Revista revoluciones. (2025). Vol. 7 Num. 19. pags. 1-11

Revista revoluciones https://revistas.inudi.edu.pe/rr ISSN: 2710-0499 ISSN-L: 2788-0480 Editada por: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú
Artículo original

Sistematización estructurada y estandarizada de la terminología metodológica en la investigación jurídica

DOI: https://doi.org/10.35622/j.rr.2025.019.001

Resumen

La investigación jurídica carece de una terminología metodológica estandarizada, lo que genera ambigüedad conceptual y dificulta la coherencia y replicabilidad de los estudios. El ensayo sostiene que la ausencia de un marco terminológico unificado afecta la precisión y validez de la investigación jurídica. Se propone la creación de una matriz de sistematización para organizar los términos metodológicos y diferenciar los enfoques propios del Derecho de los de otras disciplinas, argumentando que la falta de claridad en la terminología ha llevado a la aplicación errónea de metodologías ajenas al Derecho, lo que reduce la calidad de las investigaciones. Asimismo, se subraya que una terminología clara fortalecería la comunicación académica, facilitaría la estructuración del conocimiento y garantizaría mayor precisión en el análisis de los fenómenos jurídicos. En conclusión, la sistematización de la terminología metodológica es esencial para consolidar la investigación jurídica como una disciplina científica rigurosa. La implementación de una matriz de estandarización permitiría superar inconsistencias conceptuales y metodológicas, promoviendo estudios más estructurados y precisos. Además, se enfatiza la importancia de mantener una actualización constante de esta sistematización para responder a la evolución del Derecho y sus interacciones con otras disciplinas.

INTRODUCCIÓN

La investigación jurídica desempeña un papel fundamental en la evolución del Derecho como disciplina científica, porque ofrece una perspectiva nueva frente a problemas jurídicos no resueltos, contribuir al desarrollo de soluciones fundamentadas. Para ello, sin embargo, es imprescindible contar con un sistema terminológico calculado que garantice la sistematicidad y veracidad de los estudios en dicha área. La ausencia de una sistematización rigurosa en el uso de los términos metodológicos ha generado confusión en la aplicación de enfoques y técnicas de investigación, lo que repercute en la calidad y replicabilidad de los resultados obtenidos (Fix-Zamudio, 2007). 

Desde una perspectiva metodológica, la investigación en Derecho se vale de distintos enfoques para analizar los fenómenos jurídicos. Entre los métodos más relevantes se encuentran el histórico-lógico, el inductivo-deductivo, el análisis-síntesis y el sistémico-estructural-funcional (Guamán Chacha et al., 2021). Sin embargo, la falta de uniformidad en la terminología utilizada para describir estos métodos ha llevado a interpretaciones ambiguas y, en algunos casos, a la aplicación indiscriminada de herramientas metodológicas ajenas al campo jurídico, lo que compromete la validez y aplicabilidad de los hallazgos (Daniels Rodríguez et al., 2022). 

En este contexto, clarificar la terminología utilizada en la metodología es importante no solo para diseñar los sistemas de conocimiento jurídico, sino también para promover la comunicación entre investigadores y profesionales del Derecho; pues la correcta delimitación conceptual de los métodos de investigación fortalece la coherencia interna de los estudios y permite establecer criterios objetivos para la recolección y análisis de datos. De igual forma, la construcción de un marco terminológico preciso contribuiría a la consolidación del Derecho como ciencia, diferenciándolo de otras disciplinas sociales con las que comparte ciertos enfoques, pero cuyos métodos no siempre son compatibles con la naturaleza jurídica del objeto de estudio (Villabella Armergol, 2020). 

La terminología metodológica en la investigación jurídica consiste en el conjunto de términos especializados y técnicos utilizados para definir procesos, métodos y enfoques en el ámbito jurídico dentro del proceso de investigación. Esta terminología permite no solo la comunicación efectiva entre investigadores sino una mejor estructuración del conocimiento asegurando su validez y coherencia científica (Fix-Zamudio, 2007). Sin embargo, la falta de estandarización en su uso genera confusión y ambigüedad, que afecta la claridad en la aplicación de metodologías en la investigación jurídica (Mila Maldonado et al., 2021).

La problemática que guía este ensayo radica en la falta de una sistematización estandarizada de la terminología metodológica en la investigación jurídica y los efectos que ello genera en términos de ambigüedad conceptual, dificultades en la replicabilidad de estudios y carencias en el rigor científico. A partir de ello, se analizará la importancia de establecer una matriz de sistematización de los términos metodológicos en la investigación jurídica, con el fin de mejorar la precisión conceptual y garantizar una mayor consistencia en los enfoques utilizados dentro del ámbito académico y profesional.

DESARROLLO

Según Tantaleán (2016) la investigación jurídica ha carecido históricamente de una estructura metodológica uniforme, lo que ha dificultado su consolidación como ciencia en términos comparables con otras disciplinas. Esta falta de estandarización ha generado un problema doble: por un lado, impide la correcta comparación y validación de los estudios realizados, y por otro, limita la aplicabilidad de sus hallazgos a contextos diversos.

Como señala Morles (2002), el uso de metodologías sin una adecuada delimitación conceptual afecta la rigurosidad del estudio y compromete su replicabilidad. Además, la falta de una estructura metodológica uniforme en la investigación jurídica impide la correcta clasificación de los enfoques empleados, lo que obstaculiza la consolidación del conocimiento en este campo (Sánchez Molina & Murillo Garza, 2021).

En este sentido, autores como Calsamiglia (1986) han destacado la necesidad de establecer un marco terminológico preciso en la investigación jurídica para evitar inconsistencias en el análisis de los fenómenos jurídicos. Bielsa (1993) también subraya que la falta de claridad en los conceptos jurídicos y su terminología dificulta la interpretación y aplicación de los principios legales, lo que puede generar confusión en la comunidad académica y profesional.

Un problema derivado de esta fragmentación es la importación acrítica de metodologías de otras disciplinas, especialmente de las ciencias sociales. Rivera-Robles et al. (2024) destacan que, en muchos ámbitos del conocimiento la integración de metodologías interdisciplinarias puede ser enriquecedora, pero cuando se implementan sin una adaptación adecuada, se corre el riesgo de generar distorsiones en la interpretación y aplicación del conocimiento.

En el caso del Derecho, la aplicación de métodos empíricos diseñados para otras ciencias sin una debida contextualización puede derivar en análisis superficiales o en la pérdida del enfoque normativo que caracteriza a la investigación jurídica. Esta situación refuerza la necesidad de un marco metodológico propio que permita aprovechar herramientas de otras disciplinas sin desnaturalizar la esencia del estudio jurídico.

Por otro lado, Witker (2008) subraya que la investigación jurídica debe avanzar hacia un modelo integrativo, en el que se reconozca la interacción entre el derecho positivo y los fenómenos sociales sin perder de vista la especificidad del objeto de estudio jurídico. Para ello, es fundamental establecer una sistematización terminológica que clarifique conceptos como "método", "técnica", "enfoque" y "paradigma", términos que suelen utilizarse de manera ambigua o intercambiable. Una mayor precisión en la definición y uso de estos conceptos facilitaría la comparación de estudios, la acumulación de conocimiento y el desarrollo de teorías jurídicas con una base más sólida.

Además, la falta de un estándar metodológico en la investigación jurídica también impacta en la enseñanza y formación de nuevos investigadores. Witker (2017) señala que la evolución del derecho y su creciente relación con los derechos humanos requieren un replanteamiento de los modelos de enseñanza jurídica, en el que la investigación juegue un papel central. La ausencia de criterios claros sobre cómo formular problemas de investigación, seleccionar metodologías y validar hallazgos genera dificultades en la capacitación de estudiantes y jóvenes académicos, lo que a su vez perpetúa las deficiencias en la producción de conocimiento jurídico.

La terminología metodológica en la investigación jurídica, como se ha señalado en el párrafo anterior, es de gran importancia, dado que consiste entonces en el conjunto de términos especializados empleados para definir procesos, métodos y enfoques en el ámbito jurídico dentro del proceso de investigación (Fix-Zamudio, 2007; Sánchez Zorrilla, 2011). Esta terminología no solo permite una comunicación efectiva entre investigadores, sino que también facilita la estructuración del conocimiento asegurando su validez y coherencia científica (Calsamiglia, 1986; Bielsa, 1993).

Desde otra perspectiva, Gómez (2021) destaca que la investigación jurídica ha evolucionado en los últimos años hacia una mayor comprensión de la complejidad del derecho como fenómeno social. Sin embargo, esta evolución se ha dado de manera desordenada, con enfoques metodológicos dispares y sin una estructura terminológica uniforme que facilite el diálogo entre investigadores de distintas tradiciones jurídicas. Para superar esta limitación, es necesario adoptar estrategias que permitan una mayor integración de los diferentes enfoques de investigación jurídica, promoviendo estándares metodológicos que faciliten la construcción de un conocimiento jurídico más robusto y sistemático.

En este contexto, la revisión sistemática de la literatura científica se presenta como una herramienta clave para la estandarización de la investigación jurídica. Este método permite identificar tendencias, sintetizar hallazgos previos y establecer líneas de investigación con base en criterios explícitos y reproducibles. La aplicación de revisiones sistemáticas en el Derecho contribuiría no solo a la consolidación de un marco metodológico coherente, sino también a la profesionalización de la disciplina y a la generación de conocimientos más estructurados y aplicables.

La estandarización de la terminología metodológica en la investigación jurídica no es un objetivo menor, sino un requisito esencial para fortalecer la calidad científica de los estudios en Derecho. A través de la clarificación de conceptos, la integración de enfoques y la adopción de métodos rigurosos como la revisión sistemática, es posible avanzar hacia una producción de conocimiento más coherente, replicable y útil para la evolución de la ciencia jurídica. La colaboración entre universidades, centros de investigación y organismos reguladores resulta fundamental para la implementación de estos estándares, garantizando que la investigación jurídica responda a las exigencias de un mundo en constante transformación.

La sistematización de la terminología metodológica contribuiría significativamente a la reducción de la ambigüedad conceptual y mejoraría la coherencia metodológica en este campo (Adarve Calle & Lopera Quiroz, 2006; Sánchez Espejo, 2020). Para ello, se propone clasificar los métodos de investigación jurídica en función de su naturaleza y aplicación (Sánchez Molina & Murillo Garza, 2021; Villabella Armergol, 2020).

En ese sentido se deberían contemplar al menos tres niveles de clasificación:

1.      Categorización de los paradigmas metodológicos, diferenciando enfoques teóricos y empíricos en el estudio del Derecho, de acuerdo con corrientes como el positivismo jurídico, el neopositivismo y el constructivismo.

2.      Jerarquización de los conceptos abstractos, estableciendo una distinción clara entre teoría, metodología y técnicas aplicadas en la investigación jurídica, reflejadas en el análisis normativo, el estudio de precedentes y la observación empírica.

3.      Identificación y delimitación de metodologías específicas del ámbito jurídico, tales como la dogmática jurídica, el análisis de casos, la sociología del derecho y otros estudios empíricos aplicados al Derecho.

Otro aspecto fundamental es la identificación y jerarquización de los conceptos abstractos en la investigación jurídica. Según Sáenz (1991), la formación de conceptos en el Derecho sigue procesos similares a los de otras ciencias, pero con particularidades propias que deben ser consideradas (Morles, 2002; Pérez, 2024).

Para lograr una adecuada sistematización, es necesario clasificar los métodos de investigación jurídica en función de su naturaleza y aplicación. En este sentido, Sánchez Molina y Murillo Garza (2021) identifican diversos paradigmas metodológicos aplicables al Derecho, tales como el positivismo jurídico, el constructivismo y el neopositivismo, cada uno con sus particularidades. La inclusión de estos paradigmas permitiría a los investigadores delimitar con precisión sus enfoques metodológicos, evitando confusiones y asegurando una mayor coherencia en sus estudios.

La Tabla 1 presenta una matriz sistematizada de las relaciones entre los métodos teóricos y empíricos, los paradigmas de investigación y las herramientas técnicas utilizadas. Esta articulación permite visualizar cómo interactúan estos elementos entre sí y cómo contribuyen a fortalecer la coherencia y la calidad de la investigación.

Tabla 1

Sistematización de métodos y paradigmas jurídicos

Naturaleza del método

Aplicación

Paradigma
de investigación

Características

Categorías específicas
del derecho

Herramientas y técnicas empleadas

Teórico

Explicación
y análisis normativo

Positivismo Jurídico

El Derecho se entiende como un sistema normativo cerrado basado en la interpretación de normas y principios.

Dogmática Jurídica

Interpretación de normas, exégesis legal, análisis doctrinal.

Teórico

Estructuración
y análisis del discurso jurídico

Neopositivismo

Se estudia la estructura lógica del Derecho, el significado del lenguaje jurídico y sus aplicaciones.

Análisis
de casos legales

Análisis lógico, estudio de precedentes, argumentación jurídica.

Teórico

Análisis
de la construcción social del Derecho

Constructivismo

Examina el Derecho desde su interacción con la sociedad y su evolución histórica.

Sociología del Derecho

Hermenéutica jurídica, análisis del discurso, estudios interdisciplinarios.

Empírico

Evaluación
de la aplicación
de las normas jurídicas

Positivismo Jurídico

Analiza cómo se aplican y funcionan las normas en la realidad jurídica y social.

Dogmática Jurídica

Estudios de jurisprudencia, revisión de legislación en la práctica.

Empírico

Análisis
de casos
y decisiones judiciales

Neopositivismo

Estudia la aplicación del Derecho mediante el análisis empírico de casos concretos.

Análisis
de casos legales

Estudios de campo, análisis de datos jurídicos, encuestas.

Empírico

Impacto social
del Derecho y sus dinámicas

Constructivismo

Observa la relación entre el Derecho y la sociedad mediante la recopilación de datos empíricos.

Sociología del Derecho

Entrevistas, observación participante, análisis de dinámicas jurídicas en la sociedad.

CONCLUSIONES

La falta de una sistematización clara y estandarizada en la terminología metodológica dentro de la investigación jurídica constituye un obstáculo significativo para la coherencia, la replicabilidad y el rigor científico en este campo. La incorporación de enfoques metodológicos provenientes de otras disciplinas, sin una adecuada delimitación conceptual, ha generado confusión y ha afectado negativamente áreas claves como la argumentación doctrinal, la formulación legislativa y la toma de decisiones judiciales, lo que compromete tanto la calidad de los estudios como su aplicabilidad en la práctica profesional.

A lo largo del ensayo, se ha destacado la importancia de construir una matriz de sistematización metodológica que organice y estructure los términos utilizados en la investigación jurídica. Esta herramienta permitiría diferenciar de manera clara los enfoques propios del Derecho de los empleados en otras ciencias sociales, favoreciendo la precisión y la comunicación entre los investigadores. Además, La estandarización terminológica es clave para fortalecer el rigor científico en el Derecho, siempre que se diseñe de forma flexible y adaptable a su evolución y a su interacción con otras disciplinas.

La falta de un marco metodológico unificado sigue siendo una barrera para la consolidación del Derecho como disciplina científica. La implementación de una matriz de sistematización contribuiría a superar las inconsistencias conceptuales y metodológicas, promoviendo un desarrollo más preciso y estructurado del conocimiento jurídico. Esto, a su vez, garantizaría un análisis más sólido de los fenómenos jurídicos y mejoraría la pertinencia y aplicabilidad de los resultados tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Como reflexión final, la investigación jurídica, al igual que otras disciplinas científicas, enfrenta el desafío de adaptarse a las demandas de un mundo en constante cambio. En este contexto, la necesidad de una sistematización clara y actualizada no solo responde a una cuestión de eficiencia metodológica, sino que también refleja un compromiso con la calidad y la legitimidad del conocimiento generado. Una estructura metodológica coherente podría fortalecer al Derecho como una ciencia rigurosa y dinámica, capaz de abordar con precisión los desafíos sociales y jurídicos actuales. La creación de un marco unificado de terminología no solo es un tema académico, sino una herramienta clave para la práctica profesional y el avance de la disciplina.

Conflicto de intereses / Competing interests:

El autor declara que no existe ningún conflicto de interés con algún autor o institución.

Rol de los autores / Authors Roles:

Juan Pérez: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, escritura – borrador original, visualización.

Fuentes de financiamiento / Funding:

El autor declara que no recibió un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

El autor declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.

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