Resumen
Los movimientos campesinos del siglo XX o las llamadas sublevaciones indígenas fueron en el Altiplano de Puno alrededor de treinta y dos movimientos populares de tierra que abarcaron cerca de setenta años de aquel siglo, donde parece concentrarse la mayor respuesta violenta de la clase campesina, cuyas causas fundamentales fueron la expansión de las haciendas, la violencia con la que actuaban los terratenientes-gamonales para adueñarse de las tierras y de otros gamonales de rango inferior y de los abusos que cometían las autoridades locales de los distritos o pueblos en tensión. Pues, tales insurrecciones son una respuesta, un mecanismo de contrarrestar la ofensiva de los poseedores de tierra; ya sean estos, terratenientes-gamonales típicos o gamonales destinados a desangrar las tierras del campesinado. En esa línea, el presente busca relacionar los principales episodios de los movimientos campesinos de Puno durante el siglo XX y el rol tenebroso de una lista de usurpadores de tierra en las regiones del Sur.
Palabras clave
INTRODUCCIÓN
Como se sabe, a toda acción le sigue una reacción igual y contraria. De modo que, a las diversas causas de expansión de haciendas vía la usurpación utilizando la violencia desmedida, contribución de los indígenas, sistema de explotación a través de la servidumbre: pongaje, mitanis, quipus y otros que el campesino deba ejecutar en las casas-hacienda o en la ciudad, o, ante servicios de las autoridades y curas de la iglesia, le siguen reacciones contundentes en el que la masa campesina se defiende de lo que considera una agresión a sus derechos de tenencia de la tierra, a los cobros indebidos de tributación, impuestos a la sal, confiscación de sus terrenos y otros (Agurto, 1976; Alzamora, 1960; Beltran, 1977; Contreras, 1988; Deustua, 1905).
De esta forma, la mayoría de las sublevaciones o movimientos campesinos tienen ciertos factores comunes que se repiten y que parecen ser una constante de toda sublevación. Así, se puede señalar primero, que el trasfondo social donde se mueven todas las rebeliones campesinas es una tensión de clases, una lucha sorda entre terratenientes, autoridades, ciudadanos notables e incluso el cura de la iglesia y campesinos indígenas, provenientes del abuso y la usurpación de las tierras comunales que constituye el cimiento, donde puedan desarrollarse las rebeliones (Vasquez, 1955; Memorial, 1921; Velasquez 2007; Villaran, 1922)2.
En todas las rebeliones, aparece un factor coadyuvante, un elemento catalizador que desde fuera incita a la rebelión, la encauza y agita el descontento. Esta presencia de un elemento externo a las propias comunidades campesinas es claramente visible. Los indios no actúan, mientras que alguien no los impulsa, encabeza y lanza a la acción directa. Así, la sublevación misma tiene una mecánica que se repite casi como una constante: es una acción pasional de violencia pura, de acción de masas, que atacan, saquean, incendian, prácticamente sin seguir un plan táctico ni estratégico bien planificado, o aún en el caso de tenerlo, rebasan a sus líderes (Tamayo 1982; Torres, 1940; 1940; Valcarcel, 1954).
Este es un desborde pasional violento y desorganizado que dura horas, días, escasas semanas o que, en otros casos, terminan inmortalizándose para siempre. La sublevación indígena es rápida, fugaz, signada por características de violencia extrema: muertes, incendios, saqueos, las masas indígenas se enardecen con alcohol, la lógica respuesta de una agresividad reprimida durante generaciones, que violentamente se desata para satisfacer fuerzas subterráneas y subconscientes (Bowen, 1996; Corggio, 1991; Salas, 1970; Salazar, 1961; 1962).
Por su misma violencia y desorganización, la represión estatal y gamonalesca cae sobre las masas sublevadas también con extrema violencia. Es una represión más o menos rápida y casi siempre sangrienta que responde con asesinatos, fusilamientos, persecuciones, robo de ganado, incendio de cabañas, etc. En la represión participan concurrentemente fuerzas del ejército y de la gendarmería, con las propias bandas armadas de los gamonales que organizan una gran masacre en plan de venganza y escarmiento (Irigoyen, 1922; Jacobsen, 1989; Pease, H. 1991).
Un aspecto común a todas las sublevaciones indígenas en Puno es que a la postre resultan rebeliones fallidas y contraproducentes. La represión es tan dura que prácticamente ninguna sublevación logra su objetivo (devolución de las tierras usurpadas), antes, por el contrario, después de la masacre final de campesinos con que termina la sublevación, la tierra no ha sido recuperada, los indios han sido exterminados y perseguidos y más bien las condiciones de usurpación de tierras, explotación abusiva y robo de ganado se acentúan y se hacen más duras. Todas las rebeliones indígenas en Puno fueron sublevaciones fracasadas, ninguno obtuvo el éxito esperado (Ponce, 1970; Hurtado, 1953; Bonilla, s.a). En esa línea, el presente busca relacionar los principales episodios de los movimientos campesinos de Puno durante el siglo XX y el rol tenebroso de una lista de usurpadores de tierra en las regiones del Sur.
MÉTODO
Desde una perspectiva de análisis documental, el estudio toma su punto de partida en la revisión de estudios acerca de los movimientos campesinos gestados en el altiplano de Puno durante el siglo XX. Tomando su impulso teórico en libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios y otros archivos históricos que den solides al estudio. Igualmente, para sistematizar y direccionar el trabajo en un punto determinado, se hace uso de palabras clave o descriptores de búsqueda. Incorporando términos o criterios de inclusión y exclusión (Huanca-Arohuanca y Canaza-Choque, 2019; Canaza-Choque y Huanca-Arohuanca, 2020; Canaza-Choque, Supo, Ruelas y Yabar, 2020; Canaza-Choque, Escobar-Mamani y Huanca-Arohuanca, 2021; Canaza-Choque, 2018; 2019; 2021; 2021a; 2021b; 2022; Canaza-Choque et al., 2022).
Así mismo, tomando como referencia el paradigma cualitativo, se introduce a un espacio local convulsionado por una serie de turbulencias, luchas e intentos de emancipación frente al poder de los gamonales situados en los andes del sur peruano. De modo que, la historiografía regional debe ser la partera de toda investigación que se realiza desde frontera y que enseñe a los neoinvestigadores el valor fundamental y el significado desastroso de explorar el pasado colonial (Huanca-Arohuanca, 2019; 2020; 2021b; 2021a; 2022a; 2022b; 2022c; 2022d; 2022e; 2022f; Huanca-Arohuanca et al., 2020; Huanca-Arohuanca y Pilco, 2021a; 2021b).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La sublevación de Huaypara
La sublevación de Hauypara se realizó del 20 al 31 de enero de 1921, durante los cuales se han marcaron acciones y episodios sangrientos no tanto por el número de bajas y heridos, sino por la naturaleza de la represión. Lo primero que se ha constatado es que el plan rebelde fue concebido durante varios meses, en reuniones constantes y nocturnas que tenían lugar en distintos puntos de la parcialidad de Qquepa, siendo el más estratégico la cabaña de Mariano Jara, denominado Japutira (Lizares, J. (1903; Lumbreras, 1968; Burga, s.f; Gall, 1976; Gallegos, 1979; s.f).
Allí estaban presentes los caudillos que asumieron la tarea de dirigir el ataque al caserío. No es posible determinar si la fecha exacta de tal acontecimiento fue fijada antelada mente, y en cuanto a los fines es conocido por todos que se pretendía destruir totalmente la casa-hacienda por considerarlo el símbolo de dominación y el bastión desde donde Frisancho, hermanas, familiares, administradores, quipus, rodeantes, etc., dictaban las órdenes en agravio del campesino.
Lo que no es fácil determinar es que, si realmente se decidió poner fin a la vida de don Ignacio Frisancho, asumiendo todas las consecuencias que tal actitud podía significar, o simplemente amedrentarlo para que deponga su afán expansionista. Tampoco hemos encontrado información suficiente del plan de ataque a otras haciendas circunvecinas. El Dr. Frisancho ejercía la función de Juez de Primera Instancia de la Provincia de Puno, y dentro del campo intelectual era figura prominente en todo el departamento de Puno.
A mediados de enero tiene lugar una diligencia judicial de lanzamiento de la estancia “Ujno” de propiedad de los hermanos Mamani Álvarez, dirigida por el Juez de Paz de Pucara, don Fidel Aguirre, y en favor de don Ignacio Frisancho, en cuya representación concurre su administrador Máximo Rosell, a quien un grupo de campesinos lo amenazaron de muerte en presencia del Juez de Paz, quien tuvo que abandonar el lugar en forma precipitada temiendo una respuesta de violencia de la familia Mamani Álvarez y sus vecinos que le hacían compañía.
Este hecho que para el hacendado eran tan cotidiano que hasta le resultaba una simple rutina fue la chispa del incendio. Los líderes, algunos de los cuales eran mensajeros, estrecharon sus reuniones en lugares estratégicos y alejados, incluyendo parajes ocultos, hasta que decidieron sitiar el caserío de Huaypara a partir del 24 de enero de 1921. Todas las parcialidades de Pucara estuvieron comprometidas y numerosos colonos de las haciendas, lo mismo que de la comunidad de Kkojra de Santiago de Pupuja, y algunas más del distrito de Ayaviri (Comunidades, 1922; Coombs, 1975; Corggio, 1991; Arroyo, 1977; Basadre, 1979).
Desde tempranas horas del día señalado, columnas de campesinos desde diferentes puntos comenzaron una marcha sobrecogedora. Concentraciones previas tuvieron en Ccochapata que es la parte más alta y alejada de la parcialidad de Qquepa; en Pumatira, perteneciente a la Anagrá; cerca al río Pucará los comuneros de Kkojra. Los hermanos Iturry Aguirre que eran dueños de la hacienda Huayllani, veían asombrados que decenas y hasta centenares de indígenas uniformados de bayeta blanca, en fila de a uno a manera de un cordón interminable, se encaminaban al lugar convenido. Por la tarde el caserío se encontraba totalmente rodeado por sus cuatro costados. Testigos presenciales como la familia Frisancho vieron que el camino grande que une Pucará con las zonas altas, llegando hasta Vilavila y continuando al departamento de Arequipa, estaba completamente bloqueado por la masa humana en una extensión de diez kilómetros. Antes que un plan de ataque fue una demostración de fuerza de miles de campesinos, porque, si la idea principal hubiera sido destruir, matar, saquear, incendiar y cometer otros actos de vandalismo, se habría producido en pocas horas (Portugal, 1945; 1946; 2013; Quintanilla; 1978; Ramos; 1987; 1994).
El caserío no contaba todavía aquellos días con protección policial, y doña Fernanda Frisancho que se encontraba, acompañada de sus servidores domésticos, los pongos, mitanis, los quipus y algunos colonos, no está en condiciones de poder ofrecer ninguna resistencia. Y, es aquí donde surgen explicaciones de índole mágico-religiosas en torno a la rebelión y a la personalidad extraordinaria de doña Fernanda, hermana del Dr. Mariano Ignacio Frisancho Macedo. Los jefes de los insurgentes antes de iniciar realizaron el pago a la tierra y a sus apus tutelares, sin que cuya aprobación y protección, la derrota sería inminente.
Por su parte, la referencia generalizada, tanto de parte de los familiares de dona Fernanda como del lado opuesto, expresa que ésta tuvo un sueño revelador de la sublevación, `por lo que convocó a sus colonos a fin de que le dieran el relato fidedigno de lo que estaba ocurriendo logrando su propósito, gracias a sus excepcionales condiciones de hipnotizadora. Con esto pensó que el plan del alzamiento había sido desbaratado, y tan segura se encontraba de sí misma que no tuvo necesidad de recurrir a las autoridades ni policiales de Pucará. Cuando ve que miles de indígenas rodeaban su vivienda, no se sintió atemorizada, confiaba en su capacidad de convencimiento. Llamó a algunos de los jefes para que presentaran su pliego de reclamos, para ser estudiado y luego acceder si estaba en el marco de las posibilidades.
Aseguran que la mirada fija y penetrante de doña Fernanda ejercía tal dominio que los pobres indios, arrepentidos, lloraban desconsoladamente. En la hacienda Huaypara por las noches se hacían fogatas, en torno de los cuales, danzaban los campesinos entusiasmados, y en las cumbres aledañas los lamentos de los pututos estremecían los corazones. Aquellos días de prueba para doña Fernanda habrían sido, indudablemente, de muchas angustias y temores, pero decidió no moverse de la casa-hacienda, por mucho que los atacantes le prometieron darle todas las seguridades para su traslado al pueblo de Pucará. Tenía fama de espiritista, y también hay la versión que invocó a los espíritus para que la ayudaran en alejar a los indios de Huaypara. No podemos negar que se trata de una mujer dotada de gran valor y coraje, y es natural que en algunos sectores de los campesinos supo también inspirar alguna simpatía y sobre todo mucho temor (Lizares, J. (1903; Lumbreras, 1968; Burga, s.f; Gall, 1976; Gallegos, 1979; s.f).
Durante varios años Fernanda se convirtió en profesora al instalar en el caserío una especie de escuela donde a los niños de esta zona, tanto mistis como indígenas, les enseñó las primeras letras y sobre todo el catecismo. Este es un mérito que se le tiene que reconocer y aplaudir. Lo cierto es que la persona de doña Fernanda no fue tocada, y si bien es cierto que parte del caserío, por la parte baja, fue incendiada, el lugar de su morada se mantuvo intacto. Además, al lado de su dormitorio tenía instalada una especie de capilla, donde se veía imágenes, lienzos, cuadros, etc., los que, naturalmente, merecían respeto y temor.
Es de suponer que las desagradables noticias recibidas por el Dr. Ignacio Frisancho Macedo, que se encontraba en la ciudad de Puno, lo obligaron a tomar las medidas que él creía aconsejables. Solicitó a la Prefectura garantías personales, y exigió que en forma inmediata fuese enviado un destacamento de gendarmes para salvar la vida de quienes se mantenían en la casa-hacienda de Huaypara, entre las que se hallaba su hermana Fernanda. Acogida la petición, por ser atendible, el día 28 de enero de 1921, una veintena de policías se embarcaron en el tren que hacía servicio entre Puno y Cusco, bajo las órdenes del sargento Nicanor Romaní Quispe, para desembarcar en la estación de Laro, desde donde, a caballo, se encaminaron a Huaypara, aproximadamente a las diez de la mañana.
En un acto de temeridad inexplicable en semejantes circunstancias, don Ignacio Frisancho Macedo, decidió acompañar a la gendarmería, y que para los sitiadores fue una burda provocación, por lo que, cuando se intentó abrirse paso con la finalidad de ingresar a la casa-hacienda, tuvo lugar un enfrentamiento armado entre unos y otros. En un momento de intensa confusión, faltando solamente medio kilómetro para alcanzar el objetivo, un feroz dardo lanzado por una anónima mujer con su “huaraka”, hizo impacto en la frente del caballo de montaba el Dr. Ignacio Frisancho Macedo, a tal punto que cayó derribado y muerto el animal, y lógicamente el jinete rodó por el suelo.
En esos dramáticos instantes, el jefe indígena Silverio o Ciriaco Luque, con el mango metálico de su chicote o zurriago trató de ultimar al Dr. Ignacio Frisancho, pero un certero balazo disparado con su fusil por el sargento Romaní Quispe en la persona del atacante evitó la tragedia. Gravemente lesionado Luque fue tomado prisionero y conducido al caserío junto con otros campesinos que cayeron también heridos en el campo de batalla.
La intensa balacera que los gendarmes lanzaron puso en fuga a los sitiadores, los que en marcha precipitada tomaron distintas direcciones. En menos de una hora la impresionante multitud había desaparecido de Huaypara. Otro jefe, de la parcialidad de Kkojra, Sabino Quispe, cayó gravemente herido y fue llevado por la gendarmería al caserío. En torno a la suerte corrida por los caudillos Luque y Quispe se tejieron muchas conjeturas que actualmente lindan con la leyenda. De acuerdo con la versión de los campesinos, fueron sometidos a tremendas torturas y mutilaciones para arrancarles la verdad sobre la rebelión y sus dirigentes. A Luque se le arrancó la lengua según la versión de Ceferino Mestas que milagrosamente logró escapar de manos de sus verdugos (Portugal, 1945; 1946; 2013; Quintanilla; 1978; Ramos; 1987; 1994).
Lo real es que aquellos valerosos mártires de la sublevación de Huaypara, la noche del 28 de enero de 1921, fueron bárbaramente ejecutados en el caserío de Huaypara. Sus cadáveres incinerados a medias luego fueron sepultados esa misma noche en el jardín próximo a uno de los almacenes. Esos cuerpos jamás serían encontrados pese a todos los esfuerzos, ruegos y reclamaciones que los familiares de las víctimas realizaron durante varios años y ante distintas autoridades.
Ahora bien, ¿Quién o quiénes dirigieron la ejecución? ¿Fue Ignacio Frisancho Macedo, el sargento Romaní, Gerardo Aguirre que era gobernador de Pucará, o los tres conjuntamente? Pretender dar respuestas definitivas en torno a esto resulta sumamente difícil. Además, es en torno a este punto donde las contradicciones se agudizan cuando cada cual da su propia versión. Como es natural, los familiares de don Ignacio Frisancho, derivan la responsabilidad exclusivamente a la policía y a los indios fieles, entre los que estaban varios quipus. Pero, estando allí, siendo testigo y protagonista principal, pudo haber evitado semejante salvajismo. Los campesinos de Pucara nunca perdonarían a Frisancho un acto tan brutal (Rengifo, 1977; Renique, 2004; Rivera, 1922).
Al día siguiente, cuando todo estaba consumado, y cuando los indígenas sitiadores de Huaypara volvieron “cabisjabos y vencidos” a sus hogares, llegaba el Sub-prefecto de Lampa, don Mariano Vicente Cuentas, acompañado de una numerosa comitiva formada por gendarmes, algunos vecinos de Pucará y autoridades subalternas. Su misión se concretó, según refiere, a pacificar la zona, disuadir al indio para que viva en paz, y en torno a la ejecución de Quispe y Luque, no obstante que las viudas, con sus ruegos y lamentos, exigían la entrega de sus cuerpos, se hizo el sordomudo, dentro de una complicidad horrorizante.
En aquellos meses ejercía el cargo de alcalde, don Rufino Macedo, tío de Ignacio Frisancho Macedo. Revisando “El Siglo” de Puno se constata que, en su condición de alcalde, remitió diez comunicaciones en forma de telegramas. En una de ellas se expresa que gracias a las medidas sagaces del Sub-prefecto Cuentas, se desbarató el plan de los indígenas de convertir todas las fincas de Pucará en parcialidades, y que la rebelión de los días 26, 27 y 28 de enero de 1921, estuvo, sin embargo, dirigida contra el Dr. Ignacio Frisancho Macedo por ser el más influyente3. En otra, señala que ya los ánimos se han tranquilizado pero que es menester tomar medidas atinadas para contener el bandolerismo que en forma alarmante se ha desarrollado4.
Es interesante la aseveración de don Rufino Macedo, cuando levanta los cargos que los indígenas le asignan a don Ignacio Frisancho, expresando que se debe exclusivamente al afán de apoderarse de sus propiedades5. No olvidemos que años atrás ambos eran duros contendores. De igual manera el corresponsal de dicho diario en Pucará envió de su parte abundante información. En uno de los informes sostiene que la llegada del mensajero Inocencio Condori de la ciudad de Lima, y tomando el nombre del Presidente de la República, se ha dedicado a azuzar a los indígenas para atacar las haciendas del Dr. Ignacio Frisancho Macedo, y que el día 28 de enero de 1921 en número de mil trataron de destruir el caserío de Huaypara y victimarlo6. Igual que Macedo destaca las sagaces y oportunas medidas adoptadas por el Sub-prefecto Cuentas para frustrar tales desmanes7.
Conviene destacar la denuncia que se formula contra los mensajeros al pretender asumir las gobernaturas aduciendo que tienen órdenes del Presidente de la República. Estas acusaciones son coincidentes en muchos lugares del departamento de Puno. Un periódico de Cabana llamado “Noticias”, refiere que un grupo de indígenas llevados de las ideas que les sugieren los proindigenas se han constituido en autoridades de Cabana, y que el gobernador es el indígena Pedro Llanos, teniendo los demás otros cargos, por mandato, según se afirma del Presidente de la República, aun cuando se niega a mostrar el título. Agrega el informativo que nada raro es que los indígenas sean autoridades siempre que no sean ignorantes y analfabetos, y finalmente protestan y exigen que sean capturados por usurpar funciones8.
El memorial fechado en 4 de febrero de 1921, y publicado el 22 del mismo mes y año en “El Siglo”, firmado por jefes indígenas Pedro Idme y Daniel Mamani en representación de todos los damnificados, es sin duda, uno de los documentos importantes de estos sucesos. La demora de su publicación pudo haberse debido a la estrecha vinculación del director del diario, Sr. Gustavo Manrique, con el Dr. Frisancho, ya que eran compadres y muy amigos, sin embargo, dejando de lado tan poderosa circunstancias espirituales, dicho periodista tuvo el coraje de publicarlo en primera página, lo que evidencia que antaño la imparcialidad de la profesión periodística era mil veces superior que la de ahora.
Lo primero que aparece es la denuncia de la masacre de que han sido víctimas los indígenas de Qquepa y otras parcialidades de Pucara, los días 26, 27 y 28 de enero de 1921, por cerca de ochenta personas, particularmente gendarmes, encabezados por el Dr. Ignacio Frisancho, sin motivo alguno. Vemos así que niegan rotundamente el hecho de la rebelión, considerándose víctimas de incalificables atropellos por arrebatárseles sus tierras y ganado.
Descartan toda posibilidad de encontrar garantías y justicia con las autoridades distritales y provinciales, por cuya razón llaman la atención del Prefecto y de la opinión pública. Relata el documento las terribles muertes que encontraron en el caserío los dirigentes campesinos Silverio Luque y Sabino Quispe, a quienes, según se afirma, se les arrancó la lengua y se les mutiló los labios (Portugal, 1945; 1946; 2013; Quintanilla; 1978; Ramos; 1987; 1994).
En cuanto a Cipriano Mestas se asevera que de un balazo se le fracturó el brazo derecho para ser secuestrado en el caserío, escapando milagrosamente, y que por las graves lesiones que presenta se halla sin esperanzas de vida. Constantemente aluden a la triste y dolorosa situación de la desgraciada raza indígena que además de sufrir los abusos de los hacendados, son feroz y criminalmente masacrados y reprimidos con las armas del Estado, por cuya razón invocan al Supremo Gobierno para que los incalificables crímenes y saqueos de ganado por parte de los hombres que dirige Frisancho en las distintas cabañas, especialmente de Pedro Idme, Daniel Mamani, Ascencio Idme y otros. Como era de esperarse del homicidio de Luque y Quispe, de los saqueos, etc., culpan directamente al Dr. Ignacio Frisancho Macedo9.
Naturalmente que aquello de la represión sin motivo alguno era por un lado demasiado ingenuo, y por otro, nadie podía admitir, menos las autoridades. Sin embargo, la dureza de la respuesta, tales como los asesinatos, torturas, saqueos y otras formas de castigos terribles, sin lugar a dudas eran ciertas y francamente amparadas por las autoridades de todos los niveles.
Frente a los cargos que le formulan ¿cuál fue la respuesta del Dr. Frisancho? Si se tiene en cuenta que era un hombre dotado de grandes cualidades periodísticas, de ideas liberales, con amplia formación humanística, debía tomar conciencia que los acontecimientos de Huaypara eran ya parte de la historia social del altiplano puneño, y consiguientemente estaba obligado a esclarecer los hechos con la suficiente amplitud. Además, ejercía un elevado cargo judicial en la capital del departamento de Puno, por lo que había un deber moral de explicar ante la opinión pública y antes las autoridades superiores de los sucesos en su hacienda de Huaypara. Pero el Dr. Frisancho nos deja no solo desconcertados sino asombrados cuando envía a “El Siglo” una pequeña nota de descargo en los términos que siguen:
Por referencias particulares ha llegado a mi conocimiento que en el interdiario de su dirección se ha publicado una correspondencia, atribuyéndome hechos delictuosos imaginarios, inventados por enemigos gratuitos y cobardes, que se parapetan a la sombra de indígenas ignorantes a quienes explotan induciéndolos a cometer actos de bandalaje como los que pretendieron realizar el 28 de enero último. Como en aquella publicación se trata de extraviar el criterio público protesto de tan calumniosas imposturas, haciendo constar que en la instrucción criminal que se sigue se esclarecerá la verdad de los hechos, mientras tanto debe el público suspender su veredicto. Mis antecedentes me ponen a cubierto contra sus calumnias groseras10.
Prácticamente el Dr. Frisancho al no decirnos nada o muy poco, quiso ocultar con un dedo la luz del sol. Los habitantes de Pucara, incluyendo sus amigos y familiares, conocían a la perfección las causas de los acontecimientos, los sucesos en sí y sus implicancias. Las muertes de Silverio Luque y sabino Quispe dentro del caserío de Huaypara, así como el ocultamiento de los cadáveres, no fueron cosas imaginarias, inventadas por sus enemigos. ¿Por qué no señaló a sus enemigos, por lo menos en forma indirecta? Resulta muy fácil remitir a la acción judicial el esclarecimiento de la verdad, a sabiendas de que ésta, por las deficiencias, las inveteradas corruptelas, las influencias y por la misma actitud asumida por las partes en litigio, se mantiene oculta para siempre, salvo en casos excepcionales. Las instrucciones que inició el Dr. Frisancho, y las que se incoaron en su contra, acabaron con la prescripción y el archivamiento “porque los hechos investigados no han sido suficientemente esclarecidos” como reza la resolución judicial pertinente11.
Aquella siniestra maquinaria judicial fue presta también en actividad por lo acontecido en Huaypara. El juez de paz de Pucara, don Fidel Aguirre, preparó el sumario desde los primeros días, y es así que su hermano, Gerardo Aguirre que era gobernador, con oficio Nro. 41, fechado el 16 de febrero de 1921, lo remite al Juez de Primera Instancia de Lampa, expresando que “en paquete cerrado se envía el sumario criminal sobre la rebelión de los indios y el ataque a la hacienda Huaypara del Dr. Frisancho, junto con los reos Cipriano Mayta, Julián y Danel Mamani, y Martín Castro, quienes marchan a cargo de los comisionados Marcos Colquehuanca y Enrique Apaza y custodiados por dos soldados de la guarnición12.
Otros dirigentes fueron encarcelados posteriormente y conducidos a la cárcel de Puno. Uno de ellos, mariano Jara, desde su prisión, lanza la siguiente acusación contra Frisancho:
Que habiendo logrado encarcelarme mediante una maquinación, so pretexto de ser sublevador, el Dr. Ignacio Frisancho y hermanas, quienes una vez que he estado detenido en la cárcel, han hecho allanar mi casa mediante sus yanaconas Andrés Torreblanca, Marcos Colquehuanca y muchos indígenas, los que cumpliendo estrictamente las órdenes de sus patrones has estropeado a mi esposa María Orcoapaza, dejándola sin esperanza de vida. Además de haber cometido este crimen han sustraído doce llamas de mi propiedad y ropa que le quitaron a mi mujer, por solo el hecho de ser colindante de la finca del Dr. Frisancho. No contento con realizar los inauditos crímenes, hoy estoy amenazado de ser victimado, y de ser demolido mi caserío si no acepto a regalarle mi propiedad y ayudar a cometer los crímenes que acostumbra13.
En esta documentación, al margen de las graves imputaciones que se formularon a Dr. Frisancho, aparece un hecho que es constatado por todos los historiadores ocupados en movimientos campesinos: la presencia del elemento indígena servil y domesticado, capaz de ejecutar las acciones más abominables en agravio de sus hermanos de raza, para complacer halagar y satisfacer al patrón. Desde la conquista, tomando como ejemplo a Felipillo, se puede decir que el indio ha sido el mayor verdugo del indio. Las huestes indígenas de Mateo Pumacahua, Sawahuara y otros caciques llamados fieles fueron en realidad los que aplastaron la rebelión de Túpac Amaru, y cuando estos campesinos llegaron a Puno, los rebeldes de Azángaro los acosaron de insultos, llamándolos “Makka Mama” que literalmente significa maltratar a la madre, y metafóricamente, traidor, renegado, infeliz, etc.
En lo de Huaypara los quipus y rodeantes fieles como Colquehuanca, Huarakkallo, Nazario Vilca y varios más, tal vez cumpliendo órdenes o por propia iniciativa se ensañaron atrozmente con quienes aparecían como alzados, sobre todo con los que siendo servidores del Dr. Ignacio Frisancho, se sumaron a la insurrección, siendo el caso típico de Cipriano Mestas, que el gobernador de Pucará equivocadamente le pone “Mayt”. Este pobre hombre fue torturado, lo que le produjo graves lesiones, y en este estado es conducido a pie, desde Pucará hasta Lampa, una distancia de diez leguas, por dos soldados que iban en sus cabalgaduras, escoltados también por los “quipus” del Dr. Frisancho que en todo el trayecto los maltrataban e injuriaban14.
Los procesos judiciales confrontaron un largo y penoso tratamiento. También el Dr. Ignacio Frisancho Macedo fue acusado por el homicidio de Silverio Luque y Sabino Quispe. La mayoría de los inculpados no fueron habidos, y consiguientemente los pocos detenidos, para obtener su libertad, se vieron obligados a esperar varios años, la justicia era lenta y con marcada tendencia clasista. Las causas acumuladas, tuvieron fin con la declaración de prescripción dictadas el 18 de agosto de 1932, por la Corte Superior de Justicia de Puno (Morillo, 1993; 1994; Palacios, 1929).
La sublevación de Pinaya, Ichoccollo, Culine Caico y Atacata
Las haciendas de Pinaya, Ichoccollo, Culine, Caico y Atacata, se encuentran ubicados en la parte alta del distrito de Santa Lucía. Sus habitantes son estrictamente de la puna, por encontrarse entre 4,000 a 4,600 m.s.n.m. Los periódicos de Puno y Arequipa dieron una amplia información de los sucesos de Pinaya. A la versión recogida por Manuel Burga en los archivos del diario arequipeño “El Pueblo”, poco se tendría que agregar. Eugenia Chukiwanca, a manera de síntesis, transcribe un telegrama que se publicó en “El Siglo” de Puno, que a la letra dice lo siguiente:
24 corrientes iniciose sublevación indígena con ataques sucesivos a las haciendas Pinaya, Ichocollo, Culine, Caico, Atacata. En Pinaya asesinaron administrador Reyes, después de torturarlo 24 horas, matando día siguiente indígena Miguel Apaza, quebrantaron puertas, saqueando caserío, existencia de almacenes. En Ichoccollo asesinaron joven Miguel Martín, hijo propietario, y administrador Escobedo, siguiendo saqueo incendiaron caserío. En Culine atacaron alevosamente media noche, asesinando administrador Vega, esposa, dos hijos y dos rodeantes, incendiando, destruyendo caserío, carbonizando cadáveres continuando saqueo general, finca. Caico y Atacata igualmente atacados. Anoche intentóse atacar finca Lagunillas, librándose por encontrarse destacamento gendarmes enviado martes prefecto Arenas. Rumoréase ataque anoche finca Huancané. Dentro plan incendiario ataques fincas Quimsachata, Cayachira, Andamarca y otras. Ganado, fincas abandonados y dispersos. Cabecilla capturado casualmente confesó haberse preparado movimiento hace seis meses comprando armas Arequipa y otros lugares. Denunció como principales cabecillas indígenas Anacleto Suyo, José Peñaloza, Pedro Puma, Ambrosio Ayque y otros venidos desde Azángaro y Achaya con gente armada. Coincide sublevación con llegada de delegados indígenas que fueron últimamente a Lima y reunidos parcialidad Huayta convocada y presidida por un Urbiola de Puno. Si gobierno no reprime enérgicamente y a tiempo insurrección, generalizarse todo el departamento con destrucción una principal fuente riqueza nacional Sur Perú15.
A este informe telegráfico se fueron sumando las corresponsales de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas, dando detalles que de alguna manera no pueden dejarse de contemplar, así sea someramente. La insurrección fue el resultado de una preparación que duró no menos de seis meses, durante los cuales, de manera muy reservada y aprovechando la noche, se reunían en distintas cabañas, como las de José Peñaloza, Anacleto Suyo, Emiliano Mamani y otros, con la participación de mensajeros venidos de otras parcialidades, distritos y provincias. Además de los dirigentes que el telegrama menciona, se determinó que figuraban también Eugenio Mamani, Nolasco y Miguel Cutipa, Modesto Muñoz, Mariano Condori, José Cabana, Martín Quisca, Gregorio Busgos Achata, Pablo Nina, Carlos Mamani, Pedro Coaquira, Mariano Peñaloza, Juan de Dios Apaza, Vicente Apaza y mariano Condori. Las armas de fuego eran tomadas en los caseríos que sucesivamente atacaban y saqueaban, no las adquirieron de antemano en Arequipa como se afirma en el telegrama.
La principal acción planteada fue la captura de don Arturo de Romaña, hacendado arequipeño, para lo que dos jinetes fueron enviados a la estación de Crucero Alto, el día viernes 23 de setiembre de 1921, sabedores de su arribo, y sin ser vistos por dos empleados que también iban a recibirlo. Milagrosamente Romaña no viajó aquel día por no haber concluido sus tareas en su hacienda de Cayachira, lo que hizo pensar a los que iban a ser los captores, que el plan pudo haber sido revelado, y para evitar el fracaso de la insurrección, decidieron tomar prisioneros a los empleados comisionados que infructuosamente esperaron al patrón. En una especie de emboscada que tuvo lugar en el camino se les aprehendió, pero uno de ellos se desprendió y logrando cabalgar se dio a una precipitada fuga, en tanto que el otro fue fácilmente ahorcado, y sólo su caballo volvió a las cercanías del caserío de Pinaya (Morillo, 1993; 1994; Palacios, 1929).
El grueso de los alzados esperaban impacientemente reunidos en la cabaña de Nicolás Condori el arribo de dichos jinetes conduciendo la presa, pero sólo ellos al llegar dieron cuenta de lo acontecido. Esa misma noche fue sitiada la casa-hacienda. El administrador Federico Reyes que ya había sido reemplazado por Claudio Aliaga, fue notificado para que no abandonara el lugar hasta no verificar el pago de los salarios pendientes y la entrega de los avíos adeudados. Reyes pudo muy bien haberse dado a la fuga aprovechando el sueño de los sitiadores, empero prefirió enfrentarlos.
Al día siguiente fue tomado el caserío. Reyes, duramente golpeado sufrió encierro en la cabaña de Nicolás Condori. Todo cuanto encontraron en los almacenes se repartieron, disciplinadamente entre todos los participantes en el asalto. El alcohol que sustrajeron les sirvió para embriagarse. Cuando Reyes quiso calmar los ánimos exaltados al momento de ser extraído de su prisión-cabaña, se le dijo que sería ejecutado por los inmensos abusos cometidos en perjuicio de los colonos. Se le condujo en medio de una gritería ensordecedora hasta el centro del patio principal, donde rápidamente fue muerto de dos disparos de carabina que hallaron en el saqueo. Al poco rato fue sacado el nuevo administrador Claudio Aliaga con el mismo propósito, pero los desgarradores gritos de su menor hijo que no se le desprendía pidiendo clemencia por la vida de su padre, hizo que uno de los caudillos, dirigiéndose a los indígenas en quechua manifestara que sería injusta su ejecución porque él no había cometido aún ningún abuso, y que simplemente se le conminara para que abandone el lugar inmediatamente y no volviera más16.
La misma noche del 25 de setiembre de 1921, precipitadamente se lanzaron al caserío de la hacienda Culine, sorprendiendo aún dormidos a sus ocupantes. El administrador Melchor Vega, su esposa Herminia R. de Vega y sus dos menores hijos fueron brutalmente asesinados. La infortunada mujer fue ultrajada antes y después de su asesinato. A continuación, saquearon los almacenes para repartirse cuanto encontraron y prendieron fuego, dejando la casa-hacienda en cenizas.
El lunes 26 de setiembre por la mañana la misma turba se dirigió a la hacienda “Ichoccollo”, de propiedad de don Manuel A. Martín, quien trató infructuosamente de enfrentarse a la enfurecida masa con súplicas y ruegos. Su hijo llamado Miguel, estudiante de ingeniería, y el mayordomo Nicolás Escobedo, murieron en manos de los atacantes, repitiéndose las acciones de robo y distribución de víveres.
Gracias a los insistentes mensajes telegráficos desde las estaciones de Santa Lucía, Lagunillas y Cabanillas, el Prefecto de Puno, Arenas, remitió por tren un contingente de soldados acantonado en la ciudad de Puno, solicitando a la ciudad de Arequipa el envió de fuerzas para hacer frente a la gran sublevación indígena. Los atacantes, embriagados de sangre y furor, no quisieron dar tregua a sus propósitos de acabar con quienes, de uno y otro modo, los expoliaban. En un número considerable se reunieron en las alturas del cerro Sillicachi, del que hicieron su cuartel general, y al que concurrieron, según despachos de Lampa, numerosos dirigentes de otras provincias para desatar un verdadero baño de sangre en todo el departamento. Un acusioso observador de los acontecimientos, haciéndose pasar como corresponsal de un diario puneño, afirma dramáticamente lo siguiente:
Por la manera como se han realizado los acontecimientos, se deduce que lo de Pinaya, no es un levantamiento aislado, sino que tiene ramificaciones en todo el departamento, pues, uno de los cabecillas cogidos, Daniel Miranda, que posee papeles comprometedores para quienes brutalmente han azuzado a los indios, declaro que el propósito era bajar de la zona de Santa Lucía, pasar a Huayta, Miraflores, Atacar Lampa y Cabanillas, y en seguida marchar sobre Puno, donde está el foco de la insurrección17.
Vemos así que periodistas, hacendados y simples espectadores tuvieron la clara idea que se trataba, de una rebelión generalizada. Todos los pueblos vivieron en permanente estado de zozobra ante la constante amenaza indígena de exterminio de blancos y mestizos. Por eso se llamó también guerra de castas, desde los sucesos protagonizados en el pasado siglo por Juan Bustamante Dueñas.
Cuando se aprestaba el asalto de otras haciendas contiguas en su siniestro plan de asesinar, destruir, incendiar, robar, etc., un mensajero que presurosamente llegaba desde Lagunillas, dio la ingrata noticia de que las fuerzas armadas a marcha forzada, se encontraba a sólo tres leguas del cuartel general, causando desconcierto y temor entre todos los campesinos que en su mayoría huyó a las altas montañas, donde sus perseguidores no los encontrarían. Sólo unos pocos, al mando de sus jefes, se parapetaron en Sillicachi, en espera de los soldados con la temeraria esperanza de hacerles batalla, no sin antes trasladarse a una montaña aún más elevada, denominada Sillapata. Evidentemente, los días 28, 29 y 30 de setiembre se practicó una despiadada cacería de campesinos con numerosas bajas, algunos indios se entregaron a sus captores sin ofrecer resistencia alguna.
Los diarios de Puno y Arequipa aplaudieron la acción pacificadora de las fuerzas armadas. “El Deber” de la ciudad del Misti, constantemente condenaba la acción rebelde exigiendo severísima sanción para los culpables, y en torno a las medidas represivas exclamaba: “Es de suponer que las autoridades de Puno repriman con mano de hierro esos atentados salvajes y restablezcan el orden, y mientras tanto el daño que se ha irrogado a los propietarios es irreparable”18
Vecinos notables de la ciudad de Lampa y del pueblo de Santa Lucía, refieren que se produjeron sangrientos combates en las alturas de Sillapata y sus alrededores, llevando la peor parte los campesinos por la falta de armas de fuego. Se afirma, que por lo menos medio millar habrían caído en las refriegas, incluyendo miembros del ejército, y que tuvieron que improvisarse cementerios en los mismos lugares de la acción (Diaz, 1950; Floes, s.f; Malpica, 1973).
Las noticias de Lampa en los medios gubernamentales de la patria, el parlamento y el periodismo en la capital, causaron si no un estremecimiento, por lo menos alarma y preocupación. Se quiso encontrar culpables en los medios intelectuales progresistas, en los dirigentes del Comité Tahuantinsuyo y en algunos políticos de la época y particularmente entre los indigenistas del Sur Peruano. A pedido de los parlamentarios de Arequipa, el gobernó de Leguía nominó una comisión para que en el mismo terreno de los hechos se practicara una exhaustiva investigación.
La Resolución Suprema, fechada el 29 de octubre de 1921, en sus considerandos expresa que ante las denuncias de numerosos hacendados sobre crímenes, de incendio, saqueos y robos, cometidos por los indígenas sublevados de la zona (Lampa) y siendo urgente conocer las causas del levantamiento, examinar las quejas de los sublevados, para atenderlas, si son justas; y recibir informes imparciales y exactos, recogidos sobre el terreno a fin de normalizar la situación y proveer lo conveniente en el sentido de conciliar los derechos e intereses opuestos de los hacendados y de los indígenas.
En mérito a lo expuesto, se constituyó una comisión investigadora, conformada por el Dr. Julián Maradiegue, ex vocal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que será su presidente; Dr. Manuel Esteban Pancorbo, ex fiscal de la Corte Superior del Cusco, en calidad de vocal, y don Rómulo Vaccaro Conil, como secretario19. El periodismo puneño, representado por “El Siglo”, recibió alborozado la buena nueva. En uno de sus editoriales comentaba que los antecedentes de moralidad profesional y capacidad jurídica de Maradiegue y Pancorbo, garantizan provechosos resultados para las demandas basadas en la verdad, la justicia y la ley. Invocaba que, desde ahora, deben comprender, el Prefecto, los subprefectos, gobernadores, jueces, párrocos, maestros de escuela y quienes deseen, que es debe de toda la colectivizad, poner fin a los disturbios, alzamientos, escenas de sangre y explotaciones ignominiosas (Diaz, 1950; Floes, s.f; Malpica, 1973).
El vocero del gamonalismo, “La Unión”, en cambio amenazaba a los supuestos responsables recomendándoles que pongan las barbas en remojo. Empero, durante el corto tiempo que la comisión permaneció en Lampa, no hizo otra cosa que recibir una copiosa información de la realidad agraria, quejas de campesinos, denuncias de hacendados, etc. Carecía de capacidad ejecutiva y jurisdiccional. Al cabo de los pocos meses, presentaría su informe, en forma reservada al Ejecutivo, sin que al menos se le prestara suficiente atención, y lo grave es que, este documento que no fue publicado fue extraído por alguien que tenía algún interés especial, por lo que no fue comentado no conocido.
La administración de justicia era diligente y severa cuando se trataba de sancionar a los rebeldes. La pequeña cárcel de la ciudad de Lampa fue estrecha para los numerosos detenidos. De ahí que el Juez que inició el sumario, Rogelio Chipoco Valdivia, se vio obligado a enviar a una parte importante de reclusos, a la cárcel de Puno. Un diario local reportaba que el día 17 de octubre de 1921 arribaron a la capital del departamento treinta indios comprometidos en las acciones de Pinaya y otros, y que, desde la estación del ferrocarril, fuertemente custodiados, fueron llevados a la cárcel pública.
El 9 de diciembre de 1922, el Tribunal de la Corte de Puno, pronuncia sentencia en contra de los acusados: Emilio Mamani, Vicente Apaza, Mariano Peñaloza, Mariano Condori, Juan de Dios Apaza y Mariano Quispe, imponiéndoles la pena de 15 años. La inmensa mayoría de detenidos fueron puestos en libertad por no haberse demostrado su responsabilidad. Los demás no eran habidos, ya sea por encontrarse fugitivos o porque en los enfrentamientos perdieron la vida. Los sentenciados fueron conducidos a la penitenciaría de central de Lima, de donde retornaron solamente dos de ellos, los demás murieron antes de cumplir sus sanciones.
Los terratenientes no se limitaron a esperar pacientemente las medidas gubernamentales examinadas líneas arriba. Por el contrario, tuvieron una acción vigorosa y decisiva. En la ciudad de Arequipa formaron la Liga de Hacendados, instalándose solemnemente el día 29 de setiembre de 1921. Fue elegido presidente, el acaudalado arequipeño, Pedro José Noriega, estando integrado el cuerpo directivo por el Dr. Alberto Rey de Castro, Manuel Guillermo Castresana, Salustiano Olivares y Andrés Agramonte, los que asumieron la tarea de redactar los estatutos. Como no podía ser de otra manera, el domicilio legal fue establecido en la misma ciudad, calle Mercaderes Nro. 212.
Otros hacendados arequipeños y puneños que integraban la liga podemos señalar a: Alfredo
L. de Romaña, Juan García Calderón, Aristo Bedoya, Ernesto de Romaña, Samuel Sardón, Enrique de Romaña, Adrían Arnillas, Carlos J. Belón, Roberto L. de Romaña, Segundo Nuñez, Nataliel Grundy, Octavio Muñoz Najar, Víctor Manuel Belón, Víctor Muñiz, Benjamín Flores, Gerardo Calle, Felipe Fernández Díaz, Adolfo Velando O´Phelan, J. Velarde Chocano, J.R. Barrionuevo, José Carreón y otros20.
Esta institución que agrupaba a los más representativos de la gran propiedad rural de Puno era una respuesta natural y lógica, ante el inminente peligro que ofrecía una sublevación generalizada en todo el departamento de Puno, por lo que, las medidas que en forma inmediata adoptaron estaban referidas a garantizar, de modo efectivo y real, esa propiedad. En innumerables peticiones al gobierno se demanda que las fuerzas del orden, los jueces, las autoridades políticas y administrativas protejan las haciendas y a sus ocupantes, que se impongan severas sanciones a los que han atentado y atentan contra ellos. Se impetra que sean encarcelados también los agentes siniestros que los mueven y hacen política, prometiéndoles la prosperidad de las haciendas y haciendo con ellos la más vil y despiadada especulación21.
El gobierno de Leguía no escatimó esfuerzo alguno para atender tales peticiones. El parlamento, formado también por gamonales y sus defensores, lanzaban imprecaciones contra las rebeliones y sus culpables. El Poder Judicial, constituido por jueces que, en su origen y compromiso, obedecía sumisamente a la dictadura del oncenio, estaba siempre dispuesto a servir a los terratenientes. El carácter esencial del gamonalismo consistió en que tanto el poder central como el local, cumplían fielmente su consigna. El clamor de los terratenientes se repetía como una letanía en los principales diarios de Lima y provincias22.
“El Deber y “El Pueblo” de Arequipa fueron voceros calificados de la Liga. La formación de la Liga de Hacendados es recibida no sólo con preocupación por los cabecillas del campesinado, sino que se desata una bien montada campaña de hostigamiento a través de volantes que profusamente se distribuyen en las comunidades de todo el departamento, al igual que desde los voceros periodísticos con que contaban.
Veamos algunos párrafos del célebre documento firmado por Eduardo Quispe y otros dirigentes de Azángaro, Lampa, Huancané, Ayaviri y Chucuito, y que circuló en hojas sueltas:
Se acaba de formar la “Liga de gamonales”, cuya misión es exterminar al indio, para robarle sus últimas parcelas de terreno. Esa Liga no retrocederá ante el asesinato cobarde de masas indefensas y humildes. Esa Liga, para saciar la voracidad de sus miembros, no omitirá ninguna infamia, pues es capaz de cometer todos los delitos. Está, pues, bien ¡Pero como no hay males eternos, día llegará que se haga justicia completa, y entonces el sol de Manco Capac y de Atahualpa volverá a relucir sobre sus hijos que, al amparo de los poderes públicos, en un momento de justicia, volverá a construir sus antiguas propiedades a la sombra del derecho que es imprescriptible e inalienable. La sublevación de Cabanillas no existe. No hay más que trescientos indios que reclaman para saciar su hambre. Eso es todo. Puede el gamonalismo, con la Liga que ha formado continuar su política de robo, incendio, saqueo, violación y asesinato, pero la hora de la justicia no está lejana. La sangre de los indios mártires que enrojecen la nieve de las cordilleras andinas, ha de ser fecunda, como fue la de los primitivos héroes del cristianismo23.
El periódico “Tahuantinsuyo” en su número 10, correspondiente a la primera quincena de febrero de 1922, ataca también a la Liga en las plumas de Dora Meyer y Manuel A. Quiroga, a pesar de que éste último fue encarcelado por orden del Prefecto de Puno, Eduardo Arenas. Otros pronunciamientos fueron publicados profusamente de parte de la clase trabajadora arequipeña, destacando la Sociedad de Obreros y Socorros Mutuos, Federación de Zapateros, Sociedad Unión de Empleados, Sociedad Auxiliadora de Atuncolla, Sociedad de Carpinteros y Anexos, Coalición Obrera de los Barrios Y Socorros Mutuos, Confederación Ferrocarrilera del Sur, Sub-Comité Departamental de Derecho Pro-Indígena, entre otros. Uno de ellos que circuló en los medios campesinos de Puno en volantes impresos en la tipografía Quiroz de Arequipa, afirma:
La Liga de hacendados debe principiar devolviendo sus tierras al indio, aunque sea quedándose con el valor del usufructo de tantos años. Al hacer esto no hará sino cumplir un acto de justicia social, porque claramente se reconoce que la cuestión proletaria va adquiriendo fuerzas cada vez más potentes en el movimiento histórico de la humanidad, porque el capitalismo, aquí como en todas partes es que agite este movimiento y lo hace que camine a paso de gigante24.
En otro documento estas mismas organizaciones protestan por la masacre de indígenas de Tocroyoc, Chacca y Pichihua, por el extremo bandidaje de que han sido víctimas dichas comunidades, sosteniendo que un indígena, a quien supusieron dirigente, lo asesinaron, arrancándole la lengua y los ojos para exponerlo después a la contemplación de sus compañeros, y evitar, amedrentándolos, cualquier acto violento en represalia (Ladesma, 2004; Frisancho, 1926; 1946; s.f.).
En ese mismo comunicado hay un pronunciamiento sobre los sucesos de Huaypara en Pucara, en uno de cuyos acápites señala:
El Subprefecto don Mariano Cuentas no presta ninguna garantía en Lampa; exige pago de los derechos sub-prefecturales a un sol de plata de los indios de las punas y a cuenta centavos de los demás; disculpa los asaltos, saqueos y robos que sus subalternos cometen, violando la propiedad privada de los indígenas; redobla los trabajos de las faenas por catorce y quince días y aparte de que exige el pago en moneda equivocando los días de concurrencia a las obras públicas. Un abogado que es oriundo de Pucará, ayudado por sus empleados, han cometido tres asesinatos con carabinas de M.I.F. se ha incinerado los cadáveres para hacer desaparecer el cuerpo del delito, y el asesinato manifiesta o confiesa el crimen y se ríe porque dice que nada le harán los poderes humanos. Efectivamente, al instaurar y seguir el juicio como se debe seis testigos presenciales están en la cárcel, para que sitiados por el hambre oculten la verdad. Entre tanto, el subprefecto de Lampa, es un excelente colaborador de la impunidad persiguiendo a los deudos de las víctimas que son: Silverio Luque, Sebastián Quispe y Simón Huayta que carbonizados están exigiendo justicia25.
Los propietarios de la Liga de Hacendados buscaron nuevos métodos para someter y amedrentar a los indígenas. Así fue que matones, debidamente entrenados y preparados, fueron llevados como mayordomos de las haciendas, para aplicar severos castigos como encierros en los calabozos sin proporcionarles alimentos, flagelaciones e inclusive castraciones. Los hacendados tomaron conciencia del peligro que corrían, y cualquier medio era justificable para salvar sus haciendas.
El gobierno de Leguía, asesorado por el indigenista cusqueño José Ángel Escalante, además de silenciar semejantes acciones violatorios de los elementales derechos de la persona, las alentaba y encubría, por la simple razón de que el régimen del oncenio estaba también constituido por el gamonalismo. Sin embargo, como la historia se repitiera, al igual que Túpac Amaru invocaba la autoridad del rey, la rebelión del departamento de Puno decía contar con el apoyo del Presidente de la República, por lo que repetidas veces se les testimoniaba de gratitud.
El Segundo Congreso Nacional Indígena, con fecha 31 de agosto de 1922, acordó cursar una comunicación a Augusto B. Leguía, expresando que desde que se proclamó la independencia hasta el año de 1920 los pueblos “de los cuatro linajes que representamos, han continuado viviendo una oprobiosa servidumbre en el pongaje, yanaconismo, y otras exacciones a favor del gamonalismo absorbente y succionador de la energía nacional. que todas las leyes, decretos y resoluciones que durante aquel siglo se ha dictado para proteger al indio, jamás se han puesto en vigencia sino en lo que más convenía al rabulismo y para escarnecer los derechos autóctonos de la raza. Que desde el año de 1921 se ha tomado en serio la personalidad del indio, se le ha comenzado a crecer y hacer eficaz justicia, coadyuvándole con medios no solo de protección sino también de constitución de su conciencia colectiva. Que siendo el actual gobierno que nos rige el que mayormente se ha preocupado, sino de nuestra educación, por lo menos por nuestras pequeñas actividades que, conversándolas nos garantizan aquello en un próximo futuro, por todo lo que se acuerda otorgar un voto de adhesión y agradecimiento al Señor Presidente de la República, don Augusto B. Leguía, por su obra de emancipación y tutelaje del indio, merced a cuyo auspicio éste ha podido romper la ominosa mordaza que le imponían sus verdugos y estigmatizarlos con el índice de fuego de la opinión pública26.
Augusto B. Leguía contestó que el homenaje de los indios del Perú “compromete mi gratitud y será un estímulo para que continúe trabajando por el éxito de la campaña iniciada que, sin duda, envuelve el bienestar de nuestros compatriotas indígenas, junto con el efectivo engrandecimiento del país, siempre que ella se mantenga dentro del orden y no despierte esperanzas irrealizables” (Respuesta de Leguía que se inserta en el mismo volante). ¿Cuáles eran esas esperanzas irrealizables según Leguía? Naturalmente el retorno al Tahuantinsuyo. Su invocación al orden se tradujo en el envío de fuerzas armadas para reprimir cruelmente a los alzados.
Poco tiempo después el Comité Pro Derechos Indígenas Tahuantinsuyo, por orden de Leguía sería disuelto asestando un duro golpe a la unificación nacional del mundo andino que se venía gestando. En Puno, los campesinos culparon de ello al hacendado Luis Felipe Luna, y no querían formular alusión alguna al jefe de Estado.
Las casas-haciendas se convirtieron en verdaderos fortines, donde los matones especialmente contratados, casi siempre venidos de otros lugares, establecieron la política del terror y la intimidación. En Lampa aún se recuerda la presencia del temible matón Gregorio Excelmes, apodado el chileno, el que cuando iba de caza al no encontrar venados o vicuñas, le era lícito cazar un indio. Zacarías Puntaca, Salvador Figueroa y especialmente la Sra. Ofelia Frisancho de Belón, refieren, a manera de cuento y novelas, las fechorías del célebre chileno que prestó servicios en Pinaya. Muchos sujetos de esta calaña administraron las haciendas de los gamonales. Este fue otro elemento que quebró, en parte, el espíritu de rebeldía del indio (Ladesma, 2004; Lampa, 1921, Frisancho, 1926; 1946; s.f.).
Los sucesos de Lampa y los de Huayta
Las capitales provinciales y distritales fueron siempre los bastiones del gamonalismo y de sus servidores como: Prefectos, Sub-prefectos, alcaldes, jueces, jefes militares o de la gendarmería, concejales, vecinos notables, funcionarios menores, entre otros que formaban una gama importante de la actividad provinciana, incluyendo las religiosas con la presencia de los sacerdotes. El indio debía acudir a la capital obligatoriamente para inscribirse en el servicio militar, para el plan vial, para pagar los impuestos, cumplir servicios personales a favor de los hacendados o de las autoridades y hasta para proveerse de lo indispensable para subsistir como víveres y toda clase de artículos. Los domingos era una verdadera festividad con la concurrencia de numerosos campesinos ataviados con sus trajes típicos y vendiendo los productos como carne, queso, huevos, papas, chuño, quinua, cañihua, y otros en plazas, calles o mercados, o simplemente ofrecían en las casas de los vecinos. Era así una vida animada y llena a veces de calor humano (Giraldo, 1977; Indígena, 1921; Jove y Canahuire, 1980; Kalvermatter, 1950).
El indio miraba con reverencia y a veces con temor la ciudad o el pueblo donde vivían los que mandaban, gobernaban e imponían su implacable autoridad. Allí estaba también la cárcel para quienes hubiesen infringido la ley, así como los buenos o malos compadres a quienes había que llevar algún presente. Así transcurrían los años en su paso inexorable (Mariátegui, 1986; 1994; Marroquin, 1945).
Desde la creación de los corregimientos, Lampa contaba con un vasto territorio que comprendía por el norte desde La Raya, limitando con tierras del Cusco hasta Vilque por el Sur, casi a las puertas de Puno. Numerosos curatos integraban el corregimiento. A partir de 1772, al crearse el virreinato de Buenos Aires pasó a formar parte de la Real Audiencia de Charcas junto con los otros corregimientos de lo que hoy es el Departamento de Puno, hasta que al fundarse la Real Audiencia del Cusco en 1787, retornó al virreinato del Perú. Al producirse la independencia, por un Decreto firmado por Bolívar el 21 de junio de 1825, se crea como provincia a base de lo que se llamó partido o subdelegación integrante de la Intendencia de Puno. El 4 de junio de 1828, por acuerdo unánime del Congreso de la República del Perú se le da el título de Benemérita por los valiosos servicios prestados a la causa de la libertad.
En 1901, por una necesidad que era impostergable, tuvo que dividirse, tomando la nueva provincia el nombre de Ayaviri, con su capital del mismo nombre, para después, en 1924, dársele el nombre de Mariano Melgar en memoria del mártir y poete arequipeño que muriera en Umachiri. Tal vez esta división le afectó considerablemente, pero el elemento esencial de su decadencia radicó el habérsele aislado de la línea férrea. De esta manera la ciudad de Lampa quedó aislada que ningún esfuerzo pueda ya devolverle el brillo y la gloria que tuvo en el pasado (Giraldo, 1977; Indígena, 1921; Jove y Canahuire, 1980; Kalvermatter, 1950).
Pues bien, la ciudad de Lampa resultó una presa codiciada por los alzados de 1920. Centenares de indígenas de la parcilaidad de Canteria, Marno, Ccatacha, Huayta y otras, desde los primeros días de agosto de 1920, en grupos bien organizados merodeaban, a manera de vigías, por sus alrededores. A mediados de dicho mes, la decisión de tomarla por asalto había sido asumida por los dirigentes campesinos. Muchas pueden ser las interpretaciones que se den en torno a la toma de la ciudad de Lampa. La principal pudo haber sido el deseo de acabar con la fortaleza del gamonalismo, sin descartar la pretensión de convertirla después en el centro de la hegemonía indígena. ¿Qué se pretendía hacer con las autoridades y vecinos mistis que moraban en la ciudad rosada? Tal vez dedicarse a un exterminio de quienes por lo menos aparecían como los más peligrosos o enemigos del campesino o simplemente imponerles condiciones para que cambien su política en relación a él. Las especulaciones menudean sobre el sitio de la ciudad lampeña y su intento de tomarla y ocuparla.
Eugenia Chukiwanca, refiere:
En 1921 las primeras agrupaciones clandestinas de indígenas, con el objeto de reclamar tierras en el distrito de Lampa. El principal dirigente o cabecilla fue Hipólito Quispe, y en una de esas reuniones en que había más o menos cuarenta personas entre hombres y mujeres, llevada a cabo en las proximidades del montículo “Huaynapata”, en los suburbios de la población, fueron sorprendidos por el Subprefecto, gobernador, jefe provincial y muchos vecinos del pueblo, quienes acompañados de gendarmes lo atacaron disparando sus armas, resultando muerto el cabecilla Hipólito Quispe y capturado Joaquín Lima, quien después de ser torturado fue puesto en libertad varios días después. El motivo de estas agrupaciones de los indígenas era reclamar los terrenos de la Posta, Calera, Yanacancha, que en tiempos anteriores fueron comunidades27.
Pareciera que el propósito de minimizar los hechos, obedece a la responsabilidad intelectual que Eugenia Chukiwanca pretendió atrbuir a su padre, el gran indigenista lampeño, Francisco Chukiwanca Ayulo. Podía ser que el pretexto consistía en reclamar los terrenos aludidos, pero el propósito de las parcialidades del distrito de Lampa era tomar la capital, tal vez pacíficamente para hacer una demostración de sus anhelos y una exposición de sus quejas y reivindicaciones que, dígase de paso, resultó frecuente en aquellos años. Un periódico eventual de la ciudad de Lampa, dirigido por Carlos A. Portugal y Roberto Ramos Núñez, felizmente en forma detallada, narra el acontecimiento de la siguiente manera:
“El día 10 del presente, en la noche, se realizó un ataque premeditado que en vista de las medidas que tienen tomadas la Subprefectura, no tuvo las funestísimas consecuencias que pudiera haber tenido. El referido ataque se ha llevado a cabo por los indígenas de las diferentes parcialidades de esta circunscripción, que se hallaban reunidos de antemano en el sitio denominado “Huaynapata”, de donde realizaron el mencionado ataque, en número de más de doscientos, que se hallaban completamente armados. El Subprefecto de esta provincia, habiendo tenido conocimiento momentos antes de realizarse el ataque a esta población, dispuso la fuerza que se hallaba concentrada en esta ciudad, de tal modo que pudiera rechazar el ataque mencionado, y merced a estas medidas preventivas, no ha tenido resultados mayores el atentado indígena.mResultaron heridos en el tiroteo de los atacantes, el sargento de la guarnición C. Alfaro, el alférez Exequiel Alva, y también resultó muerto el indñígena Hipólito Quispe en medio de la fuerza que trataba de contener el ataque. El instigador es Jacinto Lima, quien reunió a los indios para el ataque, y que hasta el momento no es habido. Se encuentran detenidos los indígenas cabecillas Joaquín Lima, Máximo Zapana y Manuel Apaza”28.
Esta información que fue ampliada, enriquecida y detallada en ediciones posteriores, coincide plenamente con las investigaciones realizadas por las autoridades locales. Lo evidente es que centenares de indígenas sitiaron la ciudad de Lampa para tomarla, aprovechando la noche. Ante el peligro se recomendó que las puertas del templo fuesen abiertas para que en él se refugiaran las mujeres, niños y ancianos con la idea que, si los indígenas ingresaran a la población, por lo menos respetarían el sagrado recinto como en otras épocas.
La angustia, la zozobra y hasta la desesperación se apoderó de sus moradores. Todo esto evidencia, que la gran rebelión indígena, fue una indiscutible realidad. Lo ocurrido en agosto de 1920 en la ciudad de Lampa tuvo connotaciones y repercusiones en todo el departamento de Puno. Fácil era advertir que el campesino venía tomando conciencia sobre su estado de explotación, y era evidente que, bajo los principios que sus dirigentes esgrimían, incluyendo a los que conforman el Comité Central Pro Derechos Indígenas Tahuantinsuyo, enarboló la bandera de sus reivindicaciones sociales (Kapsoli, 1965; 1975; 1984).
La rebelión de Huancané, cuyo principal objetivo fue tomar la ciudad capital de la provincia en diciembre de 1923, tuvo su principal antecedente en Lampa de 1920, de esto nos ocuparemos más adelante en la rebelión de Wancho-Lima.
En 1920, arribaron a Lampa, dos miembros de la Comisión que designara Leguía para informarse el problema agrario en Puno, los doctores Erasmo Roca y Humberto Luna, quienes hicieron un recorrido por las parcialidades para recibir información de los mismos campesinos, donde los campesinos expresaron que en armonía con las aspiraciones del gobierno y con las instrucciones que tienen recibidas, se propondrán las medidas que como resultado de la investigación, se consideren necesarias para garantizar el derecho de los indígenas, sin ocasionar perjuicios ni desconocer los intereses de quienes no cometan ningún acto de explotación contra los indígenas (Kapsoli, 1965; 1975; 1984).
El Dr. Roca aseveró que se había constatado que gran parte de las adquisiciones de tierras por los terratenientes tenían origen ilícito, puesto que se trataba de contratos simulados, siendo conveniente que en la venta de tierras por los indígenas intervenga el representante del Ministerio Público, no siendo posible la prohibición de contratos porque sería atentar contra los derechos individuales de los mismos campesinos. La Comisión, de acuerdo a su investigación arribó además, a la siguiente conclusión, en el reportaje referido:
La propiedad en común no existe, según lo que hemos podido investigar en los lugares que hemos recorrido. Nosotros estamos cabalmente en el punto de observación, y que una de las cosas que tratamos de investigar y observar a fondo, es la organización interna de los ayllus, comunidades y parcialidades, y sin que nuestras experiencias puedan ser definitivas al respecto, por lo que hemos observado, tenemos la idea de que ayllu, comunidad y parcialidad, son sinónimos, que corresponden a la agrupación determinada de los indígenas que ocupan una parte de tierras considerables. Desde luego, la comunidad en lugares que hemos recorrido parece no existir, puesto que dentro de ella todos sus miembros son propietarios individuales, con fracciones de tierras bien definidas. La propiedad en común sólo existe en lo que se denomina echaderos o sea lugares de pasto que son usados indistintamente, por los miembros de la comunidad29.
Esta constatación se hizo en el distrito de Pucará, donde no existía la comunidad en la forma tradicional de comunidades de tierras como en el centro del país. Los ayllus estaban conformados por pequeñas estancias pertenecientes individualmente a los indígenas. En tanto que parcialidad era una circunscripción territorial, donde incluso estaban las medianas y grandes propiedades, y era parte del distrito. Quizás por eso los miembros de la Comisión llegaron a la conclusión de que ayllu, parcialidad o comunidad eran vocablos sinónimos que designaban una misma realidad (Alberti, 1972; Giraldo, 1903; Gonzales, 1984; Heise, 1977).
Lo que aconteció en Huayta
A escasos diez kilómetros de la ciudad de Lampa, en dirección Sur, se encuentra la parcialidad de Huayta, y una hacienda inmensa del mismo nombre que pertenecía a Carlos A. Belón. No faltaron fricciones entre el ayllu y la hacienda, sin embargo, una adecuada política paternalista y de respeto a los indígenas, pudo mantenerse una relativa tranquilidad entre el hacendado y los campesinos.
En la parcialidad de Huayta existe una pequeña estancia o fundo denominado Churuchama que era de propiedad de don Sebastían Torres, y que a su muerte heredó su hijo Gerardo Torres, aun cuando la versión de salvador Figueroa y otros contemporáneos suyos, es que tal finca no perteneció legalmente a Gerardo Torres, sino a Manuel Gonzáles, quien, temeroso de un embargo judicial, hizo una venta simulada o ficta a favor de Gerardo Torres, pero que aprovechándose de esto se introdujo en el inmueble, provocando un rechazo enérgico de los indígenas de Huayta. Empero, testigo presencial de los acontecimientos, fue la Sra. Felícitas Longará Ramos, quien refiere que, en mayo de 1922, Gerardo Torres, hizo barbechar en terrenos colindantes con la parcialidad de Huayta. Los indígenas interpretaron esta actitud como una usurpación de sus tierras, y al día siguiente no solo destruyeron tales barbechos, sino que realizaron otros, dentro de Churuchama (Memoria, 1928; 1921).
Gerardo Torres, al considerarse agraviado, formuló queja ante el Subprefecto de la Provincia de Lampa, don Daniel Aréstegui, solicitando garantías posesorias, logrando que se le proporcionara cinco gendarmes al mando del sargento Manuel Jiménez, para apresar a los presuntos jefes responsables de los campesinos. Un pastor de Churuchama, cuyo nombre se ignora, secretamente, dio aviso a los de la parcialidad, advirtiendo el peligro que corrían. En un santiamén, decenas de indígenas, fuertemente armados, poniéndose en pie de lucha, la mañana del 15 de mayo de 1922, se encaminaron al caserío del fundo de Churuchama para castigar a Gerardo Torres y sus acompañantes. Se produjo un breve tiroteo, resultando muerto un campesino de la parcialidad, Hilario Tumi. Dominados los gendarmes, fueron tomados prisioneros junto a Gerardo Torres, mientras otros incendiaban y saqueaban la casa donde estos se encontraban. Se constituyó algo así como un tribunal popular que inicialmente acordó la ejecución de los prisioneros, sin embargo, primó la prudencia, reconsiderándose la medida, ¡se decidió trasladar el cadáver a la ciudad de Lampa para ser entregado a las autoridades, y a los responsables de la muerte que era Gerardo Torres y los gendarmes.
Pero previamente, el trato que merecieron éstos fue por demás infamante. Aparte de la tremenda golpiza que recibieron, las mujeres que eran las más animadas, miccionaron y defecaron en el rostro de los infelices. Se les aplicó punciones de agujas y yauris en todo el cuerpo, se les rapó el cabello, y de sus vestiduras se hicieron jirones. A manera de espectros humanos, casi agónicos, irreconocibles, fueron llevados a la capital de la provincia acompañando el cadáver de Hilario Tumi que fuertemente sujetado con sogas al lomo de un caballo, era conducido en medio de una impresionante precesión.
De acuerdo a las referencias de la Sra. Felícitas Longará, cuya abuela, doña Valeriana Ramos, era esposa de Sebastián Torres. Ellas se encontraban de espectadoras desde el lugar llamado Caquincora, próximo a Churuchama, y a discreta distancia de la multitud también se encaminaron a la ciudad de Lampa, donde la guardia urbana, al mando de las autoridades, adoptaba ya medidas de prevención.
Cuando los centenares de indígenas de Huayta hacían ya su ingreso a la ciudad, llenado los despojos de Hilario Tumi y a los casi agonizantes prisioneros, hacia la altura de la calle, cerca ya de la plaza principal, se sintieron insistentes detonaciones de armas de fuego como fusiles, carabinas, escopetas y revólveres que disparaban al aire los vecinos lampeños constituidos en guardia urbana. La confusión se apoderó de los campesinos, y en contados minutos desaparecieron de la escena, dándose a la fuga en distintas direcciones, aterrorizados por los disparos, y dejando en plena calle el cadáver de Hilario Tumi, así como a Gerardo Torres, Manuel Jiménez y los demás gendarmes que, como se tiene dicho, daban lástima ver el deplorable y doloroso estado en que se hallaban, y su recuperación demoró varias semanas (Mendez, 1921; Meyer, 1917; Ortíz, 1963).
A los nueves días de este suceso, aquella guardia urbana y las autoridades, montaron un operativo para imponer un severo castigo a los indios de Huayta. Armados fuertemente y todos ellos en sus cabalgaduras, se encaminaron a la parcialidad de Huayta, donde casa por casa fueron capturados los presuntos responsables, el ganado de todos ellos fue requisado y conducido a la ciudad de Lampa para efectuar un memorable reparto entre autoridades y vecinos participantes en el asalto. A Torres se le asignó una parte importante para su curación, y naturalmente las autoridades fueron las más beneficiadas. Este sistema de castigo, despojando al indio de todo su patrimonio, fue una respuesta generalizada en todo Puno. No olvidemos que esta misma acción se repitió en Huancané, y lo grave es que fue aprobada y legalizada por las autoridades superiores, incluyendo las judiciales.
El Eco de Puno” acogió una denuncia formulada por los mensajeros de Lampa, entre los que está Florentino Jara Condori, en torno a los sucesos de Huayta, manifestando:
El 15 de mayo de 1922, por ataque que efectuaron los vecinos de Lampa a las parcialidades de Huayta, encabezados por el terrible Gerardo Torres y los no menos sanguinarios Agapito Ramos y Fructuoso Zevallos, asesinaron al indígena Hilario Tumi, cuyo cadáver al ser conducido al pueblo para su reconocimiento legal, fueron rechazados los indígenas a bala y tomados prisioneros cuatro campesinos que sufren en la cárcel los más horrorosos martirios en manos de los gendarmes. El día 26 de mayo de 1922, el subprefecto Daniel Aréstegui y otros se reunieron en la finca Huayllani, de propiedad de Juan Carreón, para organizar el plan de ataque a todas las pequeñas propiedades, habiendo saqueado ganado cerca de novecientas cabezas y enseres de casa, en la forma más bárbara, y obligando a todos los moradores a huir despavoridos por salvar sus vidas amenazadas por las armas de fuego de los atacantes30.
Asimismo, se puso en marcha el aparato judicial contra los campesinos, imputándoseles la comisión de los delitos de motín, rebelión, tentativa de homicidio, contra la libertad individual, etc., lográndose la captura de varios de los inculpados que permanecieron en la cárcel de Lampa durante varios meses, y algunos hasta años. Figuran entre los principales enjuiciados Andrés Huayta, Justo y Félix Apaza, Agustín Kcari, Francisco Halanoca, Hilario y Joaquín Vilca, Pedro Halanoca, Hilario y Joaquín Vilca, Andrés y Santos Apaza, Matías Huayta, Pablo Kcari, Dominga Mamani, Pedro Paricoto Toribio y Ciriaco Mamani y otros.
El voluminoso expediente fue elevado por el instructor a la Corte Superior de Justicia de Puno, donde, misteriosamente, en mayo de 1925, desapareció, disponiendo el Tribunal que el proceso se rehaga, hasta que, por Resolución Judicial del 17 de enero de 1930, fue declarada la acción penal extinguida por prescripción31. En el año de 1922 el espíritu de agitación en el departamento de Puno no había disminuido a pesar de los reveses sufridos como consecuencia de las rebeliones. El 95% de los encarcelados en las distintas prisiones, estaban vinculados a tales acciones. Los mensajeros o cabecillas difundían en hojas sueltas, en todas las provincias y distritos, las denuncias y se formulaban las medidas que se adoptaban en defensa de los derechos del campesino puneño. En relación al problema del indio, los mensajeros expresan lo que sigue: “creemos nosotros que no es tan grave el problema indígena como el problema mestizo. El misti miente, saquea y persigue al indio nada más que por su excesiva incultura. Sabe leer y escribir, pero no tiene escrúpulos morales, viciado por el alcohol de diversos colores piensa en que debemos regenerarnos, y él no tiene cuando regenerarse. He ahí la causa por la que con cuanto cinismo miente y calumnia (Alberti, 1972; Giraldo, 1903; Gonzales, 1984; Heise, 1977).
La rebelión de los Suchis en Calapuja
El distrito de Calapuja, pertenece a la provincia de Lampa. Limita con el distrito de Nicasio, con el forma una relación muy estrecha, de modo que ambos se complementan por su cercanía que solamente los separa diez kilómetros. Cuando el Dr. Pedro C. Villena visita e inspecciona Nicasio y Calapuja, se encuentra sorprendido de que el hacendado Víctor Manuel Belón, que fuera muchos años representante de la provincia, había “comprado” pequeños terrenos en un número considerable hasta formar un feudo más o menos similar al fenómeno operado en Samán con Mariano Abarca Dueñas. Constató Villena que las quejas de los agraviados eran verídicas: pues eran adquisiciones simuladas para despojar de sus tierras a sus verdaderos dueños32.
En Calapuja se constituyó un feudo dentro de métodos semejantes, siendo su propietario el Dr. Benjamín Flores, representante también de su provincia, la hacienda se denominaba Caquincora, y los indios de los ayllus limítrofes constantemente formulaban quejas contra el hacendado, sosteniendo que sus tierras eran usurpadas. Uno de ellos, Fermín Torres, declara que el Dr. Benjamín Flores, ex diputado del Congreso, propietario de las haciendas Caquincora, es un pulpo que, con sus tentáculos poderosos, ha formado dicha hacienda. El mismo denunciante expresa que además se dedica al agio y la usura, y lo que es curioso lo describe Flores, físicamente, como resultado de una mezcla de indio y mestizo, con cara de aborigen y ademanes de cholo33.
En el mismo distrito, hubo entonces un feudo de considerable extensión denominada “Buenavista”, de propiedad de doña María Carreón Vda. De Romero, a quien, igualmente acusaban los indígenas de constantes usurpaciones, a tal punto que Eduardo Huayta encabeza un memorial dirigido al gobierno solicitando garantías por los despojos que son víctimas los campesinos por parte de dicha señora, y dan como prueba la usurpación del terreno “Condorquiña”34.
Doña María Carreón fue casada con un vecino de Cabanillas que en su solterio tuvo un hijo llamado Flavio Romero. Al nacer, se dice que tenía la nariz hundida, y por muchos esfuerzos que se hicieron, no fue posible componerle el rostro. Desde entonces lo motejaron como el ñato Romero. Años más tarde, se trasladó con su padre a Calapuja, colaborando en la administración de la hacienda de doña María Carreón, para convertirse, al paso de los años, en una figura visible en la historia del gamonalismo lampeño. Altanero, prepotente, abusivo y que trataba al indio con un desprecio sin límites (Mendez, 1921; Meyer, 1917; Ortíz, 1963).
Muchos años fue Flavio Romero gobernador de Calapuja, cargo que aprovechó para arrebatar las tierras de los campesinos y maltratarlos con extraña fericidad, por lo que los archivos de Lampa están llenos de las quejas de los desventurados indígenas en contra de Flavio Romero. Uno de ellos, Agustín Ticona, eleva su denuncia al Subprefecto en los términos que siguen:
El gobernador actual de Calapuja Flavio Romero y su hermano Antonio nos maltratan de manera despiadada, utilizando los servicios de sus secuaces Juan Vilca, Remigio Quispe, Juan Machaca, Román Vilca, Zenón Machaca y otros, y por obra de aquel me encuentro secuestrado en la cárcel pública de Calapuja, y por mucho que he implorado justicia ante las autoridades del departamento por los incalificables abusos y atropellos de aquel gobernador y su hermano, que están acostumbrados a la vida vandálica, no soy oído por nadie35.
Un indígena, Fausto Condori, fue duramente golpeado por Flavio Romero, falleciendo como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Como era natural, fue denunciado por esta muerte, pero al momento salieron en su defensa casi todos los vecinos de la ciudad de Lampa y hasta giraron un telegrama al Prefecto en los siguiente términos: “Protestamos grosera calumnia contra gobernador Calapuja Flavio Romero relativa muerte un indígena; pues, constatamos haber hallándose éste dicho gobernador desde 22 presente que llegó conduciendo un primer auto explorar carretera Lampa-Cabanillas” (Telegrama cursado por autoridades y vecinos de la ciudad de Lampa, protestando por una denuncia de homicidio en contra de Flavio Romero, siendo gobernador de Calapuja, se publicó en “El Siglo”, 3 de agosto de 1921). Firman el telegrama, Julio Frisancho, como alcalde, y los vecinos Portugal Castro, Fernández, Díaz, Talavera, Cazorla, Torres, Belón, Aurelio Gil, Vidal Frisancho, Olazabal, David Vásquez (Gobernador de Cabanillas), Octavio Vásquez (alcalde de Cabanillas), Daniel Romero y otros.
Flavio Romero había impuesto autoridad sobre los vecinos y hasta autoridades de la ciudad de Lampa, todos los que estaban decididos a brindarle la prueba de la cortada y lograr su total absolución. Esta hegemonía y poder político, era parte esencial del gamonalismo. Además, era un sujeto trabajador y progresista. Con látigo en mano hizo trabajar a los indígenas de su jurisdicción, la carretera que unía Calapuja con Lampa. En una pequeña nota de un periódico lampeño se anota: “Tenemos conocimiento que el camino carretero que unirá esta ciudad con el pueblo de Calapuja se lleva a cabo con toda celeridad, merced al celo del gobernante de ese distrito, don Flavio Romero”36.
El clima de profunda convulsión tomó fuerza en aquellos años en las provincias de Lampa, Azángaro, Huanacané, Chucuito y Ayaviri, en las que días tras días se sucedían asambleas para contemplar las acciones a tomar y recibir información de sus mensajeros sobre las gestiones que se realizaban en la capital. Jorge Ticona, Florentino Jara y Sebastían Huaynacho, lanzaron duras acusaciones al gamonalismo lampeño y a los métodos criminales de Flavio Romero, Benjamín Flores, Luis Méndez y otros (Ramos, 1971; 1971; 1985; 1987; 1994; 2007).
Sin embargo, éstos negaban rotundamente el apelativo de gamonal, tomándolo como la mayor injuria, tal como sucedió en Azángaro: Lizares Quiñones acusaba de gamonal a José Sebastián Urquiaga, y este respondía que el único gamonal era don Angelino Lizares Quiñonez. Nadie admitía ser gamonal, y para demostrarlo tomaban la pluma en defensa del indio y en contra de los gamonales, creando un verdadero estado de desconcierto y confusión, empero lo que importaba era la acción, el hecho, y no la prédica.
El 2 de noviembre de 1924 que es día de recordar los difuntos, para el campesino cobra importancia excepcional, y debe venir, si está ausente, desde los más lejanos lugares para presentarse a la tumba del ser querido. En la época colonial, los cementerios, se ubicaban alrededor de los templos, y esta costumbre se extendió aún en la república. El de Calapuja, estaba, pues, cerca de su templo. El día de los muertos del año de 1924, los familiares del que vida fue Juan Rojas, lloraban desconsoladamente su desaparición, y el campo santo estaba repleto de indígenas embriagados.
En momentos tensos, cuando el alcohol hacía aflorar los resentimientos más hondos, el soberbio quipu de Flavio Romero, llamado Remigio Quispe, acompañado de su mujer, hace su paso por las cercanías donde se encontraban los Rojas, quienes con otros acompañantes, movidos por la ira, lo agredieron y en el acto pudo ser linchado por la multitud si es que no aparece súbitamente Flavio Romero y su empleado Ángel María Belón, disparando su revolver hasta lesionar a Raymundo y Toribio Rojas, hermano del occiso. Ángel María Belón, lesionado por los golpes que recibió, haciéndose el muerto junto a un muro, esperó la noche para darse a la fuga y dirigirse a la ciudad de Lampa. Entretanto aquella multitud enfurecida y desenfrenada estaba decidida al linchamiento de Romero que ya fue tomado prisionero, pero la presencia del gobernador Juan Mamani Pérez que trató de poner sus buenos oficios, permitió que fuese llevado a la cárcel pública, lo mismo que Remigio Quispe y su mujer, doña Agustina Calsina, quien se encontraba en proceso de gestación37.
En la noche de aquel infausto día, los campesinos que llenaban la plaza de Calapuja, practicaron algo así como un juicio popular, dictando sentencia para poner fin a la vida de los tres prisioneros. Las llaves de la cárcel, en la confusión o por obra del gobernador, desaparecieron, porque los ejecutores, ingresaron por el techo. Aproximadamente a las once de la noche se les dio muerte, pese a las súplicas y ruegos de los infortunados prisioneros. Juan Mamani Pérez refiere que simplemente fueron ahorcados, aun cuando el comentario general tanto en Calapuja como en la ciudad de Lampa, fue que habían sido atrozmente torturados, particularmente Flavio Romero, a quien se habría introducido agujas, yauris y otros objetos punzocortantes, convirtiendo su cuerpo en un cernidor.
Después de un pequeño ceremonial ante los cadáveres, se acordó enterrarlos o darles sepultura a orillas del río Calapuja, cerca de la poza de los suchis, en medio de los gritos enfervorizados de los indígenas que seguían embriagados. Pensaron inconscientemente que esa era la única forma de ejercer justicia. Lo grave es que este juicio popular fue comprendida una mujer inocente cuyo único delito fue ser esposa del quipu Remigio Quispe, culpable de numerosas fechorías. Aquella sed de venganza, acumulada a través de siglos y agudizada por el gamonalismo, había sido satisfecha plenamente (Ramos, 1971; 1971; 1985; 1987; 1994; 2007).
El primero que dio la voz de alarma en la capital provincial de estos hechos fue Ángel María Belón, quien penosamente caminó en la noche varias horas, llegando exhausto a su destino, pero demasiado tarde, no pudo evitar el asesinato de Flavio Romero, Remigio Quispe y Agustina Calsina, inicialmente no se le dio mucha importancia con la creencia que Mamani Pérez habría evitado cualquier exceso, a pesar de que éste corría el mismo riesgo y tuvo que darse también a la fuga. Un servidor de Flavio Romero que cauteloso y disimuladamente presenció todas las acciones, inclusive el entierro de las víctimas, precipitadamente se encaminó en su cabalgadura a Lampa, donde reveló lo ocurrido al Subprefecto de la provincia, quien telegráficamente tuvo que solicitar el auxilio de un destacamento militar de Juliaca, porque las fuerzas policiales con que contaba eran insuficientes.
Después vino el operativo de rescate de los cadáveres, la detención de los presuntos responsables y una especie de pacificación militar de la zona que fue calificada de subversiva. El traslado a la capital de la Provincia de los restos de Romero, Quispe y su mujer, lo hicieron los mismos detenidos, a marchas forzadas, escoltados por los oficiales y soldados que se constituyeron a la zona. Los lampeños recuerdan que el ingreso por las calles fue un acontecimiento y una procesión macabra que hasta ahora se recuerda. Los detenidos sumaban más de sesenta campesinos, algunos de los cuales fueron trasladados a la cárcel de Puno. Desde el punto de vista de su enjuiciamiento fue uno de los casos más sonados que tuvo que conocer el distrito judicial del departamento de Puno.
Merecieron pena de internamiento con un mínimo de 25 años el que fuera sindicado como el jefe del movimiento Gregorio Mamani Veliz, considerado cabecilla principal de la sublevación de Calapuja; Cecilio Viveros, cuñado de los hermanos Rojas; Bonifacio Catacora; Tomás Rojas; José Rojas y Raymundo Rojas, hermano de José y Tomás. Las generales de ley de estos campesinos que merecieron pena tan severa con el fundamento de que habían actuado con gran crueldad y ferocidad. Se sostiene que son sujetos peligrosos y que actuaron como cabecillas de la sublevación de Calapuja (Ramos, 1971; 1971; 1985; 1987; 1994; 2007).
Los sucesos de Chucuito
Una de las páginas más sangrientas y dolorosas del gamonalismo en Puno, fue el asesinato perpetrado por la familia Pinazo, en agravio de numerosos campesinos, en julio de 1916, en la Península de Chucuito, con el evidente propósito de usurpar las tierras de los humildes indígenas y saquear su ganado, dinero y enseres. En aquellos días la ciudad de Puno, compuesta aproximadamente de cinco mil habitantes, pudo presenciar con sus ojos la precesión fúnebre que prepararon los dirigentes del campesinado, portando en hombros a los cadáveres de aquella masacre, y llevados por centenares de personas, entre las que destacaban las madres, viudas, esposas y hermanas de los asesinados.
Don Jorge F. Pinazo, mestizo que destacaba como uno de los vecinos notables de la antigua y legendaria ciudad de Chucuito, “capital de las cajas reales del altiplano” y otrora capital del reino Lupaca, participó activamente en los movimientos revolucionarios de 1885-1897, interviniendo como caudillo provinciano en las acciones llamadas “montoneras”, por cuya razón era poseedor de numerosas armas de fuego como fusiles, carabinas y revólveres, algunos de ellos traídos desde Bolivia.
Con el ánimo de convertirse en gran propietario, su pequeño fundo denominado “Tata-amaya”, quiso convertirlo en un hermoso feudo a costa de las usurpaciones, amenazas de muerte y juicios penales y civiles incoados en diversas oportunidades en contra de los campesinos, quienes, en defensa de sus derechos, no accedieron a semejantes pretensiones; por el contrario, ejercieron defensa, eficazmente asesorados por algunos abogados de la ciudad de Puno. Sin embargo, don Jorge F. Pinazo no cejaba en su empeño. Se hizo propietario de algunas estancias pertenecientes a la comunidad de Potojani, Pichurata, Luquina y Percca.
En un acto de verdadera audacia, Pinazo presentó una queja contra los indígenas de la Península de Chucuito, ante la Subprefectura de Puno, exigiendo que se otorgue garantías posesorias en pequeñas estancias que jamás le habían pertenecido y sobre las que no tenía ningún derecho. Pues, cada uno de estos terrenos o cabañas tenían sus propietarios que los poseían legítimamente; pero para Jorge F. Pinazo, era de su exclusiva propiedad y que los indios, animados en un afán de enriquecimiento, pretendían arrebatarle al “infeliz gamonalillo”.
Estas estancias fueron Aricura, de propiedad de Mateo Illanes, Carihuani, de Andrés Quispe; Huillani poseído por Petrona Quispe; Cantutani, de propiedad de Vicente Amampa; Calacota de Vicente Cutipa; Challaccollo, de Bernabé Cutipa. De igual manera pretendió apoderarse de las cabañas nombradas: Yuracachi, Agua Milagro, Huancarani, Calachaco, Llamiri, Yiquinta, Samana Amaya, Huitacaya, Tispuyo y Queallani.
Para evitar que Jorge F. Pinazo continuara las usurpaciones de tierras que correspondían a humildes aborígenes, los agraviados Andrés Quispe y esposa Florentina Achata, Leonardo Apaza y esposa Sabina Esteba y otros, presentaron una demanda ante el juez de Primera Instancia de Puno, para que en diligencia preparatoria se verificara una inspección ocular a fin de constatar que los peticionarios eran legítimos poseedores de las estancias que trataba de arrebatarles la familia Pinazo. El 18 de marzo de 1916 tuvo lugar dicha diligencia y en efecto el juez accedió a los justos reclamos de los campesinos para no ser molestados por los usurpadores. En uno de los acápites de la denuncia, se expresa:
Exacerbado Pinazo, dicen los indígenas, por esta medida legal nos acusó de habernos sublevado; pero esa acusación como todas las de nuestra capital enemiga fueron desvanecidas, sucesivamente, por las autoridades judiciales y políticas que se constituyeron en la península, especialmente la Comisión del íntegro Capitán Ricardo Ríos, quien acreditó que los indígenas eran víctimas de mil de abusos de parte de Pinazo, inclusive la falsa acusación de que nuestra actitud era la de sublevación38.
Jorge F. Pinazo, al ver que sus planes tropezaban con serias dificultades por la enérgica actitud de los propios indígenas y de algunas autoridades, creó la figura del abigeato, denunciando a sus principales enemigos campesinos de haber sustraído de su finca Tata-Amaya ocho vacas, tres toros, ciento cincuenta ovejas y un caballo, no sin antes trasladar este ganado a sus otras propiedades para simular el robo en forma cínica. Desgraciadamente la denuncia del robo fue acogida por la Subprefectura, para facilitar a los pocos días la masacre y saqueo de los Pinazo y secuaces.
Entonces, resulta fácil evidenciar que la veracidad de los Pinazo para apoderarse ilegalmente de los bienes ajenos fue respondida enérgicamente por los campesinos con la utilización de los medios legales que en estas circunstancias les favorecían por la justicia de sus demandas. Más, la familia Pinazo no se dio por vencida y por lo contrario los acusó de haber sustraído el ganado de su fundo Tata-Amaya, solicitando el auxilio de la fuerza pública para rescatar ese ganado y que se practiquen las más exhaustivas investigaciones para sancionar a los culpables que deseaban colocar a los Pinazo en la mendicidad.
Estos fueron los antecedentes mediáticos de los asesinatos perpetrados por los hermanos Emilio, Julio y Guillermo Pinazo, hijos de Jorge F. Pinazo, y que muy justificadamente conmoviera profundamente a la opinión pública de Puno.
El Subprefecto de Puno, sin pensar en las consecuencias de su desatino, precipitación e incapacidad, accedió a la queja de Jorge F. Pinazo, destacando dieciocho gendarmes al mando del alférez Javier E. Zuleta, un joven de 24 años que no pudo contener la furia de los hermanos Pinazo. La Comisión, por la mañana del 3 de julio de 1916 se constituyó en el caserío de Tata-Amaya para preparar y estudiar la forma como debía ejecutarse la cacería humana, el rescate del ganado y el saqueo general de las pertenencias de los indígenas denunciados.
Lo conmovedor fue que los campesinos no advirtieron oportunamente ni se imaginaron de los posteriores sucesos porque de lo contrario pudieron haber tomado sus medidas precautorias. Si no hubieran logrado enfrentarse al grueso de la policía y a los civiles armados, por lo menos pudieron ponerse a buen recaudo, darse a la fuga o recurrir ante las autoridades judiciales de Puno.
En la madrugada del 4 de julio de 1916, los moradores de la Península de Chucuito fueron sorprendidos cuando todavía se encontraban descansando en sus lechos. Desde las tres de la madrugada durante todo ese día y los siguientes se produjo el asalto sangriento, cabaña tras cabaña, a cuantos encontraban los asesinaban o los lesionaban, mientras que otros se dedicaban al saqueo y al recojo del ganado. La gendarmería y su bisoño alférez, lejos de contener a los criminales en su sed de sangre, les prestaba apoyo decisivo. Aquí no hubo batalla ni ataque de los campesinos como ocurrió en la hacienda de San José en Azángaro. Los pobres indios de Chucuito fueron víctimas inocentes del asalto que en ningún momento ellos provocaron. Se les asesinó, lesionó y robó en sus propias moradas, imposibilitados de enfrentar y rechazar a sus victimarios (Urquiaga, 1916; Flores, 1977; Flores, 1984).
Ateniéndonos a las denuncias presentadas después de los familiares los asesinados fueron: Andrés Quispe, Leonardo Apaza, Antonio Alcca, Eusebio Merino, Santos Manzano, Quintín Nina, Martín Mamani y Hermeregildo Quispe. La mayoría de ellos victimados por Emilio, Julio y Guillermo Pinazo, así como por otros victimarios como: Juan de Dios Núñez, Juan de Mata Cutimbo.
Los lesionados, muchos de ellos con heridas de gravedad llegaban a varias decenas. La labor de los gendarmes al mando del alférez Zuleta era de arreadores de ganado, de tal manera que la policía espectaba cómodamente el baño de sangre no pudiendo contener a los asaltantes porque estos les dieron la tarea de arrear el ganado recuperado por mandato de la autoridad superior. Un párrafo del parte elevado a la superioridad, por el alférez Zuleta, fechado el 9 de julio de 1916 en el caserío de Tata-amaya expresa:
“Pongo a disposición de Uds. a los indígenas Miguel Gutiérrez, Manuel Paucara, Julián Quispe, Juan Nina, Sebastián Mamani, Leoncio Fernández, Julián Velásquez, Lorenzo Quispe, Mariano Coila, Francisco Poma, Juan Mamani, Eduardo Yucra, Hilario Huaylla, Juan Velásquez, Fernando Esteba, Manuel Huallpa, Manuel Puma, Marcelino Mamani, Justo Mamani, Gregorio Flores, Rufina Mamani, Gertrudis Cutipa y Juan Cruz, por considerarlos sospechosos en los diversos asaltos y robos verificados en la hacienda. También adjunto al presente una hoja de sable, dos zurriagos con tuercas de acero en sus puntas, un cuchillo y un machete requisadas a la indiada sublevada”.
El autor de este documento afirma enfáticamente que sí se produjo un conato de rebelión, por lo que tuvo que tomar medidas enérgicas, apresando a sus autores, pero en ningún momento trata de comprometerse ni comprometer a los autores de los desmanes que él protegió, violando sus deberes profesionales. Recién se dio cuenta de la magnitud de la masacre y en distintas partes e informativas pudo al final expresar la verdad afirmando quiénes fueron los homicidas y como se produjo el saqueo, tuvo todavía el desparpajo de tomar prisioneros a indígenas inocentes que ni remotamente habían pensado en una sublevación, cuando su misión era en primer lugar evitar la masacre, y cuando esta se produjo era el de detener a sus autores; antes bien, les facilitó la fuga en una balsa que se dirigió a la ciudad de Puno. (Urquiaga, 1916; Flores, 1977; Flores, 1984).
El saqueo que se produjo en aquellos días en la Península de Chucuito fue desbastador. Fueron 112 familias las agraviadas. Solo en dinero se les arrebató la suma de treinta y un mil soles que para esos años era una inmensa fortuna, algunas de las cabañas fueron incendiadas. La magnitud de la masacre dejó honda huella en todo el campesinado de Puno que se movilizó para protestar y exigir sanción de los culpables.
Los periódicos que se editaban en aquellos años en la ciudad de Puno como “El Siglo”, “El Eco”, “La Voz del Obrero”, así como el “El Pueblo” de Arequipa, “El Comercio” de Lima y otras publicaciones, luego de informar detalladamente la masacre de Chucuito, condenaron unánimemente a sus autores, exigiendo sanción ejempla rizadora y severa por parte de las autoridades en aplicación de las normas penales pertinentes.
Nuevamente se puso en tapete el problema indígena sugiriendo que se dicten normas legales que tutelen y amparen los derechos del campesinado. Unos querían encontrar la solución en la educación del campesino, otros en la modificación de la legislación. En fin, cada cual en esas circunstancias pretendía ser el salvador y el redentor de la masa campesina, desvalida, ofendida y humillada por el gamonalismo que había perdido hasta los más elementales principios de la piedad y la compasión humana.
“La Voz del Obrero”, dirigido por el célebre periodista don Eduardo Fournier, fue el que con más dureza y con estricta justicia condenó la barbarie de los autores de los crímenes de Chucuito. En primera página del semanario de fecha 15 de julio de 1916, daba cuenta de los hechos con el siguiente título: “Horrorosa matanza de indios en Chucuito”, seguido de los siguientes subtítulos: “Los gamonales de ese distrito, ayudados por fuerzas de la policía, se dedican al robo más descarado y al asesinato más punible y las autoridades de esta capital no demuestran la energía que el caso requiere”. Debemos reproducir algunos párrafos de esta interesante crónica:
El vecindario de esta localidad ha sido dolorosamente impresionado en éstos últimos días con los sucesos realizados en la Península de Chucuito, donde, con el ya trillado pretexto de las sublevaciones, se han victimado a gran número de indígenas inermes, de parte de los gamonales Emilio B. Pinazo, Julio Pinazo y sus secuaces. Una vez que las fuerzas estaban listas, el día 4 del presente mes, los Pinazo, acompañado de sus secuaces, procedieron arrebatar todo el ganado del indígena Antonio Alcca, quien indignado protestó del robo inicuo de que se le hacía víctima, recibiendo por tal hecho un tiro de revolver que le causó la muerte inmediata. Desde ese momento esa parcialidad quedó convertida en un verdadero campo de desolación y de muerte, donde las fuerzas, a quienes los Pinazo habían hecho beber alcohol con pólvora, disparaban sus armas en todas direcciones, mientras estos recorrían por las chozas de los indios, sembrando el terror y la desesperación: ¡Asesinato!, ¡Robo!, ¡Violación!39.
Estos pobres parias, en el deseo de que las autoridades de Puno se enteraran de estos hechos y dieran crédito a sus aseveraciones se trasladaron a la localidad de Puno trayendo consigo los cadáveres de Antonio Alcca, Eusebio Medina, Quintín Nina, Santos Manzano, Andrés Quispe y Leonardo Quispe. Pocas horas después de su llegada a la ciudad de Puno, se resolvieron trasladar los cadáveres al local de la Prefectura, pero con tal mala suerte que, al llegar a la esquina del Parque Pino, fueron rechazados por los custodios del orden que encabezados por el inspector Hinojosa les daban golpes de fuete y de vara.
Que tal sarcasmo, recibir con un ultraje a los que venían a pedir justicia para sus muertos. Al día siguiente, se practicó las respectivas autopsias, y a las cinco y media de la tarde de ese mismo día, de orden del Intendente de policía, fueron conducidos al cementerio general y arrojados allí insepultos y completamente desnudos. Que cuadro tan doloroso el que formaban los cadáveres de esos seis aborígenes, desgraciados hasta después de la muerte (Urviola, 1922; Reinaga, 1959; Villena, 1913; Waldelomar, 1923).
La Sociedad Fraternal de Artesanos que no podía permanecer indiferente ante actos tan inhumanos, acordó concurrir en corporación al sepelio de esos infelices. Se les puso el blanco sudario que corresponde a los mártires y se les inhumó en una fosa común, en medio de la indignación que causaba esta matanza en todos los concurrentes, y del llanto lastimero de las madres, esposas y hermanos de las víctimas. Y mientras eso sucedía en Puno, en la Península de Chucuito seguían realizándose actos delictuosos, con el apoyo de veinte soldados más que fueron de la ciudad de Puno al mando del Subinspector Gonzales. Nos aseguraron que los gamonales reconcentraban a las fuerzas en el caserío y los hacían embriagar junto con multitud de mujeres casadas y núbiles, encerrados allí por la fuerza, mientras ellos y sus secuaces se dedicaban al saqueo de ganado y de víveres de los indios, cosa que no dejó de repetirse hasta varios días después de la masacre, que tuvieron conocimiento del viaje de las autoridades.
El día sábado 8 de julio de 1916 fueron al lugar de los sucesos el señor Juez del Crimen Dr. Zúñiga Béjar, Subprefecto del Cercado Sr. Ballón y el médico Dr. Macedo Pastor, todos ellos pudieron constatar el secuestro de una multitud de indios en una de las fincas de los acusados Pinazo a la vez de la existencia de una gran cantidad del ganado robado, comprobándose por los tanto la culpabilidad de los Pinazo.
Ahora bien, la actitud asumida por las autoridades de la ciudad de Puno no ha sido lo suficientemente enérgico como el caso lo requería porque no se tuvo la prudencia de poner fuerza a órdenes de esos desalmados gamonales, debería haberse ordenado su captura a raíz de los primeros asesinatos y no que por contemporizaciones se ha permitido que hagan lujo de su bandalaje tradicional (Urviola, 1922; Reinaga, 1959; Villena, 1913; Waldelomar, 1923).
El proceso penal incoado por la masacre de Chucuito constituye la historia más completa de este acontecimiento y fue una batalla verdaderamente dramática librada por un sector de la magistratura puneña, contra el ataque frontal y despiadado de los Pinazo, los que, conocedores de todos los trajines tinterillescos, pretendieron aparecer ante la justicia y aun ante la opinión pública, como víctimas de la calumnia y de la maledicencia.
La administración de justicia en Puno, durante el periodo de las masacres y las rebeliones indígenas jugó un papel importante, y tuvo sus grandes defensores como sus grandes detractores dentro del seno mismo de ese pesado engranaje. Aquí como en cualquier otro lugar del país, se ha contado con jueces de probada capacidad y honestidad, así como con otros individuos que la justicia la pusieron en subasta pública. En ninguna época de nuestra historia se ha dejado de contar con magistrados de toda índole. El caso Pinazo es un elocuente testimonio de las afirmaciones que se vierten.
A fines de junio de 1923, recién el voluminoso expediente que contenía 1,200 folios, de los cuales casi el cincuenta por ciento estaba formado por los escritos presentados por los inculpados, es elevado a la Corte Superior de Justicia de Puno, con los informes finales respectivos. El fiscal formuló su acusación escrita y los señalamientos de audiencia se realizaban frecuentemente, con las publicaciones de edictos y emplazamientos a los acusados, sin que estos jamás se presentasen por el temor de ser sentenciados.
Y como la justicia en Puno por aquellos años era tan lenta y la ineficacia de la justicia en Puno permitió que los autores de los crímenes nunca fusen juzgados ni sancionados. Se daba el caso, que los perseguidos por la justicia, caminaban por las calles de Puno, como si nada ocurriese, muy tranquilos y ufanos, sin que la autoridad encargada de la captura se daba siquiera por enterada de semejante desfachatez. La justicia era, pues, burlada, por todos sus flancos, como lo es ahora y lo será siempre en el Perú por muy grandes que sean los esfuerzos de quienes quieran corregir estas deficiencias (Alzamora, 1960; Anónimo, 1903; 1922).
Los Movimientos Campesinos de San José – Azángaro 1915
Para estudiar el movimiento campesino de San José de Azángaro, hay en primer lugar que caracterizarla, se trata de un episodio social que está íntimamente ligada con la política de su época. Teodomiro Gutiérrez Cuevas era un billingurista, que fue enviado a Puno por Billinghurst a Puno en 1913, a fin de acoger las reclamaciones indígenas.
De otro lado Bernardino Arias Echenique, el dueño de la hacienda San José que era demócrata y diputado por Azángaro y a ambos los separaban profundas enemistades personales y políticas. Bernardino Arias Echenique, que había formado sus haciendas de San José y La Unión, mediante compras abusivas a terratenientes más débiles y la usurpación llana y simple de las tierras de las comunidades campesinas de la zona de Azángaro, este Arias Echenique era un nuevo rico, un sujeto relativamente reciente en Azángaro, pues como arequipeño representaba a un sector emergente dentro de la propia clase terrateniente y hacia 1911 había logrado consolidar las haciendas antes indicadas, logrando así mismo modernizar dentro de los sistemas tradicionales de la ganadería de Azángaro.
Mauro Paredes, con acierto, ha intuido este problema implícito ocurrido con el golpe de Estado del 4 de febrero de 1914, en que el Coronel Oscar R. Benavides derrocó a Billinghurst, y que fue esencial para convertir a Teodomiro Gutiérrez Cuevas, de agente legal del gobierno en prescrito y desterrado. Según Mauro Paredes, por intrigas de Bernardino Arias Echenique en Lima, se logró que fuera eliminado del escalafón del ejército y parece que Arias Echenique se valió de su influencia como parlamentario para lograr la desgracia de Teodomiro Gutiérrez Cuevas (Mauro Paredes, El levantamiento campesino de Rumi Maki, en Visión de las Ciencias Histórico Sociales, Pasado y Presente del Perú, pp. 263-164).
Hay pues en el asunto del movimiento campesino de San José un problema de origen político y personal. Este movimiento se diferencia de los demás movimientos campesinos por estar ligado a un trasfondo político intrarregional, pues ni Teodomiro Gutiérrez Cuevas y Bernardino Arias Echenique eran puneños, aunque sus diferencias se originaron en los problemas sociales del Altiplano de Puno.
Gutiérrez Cuevas fue en los movimientos campesinos de san José un elemento externo, como típico de todas las asonadas indígenas puneñas. En ningún caso es claro este factor explicatorio, que, en el caso de San José, ni más claro tampoco la coyuntura política, pues Gutiérrez Cuevas adquirió ascendencia sobre la masa indígena azangarina al calor del populismo de Guillermo Billinghurts. Sin su presencia como delegando especial del gobierno para investigar las reclamaciones de los indígenas, no se podría comprender como pudo un personaje totalmente extraño al medio alcanzar la capacidad de liderazgo para que las masas campesinas lo siguieran en una acción armada.
Teodomiro Gutiérrez Cuevas en 1903 fue nombrado subprefecto de Chucuito donde empezó a demostrar sus profundas inquietudes indigenistas. Decretó en Juli la abolición de los repartos de lanas y los trabajos gratuitos el 25 de diciembre de 1903 y 1 de enero de 1904 denunció a los gamonales de la provincia de Chucuito, algunos de los cuales eran monederos falsos (Teobaldo Loayza, 1935, p. 480); luego adoctrinó al cura Valentín Paniagua para que defendiera a los indios y entonces se desató la sublevación de Pomata. Los parlamentarios puneños lograron en Lima la inmediata salida de Teodomiro Gutiérrez Cuevas de la provincia de Chucuito en 1905, por peligroso y extremista.
En octubre de 1913 y a raíz de los sucesos de Samán, el gobierno de Guillermo Billinghurst, envió a Teodomiro Gutiérrez Cuevas, a que investigara los hechos de Azángaro. Inmediatamente llegado inició un activismo extraordinario, visitando los lugares de los sucesos y publicando circulares en los que apoyaba las reclamaciones de los indios. Gutiérrez Cuevas acogió las denuncias e hizo un informe documentado de casi todas ellas40. Un mes después volvió a Lima, y poco después de un ataque que le hicieron los hacendados en Juliaca, acusándolo de provocar a los indios, el diputado por Azángaro (Bernardino Arias Echenique) pidió su retorno a Lima, llevando su informe, y acompañado de una comisión numerosa de indios. Llegando a Lima hizo declaraciones en los periódicos, pues con los campesinos puneños visitó los diversos diarios de Lima41.
Esto parece que indignó a Bernardino Arias Echenique, a quien sin duda iban dirigidas unas alusiones en el informe, acusándolo de monedero falso ya que sus cuños ilegales existían en la hacienda San José42. Aquí se robusteció la animosidad personal entre ambos, ya originada en sus diferencias políticas, pero ya antes, los hacendados de la provincia de Chucuito, que recordaban todavía sus acciones de 1904, dirigieron un telegrama, publicado en Lima el 21 de octubre de 1915, acusando a Teodomiro Gutiérrez Cuevas apoyaba, alborota, excita y subleva a los indios contra los blancos a la vez que acusaban a los indios de Chucuito de bandolerismo y de haber saqueado y talado haciendas. Esta acusación fue acogida en la Cámara de Diputados por Bernardino Arias Echenique quien aseveró que había casos de antropofagia y que el delegado del gobierno, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, decía que era “el mesías que iba a redimirlos” (Teobaldo Loayza O´bando, 1978, p. 481).
El documento informe de Teodomiro Gutiérrez Cuevas nunca fue publicado pese a que fue entregado a Guillermo Billinghurst, se perdió en palacio de gobierno, cuando éste fue derrocado el 4 de febrero de 1914. Con el derrocamiento la coyuntura política había cambiado radicalmente, Billinghurst cayó por su conflicto con el Parlamento, derrocado por el Ejército y los diputados quedaron en sus curules. Es entonces que Teodomiro Gutiérrez Cuevas cayó en desgracia, deportado a Chile como represalia política, medida a la que seguramente no fue extraño Bernardino Arias Echenique, ya convertido en su enemigo personal.
Todos estos dichos y contradichos, hechos y contra hechos entre el representante legal de Guillermo Billibghurst y Bernardino Arias Echenique y más la situación casi segura de su desgracia personal de Teodomiro Gutiérrez Cuevas hacen de que éste pase de Chile a Bolivia con ayuda de algunos personajes (masones) y de allí clandestinamente al Altiplano de Puno donde a inicios de 1915 se le haya firmemente instalado entre los indios y decidido a vengarse de su enemigo personal, según él, autor de todas sus desgracias. Inició entonces una organización paramilitar de los indios en forma clandestina. Aquí nace la cuestión de Rumi Maki problema histórico que hasta la fecha no ha sido resuelta.
Los prefacios del movimiento campesino de San José parece que pueden remontarse a agosto y setiembre de 1915, pues ya en agosto Bernardino Arias Echenique había acusado al líder indio José María Turpo de preparar una rebelión anarquista y lo denunció ante el Agente Fiscal de Azángaro, José Frisancho Macedo, pero éste no dio curso legal a la denuncia por infundada.
La acusación contra José María Turpo provenía del deseo de Arias Echenique de anexarse la estancia Soratira de propiedad de Turpo, y los empleados de Arias estaban en permanente tensión con dicho indígena, pues sostenían que el gamonal diputado había comprado la estancia del gobierno. En estas circunstancias de lucha con los Turpo, llegó Teodomiro Gutiérrez Cuevas a la zona, e inmediatamente se puso de acuerdo con ellos para resistir la anexión y empezó a organizar la sublevación. Lo más probable es que Teodomiro Gutiérrez Cuevas organizó en “milicias” de dudosa disciplina a los indígenas de las comunidades de Pacastiti, Sillota, Tumuyo, Jila Machariri, Q´olampa, Aq´opata y otros, que habían sufrido las agresiones y anexiones de los hermanos Bernardino Arias Echenique – José Sebastián Urquiaga, los cuales tenían motivos para vengarse de sus opresores y recuperar sus tierras usurpadas, pues los dos arequipeños casi habían hecho desaparecer todas las estancias de indios del distrito de San José en sus propósitos expansionistas.
Es decir, esta fue un movimiento campesino de comuneros contra un gamonal típico, que tenía un prestigio y una influencia nacional, y al cual Teodomiro Gutiérrez Cuevas quería atacar precisamente para vengarse de su enemigo personal y político.
Los sublevados, se reunieron con anticipación en las alturas del cerro Inampo y en las cumbres de Soratira y Kakenkorani. Según Jove y Canahuire, Teodomiro Gutiérrez Cuevas logró reunir unos 300 comuneros, que se reforzaron con otros venidos del Cusco y Apurímac que llegaban a 2,000 indígenas43. Al atardecer del 1 de diciembre de 1915, atacaron la hacienda Atarani y se apoderaron con gran facilidad de la misma, pese a la resistencia del mayordomo Lino Toro Solorzano. En Atarani los sublevados encontraron alcohol con el cual se embriagaron, pese a la oposición de Teodomiro Gutiérrez. De Atarani se dirigieron a la hacienda “La Unión” de Bernardino Arias Echenique, pero la encontraron resguardada por el Subprefecto de Azángaro y por gendarmes por lo cual se dirigieron hacia el nuevo caserío de San José. A las dos de la madrugada atacaron la hacienda con escopetas, fusiles, revólveres, cartuchos de dinamita y galgas.
El ataque fue desde la puerta principal cuya reja estaba abierta y desde el cerro Pucamoco que se encuentra encima e inmediato al caserío. Teodomiro Gutiérrez Cuevas y su lugarteniente Casimiro Huaracha (licenciado del ejército) se unieron a los sublevados en Casucucho. El ataque no fue sorpresivo como hubiera querido la táctica militar de Teodomiro Gutiérrez, sino que los indios atacantes lo hicieron ebrios, al son de los pututus y tambores, y el quipo Francisco Idme, antes de ser muerto por los sublevados avisó a los defensores del caserío. Los sublevados en gran número lograron penetrar en el primer patio de la hacienda San José, donde fueron recibidos por una descarga de fusilería de los defensores que se hallaban parapetados en las ventanas de las habitaciones que separan el primer y segundo patio. Muchos cayeron bajo el efecto de los disparos y otros penetraron al botiquín de la hacienda, donde bebieron los remedios y los sarnífugos, destinados al ganado ovino, creyendo que era alcohol, pues se hallaban ebrios. Los defensores de la hacienda San José fueron Moisés Barreda Pomareda, Licenciado del ejército y gran tirador, Ricardo Chambi Zea, Jacinto Torres, Emilio Bustinza, Amador Cortés, Pablo Medrano y Justo P. Gómez; no más de siete u ocho personas, pero muy bien armados, y con bastantes municiones y a quienes favorecía la situación estratégica que ocupaban.
La acción duró hasta las cinco de la mañana, en que el rumor de que venía a caballo refuerzos compuestos por los empleados de Sollocota (la hacienda de José Sebastián Urquiaga), los atacantes emprendieron la retirada, sin haber podido incendiar el caserío, pues solo saquearon las habitaciones del primer patio. Teodomiro Gutiérrez Cuevas pese a su experiencia militar no pudo comandar un ataque organizado y efectivo porque la mayor parte de sus parciales se hallaban ebrios y herido en un talón tuvo que huir, junto con su lugarteniente Casimiro Huaracha, herido en el brazo izquierdo. Los empleados de Bernardino Arias Echenique, junto con los refuerzos de la hacienda Sollocota pasaron entonces a la ofensiva, persiguieron a los sublevados hacia la quebrada de Putina Puncu, donde hicieron una carnicería.
El saldo de esta sublevación fue de 132 muertos, los mismos que fueron enterrados apresuradamente en un cebadal contiguo al caserío en fosas comunes, y al día siguiente cuando llegó el Juez le presentaron 30 cadáveres, según unos y según otros dos cadáveres, pues los empleados de Bernardino Arias Echenique hicieron desaparecer la mayor parte de sus víctimas en forma apresurada.
En cuanto a los propósitos de Teodomiro Gutiérrez Cuevas no pudieron cumplirse, pues ante el fracaso del ataque se vio obligado a retirarse y huir y la mayoría de los indios sublevados se refugiaron en el cerro casi inaccesible de Inampo, quienes el 6 de diciembre de 1915, cuando llegaron al teatro de los acontecimientos, un destacamento de caballería del Regimiento Nº 7 del Cusco y otro del Regimiento de Infantería Nº 9 de Arequipa al mando de los tenientes Emilio Vega y Guillermo Briceño, quienes masacraron a los indígenas refugiados en la fortaleza de Inampo, diezmándolos completamente. No se sabe el número de víctimas de esta acción militar, pues la persecución duró varios días.
Como en casi todas las rebeliones puneñas la explosión en pos de la tierra y de la justicia, con su saldo de dolor y muerte resultó inútil, Teodomiro Gutiérrez Cuevas desapareció del Altiplano de Puno y los indios fueron aplastados y más sometidos aún, pues el poder y la riqueza de Bernardino Arias Echenique continuaron en ascenso casi por una década más. Hacia 1929, y coincidiendo con la crisis mundial, el gran gamonal arequipeño, que había vivido una vida de dispendio y lujo se endeudó enormemente con la casa Gibson de Arequipa; la hacienda San José fue embargada por las deudas, rematada y adjudicado a los acreedores y pasó a ser parte de las haciendas de la Sociedad Ganadera del Sur, establecida en 1926.
Como dice Mauro Paredes “con el sacrificio de muchas vidas inocentes, los indígenas de Puno y Azángaro nada consiguieron, no recuperaron sus tierras, se acentuó mayormente la explotación y el acaparamiento de tierras, centenares de campesinos fueron sometidos a la jurisdicción militar por delitos contra la seguridad del Estado, atentando contra el ejército. Las venganzas de los expoliadores encontraron rienda suelta y tomaron como motivo el levantamiento; las atrocidades y los atropellos tomaron mayor fuerza y vigor, se regó con mucha sangre campesina el suelo azangarino. Rumi Maki encarcelado, los líderes campesinos y sus favorecedores atemorizados ante el fracaso, nada pudieron lograr (Mauro Paredes, 1975).
Movimiento campesino de Huancané (1922)
La narración de este movimiento campesino, que no es más que la sublevación de Wancho Lima, pero narrada desde otra perspectiva del investigador, razón por la cual ponemos a disposición de la investigación como medio de tener la sublevación de Wancho-Lima un poco más completa considerando las diferentes fuentes.
La influencia de este movimiento, que conmovió al país, alcanzó toda la zona oeste de Puno, específicamente los distritos de las provincias de Huancané y Azángaro. Este movimiento se gestó y estalló como consecuencia de la agudización de las contradicciones antagónicas entre los terratenientes y el campesinado, especialmente en sus capas más pobres. Sumándose a esta situación la actitud vacilante del gobierno, que no prestó amparo efectivo a las demandas ni se preocupó por solucionar los problemas del agro. Conviene señalar, por último, la presencia de la conocida trilogía de dominación (terrateniente, político y eclesiástica).
En 1922, un año antes de los sucesos de Huancané, el líder campesino Ezequiel Urviola en representación en representación de los campesinos de Puno, presentó al Presidente de la Cámara de Diputados un memorial en que exponía las condiciones reales de vida del campesinado de la zona, denunciando los abusos y la campaña de exterminio que se habían trazado los terratenientes44.
La acción de los latifundistas en contra de los campesinos asumió múltiples formas, las mismas que fluctuaban desde la apropiación de las tierras (en sus dos formas generales: apropiación de facto y mediante el tinterillaje) hasta la propia eliminación del campesino, pasando por actos de tortura como la extirpación de los ojos, castración, mutilación de los labios, lengua, manos, llegándose inclusive a enterrar vivos a muchos de ellos. En resumen, el cuadro general se caracterizaba por la presencia de sangrientas masacres de familias y parcialidades íntegras del departamento de Puno.
En 1922 los campesinos habían obtenido que el gobierno nombrara una comisión para investigar los casos denunciados. Integraban esta comisión los doctores Enrique Rubín, Erasmo Roca y Humberto Luna. Apenas constituida, en actitud de franca represalia, los gamonales intensificaron sus exacciones contra los campesinos. Asimismo, ejercían toda clase de presiones para que estos desistieran de pedir la constitución de la comisión y, caso de formarse ésta, procurar que no se hicieran presentes en el lugar de los hechos.
Urviola denunciaba que esta actitud de represalia no solo provenía de los terratenientes, sino también de las autoridades civiles y eclesiásticas. Esto en la personificación de los subprefectos, jueces de paz, gobernadores y algunas veces los curas. Era pues, en buena cuenta, el aparato de poder montado al nivel del campo, cuyo efecto se hacía más notorio en los lugares pequeños como son los distritos, las parcialidades y las comunidades.
El objetivo de los terratenientes era conseguir la ruina de los campesinos, con varias finalidades, esencialmente para que no pudieran iniciar ninguna acción judicial de amparo a sus propiedades (ya que no estarían en condiciones de sufragar los gastos que irrogase el proceso legal), y seguidamente incorporarlos a sus haciendas en calidad de colonos. Pero la acción de los gamonales no sólo se circunscribía a la apropiación de la tierra y el trabajo, sino que afectaban, además, a las escuelas rurales que sostenían los campesinos con sus propios fondos. Urviola (1922) añadía: “No quieren ni les conviene que los indígenas se civilicen y sean ciudadanos y obreros conscientes y útiles para la grandeza de la patria” (p. 7).
Urviola (1922) también afirma que, según la versión de los terratenientes, en Puno, los campesinos: “…preconizan la lucha de razas o exterminio de todos los blancos, abjuración de religiones, reconstrucción del imperio incaico, disgregación nacional… pues lo que persiguen en última instancia es la realización de masacres sangrientas en el departamento de Puno”. (p. 6). Para cumplir con los objetivos señalados por Urviola, los hacendados, con pretextos sutiles almacenaban armamentos en cada hacienda: revólveres, pistolas, carabinas, cajones de municiones y explosivos.
Los campesinos a través de Urviola señalaban que ellos no tenían intenciones de lanzarse contra los “propietarios honestos”, ni menos con los comerciantes y obreros de las ciudades, de quienes solo pedían el apoyo moral; pues era necesario la acción conjunta de todos los sectores para poder “zanjar” de una vez los problemas que afectaban a todos los campesinos de Puno.
Urviola además, proporcionaba una amplia y detallada información sobre los campesinos masacrados por los terratenientes en las diferentes parcialidades entre los años de 1920-1922, que hacía un total de 119 víctimas. Consideraba, por tanto, que la situación conflictiva en que vivía Puno afectaba más a los intereses de los latifundistas que a la de ellos. Sin embargo, aquellos no querían comprender tal situación, seguramente por el temor ce comparecer ante los tribunales, ya que de este modo se harían públicos los actos dolosos y extralimitaciones que cometían.
Esta incierta situación que atravesaba el campesino de Puno y la ineficacia con que actuaba la comisión investigadora enviada por el gobierno, sirvieron más bien para intensificar la represión de los latifundistas. En el memorial aludido, luego de presentar las denuncias que se ha señalado, pedía la solución de los siguientes puntos concretos: A) que se garantice la libertad plena de construir sus escuelas y sobre todo el normal funcionamiento de las mismas;
B) que se dicte una ley que prohíba a los escribanos, jueces y notarios, realizar escrituras falsas de los terrenos despojados a los campesinos; C) que las autoridades que nombre el gobierno sean idóneas y, especialmente que no se sometan a las presiones de los latifundistas; y, D) que se levante públicamente los cargos que pesaban sobre las sociedades protectoras de los campesinos (se referían al Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo).
El Presidente de la Cámara de Diputados, en vez de poner a consideración de la Comisión respectiva el tenor del material, rehoyó la responsabilidad enviándolo al Ministerio de Fomento para que tomase las medidas que considerase conveniente. Este organismo a su vez lo remitió, al Patronato –recientemente creado-, el mismo que ordenó, finalmente, su archivamiento por inoportuno.
Los campesinos hicieron público el memorial en las páginas del diario “La Prensa”, consignando literalmente los nombres de las víctimas y de los terratenientes. Todo esfuerzo de solución fue inútil; más bien consiguieron que su desesperación se acentuara y la represión de los terratenientes llegara a su clímax. Grosso modo, este era el panorama social en Puno hasta el 12 de octubre de 1922, es decir, casi a un año de los sucesos de Huancané.
Tres días antes de los sucesos de Huancané, o sea el 21 de diciembre de 1923, los delegados campesinos de los diferentes departamentos del sur del Perú (Cusco, Puno, Arequipa y otros), presentaron un memorial dirigido al Ministro de Fomento, reiterándole sobre la angustiosa situación por la que atravesaban los campesinos de Huancané. Se insistía en la conveniencia de separar de su cargo al subprefecto señor Arturo Carpio, quien en compañía de su hermano Lucas Darío Carpio, extendía sus propiedades a costa de las tierras campesinas.
Los hacendados al presentar sus quejas ante las autoridades (que velaban sus intereses), no reconocían o no creían que los campesinos, por iniciativa propia, pudieran denunciarlos, ni mucho menos revelarse contra la estructura económica-social que les imponían. Manifestaban que esto lo hacían por influencia de personas extrañas y “malévolas” que querían perturbar la tranquilidad existente por ejemplo decían, los gamonales que, los campesinos recibían instrucciones de los señores Leguía y Martínez, Duran, Encinas y otros por lo que era urgente responder a ese peligro.
Hasta entonces los campesinos asumieron una actitud que no iba más allá del simple reclamo, pues su pedido solo se refería a pequeños cambios de las estructuras, dentro de las precarias condiciones objetivas de la vida real. Ellos querían paz, justicia, libertad y escuelas, ya que estaban completamente prohibidos, según el reglamento que rigen sus instituciones, participar en otro tipo de actividades.
Mientras tanto en Lima, los parlamentarios-terratenientes debatían acaloradamente la situación de Puno. Los diputados Encinas y Durán asumían una actitud definida y de franca defensa a los campesinos mientras que los otros defendían la posición de los terratenientes. Es el caso del senador Gerónimo Costa, opinaba que en Puno la situación hacia peligrar la seguridad del Estado, por lo tanto, solicitaba la intervención inmediata del Ministro de Gobierno para prestar todas las garantían a los propietarios de la zona, por encontrarse, según él, en inminente peligro.
Frente a las insistentes demandas de los campesinos de Puno y de todo el sur del país, los hacendados de la zona también activaron su participación en la problemática del indígena a través de la “Liga de hacendados del Sur”, organismo que fuera creado por los propietarios de esa zona, en el año de 1921. Esta entidad presentó en 1922 un memorial al presidente de la República en la que hacía un análisis de la situación campesina y proponían algunas soluciones. Tipificaba como causas de la situación campesina lo siguiente:
- El Estado que no logró, a pesar de los años de vida republicana transcurridos, incorporar al campesino y su dialecto a la vida nacional.
- La Ley que no se adapta a las modalidades del comportamiento de los campesinos serranos, siendo la legislación aparente solamente para las poblaciones costeñas.
- Las autoridades encargadas del cumplimiento de las defectuosas disposiciones legales que sacrifican los intereses de los indígenas “en aras de la concupiscencia.
- Los Ministros de la religión del Estado (Curas) que no cumplen con su misión espiritual y los evangelistas quienes siembran el odio y la anarquía espiritual.
- El Servicio Militar Obligatorio que arrebata al indígena de su cabaña, en forma violenta y obligatoria y lo devuelve tuberculoso o lleno de vicios adquiridos en su incipiente cultura.
- La lugareña lucha política que forma rebaños de electores y les alecciona falseando los deberes cívicos.
- El propietario inmoral, “coludido con las autoridades subalternas”, que detentan parcelas de terrenos y se apropian de productos y bienes semovientes, tomando como instrumento la ley; que lejos de ser amparo es el dogal de los débiles.
- El comerciante inescrupuloso que trafica con la venta del alcohol a cambio de las cosechas o la lana de los indígenas.
- La sociedad, el tinterillaje y los defensores de la raza. La sociedad que aprovecha del comercio de menores de edad. Los tinterillos que se aprovechan del enredo judicial y las asociaciones pro-indigenistas que les prometen reivindicaciones ilusorias y les explotan con el pago de la rama (contribución indígena para subvencionar los gastos de representación de sus dirigentes en sus gestiones).
La solución que plantean son:
- Se autorice el establecimiento de la Policía Rural (subvencionado por los propietarios) con la finalidad de “reprimir” el vandalaje. Además, procurará prevenirlo, descubriendo a los instigadores y sometiéndoles al poder judicial; solo así se garantizará el restablecimiento efectivo del orden social.
- Se de una ley creando los tribunales arbitrales dentro del Ministerio Público con atribuciones especiales para solucionar los conflictos agrarios campesinos. Integrados por tres vocales, uno de la Suprema y dos de las Cortes Superiores de la Región. Estos se constituirán en el lugar de los hechos para “aplicar la ley o resolver arbitrariamente, según los casos, fallos que deberán ser definitivos e inapelables”.
- Se legisle sobre el trabajo campesino y se creen granjas-talleres-escolares, aboliendo asimismo el alcoholismo, estableciendo sanciones para los explotadores del indio y a los que propugnan la anarquía y el desorden.
En este mismo año de 1922 los propietarios convocaron un congreso a reunirse en Arequipa, en su afán de complementar sus gestiones y cohesionarse en defensa de sus intereses. Esta reunión analizaría los resultados de las gestiones realizadas ante el gobierno contemplada en el memorial anteriormente tratado. Sin embargo, algunos sectores de la prensa limeña se mostraron escépticos frente a las buenas intenciones de los propietarios. Un artículo del diario “El Tiempo” de Lima comentaba y planteaba una serie de interrogantes sobre la actitud de los propietarios; y decía:
¿Cómo juzgar que la acción del propio gamonalismo puede contribuir a extirpar anomalías delictuosas propias del mismo gamonalismo? Tras el simulado aspecto de asamblea, inspirada por un alto sentido de justicia, equidad, de armonía, estará latente el más arraigado deseo en el espíritu del gamonal de cautelar sus intereses materiales, formados a base de la expropiación fraudulenta de la propiedad comunal y con el fruto de un sistemático pillaje45.
Finalmente, los propietarios se dirigieron al patronato de la Raza Indígena, en buscas de estrechar sus relaciones con la finalidad de colaborar en la solución de los problemas campesinos. Se abrieron varios frentes, en actitud simuladamente paternalista preocupados fundamentalmente por la situación cada vez más conflictiva de la masa campesina.
La agudización de las contradicciones llegó a tal magnitud que estalló violentamente con la invasión de las haciendas, seguida desde luego por una feroz represalia por medio de la gendarmería de los terratenientes así como la del gobierno originándose una verdadera masacre de quienes trataron de recuperar sus tierras y cambiar la situación de opresión en la que aún se encontraban.
Según las versiones oficiales dadas por el Subprefecto de Huancané, señor Arturo Carpio aparecía en el diario de Puno “El Eco”, los sucesos se iniciaron en la comunidad de Huancho; los indios de esta comunidad iban de ayllu en ayllu intimando a la sublevación, so pena de incendiar sus cabañas y robarles sus ganados.
El movimiento contó con la participación de más de doce mil campesinos. La situación era incierta. La gendarmería por disposición del Subprefecto se trasladó hacia el distrito de Vilque Chico en busca de los sublevados. Mientras tanto en la ciudad de Huancané se organizó la guardia urbana y los campesinos se ubicaron en lugares estratégicos para tomas la ciudad. Se ubicaron a seis cuadras de la ciudad tocando trompetas, pututos, tambores y gritando de manera infernal refiere el prefecto.
Donde se acentuó más el movimiento fue en la zona de Vilque Chico, allí se enfrentaron con la gendarmería, muriendo los tenientes gobernadores de Inchupalla y Huancané. El alférez Zuñiga fue gravemente herido; esto significó un truinfo inicial de los campesinos lo que provocó la reacción del Gobierno de Lima, quien ordenó el desplazamiento de los regimientos 9 y 15 del ejército con 100 soldados al mando del mayor Luis Vinatea y del capitán Segura quienes auxiliaron a los 30 gendarmes que se encontraban contrarrestando el movimiento iniciándose de inmediato una gran represión, destruyendo todo cuanto significaba pertenencia del campesino sublevado.
El Subprefecto Arturo Carpio denunciaba la miseria en que se encontraban algunos propietarios como Casimiro Ayala, Gerardo Tapia, Francisco Zevallos, Samuel Zúñiga, Carlos Gironsini, Teodoro Vargas, Aurelio Álvarez, Antolín Carpio, Teofilo Vargas de los cuales varios de ellos fueron tomados prisioneros por los campesinos y obligados a vivar por los líderes de la oposición al gobierno como los diputados Encinas y Durán. Asimismo, el Subprefecto no vaciló en acusar a dichos políticos como responsables y autores de este movimiento.
Al respecto Rivera (1922) decía:
El movimiento obedece a fines políticos, porque el hecho que los indios estén vivando a políticos de la oposición y por las cartas que también tengo en mi poder es de asegurar que agentes mal intencionados y políticos fracasados, son los que están en la danza, pensando seguramente dañar al gobierno, sin soñar siquiera que estas revueltas redundan en perjuicio de la nación y el orden(p. 16).
Asimismo, acusó a la Federación de Campesinos de Huancané, la institución integrada por campesinos que solo buscaban mejorar su situación y bajo la influencia de otras personas buscaban la destrucción de la propiedad privada. Dice finalmente, que las escuelas campesinas son los lugares donde se organizan estas revueltas.
De esta manera toda la responsabilidad tiene el campesino y la participación del terrateniente como agente destructor no es reconocida. Esto justificaría la fuerte represión que se intensifica después de cualquier rebelión.
En Huancané había que destruir las escuelas, anular las organizaciones campesinas a fin de garantizar al terrateniente amplia libertad para seguir cometiendo sus exacciones. Fue Carlos Condorena Yujra quien denunció el estado general del campesinado de Puno, después de la rebelión, quienes solo lograron mayor explotación y el subprefecto continuó en su cargo a pesar de las serias denuncias que se presentaron en contra suya. Este delegado que representaba a las comunidades de: Ananasasaya, Munaipa, Tirapunco, Quisic, Chicasco, Cupe, Hilata y Llilline del distrito de Inchupalla; Acjtia del distrito de Cojata; Cazador, Altos Hilata y Ninantaya del distrito de Vilque Chico; Cupi, Iscca-Sullcata, Condorqacque y Pujjuini del distrito de Huancané, denunciaba la existencia de algunos casos concretos que ponían en evidencia que la situación en Huancané se agudizaba cada vez más.
Es el caso de la hacienda Trinamayo, donde los terratenientes Eufrasio Salas y Lucas Darío Carpio se habían convertido en amos y señores de toda la zona, realizando labor semejante a la de la “Inquisición española”. En la hacienda Ccalauyo, de los mismos latifundistas denunció la existencia de un ejército bien armado con lo que incursionaba en las tierras de los campesinos para desalojarlos y apropiarse de sus pertenencias, aún de lo más indispensable para subsistir. No se conformaban con arrebatarles tierras y ganado, sino trataban de desaparecer a todos los que sostuvieran sus títulos de propiedad sobre esas tierras.
Los terratenientes actuaban con mayor efectividad, porque contaban con el respaldo que les confería el poder político. En Azángaro los gamonales Lizares Quiñones –uno de ellos representante parlamentario-, entraron en coordinación con los hermanos Lucas y Arturo Carpio de Huancané, uno de los cuales era subprefecto de la provincia. Sus relaciones políticas se extendían a nivel departamental y nacional. Condorena denunciaba la sistemática muerte de 200 campesinos y las presiones que ejercían sobre los demás campesinos con la finalidad de que abandonaran sus propiedades y refugiarse en Bolivia, donde era notoria la migración de campesinos puneños.
Los antecedentes de los hermanos Carpio se registran desde años anteriores. Se precisa que el 11 de marzo de 1922, como fecha en que, acompañados de sus propias fuerzas y ayudados por la gendarmería, incursionaron en la parcialidad de Lloccolloco donde maltrataron cruelmente a sus pobladores y destruyeron los locales escolares, flagelando a los niños que concurrían a la escuela.
Hay que advertir que tenían el apoyo de los demás terratenientes; tal es el caso de Ramón Alemán Cornejo y del Juez Isaac Meza pero la influencia de los latifundistas se dejaba sentir hasta en las esferas judiciales del departamento, donde las quejas de los campesinos eran desoídos y, en cambio, merecían todo el apoyo las denuncias de los hermanos Carpio.
Es de notar que la reacción de todos los gamonales es conjunta cuando se encuentran frente a la denuncia masiva de los campesinos. De inmediato se acusa de fomentar la sublevación y el caos. En Puno formaban una verdadera liga de defensa de los intereses de los latifundistas. Destacaban, en dicha actitud, Ayala, Tapia, Zúñiga, Lizares Quiñonez y Teodoro Vargas, a quienes se responsabilizó de todos los sucesos y muertes ocurridas en Samán, Arapa y Caminaca donde en 1911 se sacrificó a más de dos mil campesinos en un solo día46.
Ante esta situación, ellos solicitaban en nombre de todas las comunidades de Puno la formación de una Comisión integrada por representantes de los tres poderes del Estado, para que informara sobre las denuncias e investigara la situación de las escuelas y del proceso de industrialización de la región. A esto añadían que era necesario, para que hubiese estabilidad social, la inmediata destitución del Subprefecto de Huancané, señor Arturo Carpio, ya que este constituía un gran insulto e inminente amenaza para la paz y la tranquilidad de los indígenas de Huancané.
En el Patronato, las solicitudes de las comunidades de Huancané abundan y todas coinciden en señalar que el conflicto del año de 1923 solo sirvió para la intensificación de las represalias de los terratenientes, más no así para hallar soluciones de ninguna clase a la situación real. Es por ello, que en los años de 1928, 1929 y 1930 aumentaron considerablemente las quejas de diferentes comunidades, exigiendo soluciones favorables para los complicados o calumniados alevosamente por los sucesos de Huancané que en su mayoría eran campesinos inocentes, y que se dictasen los castigos merecidos para los responsables directos y gestores de estos sucesos sangrientos, es decir, los terratenientes que aún continuaban con plena libertad y con mayor ímpetu que antes, realizaban exacciones contra los campesinos.
Este tipo de acusaciones procedían, por ejemplo, de los ayllus de Allikama, Rini, Chacopata y Chuculakaya, pertenecientes al distrito de Vilque Chico, provincia de Huancané. Ellos a través de un memorial, hicieron saber a las autoridades del Patronato de Puno la:
anómala situación producida en Huancané desde diciembre de 1923, en que el equilibrio social revistió carácter de excesiva gravedad, por el derramamiento de sangre que se originó, la que no ha llegado a lograr su equilibrio que necesita para que los indígenas comuneros podamos entregarnos al trabajo tranquilo que genere la prosperidad de la familia. Las numerosas garantías que se conceden por las autoridades se hacen ilusorias. Las molestias que originamos al Patronato Indígena consiguiéndose ser benevolente atendidos son nada más que para recargar sus labores. Generalmente el señor subprefecto de la provincia reduce su labor y la atención que debe prestar a una mera fórmula de papeleo. Se agita el hondo problema de la propiedad, el desequilibrio producido por la posesión inestable. Los comuneros dueños de heredades no estamos seguros de sostener nuestro derecho de propiedad. El latifundista personalmente o por medio de los indígenas sometidos por la violencia o el engaño, nos ataca y desalojan de nuestras parcelas, frecuentemente mediante los saqueos y el robo. Tal ocurre con nosotros en Vilque Chico, donde don Ángel Espinoza mediante toda clase de crímenes se ha propuesto expulsarnos y expulsar a todos las familias que no se someten a su voluntad. Y esta situación no es única, se ha propagado por toda la provincia con caracteres que ofrecen consecuencias graves”47.
Cuando el tenor de este expediente llegó a conocimiento de la Junta Central, en el seno de la misma se produjo un intenso debate. El Dr. Maguiña opinaba que el error de lo que se está viviendo en Puno, era la consecuencia de la Ley de 1893 por la que se autorizaba la venta de terrenos realizada por campesinos analfabetos. Por su parte el Dr. Málaga creía que la agitación de Huancané era cuestión de policías que controlaran la situación. Sostenía que “hay esclavos, que se utilizan los indios para obligarlos a emigrar…que esos gamonales tratan a los indios peor que a las bestias y que por los datos que tiene del famoso movimiento de 1923, se llegó hasta a enterrarlos vivos”48.
El mismo Málaga sentencia, enseguida, que la acción del gamonalismo ha llegado a desaparecer pueblos enteros. A su vez el Dr. Maguiña decía que en varias oportunidades había sido designado para informar sobre lo sucedido en Huancané y sin embargo la situación se mantenía igual y aún con mayor intensidad que antes. Esto sucedía porque las comisiones que tenían carácter permanente y tan pronto concluían sus investigaciones y se retiraban del lugar de los hechos, reanudaban los terratenientes sus actividades negativas. A esto agregaba el Dr. Málaga, que se presentaba este fenómeno en forma invariable porque se tenía miedo de aplicar el remedio definitivo.
Por último, el Presidente, Monseñor Lisón, proponía una serie de medidas transitorias, como: la creación de una comisión que levantara los planos catastrales, la realización de actos conciliatorios y la sugerencia de que en caso de no arrojar resultados positivos, el gobierno debería de actuar enérgicamente procediendo, si fuera posible, a la expropiación para poder solucionar el conflicto social surgido. Estas medidas transitorias se aplicarían en tanto se estudie una reforma de la Constitución. Sin embargo, todo cuanto se había planteado quedaba en suspenso hasta que el Dr. Maguiña presentara un informe sobre la situación real del campesinado de la zona y, sobre esa base, debería sugerirse soluciones convenientes y definitivas.
Anteriormente, en abril de 1927, se había formado ya una comisión compuesta por el Presidente de la Junta de Puno e integrada por los señores José Bravo, Pedro Noriega del Águila, miembro del Patronato Central. Esta realizó sus investigaciones en el lugar de los hechos y su conclusión final fue sugerir que era necesario gestionar una amnistía general para los detenidos por el motivo de los sucesos. Puesto a discusión el informe, se objetó que no se podía dar la amnistía general que recomendaba la comisión, por tratarse de delitos comunes. Por tal razón, el asunto pasó a consideración de la Corte Superior de Puno para que siguiera su cauce normal. Por otro lado, se pedía, solicitar al Ministerio de Justicia que, de acuerdo con sus facultades constitucionales, ordénese la libertad de los detenidos o si fuera posible, se decretase una amnistía general para todos los presos49.
Por otra parte, el mismo Maguiña, en anteriores oportunidades señalaba como causa de los movimientos campesinos los siguientes:
- La acción de la trinidad embrutecedora del indio, esto es, terratenientes, gobernadores y jueces de paz y curas.
- Las multas que se aplicaban bajo cualquier pretexto.
- Los abusos que se cometen por recaudación de impuestos fiscales y municipales.
- Las faenas gratuitas en obras públicas.
- La administración de sacramentos.
- El fomento de las fiestas religiosas.
Por otro lado, el Dr. Salazar y Oyarzabal, Prefecto de Puno señalaba como causa de los movimientos campesinos las que siguen:
- El pago de la contribución predial.
- La recaudación de impuestos: mayorazgo, sisa y daño de ganados.
- La inscripción y el sorteo militar.
- La usurpación de terrenos.
- Los trabajos forzados en las obras públicas.
- El sistema de los alcanzadores que van tras de los campesinos para vigilarles y controlarles la venta de lana a precios exiguos.
- Los servicios gratuitos prestados a los funcionarios, jueces, curas y particulares o terratenientes. (Informe del Prefecto de Puno)
Al Fiscal de la Corte Superior de Puno, aplicación más cabal del problema partía de una presentación de los grupos sociales de la región, estas eran:
- Los pequeños propietarios que viven en comunidad (ayllus) que comprenden: 506 ayllus por cien habitantes por cada uno hacen un total de 50,600 habitantes.
- Colonos al servicio de los latifundistas o gamonales (asalariados) había 4,215 latifundios por 60 habitantes en cada uno, haciendo un total de 252,900 habitantes.
Los que no tienen tierras, ni prestan servicios como colonos. Estos son obreros y comerciantes, sirvientes de los ayllus y eran cantidad de errantes de estos últimos proceden los ladrones y los que delinquen por necesidad (Valdelomar 1923, p.16).
Esta misma autoridad consideraba como causas de los conflictos campesinos las que a continuación se señalan:
- Principalmente el hambre y el alcoholismo.
- Secundariamente el latifundismo con sus costumbres de locación y aparcería.
- El odio del campesino colono hacia su patrón.
- La ociosidad habitual del campesino.
- El aumento explosivo de la población campesina.
- La ignorancia del campesino y
- La inescruposilidad de la mayor parte de las autoridades que consentían y alentaban toda explotación contra el campesino.
Las dos últimas autoridades aludidas anteriormente: Juan de Dios Salazar y Anfiloquio Baldelomar, relegaban a un segundo plano la injerencia de los terratenientes como factor determinante de los movimientos campesinos. Así vemos, por ejemplo, que mientras que para Salazar la causa fundamental se encontraba en los impuestos que recaían sobre el campesinado; para Baldelomar, éste provenía del “hambre y el alcoholismo”.
La sublevación de Hankoyo
Una de las sublevaciones indígenas poco conocidas es la famosa rebelión de la hacienda Hankoyo, contra su propietario el gamonal Pío León Cabrera, en la provincia de Sandia, la más aislada y remota región del Altiplano. La sublevación de Hankoyo es importante por los sucesos en sí, se trata de una rebelión de colonos, que luchan no solamente por recuperar sus tierras usurpadas, sino contra los sistemas de trabajo que impuso el gamonal Pío León Cabrera. Además, el gamonalismo que practicó Pío León fue muy especial, pues combinó el de los gamonales terratenientes, con el de los gamonales autoridad.
Además, la ligazón con la coyuntura política de su época adquiere otro carácter y no tiene importancia nacional, y parece más bien tratarse de un problema de aldea, de un asunto producto de odios y rivalidades lugareñas. Igualmente, es el único caso en un que un gamonal terrateniente y autoridad al mismo tiempo, llegó a ejercer un dominio tan complejo sobre una región.
En la guerra civil de 1895, siendo éste pierolista, derrotó a las fuerzas caceristas. El triunfo de la coalición sirvió para catapultar a Pío León Cabrera en personaje fundamental de la provincia de Sandia el 22 de agosto de 1895, fue nombrado por primera vez subprefecto de Sandia. Pocos días después y para reforzar más aún su poder personal, fue nombrado en la Junta de Notables de la provincia de Sandia, con lo que terminó ejerciendo funciones políticas y municipales. A partir de esa fecha, en muchos periodos y bajo distintos regímenes políticos, ejerció la Subprefectura de Sandia, hasta convertirse en el hombre más rico de la provincia. Fue Subprefecto y gobernador de Sandia prácticamente desde 1895 hasta 1914, casi veinte años. Pío León Cabrera murió en Arequipa, el 9 de agosto de 1917, poco después de la sublevación de Hankoyo, y cuando aún era el gamonal más importante de la provincia de Sandia.
Pío León Cabrera se enriquece utilizando un mecanismo de explotación, valiéndose de dos factores concurrentes, su condición de eterno subprefecto y gobernador y la utilización de los sistemas prehispánicos y coloniales de reciprocidad que obligaban a los comuneros a trabajar para las autoridades.
Pío León tuvo el acierto, desde su punto de vista gamonal, de combinar la compra de tierras por medios coercitivos, la expansión sobre las tierras comunales por la fuerza o el dolo, con la utilización de los mecanismos del gamonalismo propio de las autoridades, hasta llegar a establecer en Sandia un verdadero imperio gamonal, valiéndose de su poder político para usufructuar las riquezas de la provincia.
Explotaba el trabajo gratuito de los campesinos en los “yanasis” (tierras del Estado), obligándoles a sembrar, cosechar y transportar para él las cosechas, obligaciones que le “debían” los comuneros como autoridad. Explotaba la ganadería en los terrenos usurpados o comprados dolosamente, con alpacas y ovejas, mediante siervos pastores que vivían en cabañas llamadas “p´utucos”. En cada una de ellas, cada familia cuidaba un rebaño de alpacas u ovejas de más o menos 300 cabezas a más, vigilada por los mayordomos, rodeantes y administradores.
Además, Pío León cobraba tributos a todos los indios de Sandia dos veces al año, el mismo que era pagado en gallinas, corderos, papas, y aún dinero. Cada alcaldía ordinaria comprendía varias comunidades, y los pobladores de casi todos los distritos de sandia trabajaban fratuitamente para Pío León, no propiamente como siervos de hacienda sino como sometidos a su autoridad política.
Como se puede ver, Pío León utilizando las costumbres ancestrales de servicio gratuito a las autoridades había logrado combinar en su beneficio, tanto el gamonalismo-terrateniente, como el gamonalismo-autoridad, pues prácticamente todo el proceso de producción de la provincia de Sandia hacia 1910 estaba controlado por los gobernadores y alcaldes en beneficio del eterno Subprefecto o Gobernador de Sandia.
Los campesinos de Sandia habían sido en dos décadas convertidos en colonos y con los sucesos de otras rebeliones que se dieron en el departamento de Puno también había llegado al lejano latifundio Sandino hacia febrero de 1917 y ya existían indicios de que por fin los campesinos de Hankoyo se preparaban para responder con la violencia ante tanto abuso de explotación y tiranía de Pío León Cabrera. La casa-hacienda de Hankoyo estaba situada a 14 leguas de Sandia no tenía protección y el Subprefecto de Sandia, Serapio Jaén, ante los rumores de una rebelión solicitó desde marzo de 1917 auxilios a las autoridades departamentales de Puno; una atmósfera de violencia ya empezaba a insinuarse, ante las expoliaciones de Pío León.
La sublevación se realizó al amanecer del 8 de abril de 1917, día de Pascua de Resurrección. A las 5:30 p.m. aproximadamente, 230 indios, algunos de ellos armados con carabinas, rodearon el caserío de Hankoyo, la mayoría provistos de rejones, palos y zurriagos. Según Ramos Sambrano eran indios de los distritos de Patambuco y Phara, además de algunos campesinos venidos de Huancané. Los habitantes del caserío fueron totalmente sorprendidos por un sigiloso ataque y masacrados en su totalidad y condenados a morir encerrados en las habitaciones que luego les prendieron fuego, de esta manera fueron muertos todos los habitantes de la hacienda Hankoyo.
El caserío quedó totalmente quemado y destruido para siempre, nunca se volvió a reedificar ni ocupar. Como dirigentes del exitoso asalto a Hankoyo se señaló a Feliciano Cornejo Castro, vecino de Patambuco, a Mariano y Cayetano Bellido de Puna ayllo y a Feliciano Paz. Como en otras sublevaciones, los indios en este caso actuaron cuando los agentes externos los animaron a la sublevación y quizás les garantizaron la impunidad, pero el motor profundo de los hechos trágicos de Hankoyo fue la insoportable tiranía que soportaban los colonos de Pío León y el odio de clase que éste había generado, con sus abusos y su incontrolada codicia. La casa-hacienda de Hankoyo destruido, quedó abandonado para siempre, los Cabrera no se animaron a reedificarlo y más bien construyeron otro nuevo en Waqchani, nombre que tomó la hacienda después de la sublevación.
CONCLUSIONES
Los movimientos campesinos de Puno ocurridos en el siglo XX, si bien es cierto, se encuentra inmerso en las luchas agrarias, tuvo sus propias causas y particularidades en sus métodos de organización y lucha para enfrentar al gamonalismo-latifundista y a la servidumbre. Dicha causa no puede ser entendida sino teniendo en cuenta dialécticamente su contrapartida: la expansión de las haciendas, la violencia de los terratenientes-gamonales y los abusos de las autoridades locales de distritos y villorios, pues los movimientos o sublevaciones campesinas son una respuesta, un mecanismo de defensa, la antítesis de otro fenómeno anterior y paralelo que es toda acción genera una reacción, la misma que se cumple real y efectivamente en la vida social.
De modo que a las diversas causas eficientes: restablecimiento de la contribución indígena, expansión de las haciendas, vía la usurpación de las tierras comunales por la violencia, le siguen reacciones en que la masa campesina se defiende de lo que considera una agresión a sus derechos, las movimientos campesinos del Altiplano de Puno, no son acciones espontaneas, sino todo lo contrario, la contrapartida dialéctica de hechos anteriores y sustancialmente, cómo la educación del indio que fuera una aspiración, se convierte en un elemento poderosos, pues ella predicaba, que el campesino no saldría de su postración si es que el Estado no les proporcionaba las escuelas y colegios que debían de extenderse por todo el departamento de Puno, es decir, el campesino debería de aprender a leer y escribir, a hablar el castellano, para de esa forma enfrentarse en mejores condiciones a sus explotadores los gamonales y poner fin al sinnúmero de abusos de que eran víctimas (Cuentas, 1970; Encinas, 1909; 1910; 1932; Ministerio de Educación, 1970; 1950).
Consideraciones éticas y financiamiento Conflicto de intereses / Competing interests:
El autor declara que no incurren en conflictos de intereses.
Rol de los autores /Authors Roles:
No aplica.
Fuentes de financiamiento / Funding:
El autor declara que no recibió un fondo específico para esta investigación.
Aspectos éticos / legales; Ethics / legals:
El autor declara no haber incurrido en aspectos antiéticos, ni haber omitido aspectos legales en la realización de la investigación.
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