Principios e ideas constitutivas del pensamiento político-económico en las memorias del Duque de la Palata

El gobierno del duque de la Palata se ha beneficiado abundantemente de los estudios acerca de su obra como gobernante de uno de los virreinatos más importantes de la América española. Sin embargo, estas investigaciones centradas más en los efectos económicos perceptibles de la labor de este funcionario, poco se han ocupado de examinar la correlación de la conducta política de la Palata, asociada con su pensamiento político-económico, que en este caso fue la directriz de todos sus actos de gobierno.

En este aspecto, el objetivo de esta investigación, que toma como base el estudio de las memorias de gobierno de Melchor de Navarra y Rocafull (duque de la Palata)2, busca dar a conocer los principios e ideas sobre los que se sustentaron las reformas impulsadas por este representante regio. A pesar de su relevancia, el tema no ha sido explorado suficientemente, por lo que no existe una discusión disciplinaria ni bibliográfica que sitúe el texto. Sin embargo, encontramos una referencia pionera en el trabajo de Richard Konetzke, quien valiéndose de la memoria de gobierno del virrey Gil de Taboada y Lemos (1790-1796), hace un estudio de sus ideas políticas (Konetzke, 1952). Es un enfoque muy bien sustentado, centrado en la trayectoria política de este vicesoberano en el marco de la segunda fase, de corte liberal, de las reformas borbónicas en el Perú.

La teorización a partir de la historia revelada nos indica que el pensamiento político-económico, es decir, las ideas, juicios y razonamientos que conducen la vida de la sociedad, actúa en concordancia con una determinada racionalidad política, la cual conlleva la aplicación de una estrategia que respalda su correspondiente ejecución. Ante esta situación, las decisiones de gobierno del político no se improvisan ni se ejecutan al azar, puesto que su materialización se efectúa de acuerdo con ciertas ideas y principios, que le permite elaborar un sistema de manejo de la vida conforme a las condiciones de su tiempo. En este sentido, las formas que puede adoptar como instrumento ejecutivo, en función de una estructura y coyuntura histórica, en definitiva, busca la formalización de un orden y su consecuente conservación.

De forma que, el análisis del discurso político de los especialistas en gobernar, en este caso del virrey la Palata, nos dará luces sobre esta conducta y su conexión con una racionalidad colonial de gobierno. Raciocinio que lo impulsó a garantizar los lineamientos de política general que emanaban de la metrópoli, y al mismo tiempo, a dosificar y disponer sus acciones para afianzar el dominio del Estado colonial, como una corporatividad política. Lo cual significaba mantener el principio de autoridad (repartir orden) y velar por la buena cuenta de la real hacienda.

Las fuentes utilizadas para esta investigación la conforman éditos coloniales y postcoloniales, localizados en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). En esta institución, el rastreo nos condujo a la revisión de fuentes impresas, compuestas por las Memorias de los virreyes y algunos cuerpos legales contenidos en la Colección X.

En lo concerniente a la Relación de gobierno del virrey la Palata, ésta forma parte del tomo segundo de la edición publicada por el literato y periodista Manuel Atanasio Fuentes, apodado ‘El Murciélago’, en 1859; quien por su cercanía con la administración castillista, recibió el encargo del gobierno para la publicación de dichos informes gubernamentales (Arrambide, 2019, p. 12). Esta iniciativa fue emprendida por el régimen de Ramón Castilla, atraído en publicar una Colección de las Memorias de los virreyes que gobernaron el Perú (Beltrán, 1921, p. 12). La motivación detrás de este proyecto fue el resultado de la influencia del romanticismo en nuestro país (1850-1879), interesado en generar referentes que creasen una identidad cultural (Basadre, III 1963, 1038).

Para su recopilación, Fuentes tuvo acceso a los manuscritos de las memorias de los virreyes, que inicialmente se conservaban, antes de 1861, en el convento de San Agustín. Lugar a donde fueron trasladados estos y otros documentos, como consecuencia del incendio ocurrido en Palacio de gobierno en 1822, durante el mandato del marqués de Torre Tagle4. Como resultado de la revisión de estos papeles viejos, Fuentes llegó a publicar cinco tomos de esta colección, que cubre los siglos XVII y XVIII.

El tomo primero estuvo dedicado a las memorias de Juan de Mendoza y Luna (marques de Montesclaros), 1607-1615, Francisco de Borja y Aragón (príncipe de Esquilache), 1615-1621, Baltasar de la Cueva (conde de Castellar), 1674-1678, y Melchor de Liñán y Cisneros, 1678-1681. El segundo tomo se dedicó a Melchor de Navarra y Rocafull (duque de la Palata), 1681-1689. El tercer volumen incluye las memorias de José de Armendáriz (marqués de Castelfuerte), 1724-1736, y José Antonio de Mendoza (marques de Villagarcía), 1736-1745. El volumen cuatro trata de la relación de José Antonio Manso de Velasco (conde de Superunda), 1745-1761, y Manuel de Amat y Juniet, 1761-1776. Y, finalmente, el quinto tomo se dedica a Teodoro de Croix, 1784-1790.

El tomo dedicado a la Palata consta de 440 páginas y su impresión fue hecha por la Librería de Felipe Bailly. Esta edición, la cual no cuenta con ningún estudio previo5, se divide en tres partes. Las dos primeras constituyen un relato detallado acerca de la situación general en que dejaba al virreinato y las medidas más importantes adoptadas en su administración. Y, la última parte está referida a una serie de advertencias sobre la nueva retasa de indios para la mita de Potosí, la protección del comercio contra el ataque de piratas y algunas recomendaciones administrativas al cabildo y la justicia ordinaria de la ciudad de Lima.

En su reporte sobre el estado del Perú en sus ocho años de gobierno, que la Palata preparó para su sucesor el conde de la Monclova, el virrey hace un retrato de su gestión, enfatizando en el celo que se debe desplegar como responsable de todos los asuntos de gobierno. En este sentido, destaca que lo principal son los temas que competen a la real hacienda, la minería y el trato hacia los indios. Dado que, según su consideración, son los que mueven el comercio y la economía. Asimismo, comunica las contingencias vividas a lo largo de su gobierno y las potencialidades que podrían explotarse en el futuro, entre otras cosas.

Dentro de las memorias, el pensamiento político-económico de la Palata es un tema gravitante, ya que éste se encuentra implícito en los alcances de la descripción que hace este alto funcionario sobre las políticas implementadas durante su mando. Perspectiva que ampliaremos y profundizaremos, identificando las ideas y principios constitutivos de su racionalidad política-económica aplicadas en el contexto del declive del dominio español sobre el virreinato peruano.

Ideas y conceptos políticos del monarquismo hispano virreinal

Como todas las monarquías europeas absolutistas del siglo XVII, España justificaba su sistema de gobierno, amparándose en una ideología monárquico providencialista. Según la cual, los gobernantes hispanos poseían la investidura real por designación divina. Por esta razón, se admitía, como se afirma en las Siete Partidas, que “Dios es quien da la honra de gobernar a algunos señores” (Alfonso el Sabio, 1843, Partida II, tít. I, ley I). Argumento también recogido por Diego Saavedra, en su obra Empresas políticas, quien al respecto apunta que por “(…) Dios (…) reinan los reyes, y de (…) [él] dependen su grandeza y sus aciertos (…)” (Saavedra, [1640] 1976, p. 203).

De esta manera, al establecerse que el soberano era un vicario de Dios,6 un señor puesto en la tierra en el lugar del supremo para dar a cada uno su derecho (Lazo y Ortegal, 1997, p. 126), se sacralizó, a través de esta ideología política, tanto al Estado y a sus acciones de gobierno, así como al dominio mismo en todas sus formas (Lazo, 2004, p. 212). Esta filosofía política, cuyo origen se encuentra en estos y otros escritos medievales, estuvieron muy presentes en la racionalidad política de las autoridades eclesiásticas y civiles, quienes, mediante su difusión y reconocimiento, lograron internalizar la debida obediencia al rey y a sus autoridades (Lazo, 2004, p. 206).

En el caso peruano, se aceptaba que la soberanía del rey provenía de la providencia de Dios, quien había previsto la necesidad de un poder temporal para mantener al mundo en el orden de su creación (Lazo y Ortegal, 1997, p. 126). Por consiguiente, la vigencia de este providencialismo político en el pensamiento colonial hizo posible sembrar en la mente y los corazones de los grupos dirigentes y dirigidos, la idea de que tanto el orden social como la supremacía y la autoridad política del rey y la de sus ministros, emanaba de una predestinación divina (Lazo, 2004, p. 206).

De acuerdo con lo que señala la teoría constitutiva del poder político providencialista, “todo aquello que mueve posee poder y excelencia sobre lo que es movido, en la conducción a su debido fin [Dios y bien]” (Aquino, 1953: IX: 409). Es decir, era una ley natural que los seres inferiores se sujetasen a la autoridad de los superiores, a quienes debían respeto y obediencia por su condición de “mayordomos de Dios” y “padres” de los estados inferiores (Lazo, 2004, p. 207).

Desde este punto de vista, según la aseveración del tratadista Jerónimo Castillo, se buscaba asegurar la “buena gobernación (…) que toca a la policía [orden social], conservación y buen encaminamiento de los hombres” (Castillo, 1597: lib. I, cap. I). Ya que, como lo recordaba el doctor Angélico, “(…) el gobierno no es otra cosa que la dirección de los gobernados al fin que es algún bien” (Aquino, 1953: IV: 297).

Como bien indica Carlos Lazo, en las reflexiones de los pensadores políticos hispano-coloniales, el orden político resultaba necesario para el mantenimiento del orden social providencial, en el que se había dispuesto el lugar que cada cual debía tener en la jerarquización social. Cuyo mantenimiento y ejercicio aseguraba la continuidad de cada una de estas clases. De esta manera, las autoridades del gobierno virreinal y los miembros de los grupos dirigentes de la sociedad colonial encontraron en este pensamiento político las lecciones para sustentar su dirigencia providencial bajo la forma de leyes. Las mismas que fueron autorizadas por Felipe II con la publicación de la Recopilación de leyes de indias (1680) (Lazo, 2004, p. 207).

Estos lineamientos ideológicos, fueron puestos en debate por los grupos empresariales provincianos en el Perú, tema que no desarrollaremos aquí, pero baste decir que puso en serios aprietos a la corona española debido a que este sector de criollos promovió activamente sus intereses económicos logrando así cierta autonomía política y económica. Todo ello en el contexto de la crisis europea que afectó a España en la última mitad del siglo XVII, y del fracaso fiscal y la administración defectuosa en el Perú (Lynch, 1992, p. 75), lo cual dañó gravemente el control político y económico metropolitano sobre el territorio peruano.

La vulneración de la autoridad y el poder del rey, por parte de estos grupos, significó la subversión del orden socialmente establecido en los preceptos políticos providencialistas. Desacato que, de acuerdo con lo que establecía el fuero alfonsino, era una prueba manifiesta de negarse a cumplir “los mandamientos de Dios y del señor temporal” (Alfonso el Sabio, 1843: Partida I, tít. I, ley XVI).

Por lo tanto, el Virrey Duque de la Palata, como representante de la regia persona residente en Madrid, estaba obligado a restituir los derechos reales afectados, restaurando el orden de cosas a como estaban antes de ser afectados. Asunto muy presente en el pensamiento político-económico de este personaje, que tuvo como mira el cumplimiento de los principios políticos señalados líneas más arriba, como lo veremos en el siguiente acápite.

Planteamiento teórico político

La ideología política monárquico providencialista, principio activo de la práctica política, regulaba las medidas gubernativas de quienes por delegación de funciones actuaban en nombre del rey en los territorios donde el monarca no estaba presente (García, 1944, p. 48). Por lo mismo, el virrey debía graduar y ajustar sus acciones a la voluntad del Estado colonial con la finalidad de asegurar su institucionalidad y ordenamiento.7

Con este criterio, Jerónimo de Castillo, en su tratado Política para corregidores, recalcaba que “el que es cabeza en el cuerpo de la República, ha de vencer su natural en (…) [buscar su propio beneficio], porque si procurasse para si solo la salud y la vida, brevemente se vería el cuerpo debilitado y muerto, (…)” (Castillo, 1597: lib. II, cap. II). De este modo, los alcances de esta concepción corporativa, pone de relieve la obligatoriedad de que, en "la administración del Reyno (…) [se mire] a un mismo fin, que es el bien común” (Castillo, 1597: lib. I, cap. II). Entendiéndose, en este caso, por “bien común”, la maximización de los beneficios de la corona hispana en estas posesiones de ultramar.

Dentro de esta situación, el virrey en su calidad de alto magistrado estaba comprometido con la priorización de este objetivo, ya que como refería Diego Saavedra: “Líneas son del gobierno, y caminos reales de la razón de Estado” (Saavedra, [1640] 1976, p. 230). En la consecución de este propósito, la Palata como alter ego del soberano hispano, por la dedicación con la que actúo en la tarea que se le confío, se guio por la reflexión doctrinal del jesuita Juan Cortés, quien recomendaba que: “Es menester que empleen los Ministros toda el alma para gobernar la República (…)” (Cortés, 1684, p. 14). La expresión “toda el alma”, significaba manejar bien la ‘cosa pública’, poniendo en ello el mayor esfuerzo en la labor de conducción del gobierno.

En esta vía, se hacía hincapié en que el gobernante debía inclinarse más a satisfacer los intereses regios, más que los propios. Así lo comprendió el duque de la Palata, quien estaba convencido de que el estadista debe procurar “(…) que en sus acciones no se gobierne por sus afectos, sino por la razón de Estado” (La Palata, [1689] 1859, p. 120). En este entendimiento, reitera que aquel: “No ha de obrar por inclinación, sino por razón de gobierno”, de manera que “sus deseos más han de nacer del corazón de la república que del suyo” (La Palata, [1689] 1859, p. 121).

De acuerdo con ello, sus acciones debían estar regladas y organizadas para afirmar el dominio del Estado colonial. Sobre este punto, en su meditación política-doctrinaria, el duque tenía en cuenta que:

“(…) el virrey [no puede] ni descuidar del todo esta gran parte de que se compone el gobierno universal y superior de estos Reynos, cuya armonía se forma de tantas y tan diferentes cuerdas, que se han de templar a un oydo, y así es menester cuidar de todo, y lo que disonare corregirlo (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 3).

Con el mismo espíritu advertía que el virrey, en el contexto de una noción de Estado colonial como un ente político perdurable y agencia administrativa dependiente del Estado metropolitano, tenía la misión de su administración, puesto que “(…) quien representa la persona de Su majestad, combiene que tenga entera authoridad, (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 66).

Estas apreciaciones permiten entrever la difícil situación que la Palata tuvo que enfrentar como gobernante de un vasto territorio. Su diagnóstico político deja en claro dos cosas; por un lado, la gran extensión de su jurisdicción territorial (gobierno dilatado); y, por otro lado, asociado a lo anterior, la dificultad en la corrección de los males para mejorar el “bien común” (corregir las disonancias). Sus ideas políticas, por tanto, hacen énfasis en la centralización del poder y la adopción de restricciones contra todo aquello que le sea contrario.

Es importante aclarar que dicha problemática, consecuencia de una dinámica con tendencia a la autonomía y un mayor dinamismo de los circuitos mercantiles internos, fueron para el virrey un reto que le demando un denodado esfuerzo para contrarrestar el entramado de redes de poder que obstaculizaba la vigencia del poderío español en el Perú. En tales circunstancias, su ideología política, que fue de la mano con una praxis efectivizada en su política de gobierno, le sirvió para asumir una posición destacada en la conducción de la vida política del Estado, enmarcado dentro de los requerimientos de la corte madrileña.

Planteamiento teórico económico

El pensamiento económico de la Palata estaba vinculado a una racionalidad económica mercantilista8 que se reflejó en las decisiones políticas tomadas en el contexto de la conducción del Estado colonial. Las ideas y razonamientos que se desprenden del mismo respondieron a la necesidad de conservar el dominio de estos territorios y consolidar los privilegios establecidos en el pacto colonial entre la corona y los grupos de poder oficiales dentro del virreinato, concierto que John Lynch lo ubica en el marco de un Estado de consenso (Lynch, 1992, p. 74).

Este conjunto de prioridades enfrentó desafíos muy reales para reequilibrar la economía, mediante la elaboración de políticas para regular la acuñación monetaria y acrecentar la renta fiscal. Esta doctrina económica rectora de la economía colonial fue operativizada por el duque de la Palata, a partir de políticas macroeconómicas reformistas, que buscaron hacer más funcionales los cambios estructurales ocurridos en los hechos, con lo cual el virrey apuntó a sostener la tambaleante reforma Toledana, con el propósito de hacerla más eficaz. En esta medida, durante el último cuarto del siglo XVII, este funcionario puso en ejecución un programa de reformas, que consideraba principalmente las siguientes acciones: la realización de un censo de indios para reimpulsar la mita minera; el restablecimiento de la Casa de moneda de Lima; el combate a los fraudes en el comercio de la plata y el tráfico ilícito de mercancías; la reducción de ciertos privilegios eclesiásticos (inmunidad, protocolo, provisión de curatos, etc.), entre otros puntos (La Palata, [1689] 1859).

Todas ellas se insertan en el programa de corte mercantilista que Madrid y Lima dispusieron sobre el Perú, amparada en tres líneas maestras (producción, comercio y moneda). Realidad sobre las que el gobierno virreinal vuelve en el siglo XVII, cuando la economía colonial requirió de ajustes (Lazo, 2006, p. 230 y ss.). Esta razón de Estado, en el pensamiento económico de la Palata, se circunscribía, conforme con sus ideas, a que sus actos tenían que abocarse: “(…) al todo, y a las materias más importantes (…) y otras muchas en que debe tener su propia aplicación el gobierno (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 66).

Desde esta mirada, en virtud de la influencia que ejercía la economía política, el duque consideraba que: “(…) el gobierno de la Real hacienda se reduce todo al continuo cuidado de su recaudación, (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 133). Luego, de un modo más explícito, agrega: “En esta caxas de Lima entran como en la mar todos los arroyos de que se compone el caudal de Real hacienda, y así debe aplicarse el mayor cuidado en que esten corrientes sus quentas, para que puedan remitirse al Consejo en cada armada; (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 135).

Con esto quería evitar, como venía ocurriendo antes de su arribo al Perú, que los montos de dinero se gastasen e inviertan internamente, perjudicando al envío de remesas a España. En concordancia con este objetivo, el virrey la Palata mantuvo una continua correspondencia con los oficiales reales de todas las cajas del virreinato, compeliéndolos al envío de información referente a entradas y salidas de quintos, alcabalas, azogue, papel sellado y demás ramos, y lo que por cada uno de ellos hubiesen cobrado. De esta manera, dice él, se conseguían dos cosas: primero, que los oficiales reales mostrasen mayor responsabilidad en la recaudación, “(…) para que conozcan se está sobre ellos”; y segundo, tener una exacta información del caudal recaudado en las diferentes cajas del reino (La Palata, [1689] 1859, p. 133).

De acuerdo con su ideario económico, la Palata advierte que el producto del recaudo: “(…) para [su] buena administración, (…) no ha de (…) [tener] sino un buen mayordomo, y sin su noticia no se ha de gastar nada” (La Palata, [1689] 1859, p. 228). En este orden, estimaba que: “(…) es menester usar bien de ella, no empeñandola sino en la ocasión precisa y empleo que sea de la satisfacción pública, (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 333). En este caso, la ‘satisfacción pública’ suponía, además del acrecentamiento del erario real, a los “(…) augmentos de minerales, desagrabios de indios (…)” (La Palata, [1689] 1859, p. 66) y, por ende, el comercio, como “(…) los puntos principales del gobierno” (La Palata, [1689] 1859, p. 421). Aspectos que, como se ha señalado, sostenían el rumbo del Perú como beneficiador de la metrópoli hispana.

Al igual que sus ideas políticas, la Palata tenía un articulado ideario económico muy bien pensado. Sus planteamientos teóricos en esta materia, según hemos visto, son muy puntuales en lo tocante a la restricción del poder de los grupos locales, pues consideraba que, al limitar su autonomía a través de un control más eficaz, se aseguraba para el Estado los recursos vitales para su subsistencia. Sostenía, además, que la conjunción del poder económico y el político es con seguridad un mecanismo para prevenir que se prive al Estado del acceso a los medios necesarios para mejorar y arribar al logro del “bien común”.

Breve comentario sobre la visión regia del duque de la Palata

A través del estudio de la memoria de gobierno de este virrey, es posible determinar que su pensamiento político-económico y su nexo con perfiles de política macroeconómica, revela un enfoque dirigido a la tarea de preservar el equilibrio, conteniendo y suprimiendo las amenazas que afectaron la estabilidad del orden colonial. En esta medida, sus acciones se orientaron al aseguramiento de la institucionalidad y el ordenamiento del Estado colonial.

Por ello, la discrecionalidad con la que actuó en algunas ocasiones, ante este estancamiento secular, reforzó la racionalidad del pensamiento político colonial y la defensa de los intereses económicos del rey y el de los grupos criollos oficiales. En tal sentido, este razonamiento mantuvo vigente la línea matriz de desarrollo de la sociedad peruana colonial, consistente en el desenvolvimiento de un rentismo económico y un crecimiento macroeconómico exógeno. En tales circunstancias, entendiendo que la economía del virreinato se ajustaba a una estructura económica (destinada al consumo) y un proceso económico (en un contexto de mercado colonial), el programa diseñado por el duque de la Palata, conforme con su ideario político-económico, buscó la expansión del mercado consumidor, previa potenciación de la actividad productiva.

Tal y como se pudo observar, las ideas político-económicas del duque de la Palata, fueron el resultado de la fusión de la filosofía política providencialista con la renacentista, cuyo objetivo era el reforzamiento de la autoridad y soberanía del rey, y, por ende, del Estado metropolitano. En este marco, su gestión cobra notoriedad porque se encargó de reformar el sistema de dominación colonial, en el momento en que éste necesito reajustarse. Este programa modelo para el gobierno económico que desde el siglo XVI España siguió en el Perú, el mismo que ya acusaba un serio desgaste, tuvo que ser reordenado y sincronizado nuevamente con el programa modelo gubernamental de dirección económica, para poder exigirle un aporte mayor al fisco real y un incremento de las remisiones de dinero a Europa.

En este sentido, la Palata fue un operador político que vino a tratar de arreglar los desajustes del mercantilismo colonial, que privaba a Madrid de las remesas argénteas que precisaba. Para ello, en la esfera de la ideología, sus planteamientos conceptuales, le permitieron desplegar un programa centrado en la restitución de los derechos reales afectados (poner orden) y corregir los males de la real hacienda (descaminos monetarios). El análisis de estas ideas en este trabajo nos ha permitido identificar algunos aspectos de su bien sistematizado ideario político y económico. Sus ideas políticas enfatizan la centralización del poder, así como el establecimiento de restricciones y limitaciones contra todo aquello que se le oponga. A su vez, sus planteamientos en materia económica tendían a asegurar para el Estado los recursos necesarios para su subsistencia. La articulación de estas nociones, según su postura ideológica, era un mecanismo para que el Estado asegurase el logro del “bien común”.

A este respecto, considerando el aporte de este artículo, sería interesante ampliar el análisis de estas conceptualizaciones, mediante una investigación más amplia que permita cruzar la información de su ideario político-económico contenido en su Memoria de gobierno, con otros documentos, como, por ejemplo, la correspondencia e informes que el duque remitió al Consejo de Indias, depositados en el Archivo General de Indias (AGI). Lo cual permitiría un enfoque más abundante en información, en torno a los alcances de sus conceptos.

Consideraciones éticas y financiamiento Conflicto de intereses / Competing interests:

El autor declara que no incurre en conflictos de intereses.

Rol de los autores /Authors Roles:

No aplica.

Fuentes de financiamiento / Funding:

El autor declara que no recibió un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

El autor declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.

Agradecimientos

Al historiador Carlos Lazo García, in memoriam, por su aliento y apoyo a la idea original de este artículo. Asimismo, un agradecimiento especial a la historiadora Luz Huertas Castillo, por sus valiosos comentarios y sugerencias.