“Los eclesiásticos no deben mezclarse de ninguna manera con lo que pertenezca al poder executivo”. La participación de los clérigos en las elecciones de los ayuntamientos según El Verdadero Peruano, 1812-1813

Las conmemoraciones por el bicentenario han despertado el interés de la historiografía por revisar distintos acontecimientos transcurridos hace más de dos siglos. En ese sentido, investigaciones de índole político, social, económico, entre otras, nos dan luces de la situación del Perú virreinal en sus últimos años. Bajo ese sentido, la investigación busca analizar uno de los sucesos históricos que marcaron la historia de Hispanoamérica, nos referimos al arribo de la Constitución de Cádiz, centrándonos en el debate surgido a raíz de la elección de un clérigo para integrar el Ayuntamiento de Lima.

El papel que cumplió la prensa en el periodo de revolución ha sido desarrollado en base, entre otros aportes, al que dio François Xavier Guerra (2012), donde destaca el papel de la prensa como un actor político en sí mismo y plantea también la discusión como un mecanismo que, gracias a las imprentas, transforma las opiniones particulares en públicas. Además, trata sobre las primeras elecciones y los intereses propios que se ocasionan en este proceso.

Sobre las cortes de Cádiz, la Constitución gaditana y su impacto en el virreinato del Perú, ubicamos los trabajos de Morán (2015, 2017), quien hace un análisis de cómo distintos impresos fueron contorneando la imagen de la constitución ante un público destino, y cómo, a través de la circulación de sus ejemplares, pudo dar forma a la opinión pública, tan importante en tiempos de caos político. Víctor Peralta (2005, 2010) da especial protagonismo a los primeros pasos del Perú como un actor político moderno con la celebración de las primeras elecciones, en coherencia a su línea de pensamiento y redacción en otros trabajos, donde expresa la formación y evolución de la cultura política peruana de absolutista a liberal, que posteriormente le abriría las puertas a la Independencia. Estos autores detallan la función de los impresos en la sociedad virreinal en su etapa final y también cómo fueron recursos usados para fines propios.

El proceso de las elecciones en la época gaditana también se suma al esquema temático de este trabajo. En este sentido, Demélas y Guerra (2008) hacen un estudio con mayor extensión geográfica sobre los inicios de la democracia en España y América desde los primeros procesos electorales nacidos de la Constitución de 1812.

Por su parte, Chiaramonti (2005) realiza un importante aporte en este campo aterrizando en la experiencia peruana, analizando la formación de la ciudadanía y representación en los primeros años del siglo XIX. Cristóbal Aljovín (2005) nos ofrece una visión panorámica de los sufragios electorales en un proceso de larga duración, donde trabajo casi todo el siglo XIX. Francisco Nuñez (2005) indagó en la participación de un sector subalterno, los indígenas, en las elecciones bajo la Constitución de Cádiz. Y, finalmente, Valentín Paniagua (2003) nos explica a detalle cómo fue el proceso de elecciones en los distintos cabildos y los mecanismos utilizados. A partir de estos trabajos observamos la existencia de una importante producción historiográfica sobre las elecciones en tiempos de Cádiz, apuntando este proceso como uno que definió un quebrantamiento con la monarquía española.

Debemos señalar, sin embargo, que los trabajos que estudien a la Iglesia en tiempos de Cádiz en la historiografía no abundan. Ante esta ausencia, surge en nosotros algunas interrogantes:

¿cuál era la posición ante otorgarle un puesto de este calibre a alguien que porte la investidura religiosa?, ¿cuáles eran los argumentos en favor o en contra?, ¿qué niega o acepta en este caso en particular la Constitución de 1812?, ¿cómo llegaba la imagen del problema que significaba que integrantes de la Iglesia formen parte de este proceso electoral al público que finalmente obtenía la información de los impresos?

El ingreso de las elecciones de 1812 fue una novedad, y como algo nuevo, creó posiciones diversas frente a su acogida y sus disposiciones. El proceso era indirecto y de dos fases, de modo que ingresar a los cargos en los Ayuntamientos era relativamente más sencillo en comparación de cómo eran dados los cargos anteriormente, pero no por eso menos conflictivo. Los diferentes intereses y búsqueda de beneficios hicieron que aquellos que fueran elegidos no sean aceptados por un grupo o, al menos, causaran controversia; ello pudo abrir las puertas a un debate entre los que estaban a favor y en contra. Este es el caso de los funcionarios de la Iglesia.

La forma en que reluce dicho debate es con el uso de la prensa. El Verdadero Peruano se convirtió en depositario de la polémica en torno a la participación de los clérigos como funcionarios del Ayuntamiento. Un debate que nace a raíz de la elección de José Antonio Buendía, un presbítero, como el segundo en orden de los regidores; cuya noticia fue publicada originalmente en La Gaceta de Lima para el miércoles 16 de diciembre de 1812.

La llegada y cumplimiento de la Constitución de Cádiz en el virreinato peruano, conjuntamente con la libertad de imprenta, causó una mutación de ideas, de donde podemos observar el panorama en el que se desarrolló la participación de este clérigo en las elecciones de los ayuntamientos. Con ese propósito, el primer capítulo es un análisis del contexto que refleja la llegada de las noticias de la Constitución, el segundo acápite se centrará en detallar los mecanismos por los cuales se desarrollaron las elecciones a partir de la Constitución gaditana, y finalmente, ahondaremos en la elección del clérigo en las elecciones, tomando como punto de partida el debate existente en muchas páginas del periódico.

La crisis de la Corona española y las Cortes de Cádiz

Abrir el contexto en el que se recibió la Constitución gaditana en tierras del virreinato peruano nos lleva a la necesidad de realizar una breve historia conectada (O’Phelan, 2014). Haber sido parte de los dominios españoles hace necesario mirar primero lo que sucedía en la monarquía para entender las acciones tomadas por los habitantes al otro lado del océano. Con ello en mente, la primera década del siglo XIX estuvo marcado por una invasión que produciría un desvarío político y la renuncia de Carlos V en Fernando VII, y la de este último en favor de Napoleón, lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona.

A raíz del accionar de Napoleón, donde la Corona se queda sin Rey, en la península, la población hispana buscó organizar el gobierno por medio de la Junta Suprema Central, que convocó, antes de su disolución, a las Cortes de Cádiz, quienes por medio de debates de representantes de todo el dominio español creo la Constitución de 1812, de clara tendencia liberal (Chust, 2007; Peralta, 2013).

Para Abascal esto resultaba inconveniente pues al ser indirecto, no se podía controlar el resultado y colocaba los puestos a disposición de cualquier postura política, de manera que, en Lima y algunas otras regiones, el desenlace dio el triunfo a la elite criolla simpatizantes del constitucionalismo liberal (Chiaramonti, 2005; Peralta, 2010).

Al respecto, Paniagua (2003) profundizó sobre las varias controversias que surgieron en el camino sobre la primera marcha de las elecciones del ayuntamiento. En su libro especificó los casos de diferentes regiones como Piura, Huánuco, Huancavelica, Tacna y Maynas; cada uno con alguna polémica, teniendo en cuenta también que la Constitución repercutió en las relaciones de poder locales. Es así que también pasa a detallar la lid que se establece con la elección del eclesiástico de nuestro interés; José Antonio Buendía.

El debate sobre la elección de un presbítero como representante en el Ayuntamiento desde El Verdadero Peruano

A pocos días de culminar un año más de la crisis política originada por la invasión francesa en la península, se publicó en la Gaceta de Lima la relación de elegidos, así como el procedimiento por el cual se dieron los resultados el 13 de diciembre con un Abascal que expresó:

No había sido otro su objeto que obedecer los soberanos mandatos y poner en execucion los útiles establecimientos que ellos comprehendian, dando principio por la eleccion que se iba á hacer, la misma en que no ponía mano, ni hacia la menos insinuación, no obstante que no le eran desconocidos los sujetos capaces de ocupar los empleos digna y utilmentes bajo de cuyo supuesto nada mas hacía que presidir las votaciones y arreglarse á su resultado.7

El sistema indirecto de dos fases o etapas fue de este modo. En el primero, se conformaban los electores de acuerdo a las disposiciones según número de habitantes y parroquias, dando como resultado 25. Posteriormente, estos 25 que obtuvieron el respaldo electoral en la primera fase, elegían en la segunda fase. Cada puesto era sometido a elección de forma individual, de modo que sin el conteo y la publicación de votos para dicho cargo, no se pasaba a la elección del siguiente, hasta que finalmente se otorgaron 20 cargos.

Este proceso colocó en la cabeza a Don José Cavero y Salazar al cargo de la primera alcaldía con un total de 16 votos, y a Don José Antonio Buendía, un clérigo presbítero, capellán real y del monasterio del Carmen, como regidor de segunda vara con un total de 13 votos, ante la presencia del Marqués de la Concordia, que finalizado el evento, disolvió el congreso “lleno de gozo por un tal feliz acontecimiento y por las circunstancias que concurran en las personas elegidas”.8

De esta marcha, finalmente se conoció un alcalde de primer voto, un alcalde de segundo voto, 16 regidores y dos procuradores generales.

Cuadro 1.

Lista de elegidos en la segunda fase para el Ayuntamiento de Lima, 1812

Fuente: Gaceta del Gobierno de Lima, N°105, miércoles 16 de diciembre de 1812; N°109, jueves 24 de diciembre de 1812.

Pasados 11 días de las elecciones, un “indignado” lector bajo el nombre de El Amigo de la Verdad manifestó su rechazo a la nómina electa haciendo un descargo, valiéndose de los antecedentes históricos, de por qué era incorrecto que Buendía asumiera el cargo en el que se le había dispuesto.9 De esa manera se inicia un conjunto de manifestaciones escritas de opiniones a favor y en contra.

Pero esta polémica no es desconocida por la historiografía. Distintos intelectuales ya la han mencionado, algunos de más manera tangencial que otros, afirmando que el rechazo fue una campaña de Abascal para obstruir el funcionamiento del ayuntamiento, sumando además que el personaje en discusión era de tendencia liberal, como también lo fueron otros miembros (Chiaramonti, 2005; Paniagua, 2003; Peralta, 2002, 2010).

No discutimos la tesis que afirma que la razón y la causa del debate fue un intento tras bambalinas por truncar o dificultar las elecciones. Sin embargo, a pesar de compartir la postura, consideramos necesario no reducirla a tal y reflexionar sobre los argumentos usados, ya que ellos nos darán un halo de luz sobre el pensamiento que traía la inclusión de religiosos a la vida política del siglo XIX; esto desde las páginas de El Verdadero Peruano.

Primero rescataremos los razonamientos en contra para pasar a los favorables, de manera que se pueda trabajar de forma orgánica las ideas que generaban discrepancia. Analizar los juicios de oposición a los resultados se pueden resumir en dos. Primero, está el concepto de capacidad o incapacidad de los religiosos para desempeñar asuntos civiles dado que la política exige personas cuyas tareas fueran terrenales y no de los cielos. Es así que es frecuente leer frases como: “¿Pueden los eclesiásticos ser regidores?”, “¿quién no ve en todos estos artículos una exclusiva harto clara de los eclesiásticos para cabildantes? Los oficios de estos son incompatibles”.10

Y la segunda, es la tradición histórica de mantenerlos alejados de asuntos también nombrados seculares, tal como encontramos en el periódico:

Acaso la constitución elimina lo que se ha construido históricamente y se ha establecido por tradición, distraerse de lo que estan destinados”, “la autoridad eclesiástica debe aquí limitarse á los terminos que fixaron los apóstoles, no ingiriéndose en administraciones puramente seculares”.11 “La autoridad económica, que les corresponde por razon de electores, alcanza para arrancar á un sacerdote de su legítimo fuero, hacerle empuñar el baston, signo tan indecoroso á la mansedumbre eclesiástica.12

Por otro lado, cabe señalar que, aunque estas citas generan la impresión de un total rechazo y no conexión entre los asuntos políticos y eclesiásticos, la idea es errónea. Las parroquias y la Iglesia estuvieron presentes en la vida política virreinal, pues mediante ellos se reforzó el poder de la Corona bajo la representación de la divinidad. Además, eran quienes controlaban los hitos más importantes de la vida de los ciudadanos al ser los que llevaban la relación de ellos mediante los nacimientos, matrimonios y las defunciones (Cosamalón, 1999, 2017), por lo que hacía de la corporación católica la que estaba a cargo del censo, un procedimiento que en el momento en el que llegó la carta magna, determinó el camino de las elecciones, pues de ellos se decidía quién votaba y quién no, lo que influía en quién era elegido.

Por el bando contrario, tenemos la posición del Dr. José Ramón del Valle que apoyaba la inclusión de personajes de la Iglesia en los ayuntamientos, en sus palabras: “los eclesiásticos [...] pueden y aun deben exercer qualesquiera judicaturas civiles, quando se lo manda el rey, ó quando voluntariamente lo comisionan”.13 Añade que los clérigos son los más adecuados para el cargo, dado que su condición los impulsa a ese tipo de obligaciones en pos de favorecer y mejorar la humanidad. Suma también que el oficio necesita de un conciliador, y lo más adecuado es un personaje de paz.14 En otras palabras, el clérigo debe asumir su cargo por la virtud de la conciliación que se le otorga por pertenecer a la corporación de la Iglesia Católica. Consecuentemente, hubo una respuesta en búsqueda de desvirtuar sus razones, que decía que los hombres de Dios pueden ser consejeros de los reyes y pacificadores, pero no están destinados a tomar posición civil como regidores, por lo que les emite un mensaje directo:

Venerable clero de esta capital; á ti me dirijo, á tus luces y honor para dar fin á esta contienda. [...] Yo no temo, ni temeré nunca el que falles en mi contra. [...] Nada resulta al clero de honor y consideración por sentarse en los cabildos, que no lo tenga eminentemente por su alto ministerio. Su fuero es una de las prerrogativas que lo ennoblecen a las emás clases de ciudadanos. ¿Cómo, pues, convertirán en renunciar a él para vestirse de regidores? .

Lamentablemente el Dr. Ramón del Valle no pudo responder debido a que falleció al tiempo de envío de su comentario.

Finalmente, siguiendo las páginas del periódico, encontramos la renuncia de José Antonio Buendía al Ayuntamiento.17 De esta proclama, inferimos el reconocimiento de su capacidad y apoyo para asumir el cargo, avalando esta mediante su disposición en “beneficio” del pueblo y resaltando su socorro a la corona ante el tirano de Europa, mediante una donación de 330 pesos anuales desde el año 1809.18 Es necesario aclarar el recurso del que hace uso al mencionar el donativo, pues fue un modo de, además de reconocerse como fiel, hacerse merecedor de beneficios, ya que avalaba su patriotismo, lo que además convierte su “carta remitida a los señores redactores del Peruano” en un asunto político y social (Morán y Yarango, 2022b).

Deteniéndonos en el patriotismo del que se acusa a sí mismo Buendía, podríamos inferir que la definición a la que se refiere es la manifestada por David Velásquez (2017), es decir, la relación entre patriota como un sujeto leal a la corona y a la Iglesia católica en pro de la comunidad.

En el resultado final, sin embargo, se dispone que los clérigos no deben tomar puestos seculares.

Las soberanas cortes generales y extraordinarias por decreto de 21 de septiembre del año pasado, han sido servidas declarar por punto general á los eclesiásticos seculares, la voz activa en las elecciones de ayuntamientos constitucionales, restringiendo la pasiva para no poder ser nombrados ni elegidos para ningún oficio de dichos ayuntamientos ni concejos.

Es así que, quedando vacante su posición como regidor, pasa a remplazarlo Miguel Fernando Ruiz (Paniagua, 2003).

Se refuerza además la tesis que indica que esta fue una campaña en manos de Abascal, dado que en la parte final del ejemplar número trece del periódico, se llama a una oposición contra esta elección que convoca a la falta de razón y leyes.20 Es a partir de esta edición que empiezan las manifestaciones del lado contrario a que Buendía asumiera su cargo según las votaciones lo dispusieron.

Ahora, sería errado cercar esta discusión a la duda de quién es mejor para desempeñarse en la ocupación. Lo más enriquecedor es dar cuenta de cómo usan los conceptos, para alimentar una posición política. Las palabras más comunes que se leen en este tramo del impreso son: asuntos civiles, asuntos eclesiásticos, constitución, clero y términos afines, pero cada uno desde su tribuna dando distintos usos a un mismo concepto.

También sería un error afirmar que este fue un debate del que toda la población del virreinato peruano fue partícipe o incluso tuvo conocimiento. La investigación analiza lo escrito en el periódico decimonónico, por lo que también nos lleva a la duda de quiénes eran los que escribieron y cuáles fueron sus motivos para mostrar su posición en un impreso público. Claro, al respecto, Peralta (2010) detalló lo primero, apuntando al presbítero Tomás Flores y a Hipólito Unanue y José Pezet como editores; además de tener la protección del virrey. Es claro que los motivos descansaban en una conveniencia política; iniciado por el lado de Abascal, es decir, el conservador. Lo que afirma la tesis de distintos historiadores con respecto a la lucha entre las ideas liberales y conservadoras. Como indicamos, el clérigo en cuestión era de tendencia política liberal, lo que resultaba peligroso en un contexto en el que la Corona tenía un déficit de representación. Eso nos brinda una Lima en medio de caos político en el que la nómina elegida no hizo más que agudizar los riesgos; riesgos de los que el Marqués de la Concordia hizo su propósito obstaculizar por motivos políticos. En ese sentido, no deseaba ver a políticos liberales integrando el Ayuntamiento limeño en vez de peninsulares (Anna, 2003; Peralta, 2010; O’Phelan y Lomné, 2013).

Conviene señalar que desde los argumentos que se explican hasta los intereses políticos no involucran a la Iglesia como corporación. Este es un debate que en las páginas gira en torno a las limitaciones del accionar que tenían los personajes de Iglesia ante un evento civil y que realmente respondía a la causa que ya explicamos.

La búsqueda de conseguir sus propios intereses fue un factor común a lo largo del siglo decimonónico y es lo que resalta en este estudio. En ese sentido, observamos el interés de Abascal por no dejar que las elecciones se dieran de forma que no pudiera controlar los objetivos de los elegidos que respondían a un criterio liberal, para formar parte de un puesto que hasta ese momento había sido hereditario, y que tenía en su mesa las riendas de la ciudad.

En general, esta es solo una muestra de cómo las riñas no solo se ciñeron al campo sino en los impresos y evidencia la lucha que mantuvo Abascal para controlar los avances de las ideas liberales en todos los campos. Este tipo de disputas están en todo el siglo XIX, lleno de ironías y cambios, lo que lo hace un excelente periodo para análisis políticos y sociales, ya que todo se encuentra conectado. Durante los primeros años decimonónicos veremos personajes que a lo largo de los años siguientes cambiarán de posición política, lo que responde a un posicionamiento de intereses personales. Cada persona trataba de conseguir el mejor beneficio desde el bando que convenga, de modo que quienes en un inicio apoyaban la causa realista, posteriormente cambiaron a los independentistas, una vez que era inevitable el cambio de poderes.