El huachicoleo de agua en Ecatepec: resistencia subalterna y el cuestionamiento al clientelismo hídrico

El acceso al agua en las grandes metrópolis se ha convertido en un espacio de tensión política, social y económica, exacerbado por factores como el crecimiento urbano descontrolado, el cambio climático y la degradación de las infraestructuras hídricas (Bakker, 2012; Swyngedouw, 2004). En muchas ciudades, la crisis del agua revela no solo la fragilidad de los sistemas de gestión, sino también las luchas por el control de su distribución, donde diversos actores —estatales, privados e informales— intentan apropiarse del recurso para fines específicos (Kaika, 2005). Así, el agua ha dejado de ser simplemente un bien escaso para convertirse en un instrumento de poder, utilizado bajo lógicas que refuerzan las desigualdades estructurales (Castro, 2006).

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el municipio de Ecatepec, con aproximadamente 1.6 millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020), encarna estas tensiones en su forma más aguda. Durante décadas, la gestión del agua ha estado mediada por redes informales de poder, donde el acceso al recurso depende de alianzas políticas, promesas electorales y prácticas clientelares (Auyero & Benzecry, 2016). Sin embargo, en este mismo territorio ha surgido una respuesta a estas dinámicas: el “huachicoleo del agua”, una práctica que implica la extracción y redistribución no autorizada del recurso mediante conexiones ilegales a la infraestructura hídrica. Este fenómeno, más que una mera actividad ilícita, puede interpretarse como una forma de resistencia política que desafía las estructuras que históricamente han marginado a las comunidades de este municipio.

A través del concepto de ciclo hidrosocial, se examina cómo los flujos de agua no son sólo mediaciones ambientales, técnicas y gubernamentales, sino también sociales y políticas, lo que permite entender cómo las poblaciones marginadas reconfiguran estos flujos en función de sus necesidades y luchas por la autonomía.

Dentro de este marco, el objetivo del estudio es analizar el huachicoleo del agua en Ecatepec como una manifestación de resistencia contra el control clientelar del recurso ejercido por actores formales e informales en un territorio con carencias de este líquido.

Teoría de la Evolución y Teoría del Diseño Inteligente

Este estudio se basó en un enfoque cualitativo que combinó diversas estrategias de investigación para examinar de manera integral el fenómeno del huachicoleo de agua en Ecatepec. Entre enero y junio de 2020 se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con diez participantes seleccionados mediante muestreo intencional, quienes incluyeron residentes afectados por la escasez de agua, líderes comunitarios y trabajadores involucrados en la distribución informal de este recurso. A través de las entrevistas fue posible indagar en las percepciones y estrategias locales en torno al acceso hídrico, así como en las dinámicas de poder que influyen en su gestión. Posteriormente, en enero y febrero de 2021, se realizaron observaciones participantes en tres colonias donde la práctica del huachicoleo de agua es recurrente: Ciudad Oriente, CROC de Aragón y Fuentes de Aragón. Este trabajo de campo permitió documentar de primera mano las interacciones sociales y las operaciones técnicas ligadas a la extracción y distribución clandestinas, a la vez que se profundizó en la comprensión de las relaciones de poder que sostienen y reproducen estos procesos a nivel comunitario.

Con el propósito de complementar los hallazgos obtenidos y actualizar la perspectiva sobre el huachicoleo de agua, se efectuó una exhaustiva revisión hemerográfica de notas periodísticas publicadas en medios nacionales entre 2022 y 2024. Este análisis permitió identificar tendencias emergentes, actores estratégicos y acontecimientos recientes relacionados con la extracción y comercialización ilegal del líquido, al tiempo que facilitó la elaboración de una línea cronológica para comparar la persistencia o modificación de estas prácticas en el lapso estudiado. La integración secuencial de estas metodologías —entrevistas y observaciones participantes previas, seguidas de la revisión hemerográfica—ofrece un marco sólido y multidimensional para interpretar cómo el huachicoleo de agua se configura como un fenómeno social, económico y político en evolución continua. Al contrastar los resultados de cada etapa, se observan tanto elementos de continuidad como transformaciones relevantes, lo que permite construir una visión dinámica y matizada de esta problemática en el contexto de Ecatepec.

El ciclo hidrosocial desde una perspectiva de poder

El concepto de ciclo hidrosocial, acuñado en el ámbito de la ecología política urbana, constituye una categoría de análisis esencial para comprender cómo los flujos de agua se relacionan de manera directa con las estructuras de poder y las dinámicas sociales (Swyngedouw, 2004, 2005). A diferencia del enfoque tradicional del ciclo hidrológico, que enfatiza la dimensión natural de la circulación del agua, el ciclo hidrosocial pone de manifiesto que dichos flujos se configuran a través de procesos políticos, económicos y culturales que reflejan y refuerzan jerarquías sociales (Linton & Budds, 2014).

El agua, desde esta perspectiva, es un artefacto socionatural co-construido por interacciones entre actores humanos y no humanos. Estas interacciones están moldeadas por relaciones de poder que definen tanto los flujos de agua como las posibilidades de acceso y distribución (Bakker, 2010, 2012). El ciclo hidrosocial es, por lo tanto, un proceso híbrido que refleja el entrelazamiento de lo natural con lo político y lo social (Latour, 2022; Swyngedouw, 1999).

Un aspecto central del ciclo hidrosocial es su capacidad para cuestionar la dicotomía entre sociedad y naturaleza. Se parte de la premisa que el agua no fluye de manera "natural" ni es gestionada por instituciones neutrales, sino que su flujo está condicionado por decisiones que perpetúan o desafían estructuras de poder (Heynen, 2005). Esto incluye infraestructuras físicas, marcos normativos y prácticas cotidianas que determinan cómo y por quién es controlado este recurso.

El control del agua es, en muchos casos, una herramienta de dominación política, donde ciertos grupos o instituciones deciden sobre la distribución del recurso, mientras que otros sectores, especialmente los más vulnerables, son relegados o excluidos (Swyngedouw, 2004). Al mismo tiempo, aunque esto ha sido poco explorado, el ciclo hidrosocial abre la puerta para investigar formas de resistencia que emergen cuando las comunidades subalternas encuentran modos alternativos de acceder y gestionar el agua, a menudo en oposición a las estructuras formales de control.

Estas prácticas subalternas de gestión hídrica, aunque comúnmente catalogadas como ilegales o informales, deben ser comprendidas como respuestas a un régimen de poder que, al excluir a ciertas comunidades del acceso institucionalizado al agua, genera formas de resistencia (Boelens, 2008) Estas comunidades desarrollan estrategias para reconfigurar los flujos de agua no solo como una respuesta a sus necesidades básicas, sino como una forma de confrontar las relaciones de poder que históricamente las han marginado.

La lucha por el agua, analizada desde la perspectiva del ciclo hidrosocial, es multidireccional y se constituye en una práctica que cuestiona el orden establecido, al evidenciar la interrelación entre la gestión de los recursos naturales y las estructuras de poder político y social. En ese sentido, lo problemas hídricos trascienden la simple redistribución del recurso, pues requiere también el reconocimiento y la incorporación de prácticas de gestión subalternas que desafíen las lógicas de control impuestas por los poderes dominantes.

El ciclo hidrosocial nos invita a considerar el agua como un escenario en el que se entrelazan dinámicas de exclusión y resistencia. Al profundizar en estos procesos, se hace evidente que concebir el agua como un simple recurso natural mediado por decisiones técnicas neutrales es insuficiente; lo que realmente está en juego es su distribución y quién tiene la capacidad de gestionarla. Este conflicto se manifiesta de manera particularmente evidente en lugares como Ecatepec, donde la lucha por el agua revela la complejidad y las tensiones de un territorio marcado por la precariedad y las disputas por el control del recurso.

El contexto de la crisis hídrica en Ecatepec: desigualdades y poder

El municipio de Ecatepec, ubicado en la ZMVM, ilustra con claridad las tensiones que marcan las relaciones entre agua, poder y desigualdad en las grandes urbes latinoamericanas. Su acelerado crecimiento urbano, impulsado por la migración masiva desde el centro de la Ciudad de México, ha generado una expansión desordenada de asentamientos irregulares (Tiburcio Sánchez & Perevochtchikova, 2009).

Esta expansión ha exacerbado una crisis hídrica caracterizada por la desigualdad en el acceso al recurso. La falta de una planificación adecuada ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos, alterando los ciclos naturales del agua y disminuyendo significativamente los niveles freáticos, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los recursos hídricos de la región (Comisión Nacional del Agua, 2020).

La infraestructura hídrica en Ecatepec no ha podido soportar la presión impuesta por el crecimiento demográfico en las últimas décadas (De Alba & Hernández-Gamboa, 2017). Aunque las cifras oficiales indican que el 92% de los hogares cuentan con acceso formal al agua (INEGI, 2020), la realidad en el terreno refleja otra situación: interrupciones frecuentes, baja presión y una calidad deficiente son problemas persistentes que afectan a gran parte de los habitantes. Este déficit en el suministro ha generado un acceso profundamente desigual y conflictivo, donde amplios sectores de la población se encuentran en un estado de precariedad hídrica.

Una de las principales respuestas de las autoridades ha sido el tandeo, un sistema que suministra agua de manera intermitente y en horarios específicos, el cual, de acuerdo con Díaz Santos (2021), afecta en mayor medida a las colonias más empobrecidas y periféricas. Estas comunidades, que ya enfrentan dificultades económicas, son las más perjudicadas por el suministro irregular, mientras que las zonas con mayor influencia política suelen recibir un servicio más constante (Hernández Gamboa, 2023). Esta gestión diferenciada ha acentuado la sensación de marginación, pues los habitantes consideran que su acceso al agua depende más de su cercanía al poder político que de una política pública equitativa y justa (Mora et al., 2018). Este intercambio político ha creado una dinámica de control y dependencia, en la que las comunidades más vulnerables se ven obligadas a someterse a estas redes informales para acceder a un recurso esencial. Las tensiones políticas crecen en paralelo a la demanda de agua, mientras el recurso se instrumentaliza para reforzar las jerarquías sociales y garantizar la lealtad política.

Un mercado clandestino que prospera en la escasez

A lo largo de los últimos años, Ecatepec se ha convertido en el epicentro de una compleja crisis hídrica en la que confluyen la precariedad de la infraestructura, la corrupción, la escasez crónica y la consolidación de un mercado negro del agua. Diversas fuentes periodísticas y testimonios ilustran un panorama donde el “huachicoleo”—extracción y venta ilegal de agua—se ha vuelto una práctica sistemática (Fernández, 2024; Pérez, 2022). Este fenómeno no solo responde a la falta de acceso formal al recurso, sino que también ilustra la reconfiguración del ciclo hidrosocial como un espacio de disputa política y social.

Desde hace más de una década, “existen mafias que desde hace años han estado vendiendo de manera irregular el agua potable” (Pérez, 2024). Este “mercado paralelo del agua” como señala Pérez (2022), se alimenta de la desatención institucional y la demanda creciente de un recurso indispensable. En la llamada Quinta Zona, donde se concentra la escasez, se detectan tomas clandestinas “a plena luz del día y a la vista de todos” (Adam, 2021). De hecho, según estimaciones oficiales, “los delincuentes extraen hasta un millón de litros al día de la infraestructura hidráulica” (Pérez, 2021), equivalentes a “100 pipas de 10 mil litros cada una” (Pérez, 2022). Estas cifras reflejan un sistema donde los flujos de agua, lejos de ser neutrales, están mediados por relaciones de poder que perpetúan desigualdades estructurales, como se ha planteado en el marco teórico del ciclo hidrosocial.

La dinámica de extracción y venta clandestina se traduce en “ganancias por más de un millón de pesos diarios” para algunos grupos (Pérez, 2021) y “pérdidas de más de mil millones de pesos anuales” para el municipio (Salinas, 2022). Ello muestra la magnitud económica de un fenómeno donde “ni la droga deja tanto dinero como el agua” (Olvera, 2022). Este contexto evidencia cómo el agua, como artefacto socio natural, se instrumentaliza no solo para satisfacer necesidades básicas, sino también como un medio para consolidar relaciones de poder y lucro.

El escenario de mercantilización está marcado por la desigualdad. Mientras algunas familias reciben el servicio sin pagar, otras deben comprar “un tambo hasta en 300 pesos” (Velasco, 2023), o llegar a pagar entre 250 y 300 pesos semanales que terminan por convertirse en “mil, mil 100 al mes de pura agua” (Adam, 2021). Esto contrasta con la tarifa oficial de “10.63 pesos por cada mil litros” (Adam, 2021). La especulación crece en la medida en que “antes los mil litros te la vendían en 80 o 90 pesos, pero ahora [...] ya cuestan 180 pesos” (Salinas, 2022). En términos del ciclo hidrosocial, esta desigualdad refuerza las jerarquías sociales existentes, donde el acceso al agua está condicionado por las capacidades económicas de los habitantes.

La injusticia resulta más evidente porque, además de que el agua no llega por la red domiciliaria, “las familias le pagan al municipio por esa misma agua que no reciben” (Adam, 2021). Esta doble facturación alimenta un sentimiento de agravio y, en muchos casos, conduce a acciones legales: “mil 600 familias de 47 colonias de Ecatepec se ampararon contra el desabasto” exigiendo al menos mil litros de agua a la semana (Adam, 2021). Estas acciones legales representan una forma de resistencia formal contra las estructuras que excluyen a las comunidades del acceso institucionalizado al recurso, una idea central en el análisis del ciclo hidrosocial.

La apropiación informal del agua en Ecatepec no se limita a negocios aislados; también involucra prácticas coercitivas y redes de poder. Reportes indican “enfrentamientos con vecinos” y la presencia de “grupos de choque” que operan para controlar el recurso (Pérez, 2021).

En Santa María Tulpetlac, por ejemplo, el “sistema autónomo de agua potable la vende del pozo al Sindicato Libertad”, el cual la revende “a precios exorbitantes” (Pérez, 2021). Dichas organizaciones son señaladas de violencia y de mantener “mafias” que lucran “con la necesidad de la gente” (Pérez, 2024). Estos ejemplos ilustran cómo el control del agua se convierte en una herramienta de dominación política que perpetúa relaciones clientelares y excluyentes.

El vínculo entre autoridades y redes de transporte (pipas) también emerge como un factor clave. Se ha denunciado la existencia de arreglos con el “Sindicato Libertad”, al que se le han pagado “al menos 15 millones de pesos” (Adam, 2021). Esta relación, a la vez, pone en evidencia la “vista gorda” o la corrupción, ya que el huachicoleo frecuentemente “se registra a plena luz del día” sin una intervención contundente de las fuerzas del orden (Pérez, 2024). En este sentido, el ciclo hidrosocial no solo expone la instrumentalización del agua, sino también cómo las prácticas corruptas refuerzan las desigualdades estructurales en torno al acceso al recurso.

El trasfondo de esta crisis descansa en una carencia histórica de agua potable que “ha empeorado año con año” (Pérez, 2021). Ecatepec depende en gran medida del Sistema Cutzamala, el cual “reduce el caudal [...] hasta en 980 litros por segundo” (Fernández, 2024), agravando la precariedad local. De acuerdo con datos municipales, se calcula “un déficit de 15 mil millones de litros de agua desde hace tres años” (Camacho, 2022), parte del cual se explica por las “disminuciones de abasto en bloque que ha realizado la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM)” (Camacho, 2022). Este déficit alimenta el ciclo de escasez y mercantilización descrito previamente.

En respuesta al incremento del huachicoleo de agua, el Congreso del Estado de México ha aprobado reformas penales que “tipifican y sancionan” este delito con penas de “dos a seis años de prisión” (Diputados del Estado de México, 2022). Además, se contemplan “hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice” y “hasta nueve años cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública” (Diputados del Estado de México, 2022). La intención es abarcar toda la cadena de sustracción y venta ilegal, incluyendo las pipas que operan sin permiso oficial (Diputados del Estado de México, 2022; Salinas, 2022). Sin embargo, la persistencia de tomas clandestinas “a plena luz del día” (Adam, 2021) y la apertura de “seis Carpetas de Investigación” (Pérez, 2022) o “13 carpetas de investigación” (Olvera, 2022) muestran la brecha entre la normativa y su ejecución efectiva

Más allá del castigo penal, se proponen megaproyectos para modernizar la red hídrica, reducir fugas y garantizar el abasto regular. Se habla de una intervención conjunta “del gobierno federal, estatal y municipal” para rehabilitar la infraestructura, con un presupuesto que podría superar los “3 mil millones de pesos” (Olvera, 2022) o incluso “5 mil millones de pesos” (Pérez, 2021). No obstante, la falta de permisos y estudios en algunas iniciativas, como la perforación de pozos, complica su implementación (Adam, 2021). En términos del ciclo hidrosocial, estas limitaciones resaltan cómo las decisiones técnicas y gubernamentales condicionan los flujos de agua y perpetúan las desigualdades en su acceso.

En suma, el huachicoleo del agua en Ecatepec ilustra cómo la precariedad en el suministro, la consolidación de un mercado informal y la corrupción institucional generan un entorno de violencia y desigualdad estructural. La comercialización ilegal del recurso, sostenida por redes de poder y clientelismo, expone la profunda brecha entre el discurso oficial de escasez y la realidad de las comunidades que se ven forzadas a pagar por un bien esencial que, en teoría, deberían recibir de forma regular. Sin embargo, para entender plenamente este fenómeno, es indispensable analizar las respuestas que los propios habitantes han desarrollado frente a estas carencias y abusos, así como la forma en que el agua ha sido utilizada como herramienta política y de control social.

Estrategias emergentes y la instrumentalización política del agua

Bajo este escenario de escasez crónica y de mercados clandestinos que prosperan a costa de la necesidad colectiva, han surgido estrategias no oficiales que reconfiguran el acceso al agua y, al mismo tiempo, evidencian la instrumentalización política de este recurso. El denominado “huachicoleo” se erige así en una forma de resistencia y apropiación subalterna de la infraestructura hídrica, pero también actúa como un mecanismo que reproduce nuevas dinámicas de exclusión y negociación con las autoridades. Al examinar estas prácticas, resulta claro que la lucha por el agua en Ecatepec excede lo meramente operativo y se inscribe en un sistema complejo de relaciones de poder, donde las comunidades se ven orilladas a adoptar soluciones que abarcan desde el ingenio técnico hasta la confrontación legal y política.

“Ante la insuficiencia de las soluciones formales y el uso político del recurso, los habitantes de Ecatepec han optado por crear redes de suministro propias. La instalación de dichas tomas demanda conocimientos técnicos y, a menudo, la colaboración de trabajadores municipales o personas con experiencia” en fontanería (Entrevista con residente de la CROC de Aragón, 2020).

“Por lo general, el proceso supone identificar puntos estratégicos de la red con mayor presión o donde se concentra el líquido, para luego establecer las conexiones en horarios nocturnos con el fin de eludir la supervisión de las autoridades” (Entrevista con residente de la CROC de Aragón, 2020).

“El proceso generalmente implica identificar puntos estratégicos de la red donde la presión del agua es mayor o donde se propicia una concentración del líquido, y realizar las conexiones durante horarios nocturnos para evitar la detección por parte de las autoridades” (Entrevista con residente de la CROC de Aragón, 2020).

La práctica del huachicoleo del agua en Ecatepec no es simplemente una actividad ilegal; es una manifestación contundente de resistencia subalterna frente a estructuras opresivas que históricamente han controlado y limitado el acceso al recurso hídrico. Los habitantes cuestionan la narrativa oficial de escasez de agua, sugiriendo que existen actores que manipulan su distribución para mantener relaciones de poder desiguales y eventualmente intercambiar el recurso por favores electorales. Un funcionario municipal comentó:

“Acuérdate que Ecatepec era un bastión priista muy fuerte. Cuando ganó el PAN, de volada la CAEM nos redujo el caudal. Desde 1994 yo mido y cuantifico el agua, y se redujo bastante; fue algo muy raro la reducción de los caudales tanto del sistema Los Reyes como del Cutzamala" (Entrevista con funcionario de SAPASE, 2020).

Esta percepción evidencia una conciencia crítica sobre cómo el acceso al agua está mediado por relaciones políticas que buscan mantener a ciertas comunidades en un estado de dependencia y vulnerabilidad. El ciclo hidrosocial se reconfigura cuando las comunidades subalternas desafían estas dinámicas de poder mediante prácticas como el huachicoleo.

La forma en que se realizan las conexiones clandestinas es significativa en términos de resistencia técnica y conocimiento subalterno. Los habitantes aprovechan su comprensión de la infraestructura hídrica para identificar puntos estratégicos y realizar conexiones que les permitan acceder al agua de manera continua. Un residente señaló:

"Pero ya no te dejan conectar; si te ven que estás haciendo una toma, te la hacen de jamón. Mejor quien hizo una toma anteriormente se la pasa a dos o tres más, entonces ¿te imaginas cómo está la red? Todo el día se está succionando" (Entrevista con residente, 2020).

Esta adaptación técnica muestra cómo las comunidades utilizan su ingenio y conocimiento local para reconfigurar las infraestructuras impuestas, desafiando las restricciones establecidas por las autoridades.

El huachicoleo representa una ruptura, tanto literal como simbólica, en las redes de poder que controlan el flujo del agua. Al obtener agua de forma autónoma y permanente, los habitantes reducen su dependencia de las pipas y las prácticas clientelares asociadas. Un vecino relató:

"Después ya no dejaron al chavo hacer las tomas clandestinas, digo entre comillas clandestinas porque nosotros pagamos, seguimos pagando el agua, y ya no le dieron chance; trajeron una patrulla" (Entrevista con residente, 2020).

Sin embargo, estas prácticas también generan conflictos y tensiones. La instalación de tomas clandestinas a menudo implica negociaciones y sobornos para evitar la intervención de las autoridades. Un residente narró:

"Llegaron las patrullas, pero quien nos estaba ayudando les mostró una credencial y les dio 'para el refresco'. Nos dijeron que teníamos hasta cierta hora antes de que llegara el siguiente turno" (Entrevista con habitante de Ciudad Oriente, 2020).

Esta anécdota ilustra cómo la corrupción y el abuso de poder forman parte del entorno de estas comunidades, obligadas a navegar sistemas opresivos para acceder a recursos básicos que deberían estar garantizados. Sin embargo, en el caso del huachicoleo, esta forma de opresión se limita al momento de la conexión; posteriormente, en la cotidianidad, el "flujo" de dependencia se desvanece, a diferencia de lo que sucede con el suministro mediante pipas.

Las relaciones de poder también se manifiestan en las interacciones entre vecinos, evidenciando cómo las dinámicas de exclusión pueden reproducirse a nivel comunitario. La posibilidad de acceder a una conexión clandestina depende de la ubicación de la vivienda y de los recursos disponibles. Un residente explicó:

"Los de la otra calle ya se conectaron también. No sé cómo estuvo, pero vino un chavo con un trascabo, con una máquina; ¿le daría una lana a los de SAPASE o quién sabe? Pero escarbaron y les pusieron un tubo ancho. ¿Quién sabe quién habrá sido? Yo creo que algún 'politiquillo'" (Entrevista con residente, 2020).

La ubicación de las casas influye en la cantidad de agua que reciben, y quienes están más cerca de las tuberías principales tienen mayores oportunidades de conectarse. Esto genera tensiones entre vecinos y colonias. Un habitante señaló:

"Últimamente los del Río se ponen al brinco porque el agua no les llega hasta allá, y es cierto lo que dicen ellos. Tantos que nos conectamos aquí que ya no les llegue el agua allá" (Entrevista con residente, 2020).

Estas disputas reflejan cómo las prácticas de huachicoleo, aunque emergen como formas de resistencia, también pueden reproducir desigualdades y conflictos internos, afectando a comunidades más alejadas o con menos recursos.

La práctica del huachicoleo ha evolucionado en algunos casos hacia la comercialización del agua. Algunos habitantes con acceso a tomas clandestinas han comenzado a vender o alquilar conexiones a otros vecinos. Un residente describió esta situación:

"Esa señora hizo tres tomas después de nosotros, sin contratar a este señor. Primero hizo una toma para ella, ya después de esa misma toma le vendió a otro vecino una línea, y luego a otra. Hizo una lanota; fue muy abusada porque les pasa agua y les cobra" (Entrevista con residente, 2020).

Este fenómeno evidencia cómo las dinámicas de poder y explotación pueden surgir incluso dentro de las prácticas de resistencia, generando nuevas formas de dependencia y desigualdad al interior de las comunidades.

Funcionarios municipales reconocen que estas prácticas han sido parte del sistema durante mucho tiempo y que, en ocasiones, involucran a empleados que actúan bajo presión o por necesidad. Un representante municipal admitió:

"Lo que hacían era formal; eran utilizados, amenazados, su premio era su trabajo, mantener su trabajo. Eso no es nuevo. No es algo que estés descubriendo" (Entrevista con funcionario de SAPASE, 2020).

Esta declaración revela cómo la complicidad institucional en estas prácticas modifica el ciclo hidrosocial, ya que las instituciones que deberían garantizar una distribución equitativa del agua participan en dinámicas que perpetúan la desigualdad y la corrupción.

Además, las disputas entre vecinos y colonias, así como la comercialización del agua, indican que las prácticas de huachicoleo pueden reproducir las mismas dinámicas de exclusión y desigualdad que buscan desafiar. Un residente reflexionó:

"Después de que vieron que les funcionó lo de la toma, en todos lados hicieron mucho escarbadero. Bueno... claro, todo ante la necesidad de tener agua" (Entrevista con residente, 2020).

Este comentario subraya la complejidad de las prácticas de resistencia en contextos de precariedad, donde las soluciones inmediatas pueden tener consecuencias no deseadas a largo plazo.

El análisis del huachicoleo del agua en Ecatepec revela la complejidad de las prácticas de resistencia subalterna en contextos de desigualdad hídrica y corrupción institucional. Las comunidades, al apropiarse de los flujos de agua, desafían las estructuras de poder que han limitado su acceso al recurso. Sin embargo, estas prácticas también pueden generar nuevos conflictos y reproducir desigualdades internas.

Es fundamental abordar estas problemáticas desde una perspectiva que reconozca las necesidades y derechos de las comunidades, promoviendo soluciones integrales que consideren tanto la justicia social como la sostenibilidad ambiental. La comprensión del huachicoleo como una expresión del ciclo hidrosocial y de las dinámicas de poder locales es esencial para diseñar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la crisis hídrica en Ecatepec y otras zonas urbanas precarias.

La experiencia de Ecatepec muestra que las estrategias de apropiación y distribución alternativa del agua trascienden la categoría de simple delito y se configuran como expresiones de resistencia subalterna frente a estructuras institucionales e históricas que reproducen la desigualdad. El llamado “huachicoleo” no emerge en un vacío, sino en un contexto de ausencia crónica de servicios, de relaciones clientelares consolidadas y de un legado colonial que ha perpetuado la marginalidad. Su criminalización, sin examinar los orígenes estructurales que la propician, conduce a reforzar la exclusión y a silenciar las reivindicaciones de quienes ocupan un lugar periférico en la organización sociopolítica y económica.

Es fundamental reconocer que estas prácticas surgen allí donde la institucionalidad se ha mostrado incapaz de garantizar derechos básicos; por ende, las comunidades marginadas elaboran soluciones basadas en su conocimiento local y en su necesidad de supervivencia. En este sentido, el “huachicoleo” no solo cuestiona la narrativa oficial de escasez, sino que también pone en entredicho la legitimidad de políticas públicas que, en la práctica, reproducen jerarquías. Estas respuestas subalternas, al reconfigurar la relación con la infraestructura y con el propio recurso hídrico, constituyen un acto de resistencia cotidiana que expone la distancia entre los discursos estatales y la realidad de quienes padecen exclusión.

No obstante, dichas respuestas también enfrentan contradicciones: pueden llegar a reproducir lógicas de desigualdad dentro de las mismas comunidades, a la vez que confrontan las estructuras de poder que las generan. Este doble carácter invita a repensar los límites y las posibilidades de la resistencia popular en torno al agua, especialmente cuando los beneficios inmediatos se superponen a la necesidad de transformaciones de fondo. Lejos de idealizar estas prácticas, conviene abordarlas como indicadores de un sistema que requiere cambios profundos en su diseño institucional, en la priorización presupuestal y en el reconocimiento pleno de la autonomía de las comunidades.

Para avanzar hacia una gestión hídrica más justa, se torna indispensable transitar de la criminalización y la imposición unilateral de soluciones a un enfoque centrado en la participación comunitaria, la transparencia y la construcción colectiva de alternativas. Esto implica un replanteamiento de la gobernanza del agua que asuma la diversidad de experiencias y saberes como parte esencial de la política pública. Comprender el “huachicoleo” como una manifestación del ciclo hidrosocial en un escenario de desigualdad y disputas de poder permite visibilizar las tensiones existentes y delinear, con mayor precisión, las vías para una intervención orientada a la justicia social y al bienestar de las comunidades afectadas. 

Conflicto de intereses / Competing interests:

El autor declara que no existe ningún conflicto de interés con algún autor o institución.

Rol de los autores / Authors Roles:

No aplica.

Fuentes de financiamiento / Funding:

El autor declara que no recibió un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

El autor declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.