Resumen
Este artículo examina los mecanismos utilizados para financiar la expedición libertadora del general José de San Martín al Perú. En este contexto, la investigación analizará los detalles que contribuyeron a la constitución de la asociación de comerciantes chilenos y rioplatenses que proporcionaron los fondos a la empresa sanmartiniana. Además, esto también servirá para identificar a los participantes y señalar las ventajas que recibieron de este concierto comercial.
Palabras clave
INTRODUCCIÓN
La historiografía, que se ha acercado al estudio de la expedición sanmartiniana al Perú, afirma que, tras completar la primera parte de su plan estratégico, que consistía en cruzar los Andes y dominar Chile, don José de San Martín emprendió la ejecución del segundo tramo de su proyecto, cimentado en el despliegue de una fuerza militar anfibia que debía navegar el Pacífico y tomar Lima. Para el efecto, en 1819 Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata acordaron colaborar en la organización y financiamiento de esta fuerza expedicionaria.
No obstante, dificultades en el territorio rioplatense, obligaron a Buenos Aires a implementar una estrategia limitante en cuanto a la financiación del proyecto, dejando que la mayor parte de los costos fueran asumidos por el gobierno chileno. En este sentido, para ejecutar los objetivos de la segunda etapa de su plan continental, San Martín contó con el firme apoyo de Bernardo O’Higgins, con quien combinó sus esfuerzos para formar una escuadra y un ejército.
Algunos aspectos del tema han sido estudiados por López 1968, Vitale 1971, Rector 1985, Barros 1999, Valenzuela 1999, Díaz 2007, Mazzeo 2007, Carrasco 2010, Medina 2010, quienes han identificado las prácticas que contribuyeron en el aprovisionamiento del Ejército libertador, con la intención de imponer una revolución importada al Perú. Por otro lado, Basadre 2005 y Macera 2019, se refieren específicamente al reconocimiento de la deuda externa contraída por el naciente Estado peruano debido a los gastos que había generado la lucha libertaria.
En este estudio, a partir de estos avances, analizamos cómo un grupo de comerciantes, ante la incapacidad de obtener los fondos necesarios que necesitaba San Martín, a causa de la negativa de la aristocracia terrateniente chilena que se resistía a costear la empresa, vieron la conveniencia de hacer un buen negocio financiando la expedición sanmartiniana. Operación en la que además de obtener ganancias directas, les permitiría recuperar el mercado peruano. Aunque en nuestro medio es casi desconocido el nombre de estos comerciantes, también se indicará quiénes fueron y qué granjerías obtuvieron con la reinstalación del comercio con las costas peruanas. Negociación que benefició bastante, no solo a los mercaderes sino también a los agricultores sureños.
Para la elaboración de la síntesis histórica se han consultado y analizado colecciones documentales sobre Tratados de Chile y Argentina. Estas fuentes proporcionan la información fundamental utilizada en esta investigación. La revisión de Diccionarios biográficos también ha sido útil para acercarnos al conocimiento de las historias personales de los comerciantes involucrados en la compañía que financió la expedición libertadora.
DESARROLLO
Dificultades en la organización de la campaña al Perú
Como resultado de la liberación de la zona central de Chile, la situación política y militar obligó por razones estratégicas a trasladar el conflicto al virreinato del Perú, donde se concentraba el núcleo de poder español que amenazaba de manera permanente la soberanía de Chile y el de las Provincias Unidas (Palza, 2008, p. 187; Medina, 2010, p. 382). En consecuencia, San Martín y O’Higgins, como miembros de una sociedad patriótica que aspiraba a lograr la independencia, mediante una alianza militar, establecieron una fortaleza regional con el objeto de neutralizar la capacidad contrasubversiva del virreinato peruano. Razón por la que se buscaba que Lima dejase de ser una amenaza inminente para la afirmación de la independencia en todo el subcontinente.
Por ello, tras la victoria de Maipú (5 de abril de 1818), San Martín se dedicó a preparar la expedición marítima al Perú (Terragno, 2001, p. 24). El libertador consideraba que era de vital importancia el despliegue de esta fuerza militar, como se lo comunica a Bernardo O’Higgins en una misiva, en donde le enfatiza que: “…si no se emprende la expedición al Perú, todo se lo lleva el diablo” (José Otero, citado por Terragno, 2001, p. 25). A fin de cristalizarla se dirigió a Buenos Aires con la intención de obtener recursos para la futura incursión en territorio peruano. Le llevaron más de tres meses las gestiones para conseguir el apoyo necesario. En una reunión a la que asistieron el director supremo y los más destacados miembros de la Logia Lautaro, obtuvo la promesa de 500.000 pesos para el ejército de los Andes, suma que iba a conseguirse mediante un empréstito interno.
Pero de regreso, en Mendoza recibió la noticia de que al gobierno no le era posible conseguir la ayuda monetaria prometida a consecuencia de la mala situación del comercio por la guerra en la Banda Oriental. El comercio español había sido ya esquilmado sin reparos y el británico, al que se le asignó una cuota a ser reembolsada con el producto de las aduanas, decidió negarse a contribuir por calificar de arbitraria la medida (Historia, S/f). Esto dio lugar a que Juan Martín de Pueyrredón le escribiese una misiva a San Martín el 4 de septiembre de 1818, en donde comunica que de los comerciantes españoles solo se habían conseguido 87.000 pesos y de los ingleses solo 6.700. El director agregaba: “no hay numerario en la plaza: los pesos fuertes ganan hasta un 4% de premio. En suma, es imposible sacar el medio millón en numerario, aunque se llenen las cárceles y los cuarteles” (Vicente Sierra, citado en Historia, S/f.).
Ante este escenario, San Martín optó por presentar su renuncia como jefe del ejército unido, lo que provocó considerable alarma tanto en Buenos Aires como en Santiago. Al poco tiempo, Pueyrredón le solicitó el retiro de la renuncia y lo autorizó a librar contra el gobierno bonaerense las sumas que fueran necesarias. A fines de octubre, el ‘héroe de Yapeyú’ llegaba nuevamente a Santiago (Historia, S/f). Estando ya en suelo chileno, San Martín se reúne con los vecinos de Santiago, ocasión en la que les expuso en detalle los requerimientos de la empresa: el ejército se compondría de
5.400 infantes, 400 artilleros, 200 jinetes y 100 zapadores, un total de 6.100 hombres. El tren de artillería debía constar de 24 piezas de campaña con 500 tiros cada una. Además del armamento correspondiente a cada soldado, se llevarían diez cañones de repuesto, 3 mil fusiles y mil carabinas para armar nuevas tropas en tierras del virreinato limeño, a cuyo objeto se organizaría también un cuerpo de oficiales, sargentos y cabos. El proyecto pormenorizaba asimismo las municiones, las fornituras, los artículos de maestranza y del hospital militar. De igual modo, se pedía tres meses de víveres para el ejército y la tripulación de los buques (Medina, 2010, p. 384).
Estas demandas significaban un costo considerable, y el libertador no se quedaba corto en ello, a los que se agregaba el flete de los barcos mercantes para trasladar el ejército desde Chile al Perú, y la entrega de una caja de 200.000 pesos en efectivo. Todo ello ascendía a un total de 1 millón de pesos, de los cuales había logrado que el gobierno de Buenos Aires pusiese la mitad, debiendo esperar a que el gobierno chileno concurriese con los 500 mil pesos restantes. Los asistentes a la reunión manifestaron que Chile no se restaría al esfuerzo libertador, aportando con 200 mil pesos en efectivo, 300 mil pesos en especies y de igual manera contribuiría con su escuadra (avaluada aproximadamente en un millón de pesos) (Medina, 2010, p. 385).
Para materializar la expedición de manera oficial, el gobierno chileno, recogiendo el planteamiento solidario de las Provincias Unidas que San Martín había expresado, envió al Río de la Plata en diciembre de 1818, a Antonio José de Irisarri como emisario oficial, con la finalidad de celebrar un convenio entre ambos Estados con relación a la liberación del Perú. Las conversaciones entre las partes presentaron ciertas dificultades, como el hecho de que en el momento de las negociaciones fuerzas portuguesas ocupaban Montevideo y cooperaban con las revueltas internas; y, por otro lado, se demandaba establecer en el compromiso explícitamente las cantidades en dinero que debía aportar cada gobierno, lo que estaba fuera de las instrucciones que llevaba Irisarri (Medina, 2010, p. 385).
Salvadas estas divergencias, se logró concertar un tratado firmado en la capital rioplatense el 5 de febrero de 1819, el cual en sus considerandos da a conocer la mancomunidad de aspiraciones de los directores supremos de ambas naciones, en cuanto a dar por terminada la dominación española en el Perú por medio de una expedición (Colección, 1863, p. 29). En el contenido de dicho documento se suscita la urgencia de prestar auxilio a las exigencias manifestadas por los habitantes de Lima, que anhelaban a constituir un gobierno de acuerdo a sus deseos. Para lo cual los países contratantes se obligan a costear la expedición (Colección, 1863, art. 1º, p. 30). En otra de sus cláusulas se indica que las fuerzas combinadas dejarán de actuar en el Perú, una vez que se haya establecido un gobierno libre, o hasta que el nuevo Estado lo solicite (Colección, 1863, art. 2º). Se subraya que el costo de la empresa será motivo de futuros arreglos con el gobierno independiente de Lima, al que deberán presentarse las cuentas, considerando las cantidades, plazos y términos de las pagas (Colección, 1863, art. 4º, p. 31). Se advierte, asimismo, que las dos partes contratantes garantizan mutuamente la independencia del nuevo Estado (Colección, 1863, art. 5º), y se indica, en último lugar, que en un plazo de 60 días el tratado debía ser ratificado por ambos directores supremos (Colección, 1863, art. 6º).
En el mes de marzo, O’Higgins, luego de haber recibido el texto del acuerdo, procede a enviarlo al Senado, que lo aprobó el mismo día de su recepción. Pero no ocurrió lo mismo en el Río de la Plata, y es así como entre los meses de mayo y octubre de 1819 el gobierno chileno insiste ante su similar bonaerense para que ratifique el tratado en cuestión. Empero, Chile no recibió una respuesta oficial, fundamentalmente a causa de dos razones, en primer lugar, a las noticias que a partir de febrero de 1819 circulaban en Buenos Aires, referentes a que España estaba preparando una operación de reconquista al Río de la Plata, ante lo cual declara suspendidos los preparativos de la expedición al Perú (Medina, 2010, p. 386).
El segundo factor se relaciona con las luchas internas que sacuden a las Provincias Unidas. Después de descartar la probabilidad de una invasión procedente de la metrópoli, se suceden conmociones internas que generan un escenario de anarquía entre las provincias y Buenos Aires, dificultando que el proyecto expedicionario ocupe un sitial protagónico en el interés de los gobernantes rioplatenses. Al deteriorarse sustancialmente la base de apoyo a la expedición, dependerá exclusivamente de la voluntad de O’Higgins, del senado chileno y de la percepción de la sociedad chilena, respecto del potencial de amenaza que representaba la continuidad del gobierno español en Lima (Medina, 2010, pp. 386-387).
De manera que esta empresa, que en un principio sería financiada conjuntamente por los gobiernos de las Provincias Unidas y de Chile, debido a estas circunstancias colaterales, determinaron que la administración porteña se viese en la imposibilidad de sostener el proyecto. La pérdida de este soporte, hizo que la casi totalidad de los costos recayese sobre los hombros del gobierno santiaguino, dirigido por O’Higgins (Karam S/f). Al hacerse cargo en solitario del proceso de financiamiento de la campaña, el gobierno chileno tuvo que enfrentar algunas dificultades económicas muy serias para tratar de recaudar el dinero suficiente, con el que Chile colaboró en la realización del plan de campaña organizado y desarrollado por San Martín. En esta ardua tarea destaca la genialidad de O’Higgins, quien, a través de decisiones ejecutivas, aplicó una serie de medidas conducentes a la recaudación necesaria. Las mismas que provocaron rechazos y resistencias de algunos sectores de la sociedad chilena, cuyo encono originaría la caída política de este egregio personaje en 1823.
Medidas adoptadas por O’Higgins
Cuando O’Higgins asumió el poder dio comienzo a una administración a la que Vitale calificó como “bonapartista” porque, en su análisis, era un gobierno que buscaba servir como mediador entre las diversas facciones de la clase dominante y al mismo tiempo intentaba hacer avanzar los intereses de los grupos criollos sin parecer comprometido con ninguna facción en particular. Sin embargo, en realidad, el poder del gobierno provenía principalmente del ejército, la logia Lautaro y los comerciantes ricos que tenían acceso a los suministros militares (Vitale, III, 1971, p. 22). Al no tener una participación directa ni ningún tipo de control sobre la gestión o’higginiana, los terratenientes y una parte de los comerciantes representaron una férrea oposición a la actuación del director supremo, a quien se referían con el término despectivo de “huacho”.
Esta odiosidad se agravó durante la época en que O’Higgins se vio obligado a tomar acciones que afectaron negativamente la economía de los grandes terratenientes, porque el gobierno necesitaba urgentemente el máximo de contribuciones para recaudar el dinero para la intervención militar (Rodríguez, 1981, p. 157; Rector, 1985, p. 299). En esta tarea contó con el apoyo de los cabildos del país, especialmente de Santiago, y de las autoridades nacionales, que lograron la cooperación voluntaria de los ciudadanos, aun cuando se tuvo que recurrir a requisiciones de dinero, ganado, víveres y todo tipo de suministros, los que el Estado avalaba para ser solventadas cuando la situación lo permitiera. También recortó los salarios del personal civil y militar; retrasó el pago de obligaciones tributarias, aumentó los ingresos aduaneros y obtuvo un empréstito internacional (Carrasco, 2010, pp. 363-364). Asimismo, personajes de gran prestigio social cooperaron con montos de 3.000 a 12.000 pesos, al igual que los comerciantes ingleses de Valparaíso, quienes invariablemente simpatizaban con O’Higgins (Rodríguez, 1981).
No obstante, la disposición a colaborar era casi inexistente entre los grupos contrarios al gobierno, ya que su falta de buena fe era notoria, como se evidencia en 1818, con ocasión de decretarse una contribución de 500.000 pesos, de la cual se habían recaudado 377.000 pesos hasta septiembre de 1820. Se descubrió durante la recolección de estas contribuciones que los propietarios más ricos habían entregado artículos de plata de mala ley, doblando algunas piezas para colocar en su interior hierro u otros materiales falsos para aumentar su peso (Vitale, III, 1971, pp. 22-23).
Aparte de estos reveses, Barros afirma que, la dirección de O’Higgins contaba con cerca de tres millones de pesos adicionales en recursos extraordinarios,2 compuestos por impuestos de guerra, préstamos forzosos, secuestros, etc., que apenas había sido suficiente para mantener ejércitos y escuadras para consolidar la independencia (véase cuadro 1). Pero estos recursos –añade-, extraídos con violencia y voluntad de hierro, habían obligado a la nación a hacer un gran sacrificio y habían convertido en odiosa a la autoridad que los reclamaba en nombre de la salvación de la patria. El gobierno no podía recurrir a los mismos expedientes y, pese a ello, estaba obligado a mantener tropas y buques de guerra, y a costear la administración de un Estado independiente con solo los recursos ordinarios, que, si bien aumentaron con la libertad comercial, eran del todo insuficientes para satisfacer tantas necesidades.3 Por lo tanto, concluye que es verdaderamente maravilloso que el liderazgo de O’Higgins, con doce millones doscientos mil pesos, hubiera podido crear ejércitos y escuadras, afianzar la independencia de su país y ayudar a traer la libertad al Perú, sin desatender las necesidades más urgentes del gobierno interior (Barros, 1999, p. 108).
Por ello, los criollos protestaron contra el gobierno de O’Higgins y expresaron su descontento porque los ingresos del erario no eran utilizados para sus intereses privados, sino para el mantenimiento del Ejército Libertador de los Andes. Como resultado, estas contribuciones forzadas, además de las frecuentes críticas de los terratenientes y otros grupos,4 originó que la gestión de San Martín y O’Higgins sea vista como completamente desastrosa en cuanto a sus negocios y beneficios (Vitale, III, 1971, p. 23). El senador José María Rozas, mostrando su animosidad, lamentó la severidad de las exigencias económicas porque, a su juicio:
“la pesada deuda que contrajo este erario para costear la expedición libertadora, no sólo ha anulado la hacienda pública sino las mismas fuentes de las riquezas, porque, sacado de la circulación el metálico que prestaron los capitalistas y lo que en especies contribuyeron ganaderos y hacendados, han paralizado aquéllos sus giros y arruinado éstos sus fundos y labores; de suerte que en todas las clases del estado se siente la miseria y el desaliento” (Citado por Francisco Encina, en Vitale, III, 1971).
Cuadro 1
Ingresos del Estado chileno durante la administración de O’Higgins (1817-1822)
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Ingresos |
Detalle |
Cantidad |
Total |
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Ordinarios |
9.355.183 ps. |
9.355.183 ps. |
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Extraordinarios |
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Dinero tomado al enemigo en 1817 y 1818 |
147.952 ps. |
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Contribución mensual creada por O’Higgins |
258.166 ps. |
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Empréstitos forzosos |
742.963 ps. |
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Donativos voluntarios en dinero o especies |
407.988 ps. |
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Secuestros |
762.017 ps. |
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Presas y comisos |
240.184 ps. |
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2.844.817 ps. |
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TOTAL |
12.200.000 ps. |
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En pesos
Fuente: Barros (1999).
El ministro José Antonio Rodríguez Aldea, acusado de ser el inspirador de las exigencias financieras y de defender los negocios de Antonio Arcos y de los nuevos magnates que se enriquecieron con la guerra sirviendo como contratistas y proveedores del ejército, fue utilizado como “chivo expiatorio” en estos conflictos provocados por las imposiciones del director supremo a los terratenientes y comerciantes. (Vitale, III, 1971, p. 25).
A pesar de que esto parece la principal explicación de la hostilidad al gobierno, la verdad demuestra que la frustración de la oligarquía chilena por no tener influencia alguna sobre la presidencia de O’Higgins, más ligada a objetivos hispanoamericanistas, fue en realidad, la fuerza impulsora detrás de la oposición. Se puede inferir que las críticas al gobierno fueron también resultado de su rechazo a la injerencia de la Logia Lautaro, institución en que predominaba la alta oficialidad argentina. Por lo tanto, pensaban que la logia era un grupo extraño que escapaba a su control, ya que este organismo creado por San Martín y O’Higgins tenía como objetivo coordinar y acelerar la independencia sudamericana. Durante los dos últimos años de la administración o’higginiana, esta circunstancia provocó un aumento de las disputas entre el gobierno y el Senado (Vitale, III, 1971, p. 24).
A pesar de sentirse molesto, O’Higgins continuó trabajando para descubrir los caminos y los medios necesarios para la expedición, ya que desde que asumió el cargo de director supremo, fue una de sus principales prioridades. De esta manera, entendió lo importante que era conseguir dinero, y ante este desafío, el comercio destacó como la fuente de ingresos más lucrativa (Rector, 1985). La situación se analizará adecuadamente y el gobierno hará un llamado a los comerciantes para incentivarlos a contribuir al financiamiento de la campaña libertadora al Perú, como se detallará en el siguiente apartado.
La compañía comercial financiadora de la expedición sanmartiniana
O’Higgins, decidido a financiar la expedición al Perú con los recursos chilenos, solicitó propuestas para vestir y conducir el ejército al Callao (Carrasco, 2010, p. 364). Ante este llamado, un grupo de comerciantes vio la oportunidad de hacer un negocio rentable y decidió aprovechar la oportunidad para financiar la campaña de San Martín. Como respuesta se presentaron dos posturas compuestas por importantes comerciantes de Valparaíso involucrados en el comercio exterior (Roel, 1986, p. 33). Entre ellos se encontraba la compañía de Antonio Arcos, por un lado, y la sociedad de Solar, Rodríguez Peña y Sarratea, por el otro.
En el primer caso, Antonio Santiago Arcos Arjona era un comerciante español nacido en Málaga (Andalucía), que en su país natal gozaba de una dudosa reputación por haberse alistado en el ejército napoleónico (Memoria chilena, S/f). Por esta razón, en la España de la época, se lo consideraba un “afrancesado” (Nicoliello, 2014, s/p). En 1814 se trasladó a Buenos Aires donde se unió al ejército de San Martín como sargento mayor y apoyó los movimientos independentistas en Chile, participando en 1817 en las batallas de Achupallas y Chacabuco; colaboró en la creación de la Escuela Militar de Chile, siendo su primer director, y es recordado por haber diseñado la bandera chilena. Estuvo casado con Isabel Petronila Arlegui Rodríguez, destacada dama criolla, con quien tuvo cuatro hijos (Memoria, S/f). Arcos fue también un proveedor del ejército y un personaje muy cercano a O’Higgins (Comentario, 2005, p. 87). Al caer el caudillo chileno (1823), huyó primero a Mendoza y luego a Brasil, donde se distinguió por decorar mansiones. Finalmente, se instaló con su familia en París, dedicándose con éxito al mundo de los negocios (Díaz, 2007, p. 2; Nicoliello, 2014, s/p).
Felipe Santiago del Solar, un destacado comerciante chileno de la década de 1820, lideró la segunda propuesta (Vargas y Martínez, 1982, p. 374). Durante el periodo de 1818 a 1828, formó parte de los once comerciantes chilenos que controlaron el alto comercio de Valparaíso y Santiago (Vargas y Martínez, 1982, p. 383). Además, este comerciante también era proveedor de la marina (López, 1968, p. 37), y representante general de todos los barcos franceses que llegaban a Chile (María Graham citada por Mellafe, S/f.). Se casó con Mercedes Rosales Larraín luego de que ella quedara viuda de José Pérez Salas, con quien tendría varios hijos más (Mellafe, S/f). Debido a esta cercanía familiar, entabló relaciones comerciales con su cuñado Francisco Rosales Larraín, quien después tuvo que viajar a París para asumir el cargo de representante de negocios de su país en Francia, labor que desempeñó entre 1836 y 1867 (Capítulo, S/f; Pérez, 2010, p. 301).
Nicolás Rodríguez Peña, un comerciante y político nacido en Buenos Aires en 1775, acompañaba a del Solar como socio. Su actividad comercial le permitió obtener una gran fortuna. Ingresó en la “logia independentista” en 1805 y participó en las milicias que lucharon contra las invasiones inglesas de Buenos Aires en 1806 y 1807. Entre 1812 y 1816 pudo ocupar diversos cargos gracias a su participación en la formación de la Primera junta de gobierno. Ayudó a José de San Martín en la organización del ejército de los Andes, y después de la batalla de Chacabuco se autoexilió en Santiago de Chile, donde permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido en diciembre de 1853 (Carrasquet, 2010, s/p).
Juan José de Sarratea y Altolaguirre, un adinerado comerciante del Río de la Plata que nació en 1775 en Buenos Aires y falleció en Lima en 1862, era el tercer socio de esta empresa. Se sumó al movimiento de liberación y participó en la lucha por la independencia de Argentina y en las guerras independentistas de Chile y Perú. En la capital del Plata, poseía un importante negocio de sombrerería. Posteriormente, se trasladó a Chile, donde se desempeñó como proveedor de la marina de ese país en representación de su amigo Vicente Anastasio de Echevarría. Estableció una sociedad con Nicolás Rodríguez Peña operando desde Valparaíso. Junto a José de Riglos y Estanislao Lynch, sirvió como uno de los principales proveedores del ejército patriota en 1820 y contribuyó al abastecimiento de provisiones frescas y secas a los buques de la Armada (Cutolo, 1968).
Después de recibir las propuestas, Bernardo O’Higgins envió los dos proyectos para sufragar la expedición de San Martín al Senado de Chile el 27 de julio de 1819. También incluyó una carta dirigida a Francisco Antonio Pérez, presidente de la cámara, en la que, tras solicitar que las propuestas sean sometidas a examen, expresa su opinión sobre el plan de Del Solar, diciendo que: “A primera vista se presenta la exorbitante suma de sesenta pesos por individuo, que don Felipe del Solar i socios exijen por flete de la espedicion que ofrecen convoyar a cualquiera de los puertos del Perú”. Enseguida añade:
“Prescindiendo de otros reparos, (…), es notable el de trescientos setenta i cinco mil pesos que piden Arcos i su socio, tanto por la cantidad como por el modo que proponen para su pago. Lo es también el de las pequeñas raciones que manifiesta en su estado para la manutención diaria del ejército y la marina” (Senado de Chile, Sesiones de los cuerpos legislativos. Santiago, 28-jul-1819).
Para estudiar ambos planes se formó una comisión que, tras las correspondientes evaluaciones, recomendó no aceptar la propuesta hecha por Antonio Arcos y sus socios. En cambio, aprobaron la propuesta de la compañía de Felipe Santiago del Solar, que resultó ser la más ventajosa para la referida comisión (Senado de Chile, Sesiones de los cuerpos legislativos. Santiago, 31-jul-1819). Considerada esta conclusión, se adjudicó el contrato de suministro correspondiente a Del Solar y asociados, comprometiéndose la empresa, conforme a las cláusulas de la contrata, a que para el 1 de enero de 1820 la compañía tendría todos los preparativos necesarios en el puerto de Valparaíso para una expedición de 4.000 hombres y 20 caballos para el Estado Mayor. Asimismo, la empresa se comprometió a vestir a estos hombres con uniformes completos, que incluían: capote o levita, gorra, pantalón de brin, dos camisas de bayeta y dos pares de zapatos. Además, se obligaba a cubrir los gastos de transporte y mantenimiento de esta fuerza militar durante un periodo de cinco meses a partir del día de su partida de Valparaíso (Senado de Chile, Sesiones de los cuerpos legislativos. Santiago, 31-jul-1819).
Mientras tanto, el gobierno chileno se vio obligado a abonar sesenta pesos por el transporte de cada individuo y setenta por cada caballo. También se estipuló que el gobierno debía entregar a la compañía todos los barcos incautados como presas (Senado de Chile, Sesiones de los cuerpos legislativos. Santiago, 31-jul-1819). Además de sus ganancias financieras directas, la compañía obtuvo la autorización para poder introducir en el Perú 500 toneladas de mercaderías libres de todo derecho nacional y municipal (Senado de Chile, Sesiones de los cuerpos legislativos. Santiago, 31-jul-1819).
El 2 de septiembre de 1819 se oficializó formalmente este contrato (Carrasco, 2010), y a continuación se hicieron todos los preparativos necesarios para efectivizarlo. Pese a ello, hubo algunos inconvenientes que retrasaron la ejecución del acuerdo. La demora en la ejecución de la incursión generó inquietud. Por lo tanto, el 22 de diciembre de 1819, el Senado controlado por los terratenientes acordó -como señala Vitale-, que el ejército de los Andes “ejecutase la expedición teniendo presente que, si debemos sostener la escuadra conservando el Ejército para una guerra puramente pasiva, el país se consume y se agotan los recursos” (Vitale, III, 1971, p. 99). En similar tono se pronunció el abogado y político chileno Miguel Zañartu, quien, en carta del 4 de abril de 1820, dirigida al ministro Echevarría, le decía: “Echen ustedes, por Dios, el ejército fuera, para que viva a costa de otro país (…) ¿Cómo el pobre Chile sostendrá ejército y escuadra?” (Francisco Encina citado en Vitale, III, 1971, p. 99).
El alistamiento de la escuadrilla finalizó el 10 de agosto de 1820, y el 18 del mismo mes comenzó el embarque de la expedición, la cual estaba equipada de la siguiente manera: 4.414 efectivos del ejército, armamento para cada soldado, 35 piezas de artillería, 15.000 fusiles y 2.000 sables para armar nuevos cuerpos de ejército, 3.000 cajones de cartuchos de fusil, 960 cajones de armamento, 200 fardos de vestuario, 300 de metralla y balas de cañón, 400 monturas, tiros y correajes, 800 caballos y 180 quintales de fierro; voladores de luces en cada buque y faroles, 1.500 cajas de herramientas y clavos; 2.000 líos de charqui, 1.500 sacos de galleta y cantidad de harina, frejoles, maíz y otros víveres, paja y cebada para animales, aguardiente, café, yerba mate, azúcar, arroz y papas. Constituyendo el alimento embarcado, el suficiente para cinco meses de campaña (Medina, 2010, p. 390).
Finalmente, el 20 de agosto de 1820, los efectivos militares acondicionados en un convoy de 16 barcos izó velas. Un testimonio de la época refiere que en esta ocasión, “el Director Supremo, cuyo padre había sido virrey del Perú, vino con numerosos oficiales a presenciar la partida. Fue un acontecimiento nacional y los seis buques de guerra y los trece transportes y los cinco mil soldados con sus oficiales hicieron una presentación imponente” (Hill, [1895] 1939, pp. 39-40). De esta manera, esta fuerza militar que previamente había neutralizado el poder naval del virreinato, denominada Ejército Libertador del Perú por decreto del Congreso de Chile, partió hacia Lima con la misión de independizarla (Valenzuela, 1999, pp. 152-153).
Los beneficios comerciales del éxito
La lucha de los criollos por la libertad de otros países hermanos no fue entusiasta ni desinteresada, como ha quedado establecido. En este sentido, así como los argentinos exigieron a los chilenos que pagaran los costos de las expediciones de 1817, ellos, a su vez, exigieron a los peruanos reembolsar los gastos del ejército libertador (Vitale, III, 1971, p. 24). De acuerdo con un ilustrativo testimonio:
“…los patriotas fueron asistidos con mercaderías y dinero a condición de que garantizaran exorbitantes ganancias a los comerciantes si sus esfuerzos se veían coronados de éxito, por lo cual los gobiernos independientes se transformaron en sus deudores por considerables cantidades” (Carta de Charles Milner a George Canning. Lima, 27-dic-1826, en Bonilla, I, 1975, p. 31).
Sin embargo, además de la devolución económica por la inversión en la liberación del continente, en Chile se buscaba restablecer el comercio con la costa peruana, operación que beneficiaria enormemente a los comerciantes y agricultores de su país (Contreras y Cueto, 2000, p. 48). Como lo demuestra el hecho de que la presión que los terratenientes chilenos ejercieron sobre el gobierno de O’Higgins para acelerar la salida de la expedición de San Martín tenía como objetivo no solo liberarse de la carga que implicaba su manutención, sino también la esperanza de recuperar el mercado peruano para el trigo chileno, cuya importación había sido suspendida por el virrey Abascal (Vitale, III, 1971, p. 24).
Después de alcanzar los objetivos de la expedición libertadora, muchos comerciantes, entre ellos Sarratea, Riglos, Lynch y otros, establecieron su residencia en la capital peruana. Como podemos ver claramente en los casos de Juan de Sarratea y Estanislao Lynch, algunos tuvieron un desempeño excepcional, mientras que otros no. En cuanto a Juan José de Sarratea, partidario de San Martín y uno de los financistas de la campaña, tras la liberación del Perú trasladó sus operaciones a Lima, mientras que su socio y compatriota Rodríguez Peña permaneció en Chile.
La historiadora Cristina Mazzeo ha estudiado las actividades de Sarratea en Lima y ha llegado a la conclusión de que este comerciante actuaba como importador y exportador en el país. Entre 1821 y 1828, importó productos por un total de 139.564 pesos de diferentes puertos, desde Panamá hasta Valparaíso. Estos incluían aguardiente, vino, azúcar, cacao, café y telas como muselinas, quimones y vestidos, así como hilo, percalas y bramantes de algodón. En cuanto a lo segundo, exportó cera, manteles, trajes para señoras, porcelanas, agua de lavanda y otros productos a Guayaquil, Rio de Janeiro y Valparaíso (Mazzeo, 2007, 13).
En 1825, este personaje arrendó una casa en Lima por cuatro años por un valor de 1.300 pesos anuales y colocó en arrendamiento la casa donde vivía anteriormente por el valor de 2.300 pesos anuales. A través de la otorgación de diversos poderes para que lo representaran en Arequipa, Cerro de Pasco, Chile y Londres, donde residía su hermano Mariano, amplió su alcance comercial. Invirtió capital en la adquisición de tierras y minas para ensanchar su negocio. De esta manera, en colaboración con Samuel Price, adquirió una mina en Piedra Parada en Huarochirí por un valor de 1.500 pesos. Además, arrendó las haciendas del Tingo y de la Magdalena, así como de minas en Yauricocha y Cerro de Pasco por una renta anual de 5.000 pesos. También participó en una empresa dedicada a la minería y la agricultura en Cerro de Pasco, liderada por Estanislao Lynch, José Riglos, Manuel Rengifo, Manuel Carrillo, Samuel Price, Naylors y Cía. y Carlos Hoyllard. En dicha empresa, invirtieron 87.500 pesos en acciones de mil pesos cada una. A esto hay que sumarle la propiedad de una cuarta parte (10.000 pesos), junto con Riglos y Price, de varias minas en el Cerro San Julián, en Castrovirreyna (Mazzeo, 2007, 13).
En 1826, el Consulado registró a nuestro actor y a los anteriores como almaceneros de primera y segunda categoría, lo que indicaba que tenían una ganancia anual de entre 120.000 y 60.000 pesos, que los obligaba a pagar al gobierno el 5% del 20% de sus ganancias como contribución distribuida durante los doce meses del año. Sarratea también actúo como prestamista del Estado, ya que en la década de 1830 esta entidad le debía la cantidad de 83.019 pesos (Mazzeo, 2007, pp. 12-13). Por un decreto supremo del 9 de agosto de 1845, el gobierno peruano decidió expandir la industria textil y contrató a Sarratea para importar gusanos de seda y maquinaria a vapor para hilar y torcer el producto antes mencionado, además de árboles y plantas de morera, de cuyas hojas se alimentaban los gusanos, cuyos productos serían enviados a cada departamento del país. Sin embargo, transfirió la concesión al presbítero José Francisco Navarrete en 1849. Por último, este rico comerciante murió el 30 de noviembre de 1862 en Lima, a los 87 años (Cutolo, 1968).
Estanislao Lynch es el lado contrario de la prosperidad. Al igual que Sarratea, después de terminar su relación con Henry Hill en abril de 1820, se trasladó al Perú a fines de ese año para supervisar el suministro de alimentos a las tropas del ejército libertador. Lynch tenía altas expectativas, pues según le comentó a su amigo Hill el 8 de octubre de 1821, estaba convencido de que:
“Este país está virgen en quanto a negocios, y sin duda que pueden hacerse muchos porque los hombres están con los ojos vendados. El tráfico costero está abandonado y seguramente es lucrativo. No se conoce en este país el valor del dinero y todo se vende a precios excesivos” (Correspondencia de Henry Hill, en Pereira, 1939).
En Lima, sobre la base del comercio, se enfoca en la adquisición de minas y haciendas en Cerro de Pasco. También se desempeñó como prestamista del Estado por un monto de 10.500 pesos (Mazzeo, 2007, p. 7). En una de sus últimas cartas a Hill, fechada el 16 de junio de 1829, este personaje expresa su pesar por la ruina de su empresa comercial, diciendo: “…yo he ganado mucho dinero en este país, pero no teniendo un compañero activo todo lo he casi perdido” (Correspondencia de Henry Hill, en Pereira, 1939, p. 30). La firma Lynch, Hill y Co. cerró sus puertas el 1 de enero de 1824. Lynch permaneció en la ‘ciudad de los reyes’, donde fue nombrado cónsul de Argentina en septiembre de 1826 (Pereira, 1939, pp. 29-30).
En cuanto al pago de la deuda chilena, como la llama Basadre, que correspondía a los costos de la independencia, el Perú reconoció en el Tratado de Auxilio (Macera, 2019) celebrado el 26 de abril de 1823 el monto de 1.5 millones de pesos,5 provenientes del empréstito contratado por el comisionado de Chile, Antonio José de Irisarri. Este préstamo fue transferido al gobierno peruano en este contrato, el cual ascendió a 3 millones de pesos por concepto de intereses (Basadre, I, 2005, p. 202). En los años siguientes esta deuda creció hasta un total de 4 millones de pesos,6 la cual fue cancelada durante el gobierno de Ramón Castilla. Por la Convención del 12 de septiembre de 1848, durante la primera presidencia de Castilla, el Perú admitió la deuda en favor de Chile, la que terminó de ser liquidada totalmente en el segundo mandato del Mariscal. Esto se demuestra en el decreto emitido en Santiago el 6 de mayo de 1856 por el presidente chileno Manuel Montt, que en su parte final dice: “Se declara pagada en su totalidad la deuda de cuatro millones reconocida por el Perú, en virtud de la Convención del 12 de septiembre de 1848, y el gobierno del Perú libre de toda responsabilidad en razón de las obligaciones procedentes de dicha Convención” (Citado por Gustavo Pons Muzzo, en Revista Oiga, Lima-agosto 1979).
Los empresarios que financiaron la expedición sanmartiniana no vieron el retorno inmediato de su inversión debido a la falta de recursos económicos del recién creado Estado peruano. Esto se debió a los obstáculos y al largo tiempo que se requirió para pagar el último saldo de sus cuentas, las cuales fueron previamente revisadas por dos Congresos después de ser sometidas al examen de contadores y al juicio de árbitros (Paz Soldán, 1868, p. 55). Después de casi 25 años de espera, el Perú logró cancelar su deuda gracias a los ingresos provenientes por la venta del guano.
CONCLUSIÓN
Las estrategias que se utilizaron para lograr la financiación de la expedición libertadora al Perú, descritas en este texto, emergieron de la necesidad de consolidar los procesos independentistas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de Chile. En este caso, el objetivo era contrarrestar la influencia represiva de Lima, que era vista como una amenaza inminente para los intereses de ambas naciones.
El análisis de estas estrategias revela que, ante la imposibilidad de afrontar los costos de los preparativos bélicos del operativo, se tuvo que recurrir a la búsqueda de un financiamiento externo. En este sentido, en la documentación revisada, se percibe que esta financiación, que aportó los recursos económicos para la empresa sanmartiniana, fue negociada como un trato comercial. Siendo así, los comerciantes que proporcionaron la liquidez para cubrir los gastos de la campaña libertaria obtuvieron en contrapartida una serie de beneficios que compensaron el coste financiero.
Es importante resaltar que, una vez lograda la proclamación de la independencia del Perú, el nuevo Estado tuvo que asumir la deuda transferida por la inversión de los países que habían ayudado a financiar la liberación. Asimismo, queda en evidencia que los esfuerzos para la cancelación de dicho adeudo se postergaron hasta mediados del siglo XIX, cuando recién se alcanzó a proyectar su liquidación.
Referencias
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