Derecho humano a la verdad para la legitimidad democrática

Por otro lado, Gerardo Ivan Ortega Soto (2009), haciendo referencia del profesor austriaco, Karl Popper indica que:

Según Karl Popper nos propone que podemos distinguir entre 3 mundos o universos, el primero nos habla de los estados físicos (realismo) el segundo de los estados mentales (idealismo) y el tercero de los contenidos del pensamiento, como los pensamientos científicos, poéticos y de las obras de arte. El conocimiento subjetivo nos habla de ciertas disposiciones innatas para actuar y sus modificaciones adquiridas y el conocimiento subjetivo de lo científico (Ortega, 2009).

Luego entonces, si la verdad es un producto subjetivo de los sujetos sociales, esta puede ser creada e interpretada para establecerse como objetiva en la colectividad. Pero, dentro del contenido conceptual, también, puede concebirse que la verdad, a pesar de ser un resultado de índole social, también está estrechamente relacionada con la lógica y la ética de los seres humanos, situación que posibilita que las conciencias de realidad-verdad implantadas como obligatorias por parte del ejercicio del poder, puedan superarse cuyo propósito, consiste precisamente, en derogar, revocar y rescindir de lo socialmente establecido, a través del discurso del poder. Como afirma Augusto Sánchez Sandoval (2012):

El ejercicio de pensar es un esfuerzo al que muchos no quieren recurrir, porque hacerlo les crea temor, ya que aventurarse a romper los límites del sistema ideológico, los va a conflictuar porque se encuentran con la complejidad, la incertidumbre y el riesgo que significa vivir (Sánchez, 2012, p. 55).

La ciencia en sus estadios realistas (aproximación, no objetividad), idealistas (sustantivación del universo o mundos con las palabras y la réplica sistémica de las ideologías, que son posibilidades), en conjunto con el pensamiento y método científico (igualmente supuestos y no exactos, ya que intervienen las emociones y sentidos), coadyuvan al establecimiento y acercamiento con la verdad.

Tomando como premisa esto último, relativo al establecimiento y cercanía con la verdad, entonces, la realidad-verdad (pura e impoluta) puede ser verificada por intermedio de las disposiciones que brinda el conocimiento científico y la ética (afinándose con los parámetros de lo estimado como bueno o malo).

La verdad y el poder

La verdad existe, no obstante, los caminos que direccionan a ella se encuentran un harto complicados, en la medida que están obstaculizados por los instrumentos (formales e informales) implementados por el ejercicio del poder. A este respecto, los claroscuros (impedimentos) que rodean a la verdad, cumplen con adecuaciones dictadas por el sistema simbólico del lenguaje y el sistema ideológico implementado por los poderosos; estos consisten en aceptar y legitimar, desde lo social, lo que discursivamente se presenta como realidad-verdad para replicarse sistemáticamente en el interior la sociedad.

Bajo esa perspectiva ideológica, el filósofo francés Michel Foucault (2011), menciona lo siguiente:

La ideología es la marca, el estigma de estas relaciones políticas o económicas de existencia aplicado a un sujeto de conocimiento que, por derecho, debería estar abierto a la verdad […] las condiciones políticas y económicas de existencia no son un velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento, sino aquello a través de lo cual se forman los sujetos de conocimiento, en consecuencia, las relaciones de verdad. Solo puede haber ciertos tipos de sujetos de conocimiento, órdenes de verdad, dominios de saber, a partir de condiciones políticas, que son como el suelo en que se forman el sujeto, los dominios de saber y las relaciones de verdad (Foucault, 2011, p. 32).

En la sociedad, entretanto, las ideologías permeadas de cultura y poder se convierten en estructuras sociales o también llamadas normas sociales condescendientes que diseccionan a los sujetos sociales desde la microfísica del poder. Así, la verdad será aquella que dicte el poder, aunque no la sea porque el sistema ideológico para ser operativamente funcional debe poseer dicotomías sistémicas (por ejemplo, marcar tautologías entre lo que es blanco y negro, alto o bajo, rico o pobre), por lo cual la prueba de la verdad está lejos de la verdad y se condiciona por el sistema de poder-dominación jerarquizado; en otras palabras, la verdad se edifica y replica en la

artificialidad discursiva emitida por el ejercicio del poder.

Una vez más, Michel Foucault (2011) indica puntualmente que:

La prueba judicial es una manera de ridiculizar la guerra o trasponerla simbólicamente, una manera de darle ciertas formas derivadas y teatrales de tal modo que el más fuerte será designado, por ese motivo, como quien tiene la razón. La prueba es un operador de derecho, un permutador de la fuerza por el derecho. La prueba no tiene una función apofántica, no designa, manifiesta o hace aparecer la verdad, es un operador de derecho y no un operador de verdad u operador apofántico (Foucault, 2011, p. 75).

Entonces, la prueba de la verdad por parte de los encargados del sistema de impartición de justicia, que moldean las leyes conforme a intereses políticos y/o económicos, no buscan demostrar la verdad sino imponer ideologías de control y dominación para con las personas, ya sean puros o espurios, para el cumplimiento de las acciones sociales o para acreditar, según sea el caso (social) o la naturaleza jurídica, la responsabilidad de la infracción cometida, de conformidad con el contenido de los ordenamientos legales fabricados por los operadores del Derecho en posiciones de poder.

Derecho a la verdad en México

Dicho lo cual, es claro, pues, que los artilugios legales que regulan la vida social en México carecen severamente de principios, llámense morales o éticos, para garantizar el Derecho humano a la verdad hacia con la ciudadanía en un contexto en el que la impunidad y la violencia, por desgracia, no se han combatido por parte de las autoridades encargadas del sistema de impartición de justicia para proteger ampliamente los derechos humanos de las personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Así, el reconocimiento de la verdad para hacer valer la justicia en el Estado mexicano se supedita a los operadores del Derecho y a todos aquellos entes sociales que son operativos para perpetuar al poder en las altas esferas de la organización administrativa del Estado mexicano. Igualmente, es oportuno mencionar, que, en México, el Derecho humano a la verdad no se encuentra legislado con dicha tecnicidad en la normatividad interna, esto es, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el artículo constitucional que puede tener un posible acercamiento al Derecho humano a la verdad es el párrafo II del artículo 6, el cual indica al pie de la letra lo siguiente:

Artículo 6, párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, p. 12).

El contenido del artículo constitucional referido, como puede leerse, contiene sólo indicios del Derecho humano a la verdad a partir del Derecho a la información, en cuanto a la búsqueda, recepción y difusión de la misma, nunca más como Derecho en forma independiente oficialmente consagrado en la Constitución. Esta condicionante en el máximo ordenamiento jurídico que regula a la sociedad mexicana; esto es, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, condiciona el reconocimiento al ejercicio de los derechos humanos2 y permite, paralelamente, que el Estado y todo su aparato administrativo (Administración pública) incumplan (sin ser responsables por la omisión cometida) las obligaciones que tiene dicho Estado para con la sociedad mexicana. Como afirma el filósofo francés, Michel Foucault (2017):

“En fin, la operatividad de un poder de las prácticas de gobierno de los otros siempre comporta una determinada manera por parte de los sujetos de conducirse respecto de sí mismos” (Foucault, 2017, pp. 29-30).

Luego entonces, las normas jurídicas que integran a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son legisladas desde la perspectiva positivista; a saber, que cumplen sólo con los criterios de índole normativo para legitimarse como tales y, que su efectividad aplicativa está sujeta a la interpretación conforme realizada por las autoridades con base en los artilugios legales que administran y controlan a la sociedad mexicana.

Al mismo tiempo, el Derecho humano a la verdad se convierte en un enorme desafío, tanto para las autoridades encargadas de la administración de justicia (por intermedio de sus instituciones) como para el propio Poder Legislativo; ya que son estos últimos (los operadores del Derecho), que, al no elaborar normas jurídicas con referencia en la praxis, las consecuencias contundentes se ven reflejadas con la violación sistemática de los derechos y garantías constitucionales de la población.

El derecho-ideología quisiera prever jurídicamente todo, pero como ello no es posible, porque el derecho no puede abarcar todo, ni todas las actividades humanas, entonces ese mismo derecho genera, a la vez, un mundo de “universal de exclusión”. Es decir, genera violencia sobre el mundo de lo concreto o el mundo del lenguaje que no está previsto o sujetado por la norma jurídica. Es la violencia legitimada por sí misma, que requiere ser y expresarse para defenderse y permanecer, porque no es legítima. Lo otro, lo que queda fuera de la “universal de inclusión”, se convierte como su consecuencia, en “universal de exclusión”, esto es, en lo que no es posible y no existe, para la inclusión, aunque esté allí (Sánchez, 2012, p. 22).

En consecuencia, el Derecho humano a la verdad en el derecho positivo mexicano no previene la violación de los derechos humanos a lo largo y ancho del país, sino actúa posterior a la transgresión cometida por parte de las autoridades en el ejercicio de sus competencias en la esfera administrativa del Estado, cuando de decir la verdad se refiere.

La verdad, no se supedita a la culpabilidad en el derecho procesal penal o la acreditación (motivación) de la responsabilidad (típica) en el derecho procesal administrativo, en la medida que va más allá para concretizar los objetivos del Estado de Derecho y erradicar, tajantemente, el fenómeno de la impunidad en un contexto que se ha caracterizado, lastimosamente, por la atmósfera de violencia que permea en el entramado de lo social y su estrecha vinculación con Gobierno.

La legitimidad del estado democrático y de derecho por conducto de la verdad

Con anterioridad se mencionó que el Derecho humano a la verdad en el derecho interno mexicano está ausente; dicho con otras palabras, no existe porque el Poder Legislativo no ha tenido contacto verdadero con las cuestiones fácticas que demandan la creación de normas jurídicas eficaces y eficientes en pro de la justicia para con la ciudadanía mexicana.