El desplazamiento interno forzado en México: un análisis con perspectiva de género

En 2019, el número total de desplazados forzados en el mundo a causa de los conflictos y la violencia fue de 45,7 millones; para el 2021 esta cifra aumentó considerablemente a 84 millones de personas (ACNUR, 2021). El desplazamiento interno forzado (DIF) representa un recurso de sobrevivencia de los sujetos que son víctimas de los sistemas de violencia, y expone la incapacidad de los gobiernos de garantizar la vida (Salazar, 2014). Ahora bien, para los Principios Rectores del Desplazamientos Internos[1] el desplazamiento interno forzado sería el fenómeno social que ocurre cuando:

Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida (ACNUR, 1998, p. 5).

Por su parte, Salazar (2014) señala que el desplazamiento interno forzado es:

La movilidad de población vulnerable (individual, familiar, colectiva, masiva), que bajo coacciones y violaciones a los derechos humanos ejercen los actores armados en conflicto, sean estos regulares, legales, irregulares y/o clandestinos. Es un recurso de sobrevivencia de las poblaciones civiles y de las no vinculadas y no combatientes, frente a los regímenes de violencia (p. 56).

Cualquiera que sea la causa, el desplazamiento interno forzado está relacionado con la movilidad de personas vulnerables, que son separadas de sus memorias históricas, emociones y condiciones físicas, afectadas por un quebrantamiento estructural (ONU, 1998). Es importante hacer una distinción entre el desplazamiento interno forzado y la migración internacional. El primero es la movilidad involuntaria de personas dentro de las fronteras nacionales, mientras que la segunda se hace por voluntad y ocurre cuando las personas traspasan las fronteras internacionales y representa expectativas de mejores ingresos y condiciones materiales de vida (Celis & Aierdi, 2015).

En México, las causas que originan o motivan el desplazamiento interno forzado han cambiado con el tiempo, antes de la década de los setenta estaba vinculado principalmente por intolerancia religiosa, conflictos comunales, disputas por tierras y recursos naturales o por el desarrollo de obras públicas, como la construcción de presas. Sin embargo, a partir de los años noventa, el DIF se comenzó a relacionar especialmente con la violencia y la inseguridad (Jusidman & Carreón, 2019), situación que se agravó desde 2007 con la campaña lanzada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa nombrada “guerra contra el narcotráfico”, la cual dejó 121,683 muertes violentas, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Proceso, 2013). En diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto afirmó que cambiaría la estrategia para combatir el crimen organizado, empero, esto solo quedó en el discurso, pues el número de homicidios en el 2017 llegó a alcanzar la cifra de 31,174 asesinatos y, en el 2018, subió a 35,964, lo que generó que la inseguridad ascendiera aún más (Arrayo-Macías, 2018). En suma, durante esos dos sexenios se vivieron de los episodios más violentos que hayan ocurrido en México, pues aumentaron los asesinatos, extorciones, secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos perpetrados por grupos delictivos y narcotraficantes (López, 2020).

Además, en 2018, la Comisión Mexicana para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 25 episodios de desplazamiento forzado en el Estado mexicano, que se cree que afectaron al menos a 11, 941 personas, agregado a esto de especial preocupación son los datos que señalan que en el 72% de estos episodios se incluyen niñas y niños, en el 60% hubo presencia de mujeres, en el 52% de personas mayores y en el 45% personas indígenas (CMDPDH, 2018). En el 2020 se añadieron 9,847 personas más (CMDPDH, 2020); a pesar de que a inicios del mismo año se enfrentaba el inicio de una pandemia global sin precedentes por COVID-19 que transformaba la vida cotidiana de millones de personas, en México se continuaba con los escenarios de conflicto y violaciones a los derechos humanos, lo que originaba que cada día cientos de personas se vieran obligadas a abandonar sus lugares de origen en busca de protección. Es importante señalar que estos datos son solo aproximaciones, ya que en el país se carece de un registro oficial de DIF. No obstante, este panorama, se registró que al menos 357,000 personas se desplazaron por violencia desde 2006 hasta diciembre de 2020 (Internal Displacement Monitoring, IDMC, s.f). En 2021 la cifra aumentó a 44, 905 personas desplazadas forzadas (CMDPDH, 2021); estos desplazamientos han ocurrido en los estados de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Zacatecas (CMDPDH, 2020). Cabe señalar que los registros no tipifican las configuraciones familiares a las que pertenecen estos grupos de personas, un dato que resultaría por demás interesante.

A pesar de las cifras tan grandes anteriormente presentadas, el Estado mexicano no cuenta con un marco legal federal que establezca los lineamientos para implementar políticas encargadas de la prevención y atención a esta problemática social, lo que origina constantes violaciones a los derechos humanos (CMDPDH, 2022). Pérez (2018) menciona que es lamentable que el desplazamiento interno forzado quede completamente eliminado del mapa de temas a tratar, pues no ha sido reconocido oficialmente por el Estado mexicano, a lo que se suma también que no existe un marco conceptual, legal y normativo que los proteja.

Por otra parte, la experiencia peruana y colombiana reconoce a las mujeres como las principales representantes de los desplazamientos forzados (Pérez, 2018), incluso, constituyen la estadística demográfica más numerosa del desplazamiento, pues frecuentemente se han tenido que hacer cargo de todo el núcleo familiar a partir de la ausencia de los varones que fueron víctimas de la violencia (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003). La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que cerca del 83 % de desplazados son mujeres, niñas y niños, asimismo, el 43% de las familias desplazadas son de jefatura femenina, es decir, 68 de cada 100 casos son mujeres cabeza de familia desplazadas (ACNUR, 2009). Se debe agregar que los hogares con jefatura femenina en Latinoamérica han ido en aumento en los últimos años y representan entre una cuarta y tercera parte de los hogares, lo significativo de esto es que existe un rasgo de coincidencia con la presencia de una alta incidencia de pobreza e indigencia (CEPAL, 2015, p. 25). En México, del total de los hogares, los compuestos por jefatura femenina en 2014 ya representaban el 27.2% y para el 2017 aumentaron a 28.5% (INEGI, 2018), además, el INEGI en 2020 indicó que, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como las jefas del hogar, esto es, 11,474,983 hogares. Estos datos toman mayor relevancia con respecto a que existen implicaciones sociales que afectan negativamente a los hogares dirigidos por mujeres porque están expuestos a mayor riesgo de vulnerabilidad económica y social a diferencia de los hogares encabezados por hombres (Acosta, 2001). Buvinic et al. (1978) denominan a un hogar con jefatura femenina[2] cuando existe la ausencia de la pareja masculina, por viudez, separación, divorcio o porque son madres solteras, no obstante, las autoras reconocen que en estos hogares existe una gran diversidad de situaciones maritales y familiares y por ello no se descarta la posibilidad de un hogar con jefatura femenina en el que la pareja masculina esté presente, pero por situaciones de marginalidad económica haya perdido sus funciones como proveedor y sus estatus como jefe. En suma, los hogares con jefatura femenina se constituyen de forma dinámica y compleja con ciertas peculiaridades del contexto sociocultural, económico y político en el que se da.

Lo dicho hasta aquí supone que el género puede ser un componente que determina la pobreza y contribuye con el aumento de vulnerabilidad económica femenina (Menezes et al., 2020). Esto se debe a que las mujeres se enfrentan a una mayor exclusión en el mercado laboral, lo que las lleva al desempleo, inserciones laborales precarias, trabajo no remunerado, falta de oportunidades para desarrollar sus potencialidades y discriminación salarial (Arriagada, 2005), lo que, a su vez, las expone a enfrentar mayores precariedades que se manifiestan en su calidad de vida y en la de sus hijos (Ochoa, 2007). De manera similar, la carga demográfica de estos hogares incrementa la brecha de pobreza, a diferencia de los hogares encabezados por hombres (Paz & Arévalo, 2020). Todo lo anterior permite reafirmar la idea de que la pobreza es una cuestión de género, pues las mujeres y los hombres la experimentan de manera diferente (Bastos, et al., 2009). Es decir, existe una feminización de la pobreza.[3]

En consecuencia, este estudio parte de la perspectiva de que los hogares encabezados por mujeres tienen más probabilidades de experimentar la pobreza que los hogares encabezados por hombres, y, si esto se entrelaza con el desplazamiento interno forzado, su condición de vulnerabilidad y marginación aumentan. Si bien, en Colombia hay un vasto conocimiento sobre este fenómeno social analizado con perspectiva de género, en México aún queda un largo camino por recorrer por las escasas investigaciones en torno a esta problemática tan lacerante para la población femenina mexicana; en ese sentido, este estudio pretender comprender la realidad que enfrenta este grupo social ante esta problemática y así contribuir a exigir el reconocimiento por parte del Estado para generar políticas sociales que mejoren la calidad de vida de las mujeres jefas de familia y sus hijos. 

En resumen, el desplazamiento forzado es un fenómeno complejo que genera violaciones a los derechos humanos en distintos niveles entre quienes lo sufren, sin embargo, las mujeres jefas de familias son el sector más vulnerable a vivir en situación de pobreza debido a la desigualdad de género sistémica y la indiferencia del Estado al no reconocer esta problemática. Con base en este marco contextual, en este artículo se pretende responder las siguientes preguntas: ¿qué circunstancias convirtieron a estas mujeres en jefas de familia? ¿Hay feminización de la pobreza en el desplazamiento interno forzado en México? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado para generar mayor equidad en este grupo social? El propósito es analizar las dificultades que enfrentan las mujeres que asumieron la jefatura de familia después del desplazamiento forzado e identificar si se encuentran en mayor riesgo de vivir en pobreza, para así señalar la existencia de la feminización de la pobreza en el desplazamiento.

GENERAL

-          Determinar si la intersección de hogares con jefatura femenina y el desplazamiento forzado interno pone en mayor riesgo de vivir pobreza a las mujeres y sus hijos.

ESPECÍFICOS

-          Conocer las condiciones en las que las mujeres se convirtieron en jefas de familia.

-          Detectar los problemas que enfrenta la mujer jefa de familia después del desplazamiento forzado.

-          Indagar la respuesta que el Estado ha dado a este problema social que vulnera los derechos humanos de quien lo padece, especialmente de las mujeres.

Para alcanzar el propósito de este estudio, se optó por realizar una revisión sistematizada de la literatura científica, es útil en muchos aspectos críticos y proporciona una síntesis del estado del conocimiento (Page et al., 2021), en ese sentido, se utilizaron las pautas de la declaración PRISMA (actualizada en el año 2020). De este modo, se consideraron los planteamientos propuestos por Page et al. (2020), los cuales incluyen una serie de reglas para garantizar la calidad científica del trabajo: las preguntas de investigación y los objetivos claramente formulados y delineados, lo que permitió el análisis crítico de la literatura recuperada.

Estrategias para la recuperación y selección de documentos

Para la exploración de literatura científica se hizo uso de la combinación de términos y ecuaciones de búsqueda, así como también criterios de inclusión y exclusión, los cuales se presentan a continuación:

Bases de datos y ecuaciones de búsqueda

Para efectos de analizar el problema social del desplazamiento interno forzado de mujeres jefas de familia en México, la búsqueda exhaustiva de información se realizó en las siguientes bases de datos electrónicas: a) Scopus, b) Web of Science, c) ESBOC, d) Redalyc. Para las ecuaciones de búsqueda, se utilizaron los términos: “Desplazamiento interno forzado”, “familia monoparental con jefa de familia”, “mujer”, “familia”, “hogares”, “mujeres cabeza de familia” “feminización de la pobreza” y “México”. Asimismo, se hizo uso de operadores booleanos “AND”, “OR” y “NOT” como estrategia de búsqueda. 

Criterios de inclusión y exclusión de documentos

Se empleó la técnica de revisión de artículos científicos publicados en diferentes bases de datos y se seleccionaron únicamente aquellos artículos de interés para lograr el objetivo de esta investigación —cabe aclarar que son muy escasas las publicaciones científicas en México en torno a analizar el desplazamiento forzado con perspectiva de género—. Las consultas dieron como resultado un total de 28 documentos, de los cuales 22 fueron rechazados por no ser estudios analíticos sobre el desplazamiento interno forzado de mujeres jefas de hogar en México y otros porque eran estudios realizados en Colombia.

Asimismo, los criterios de inclusión fueron: artículos científicos divulgados en cualquier base de datos sin una fecha límite de publicación, que el tema de mujeres y/o jefas de familia fuera central, o bien, que se trabajara de forma indirecta con estas poblaciones y, por último, que el tema del estudio fuera el desplazamiento interno forzado en México.

Tratamiento de la información

El proceso analítico partió de la revisión y el estudio del contenido de seis documentos para su interpretación y compresión; para efectuar un análisis crítico, se utilizaron técnicas de análisis documental. Posteriormente, se elaboraron fichas de análisis con base en los hallazgos y conclusiones hechas por los respectivos autores con el fin de lograr el objetivo de este estudio. Finalizada esta etapa del proceso, la información recopilada se estudió en una matriz de análisis, las categorías consideradas para efectos de esta investigación fueron: construcción de los hogares con jefatura femenina, motivaciones para emprender la huida, problemáticas que enfrentan las jefas de familia tras el desplazamiento forzado y acciones del Estado.

Construcción de los hogares con jefatura femenina

Son varios los autores que identifican las causas que llevaron a algunas mujeres a asumir el rol de jefas del hogar. Pérez (2018), por su lado, señala que esto se debe a la violencia perpetuada hacia sus parejas o cónyuges por el crimen organizado, el cual se ejerce en las zonas serranas del estado de Durango, en donde el territorio es utilizado por grupos armados para cultivar marihuana y amapola, lo que ocasiona ataques violentos dirigidos mayoritariamente a los hombres.

Del mismo modo, Querales-Mendoza (2020) expone que la violencia que vive la población del estado de Michoacán es originada por el hurto de escrituras de terrenos ejidales por parte del crimen organizado, lo que genera desapariciones forzadas y homicidios contra los hombres. Por su parte, Silva y Alfaro (2021) señalan que, además de la violencia perpetrada por diferentes grupos criminales en distintas comunidades, otra de las causas es la violencia familiar cometida hacia mujeres por parte de sus parejas implicadas en el narcotráfico, lo que, a la vez, ocasionaba que las víctimas sufrieran de incompetencia institucional por colusión policial y, ante un esquema patriarcal que invisibilizaba su situación y minimizaban las agresiones, se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen para salvaguardar sus vidas y la de sus hijos.

Si bien, la violencia contra los hombres jefes de familia perpetrada por el crimen organizado y las mujeres que huyen de la violencia familiar reconfiguran la estructura familiar, existe un tercer componente, a saber: la transformación de los roles de género. Marinis (2017) señala que esto es consecuencia de que en la comunidad receptora los hombres quedaban excluidos de las actividades económicas por la razón de provenir de comunidades rurales y que sus ocupaciones estén más asociadas al trabajo del campo. Esta situación obliga a algunas mujeres a asumir un papel más activo en la generación de ingresos; dicho en otras palabras, las mujeres se convierten en proveedoras económicas del hogar, ya que les es más fácil participar en las actividades económicas (como la venta de artesanías) a diferencia de los hombres. No obstante, este hecho, continuaron presentes las distintas formas de opresión y subordinación de género. Ser mujer desplazada, la cual cambió de un contexto rural a una zona urbana, hace que los lugares destinos sean extremadamente violentos y refuerzan su exclusión y marginalidad debido al proceso abrupto de desterritorialización. Aquí estriba el primer elemento de la feminización de la pobreza, relacionado con la desigualdad de género que originan los roles de género, ya que establecen relaciones de poder entre hombres y mujeres y crean grandes desigualdades, tanto individuales como colectivas, como resultado del adestramiento, la cultura y la sociedad (Lagarde, 1996). Además, las actividades laborales que realizan las mujeres desplazadas en el lugar destino están vinculadas con la informalidad laboral, exponiéndolas a situaciones de desprotección social y, por ende, al rezago social.

En contraste, Cañedo y Mendoza (2017) mencionan que si bien el DIF da un replanteamiento sobre los roles de género y genera nuevas representaciones de la mujer —diferentes a las de su lugar de origen, en donde sus roles estaban vinculados a tareas domésticas, reproductivas, ser esposas e hijas— y, por el contrario, en el lugar destino las mujeres pueden tener una presencia más activa en la vida pública, lo que las lleva a adquirir empoderamiento debido a su capacidad para resolver conflictos y negociar con el poder. Sin embargo, siguiendo la perspectiva que guía a este estudio, se cree que esto adjudicaría mayores responsabilidades a las mujeres, las cuales pueden generar una sobrecarga en las actividades relacionadas al género femenino.

Es importante mencionar que, en todas las investigaciones analizadas, las mujeres provenían de zonas rurales, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH, 2006) enfatiza que la vulnerabilidad, marginación y exclusión social de las personas desplazadas aumenta principalmente por su procedencia rural y afecta con especial fuerza a las mujeres que asumen el rol de jefa de familia. Esto hace presente la tendencia histórica e institucionalizada de situar al colectivo femenino a un nivel de subordinación respecto a la figura masculina, especialmente en las zonas rurales. En este punto estriba otro factor asociado a la feminización de la pobreza, ya que esto origina que las mujeres ingresen a la economía informal en condiciones de precariedad laboral, con el fin de obtener el sustento económico para dirigirlo a sus familias (Peralta, 2022). Lo anterior es resultado de la instauración en las sociedades propiamente capitalistas de una base institucional para nuevas y modernas formas de subordinación de la mujer (Fraser, 2016) y si a esto se le suma un contexto rural, la desigualdad de género se agrava todavía más.

Motivaciones para emprender la huida

No cabe duda que el desplazamiento interno forzado vulnera la dignidad humana en todos los sentidos y fractura el tejido social, como se ha expuesto hasta ahora, sin embargo, la vulnerabilidad no comienza con la migración, sino mucho antes. Las experiencias vividas por las mujeres antes del desplazamiento forzado y rescatadas por diferentes investigadores en México permiten identificar las distintas motivaciones sentidas por el colectivo femenino. Primeramente, Pérez (2018), en su estudio, encontró que las mujeres desplazadas expresaron haber vivido alguna experiencia traumática, pero lo que las motivó a huir inmediatamente de su comunidad fue la violencia directamente ejercida hacia sus familiares o integrantes de su comunidad: asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento forzado, abuso sexual y la trata de personas, provocada por grupos criminales. Esto ocasionó que experimentaran sentimientos de miedo, temor, inseguridad y tensión. Cabe mencionar que la red de familiares y amigos las ayudaron a salir de sus comunidades, les brindaron apoyo económico o habitacional luego de verse obligadas a huir.

En el estudio de Querales-Mendoza (2020) se identificó que las motivaciones de las mujeres para emprender la huida fueron los secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y extorsiones de su esposo, pareja, hijos, hermanos o cuñados perpetrados por sujetos con características de personal militar para despojarlos violentamente de los títulos de propiedad de las tierras ejidales. Al igual que el estudio anterior, los familiares con residencia en Estados Unidos brindaron asesoría de cómo solicitar asilo en ese país. En el estudio de Marinis (2017), las motivaciones de las mujeres para salir de su comunidad fue el miedo y el deseo de salvar su vida, sin embargo, la salida las hizo más vulnerables debido al vínculo con lo material, pues su desplazamiento les causó profundas pérdidas materiales y territoriales, lo cual transformó drásticamente su vida. La gran mayoría, según la autora, se fue a vivir con familiares en otras comunidades o recibieron casas prestadas por el líder de la comunidad de acogida; de nuevo las redes de familiares y amigos se hacen presentes para brindar refugio. Por tanto, se puede señalar que estas mujeres carecen de capacidades que conciernen a la vida humana para elegir y decidir, además, que en el lugar receptor no llevan una “buena vida” y no está en sus posibilidades cambiar su condición, ya que no cuentan con la capacidad para ser y hacer aquello que valoran (Sen, 2010), como, por ejemplo, volver a sus comunidades.

Por su parte, López (2020) menciona que la población se vio motivada a salir del lugar de residencia por la violencia sufrida directa o indirectamente, lo que lleva a que una parte de la población se desplace internamente, lo cual les origina sentimientos de inseguridad y miedo que prevalecen incluso cuando están en el lugar destino. En la muestra de este estudio, el autor también menciona que el apoyo familiar fue un factor determinante para que las personas pudieran salir de su comunidad.

Ahora bien, en el estudio realizado por Silva y Alfaro (2021) se identificó que las motivaciones que tuvieron las mujeres para salir de sus lugares de origen fue la violencia familiar que sufrían, la cual aumentó durante el confinamiento por COVID-19, luego de que su cónyuge o pareja estuviera involucrada en el crimen organizado, sumando a esto la protección policial que recibían en actos ilegales, lo que originaba negligencia en las denuncias que interponían las víctimas. Esto las llevó a huir para buscar protección internacional y proteger su vida y la de sus hijos. Sus familiares fueron quienes les brindaron información sobre cómo solicitar asilo en Estados Unidos, además de apoyarlas económicamente para que pudieran trasladarse a Tijuana.

En este contexto, Nussbaum (2012) señala que las mujeres son más susceptibles a la violencia física y al abuso sexual, lo que les impide tener una “buena vida”, es decir, una vida larga, saludable y plena, significado que solo puede lograrse respetando la dignidad de la persona humana y reconociendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, lo que evidentemente no es así para estas mujeres, pues la situación en la que se encuentran, evidentemente vulnera todos sus derechos y las expone a situaciones de marginación y vulnerabilidad social.

En el análisis documental que se realizó, emergieron las siguientes las categorías de análisis: violencia e inseguridad, miedo, temor y la red de familiares y amigos, esta última tiene relevancia porque fue un elemento crucial para que las mujeres pudieran abandonar sus comunidades; sobre todo, aquellas que tenían familiares en Estados Unidos, que, por la ineficiencia del Estado en garantizar la seguridad y el bienestar social, estos grupos sociales marginados y vulnerables se vieron en la necesidad de salir en busca de refugio. Lomnitz (1990), refiere que existen redes sociales conformadas por familiares y amigos que son del mismo nivel económico y que ayudan a las personas igual de desfavorecidas a sobrevivir materialmente, a obtener bienes, servicios y apoyo social para sostener su existencia, lo que los convierte en redes de intercambio recíproco (Maya, 2003). Finalmente, volviendo al primer punto, también se identificó que la principal motivación para salir de sus comunidades son las diversas manifestaciones de violencia perpetrada por los grupos criminales. Por lo tanto, el desplazamiento adquiere para las mujeres un sentido de salvaguardar sus vidas y la de sus hijos e hijas, lo que lo convierte en una estrategia de sobrevivencia.

Problemáticas que enfrentan las jefas de familia tras el desplazamiento forzado

Como ya se ha expuesto, las mujeres se convierten en jefas de familia principalmente por la violencia perpetuada hacia sus parejas por grupos criminales y, para salvaguardar sus vidas y la de sus hijos, se ven obligadas a tomar la decisión de desplazarse huyendo de la violencia e inseguridad que se vive en sus comunidades, sin embargo, al llegar al lugar receptor, se encuentran con otras problemáticas.

En este sentido, Marinis (2017) señala que, entre los efectos negativos de la movilidad, está principalmente el desplazamiento forzado, además, la movilidad física, la pérdida territorial y material, el trauma que deja la violencia vivida, la pérdida de sus familiares, la marginalidad que enfrentan los desplazados en los lugares de destino y las distintas formas de discriminación y exclusión que enfrentan.

Por su parte, López (2020) plantea que las familias desplazadas del campo a la ciudad experimentan contradictoriamente formas heterogéneas de enculturación y de integración en los diferentes sectores de la sociedad y que, como efecto de la desterritorialización, se les dificulta encontrar empleo, integrarse y acostumbrarse. El autor también menciona que las mujeres jóvenes jefas de familia tienen mejor adaptación ya que hay más oportunidades laborales para ellas a diferencia de su comunidad rural, no, para las jefas de familia de mayor edad, les resulta más difícil emplearse y adaptarse. La razón es que las personas mayores “tienen menor apertura y resistencia al cambio” (López, 2020, p. 21) porque han vivido más tiempo en un ambiente rural y eso les genera más arraigo. En ese sentido, la edad se convierte un factor más que expone a las mujeres a la desigualdad y marginación, ya que es una limitación en la adaptación en la comunidad de acogida, lo que, a su vez, redundará en niveles más bajos de bienestar social.

Por ejemplo, Pérez (2018) menciona que entre los mayores desafíos que enfrentan las mujeres jefas de hogar se encuentra la falta de alojamientos temporales y de emergencia que les brinden protección y servicios básicos a ellas y sus hijos, y quienes logran conseguirlo lo encuentran en áreas suburbanas en condiciones severas de hacinamiento, y otras ocupan ilegalmente terrenos baldíos, colocándolas en una situación de especial vulnerabilidad. A esto se suma la pérdida de documentos oficiales por la salida inmediata e inesperada, lo que les impide encontrar trabajo, beneficiarse de servicios de salud y reinscribir a sus hijos al sistema educativo. Asimismo, otras dificultades que enfrentan son, discriminación, estigmatización, reducción de sus relaciones sociales, pérdidas patrimoniales, ruptura de sus procesos comunitarios y sociales. Desde el Enfoque de Capacidades de Sen (2000), se puede determinar que el colectivo femenino desplazado se encuentra viviendo en condición de pobreza debido a la privación de sus capacidades por falta de acceso y de libertad para llevar un estilo de vida propio, ya que se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen como una estrategia de sobrevivencia, lo cual violentó totalmente sus derechos. Así, el desplazamiento forzado las pone en una condición de carencia de capacidades necesarias para el desarrollo de una vida humana digna.

Esto porque, las verdaderas libertades y oportunidades se ven expresadas en las capacidades de llevar el tipo de vida que quieren llevar, lo que evidentemente no sucede con las jefas de familia desplazadas. Puesto que no han podido hacer lo que quieren hacer y de ser lo que quieren ser, pues no han tenido la libertad de elegir, ni mucho menos escoger funcionamientos que les ofrezcan mejores condiciones de vida (Sen, 2000). En suma, las mujeres que se han visto obligadas a desplazarse están privadas de sus libertades y su derecho a elegir, han sido violentadas en sus derechos antes, durante y después de desplazamiento forzado.

Silva y Alfaro (2021) mencionan que para las mujeres “los albergues adquirieron una significación fundamental como espacio de amparo, no solo como subsistencia, sino también para reforzar el sentido de protección y solidaridad” (p.70). Empero, la mayor dificultad fue la inserción laboral, ya que no podían solventar el cuidado de sus hijos para poder incorporarse a un empleo, lo que obligó a algunas de ellas a entrar al mercado laboral de manera eventual e informal, lo cual potenció su precariedad laboral. Otras inequidades encontradas fueron la atención a la salud física y mental, baja calidad de los servicios, violación a sus derechos sexuales, brecha en la educación de los hijos de las desplazadas por carecer de reconocimiento oficial, severos costos emocionales por la separación de la familia y de la comunidad por el desprendimiento de su vida cotidiana y el duelo por la pérdida del patrimonio familiar (Silva & Alfaro, 2021).

Chant (2005) señala que los cuidados de los hijos es producto de inequidades estructurales e institucionalizadas a la que están expuestas las mujeres y son de los principales componentes que origina que las mujeres estén más expuestas a vivir en pobreza, a diferencia de los hogares con jefatura masculina. Estas mujeres no solo enfrentan marginación consecuencia del desplazamiento forzado, sino también por las dificultades que tienen que enfrentar por aspectos de género, desigualdad en la inserción laboral, menores posibilidades de generar ingresos o participar activamente en el mercado laboral. No obstante, cada vez más mujeres estén asumiendo la responsabilidad de la carga de la supervivencia familiar, viéndose obligadas a desarrollar habilidades para hacerle frente a la pobreza, motivadas por la responsabilidad y obligación que tienen hacia sus hijos y seres queridos. Todo lo expuesto hasta aquí muestra que, efectivamente, la intersección entre mujeres jefas de familia y el desplazamiento forzado origina que las mujeres estén más expuestas a vivir en situación de pobreza.

Acciones del Estado

En México, el desplazamiento interno forzado es considerado un fenómeno vinculado con la migración, lo que lo convierte en un problema social invisibilizado, incluso amparado por las autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano. El desplazamiento interno forzado ocurre, pero no se registra (Salazar, 2014) y esto ha generado un cerco estructural que reduce en gran medida la posibilidad de que las personas expongan sus experiencias de violencia y denuncien a sus victimarios (Querales-Mendoza, 2020). Además, en los últimos años el problema se ha agudizado por la indiferencia del Estado y la usencia de políticas efectivas. Silva y Alfaro (2021) consideran que el lento reconocimiento de esta problemática social por parte del gobierno mexicano se padece por la falta de una política pública específica para este tipo de población en tránsito. Es importante mencionar que, aunque en la Ley General de Víctimas (9 de enero del 2013) se estipula la normatividad para atender operativamente las particularidades del desplazamiento interno forzado, este, evidentemente, no han funcionado.

Por lo que, además de exigir la generación de políticas públicas para la atención de víctimas de desplazamiento forzado, también se debe procurar que estas se generen con perspectiva de género, pues, como se mostró anteriormente, las mujeres jefas de familia, ante el desamparo gubernamental, enfrentan solas a la desigualdad y marginación de la que son objeto, lo que violenta los derechos humanos de ellas y los de sus hijos y no se les permite desarrollar todo su potencial humano. Asimismo, es necesario partir de la experiencia de otros países que han tenido grandes avances en la promoción de la justicia, como es el caso de Colombia en cuanto a la implementación de la organización institucional en materia de atención humanitaria, además de que dicha política está basada en los principios rectores de la ONU. En ese sentido, puede ser un referente útil e importante para el Estado mexicano.

Por último, las acciones para la atención, reparación y asistencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, organismo o institución pública o privada del Estado mexicano a las víctimas del desplazamiento interno forzado, son nulas o siempre parciales, desestructuradas, desarticuladas y no ofrecen un plan integral que incluya soluciones duraderas a su situación de desplazamiento (Pérez, 2018). López (2020) menciona que el apoyo siempre ha quedado en asistencialismo. La falta de protección legal y de medidas de atención hace la situación del desplazamiento aún más grave (Marinis, 2017), violenta totalmente los derechos porque las mujeres y sus familias se quedan prácticamente solas enfrentando el problema, sin ningún tipo de protección gubernamental. La ausencia de políticas efectivas para la atención genera procesos de exclusión social y falta de justicia social.

Sin lugar a dudas, el desplazamiento interno forzado es un fenómeno complejo que vulnera los derechos de las personas, agregándosele que quienes lo viven tienen características de desventaja social que enfatiza su condición marginación social y esto los expone a un mayor riesgo de vivir en pobreza. Las mujeres jefas de familia e hijos son todavía más vulnerables a esto, pues en los estudios analizados se pudieron identificar componentes que indican la presencia de la feminización de la pobreza en el desplazamiento forzado, pero se requiere profundizar más en su estudio porque la información es limitada. El propósito de este estudio era analizar si la intersección de hogares con jefatura femenina y el desplazamiento forzado interno ponen en mayor riesgo de vivir pobreza a las mujeres y sus hijos, y los resultados evidenciaron que sí.

En cuanto a la interrogante referida a los aspectos que explican las circunstancias en las que las mujeres se convirtieron en jefas de familia, se concluye que asumieron el cargo tras la violencia ejercida a sus cónyuges o parejas, perpetuada por grupos criminales, también por el replanteamiento y transformación de roles de género y, finalmente, por violencia familiar. Asimismo, entre las problemáticas identificadas en los estudios analizados, se encontraron: pérdida territorial y material, trauma por la violencia vivida, pérdida de sus familiares, marginalidad que enfrentan los desplazados en los lugares de destino, distintas formas de discriminación y exclusión, falta de alojamiento temporal y de emergencia, estigmatización, dificultades para la inserción laboral, precariedad laboral, cuidado de sus hijos para incorporarse a un empleo, nula asistencia social y violación a sus derechos, por mencionar algunas.

Entre los hallazgos se encontró que la huida que emprenden las mujeres adquiere el significado de salvaguardar su vida y la de sus familias es una estrategia de sobrevivencia. Además, ante la imposibilidad del Estado o cualquier institución de garantizar la vida, las redes de familia y amigos de otras comunidades, y también que viven fuera del país, mantienen los lazos de solidaridad y reciprocidad y retoman una gran relevancia para que las mujeres jefas de hogar y sus hijos pudieran emprender la huida.

A manera de conclusión, se puede señalar que el Estado mexicano no ha dado respuestas a las demandas emanadas de las personas desplazadas por la violencia y, por tanto, es nula la generación de políticas efectivas para la atención de las víctimas, más aún con perspectiva de género. Por lo que, este artículo contribuye al estudio del desplazamiento interno forzado en México y hace aportaciones sobre las dimensiones de género, a partir de la literatura revisada y con el fin de ampliar el estado de conocimiento sobre este objeto de estudio. Se espera que futuras investigaciones estén dirigidas a analizar de manera más profunda la realidad de este grupo social a partir de las categorías de análisis que emergieron de este estudio.

Consideraciones éticas y financiamiento 

Conflicto de intereses / Competing interests:

Los autores declaran que no incurren en conflictos de intereses.

Rol de los autores /Authors Roles:

No aplica.

Fuentes de financiamiento / Funding:

Los autores declaran que no recibió un fondo específico para esta investigación.

Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:

Los autores declaran no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.