políticas públicas con perspectiva de género, a partir del trabajo de las autoras mencionadas, Espinosa-Fajardo y Bustelo (2019) los replantean y amplían de la siguiente forma:

Tabla 4

Criterios ampliados para evaluar las políticas públicas de género

Criterios de Kriszan y Lombardo (2013)	Criterios ampliados
Inclusión de género	Inclusión del género: Abordaje de las diferentes dimensiones de género en distintos momentos del ciclo político y de forma contextualizada.
Comprensión transformadora de la desigualdad	Compromiso político: Nivel de compromiso político existente, a lo largo del ciclo de la política, en relación con las dificultades y resistencias emergentes. Comprensión de la complejidad. Grado en que se entiende y aborda la naturaleza estructural y sistémica de las desigualdades de género, incluyendo el cambio organizacional como una dimensión necesaria a explorar. Contextualización de la igualdad de género. Comprensión de las diferentes interpretaciones y significados de la igualdad de género atendiendo a su contexto.
Interseccionalidad	Interseccionalidad: Atención a la interrelación en desigualdad de género y otros factores de desigualdad.
Empoderamiento de las mujeres	Participación y empoderamiento: Grado de participación activa y desarrollo de capacidades por parte de las personas especialmente, las mujeres involucradas en la política.
Transformación incremental	Transformación incremental: Cambios en materia de igualdad de género con relación a su contexto histórico.

Nota. Elaborado con base en ¿Cómo evaluamos el éxito de las políticas de igualdad de género? Criterios y herramientas metodológicas, por Espinosa-Fajardo y Bustelo (2019).

a)                 Evaluación de políticas públicas municipales. Un modelo multienfoque para el análisis de políticas públicas de gobiernos locales

La evaluación de políticas públicas municipales resulta un reto grande debido a la cantidad de factores en contra con los que cuentan los gobiernos locales. Para que una evaluación feminista y de género se exitosa, primero se debe de verificar el tipo de agenda de políticas públicas con la que se encuentra operando el municipio (tradicional, ampliada o integral), ya que, si es con una agenda donde solamente se busca atender las problemáticas que van surgiendo, una evaluación de este tipo podría ser inoperante (Cabrero 2003).

Una vez verificado y analizado las condiciones políticas, sociales, económicas e inclusive jurídicas de la administración municipal, sustentado en Kriszan y Lombardo (2013) y Espinosa-Fajardo y Bustelo (2019), se proceder a la adecuación, conformación y aplicación del modelo, debido a que en la mayoría de los casos es importante adaptarlo al contexto del municipio a evaluar para obtener resultados de utilidad para la mejora.

Posterior, basándonos en De la Cruz (2009), se analiza el nivel de perspectiva de género con el que cuente en el gobierno local, observando principalmente el presupuesto, la capacitación, sensibilización, promoción, coordinación inter e intraorganizacional e institucionalización en la materia.

Simultáneamente, aplicamos los elementos de la evaluación feminista de Podems (2010), como el nivel de conocimiento de las mujeres, tipo de agenda implementada (participación, empoderamiento y justicia social), perspectiva de las y los evaluadores, integración de todas las voces y componente de transformación por aportar.

Es relevante incorporar en todo momento los elementos de Moser (1989) respecto a las necesidades prácticas, intereses estratégicos y triple rol de las mujeres, así como el de agencia de Ortiz-Rodríguez, Pillai y Ribeiro-Ferreira, (2017) y el de autonomía de Largarde (1998), Bojorquez et al. (2009) y Casique (2004), ya que son herramientas teóricas y metodológicas fundamentales para comprender la individualidad, toma de decisiones y actuar de las mujeres en ámbitos comunitarios, sociales, políticos y económicos.

Figura 1

Modelo de evaluación

El modelo base mostrado en la Figura 1 es una herramienta y guía metodológica para la incorporación de la evaluación con perspectiva de género y feminista en los municipios, ya que se anexan observables o indicadores, posibles fuentes de información, así como opciones de técnicas cualitativas a ocupar de varias dimensiones de análisis extraídas de los diversos aportes académicos de autoras y autores consultados a lo largo del texto, conglomerando diversos elementos a observar, analizar y evaluar de los programas y políticas públicas municipales, con el fin de conocer si realmente está cumpliendo con los objetivos planteados.

Además, es importante señalar que la aplicación del modelo propuesto considera el trabajo de múltiples especialistas y diversos enfoques que al combinarse se congregan en una herramienta que contempla los aspectos locales y personales de las usuarias de los planes y programas derivados de las políticas públicas implementadas, aspectos municipales, estatales, nacionales e incluso culturales, que se congregan en indicadores y variables cuyo análisis permitirá a las administraciones locales contar con un diagnóstico y evaluación efectivos, en donde se incluyen las miradas de diversos actores, la perspectiva de género y el enfoque feminista.

Las políticas públicas municipales en México enfrentan desafíos significativos debido a las condiciones locales, la volatilidad política y la limitada duración de los mandatos. Los gobiernos locales del país varían en su capacidad para gestionar agendas, que van desde la respuesta a necesidades inmediatas, hasta la implementación de estrategias más integrales que promuevan el bienestar general. Sin embargo, muchos municipios se estancan en agendas tradicionales, lo que limita su capacidad para generar cambios de largo plazo.

La incorporación de la perspectiva de género, así como del enfoque feminista en los gobiernos municipales es crucial para formular, diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que resulten equitativas y sostenibles, puesto que reconocer las condiciones de las mujeres permite desarrollar acciones certeras que incidan tanto en las demandas inmediatas, como en las transformaciones estructurales necesarias para reducir la desigualdad de género.

El modelo de evaluación presentado, no solo busca generar una sociedad más igualitaria, sino principalmente ayudar a los gobiernos municipales interesados en generar programas o políticas públicas municipales enfocadas a mujeres, a dar tiros de precisión, eficientando recurso humano y económico, puesto que al ocupar este tipo de evaluación, es más probable que los hallazgos, resultados o feedback brinden recomendaciones y observaciones oportunas para la conducción de sus acciones a los logros planteados.

Es importante destacar, que es indispensable que los municipios se enfoquen a generar agendas de políticas públicas ampliadas o integrales dependiendo sus capacidades, así como a la contratación y/o perduración de personal técnico y especializado en las distintas áreas, puesto que es la base para la consolidación de políticas públicas “transtrienales” que puedan ser ejecutadas y desarrolladas independientemente de los cambios de administraciones, generando con lo anterior, una evolución viable en diversos temas con el paso de los años. 

Conflicto de intereses / Competing interests:

El autor declara que no existe ningún conflicto de interés con algún autor o institución.

Rol de los autores / Authors Roles:

Brenda Ramírez: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, escritura – borrador original, visualización.

Azul Castelli: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, escritura – revisión y edición, visualización.

Fuentes de financiamiento / Funding:

El autor declara que no recibió un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

El autor declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.