La educación como instrumento para la erradicación de la mutilación genital femenina

Educar, conforme a la Real Academia Española (2014), es “desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos” (definición 2). También en este sentido debe acotarse que la educación “consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, aprender de otros” (León, 2007, p. 602).  Es por ello que, conforme a las afirmaciones anteriores, el proceso educativo no sólo ha de configurarse como un camino para preservar saberes académicos, sino que también es una herramienta para perpetuar convencionalismos sociales, provocar cambios de paradigmas, encauzar conductas inadecuadas, proteger el acervo social, cumplir con los fines del Estado, entre otros.

De acuerdo con León (2012), “la educación busca la excelencia y la felicidad humanas desde muy temprano, y no termina. Es permanente” (p. 4), por lo cual a través de su implementación se orienta a potencial la integralidad del ser humano. De esta forma, el acto educativo se transforma en agente para los cambios positivos que se requieren socialmente. Uno de esos cambios que se puede promover es lograr la protección de los grupos humanos más vulnerables, pues incluso al considerárseles como débiles jurídicos, la educación puede iniciar la reconducción de percepciones que se tengan en diferentes culturas, con lo cual incluso pueden adaptarse a este propósito las normas jurídicas que se redacten en un territorio determinado.

Uno de los colectivos que históricamente han sido minimizados en distintas áreas, es el de las mujeres. De hecho, aún en el corriente año, desde reseñas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (2020) se sostiene que existen “muchas niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres que son silenciadas o son invisibilizadas” (p. 1) e igualmente se expresa que, al perseguir la igualdad de este segmento poblacional, se refiere especialmente a la equidad que debe existir en cuanto a los derechos que poseen por su condición humana.

De hecho, en virtud del preámbulo en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer gestado en la Organización de Naciones Unidas, ONU (1979) “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz” (p. 1). Por esta razón el resguardo de la integridad física y psíquica de las mujeres es fundamental para que, de forma mancomunada con sus pares masculinos, construya un entorno justo y equilibrado donde todos puedan desarrollar libremente su personalidad.

Sin embargo, en distintas latitudes del mundo aún persisten amenazas sobre las féminas. Uno de esos peligros se encuentra determinado por la práctica de la ablación o mutilación genital femenina. Sobre ella, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA (2019) ha aclarado que, entre otras razones, obedece a razones culturales y sociológicas, pues   “La MGF es vista como parte del rito de iniciación que marca la transición de niña a mujer y como una parte intrínseca de la herencia cultural de una comunidad” (p. 1), y es por esta afirmación que la educación se  convierte en factor determinante para actuar en cuanto a la perpetuación de esta costumbre o la reconducción a un cambio de concepción sobre la materia.

Con la idea anterior en cuenta, es pertinente citar a Hernández (2017) cuando expresa que “la educación como factor transversal que imprime todos los aspectos de la sociedad y de las actividades humanas es considerada la mejor forma para llevar a esa sociedad a estadios superiores de desarrollo, democracia, solidaridad y participación” (p. 1). Así se entiende que los avances de la sociedad están interconectados con el cambio educativo, y es por ello que debe aceptarse su alcance al momento de cambiar paradigmas como los conectados a la práctica tema de este artículo.

En atención a todas las consideraciones previas cabe preguntarse entonces: ¿qué es la mutilación genital femenina (MGF)?; ¿Cuál es la importancia de erradicar este procedimiento dirigido hacia las mujeres?; ¿cómo puede la educación ser un factor determinante para detener la práctica de la mutilación genital femenina? Y al elaborar estas interrogantes, pueden construirse los propósitos de la investigación realizada.

El propósito general de este estudio fue ilustrar la utilidad de la educación como instrumento para erradicar la mutilación genital femenina. Por otra parte, los propósitos específicos concebidos para el texto fueron: 1) exponer las consecuencias de la mutilación genital femenina, 2) establecer el papel de la educación en la reconducción de comportamientos sociales no adaptados a la protección de los derechos humanos sobre las mujeres en el marco de la ablación genital femenina y, 3) determinar el rol de las actividades educativas para la promoción del respeto a la integridad física y psíquica de la mujer. Es este entonces el punto de partida para la redacción del presente artículo.

El artículo fue realizado conforme con el paradigma cualitativo de investigación, pues se realiza el análisis de un fenómeno para comprenderlo. Sánchez (2019) indica que “la investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo” (p. 104). En este caso se estudia el papel de la educación para erradicar la mutilación genital femenina.

En función de lo antes afirmado, se hizo una investigación documental enriquecida por fuentes secundarias de información. Sobre ella Brito (2015) apunta que “…el investigador analiza los distintos fenómenos de la realidad obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales” (p. 8). En cuanto a su tipo específico, el website de soporte para empresas multinacionales QuestionPro (2020) lo denomina como investigación documental informativa porque “se encarga de mostrar la información relevante sobre un tema específico que viene de diversas fuentes sin aprobarlas” (p. 1). Aparte es necesario indicar que la indagación bibliográfica de este artículo, consta de lo siguiente:

Investigación documental cualitativa…centra su interés en el presente o pasado cercano. Conocer un fenómeno social y cultural a partir de textos escritos (por ejemplo, sobre el problema de género, se podría estudiar la legislación sanitaria, la prensa, las asociaciones de mujeres, etc. (Universidad de Jaén, 2020, p. 1).

En aras de alcanzar dichas metas, se utilizaron técnicas para manejo y desglose de documentos como: observación documental, subrayado, lectura en profundidad y resumen analítico. Aparte se realizó un análisis crítico como factor de cohesión en el texto.

Con el propósito de redactar estas líneas, se encontró material para la exposición de la mutilación genital femenina como un procedimiento que depende, entre otros, de factores culturales. A continuación, se presenta la esquematización y explicación del soporte teórico constitutivo como hallazgo y recabado para lograr los objetivos propuestos en la investigación.

3.1.            Generalidades de la mutilación genital femenina.

La MGF “es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen” (Unicef, 2020, p. 1) y esta acción se traduce mayormente en la eliminación absoluta o parcial de los genitales externos de la víctima. Sobre esta práctica, Ontiveros (2019) sostiene que de acuerdo con Naciones Unidas una de cada veinte niñas y mujeres ha pasado por esta operación, por lo que se computa un aproximado de 200 millones de ellas que han sido afectadas por tal trance.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, específicamente de la Oficina sobre salud de las mujeres (2019) la prevalencia de la MGF  “…suele darse en partes del norte y centro de África, en la región subsahariana y en algunas regiones de Oriente Medio y Asia” (p. 1). Sin embargo, ha de aclararse que, como consecuencia de los fenómenos migratorios mundiales, lastimosamente la ablación se ha visto diseminada por diferentes territorios donde típicamente no se tenía registro previo de mayores incidentes. La Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) estima que “se tiene noticia de algunas formas de mutilación genital femenina en otros países, en particular entre determinados grupos étnicos de América Central y del Sur” (p. 1), y también por la movilización de personas, hay referencias de féminas que han sufrido MGF aun encontrándose fuera de sus países de origen.

Incluso a pesar de que en Europa se encuentra prohibida y penada la práctica de la ablación, existen referencias de que “en los centros sanitarios españoles ya llevan años detectando esta práctica a las que son sometidas las niñas por presiones sociales, culturales e históricas, cuando vuelven de sus países del África subsahariana, de Oriente Medio y Asia” (La Vanguardia, 2017, 1). Así se observa que, por acción de las usanzas en los pueblos, se puede convertir a la mujer en víctima de este tipo de acción preservada socialmente a pesar del traslado por migración, pues familias que han crecido con estas creencias ejecutan la MGF al visitar sus territorios de origen.

Aparte, las niñas y mujeres de ciertas poblaciones indígenas que sufren de esta lesión. Puntualmente, indica Telesur (2019) que “De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Colombia es el único país de América Latina en el que se practica la mutilación genital femenina, cuyas víctimas son niñas indígenas (p.1). Sobre esta ilustración aclara Tobella (2015) que es la etnia embera-chamí la que sostiene esta práctica de forma cultural por considerar el cuerpo de la mujer como un espacio casi sagrado, así que se han documentado diversos casos de daños producidos a miembros de este segmento por dicho fenómeno. Como se ve, este procedimiento se encuentra más extendido que lo que comúnmente puede creerse.

Con respecto a los tipos de mutilación genital, se ha establecido la siguiente clasificación:

·         Tipo I: Resección parcial o total del clítoris y/o del prepucio (clitoridectomía).

Cuando es importante distinguir entre las principales variaciones de la mutilación de tipo I, se proponen las siguientes subdivisiones: tipo Ia, resección del capuchón o prepucio del clítoris solamente; tipo Ib, resección del clítoris con el prepucio.

·         Tipo II: Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores (escisión).

Cuando es importante distinguir entre las principales variaciones documentadas, se proponen las siguientes subdivisiones: tipo IIa, resección de los labios menores solamente; tipo IIb, resección parcial o total del clítoris y de los labios menores; tipo IIc, resección total o parcial del clítoris, los labios menores y los labios mayores.

·         Tipo III: Estrechamiento de la abertura vaginal con la creación de un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores y/o mayores, con o sin escisión del clítoris (infibulación).

Tipo IIIa, resección y recolocación de los labios menores; tipo IIIb, resección y recolocación de los labios mayores.

·         Tipo IV: Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, tales como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización (OMS, 2020, p. 1).

La ablación genital femenina produce consecuencias a sus víctimas. De acuerdo con López (2015), existe un abanico de perjuicios que conlleva este procedimiento y entre ellos se tiene a los siguientes:

a)      Complicaciones inmediatas como fracturas, lesiones de órganos, hemorragias e infecciones.

b)      Incidencias tardías como tétanos, hepatitis o VIH, del mismo modo que genera dolores menstruales más intensos, quistes, fístulas o retención de residuos menstruales.

c)      La muerte, y sobre ella puede producirse el fallecimiento perinatal de una o dos personas en proporción a los 100 partos.

d)      Falta de mayor elasticidad al momento de dar a luz.

e)      Traumas psicológicos en cuanto a rechazo a su propia etnia, sexualidad o cuerpo. Las mujeres que son sometidas a esta práctica igual pueden desarrollar cuadros depresivos, episodios de terrores nocturnos. Las madres que admiten la operación sobre sus hijas pueden desarrollar cuadros de culpabilidad.

Por todos los motivos aducidos anteriormente, Unicef (2020) considera que la MGF es una violación a los derechos humanos en el campo internacional. Es por esta razón que, para su erradicación, la sociedad puede servirse de la educación como canal para generar conciencia acerca de las implicaciones de este fenómeno.

3.2.   La educación como herramienta para la reconducción de comportamientos

Conforme a la visión de Rodríguez (2011) “la enseñanza es un proceso cultural. En este sentido, las acciones que tienen lugar dentro de este proceso responden a unos supuestos culturales que modelan los objetivos predefinidos que marcan el contenido…” (p. 53). De esta forma se observa que en el acto educativo la cultura es determinante en él y éste, al mismo tiempo, la condiciona a ella.

La educación es, de acuerdo a lo expuesto supra, una forma de preservar usanzas y convencionalismos sociales, pero al mismo tiempo representa una práctica que puede generar cambios positivos. Como indica Arciga (2007) “una vez que la enseñanza es entendida como una especie de praxis, la responsabilidad de enseñar es una obligación moral que requiere más que un conocimiento técnico” (p. 86) y esto obedece a que de acuerdo a los conocimientos que se ayuden a construir, la sociedad puede evolucionar o involucionar.

Con fundamento sobre la orientación en valores que se debería promover en el acto educativo, se asume que reconducir conductas inadecuadas se traduciría en su deber ser, el cual Albornoz (1997) define como “aquello que se puede prever o exigir que suceda en base a determinadas norma a la cual se reconoce validez” (p. 37). En este caso la directriz debería ser el respeto hacia los derechos que tienen las demás personas, específicamente las mujeres.

Rodríguez-Mena y García (2003) estiman que las instituciones educativas deben adaptarse “de un medio para reproducir la sociedad, a una palanca para el cambio social” (p. 318). En ese canal para generar modificaciones convergen distintos factores que, a través de su combinación, producen tal consecuencia. Unicef (2020) indica que convergen aquí la planificación, la adecuación de recursos, las vertientes pedagógicas, la persona del docente, los administrativos y los ejes curriculares.

De hecho, se puede decir que todos estos hechos implican una especie de relación simbiótica porque “por un lado la educación colabora en el crecimiento de la sociedad y la sociedad también contribuye en la educación del niño” (Fernández, 2014, p. 1), es decir, que un elemento alimenta al otro. Así se entiende que los contenidos que se facilitan o las competencias que se promueven, constituyen una manera de condicionar al andamiaje social y de la misma forma este último conlleva a lo que se desea enseñar. La sociedad es una “agrupación natural o convencional de personas, son unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la cooperación de sus integrantes, con un fin general, de utilidad común” (Ossorio, 1998, p. 931) y debido a esta razón, son los aprendizajes que se promuevan los que ayudan a que evolucione o se estanque.

Igualmente, la educación va de mano de la sociedad porque es un derecho, el cual como se encuentra en Bou Franch (2003), se recoge en diversos instrumentos de carácter internacional por medio de los acuerdos que rigen a las naciones que los suscriben. Sólo por nombrar un ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU (1948) se estipula en su artículo 26.2 que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia…” (p. 5). La educación es, por lo tanto, jurídicamente, un catalizador para la promoción de los derechos fundamentales.

También en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la ONU (1966), estatuye en su artículo 13.1: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad” (p. 7).  Esto se relaciona con el tópico de este apartado porque las normas jurídicas regulan el comportamiento de los humanos en sociedad, por lo que con estas pautas se consolida el rol de la educación como promotora de la decencia dentro de las distintas comunidades.

Para cumplir con estos mandatos jurídicos, quienes participen del acto educativo deben tener clara la importancia que en él estriba porque condiciona a los pueblos. Esto implica que lo que se suscite en las instituciones académicas es crucial para consolidar cualquier práctica social, que de acuerdo con Núñez (2000) “resume la problemática del hombre y el mundo en el actual grado de evolución de la historia y el pensamiento humanos” (p. 14), por lo que ella puede ser reconducida en cuanto a sus elementos negativos mientras que por otra parte se refuerzan los positivos, siempre y cuando la educación cumpla con sus elevados fines.

Despertar la conciencia de las personas es determinante si se quiere provocar cambios sobre cómo sus acciones pueden modificar al mundo circundante y por eso “en la psicología social se establece con claridad que el sentido de la responsabilidad individual de una persona por una acción negativa…puede reducirse considerablemente cuando varias personas participan en ella” (Olweus, 1998, p. 64). De esta manera se entiende que las percepciones que tiene cada una de las personas, puede cambiar de forma positiva si el sistema (como el educativo), colabora para esto, con lo que se pueden provocar importantes transformaciones culturales que vayan en pro del respeto a los derechos humanos.

No en vano Alfaro (2000) anota que “desde una perspectiva pedagógica renovada y actual, la enseñanza es un proceso cuyo propósito fundamental es apoyar y orientar el aprendizaje del alumno a través de la mediación cognitiva que debe realizar el docente” (p. 9), mientras que Camps y Giner (2000) aclaran que “la base ética de la convivencia es el precepto ´no hagas a los demás, lo que no quieres que te hagan a ti” (p. 25). Con ello se observa que la acción docente es crucial para encauzar conductas inadecuadas y si en su función inculca que hay que dar trato paritario a los semejantes, se pueden impulsar los cambios desde la escuela o universidad a las afueras de ellas en aras de la replicación de esa máxima.

En este sentido para Díaz-Aguado y Medrano (2000), es necesario potenciar “una educación integral como la que se propone a través de…ejes curriculares” (p.9), pues ellos son un instrumento para canalizar valores, siendo que sobre ello Lucini (2000) expone que por la importancia que también revisten estos temas transversales para inculcarlos, conllevan “el gran reto del desarrollo del humanismo, es decir, en ser capaces de dotar de contenido humanista a la globalidad de nuestros proyectos educativos “ (p. 13). Por dichos motivos para generar cambios de conducta benéficos para la sociedad desde una perspectiva ciudadana, conviene combinar el trabajo entre Estado (a través de la promoción de un currículo alimentado por ejes transversales en valores) y capital humano.

Hicks (2000) comunica que la opinión de que “el aprendizaje debe ligarse a la fuerza vital del educando sitúa el desarrollo personal en la esencia del curriculum” (p. 45), por lo que, si en el acto pedagógico colaboran de forma combinada estos protagonistas junto con los demás, la génesis de una cultura en valores positivos de respeto hacia el prójimo podría resultar más efectiva. Dichos factores pueden acelerar mutaciones positivas sociales desde la escuela y también desde la educación superior, pues como señala Santos (2000) “la Universidad puede pulsar y conocer el curso de la acción educativa en los Centros y aulas” (p. 16), aparte que dentro de sus espacios se forman a los futuros profesionales que tendrán la responsabilidad de orientar a niños, adolescentes y adultos en el marco del civismo.

En el caso de este artículo, se propuso el estudio del uso de la educación para erradicar la MGF, pues ella es una forma de violencia que no debería existir en una sociedad globalizada como la del siglo XXI, en la que se propugna la defensa de los derechos humanos, ya que según Cruz (2000) “la violencia es desmesura en las relaciones que el ser humano mantiene consigo mismo y con el otro” (p. 142). Por lo tanto, se debe entender que, para lograr equilibrio en el trato social se tiene que respetar la integridad de todos independientemente de su sexo, orientación o identidad sexual, credo, etnia, status socioeconómico, estado físico, edad, ideología, entre otros aspectos diferenciadores. Dicha consideración es crucial para este texto porque “hoy existe una nueva confianza en la capacidad de la educación para luchar contra la discriminación” (Díaz-Aguado, 2000, p. 15) y en este sentido, idealmente afianza el respeto por el conglomerado femenino.

El proceso educativo puede ayudar a reconducir conductas inadecuadas e incluso, colaborar con la modificación de estructuras sociales o sistemas normativos en los países, por lo que correctamente aplicada potencia los logros sociales. Es por ello que debe considerarse que “muchos de nosotros somos enfrentados a cambios inesperados que representan una oportunidad de transformar y mejorar nuestra condición de vida” (Sepúlveda, 2005, p. 103), y así se entiende que desde las aulas cabe dicho reacondicionamiento y el mismo es necesario para romper con viejos esquemas que no coadyuvan al desarrollo humano.

3.3.            La educación como factor determinante para la eliminación de la mutilación genital femenina 

Como ya se ha observado, la educación puede estribar un cambio con respecto a la aplicación de la ablación genital femenina alrededor del mundo y muchos textos reseñan hechos concretos que se han ejecutado a tal fin. Unicef (2019) sustenta que el rol del Estado es fundamental para lograr la expansión de cultura contra la aplicación de la MGF y así indica que “para que resulten eficaces, en los planes deben incluirse partidas presupuestarias destinadas a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, educación, asistencia social y de carácter jurídico” (p. 1). En este sentido el proceso desde instituciones como escuelas y universidades debe partir, de acuerdo con los recursos que provea en estado, iniciando transiciones dentro del mismo proceso de aprendizaje, pues de esta manera se produce la modificación de paradigmas necesaria para que del mismo modo los legisladores al contar con conocimientos sobre el tema, adecúen los sistemas jurídicos que protegen a la mujer para combatir a esta lacra.

Es importante también que las sociedades estén al tanto de las consecuencias de esta práctica, por ello la replicación de información es determinante para conseguirlo. López (2018) ha escrito que:

Las asociaciones que luchan contra la MGF coinciden en señalar cuál es el arma más eficaz para su erradicación: la educación de las mujeres (puesto que son ellas las que realizan la MGF), de las familias y de los agentes sanitarios y sociales. En definitiva, la educación de toda la sociedad (p. 1).

Un ejemplo tangible de lo anterior es lo expuesto por Vicente (2019), quien apunta que en lugares como Kenia los programas para toma de conciencia sobre este problema, así como el reparto de combos anti ablación, actos simbólicos, entre otros, han servido para mitigar la práctica. Incluso los clubes-foros para mujeres han sido cruciales en esta región africana pues en ellos se discuten los efectos adversos de la MGF y esto ha conllevado que alguna potencial víctima se haya opuesto férreamente a que le realizaran el procedimiento. De hecho, es sabido que, en Kenia “el poder de los libros y la educación ha contribuido a reducir la ablación y los matrimonios infantiles, prácticas todavía presentes en algunas tribus como los samburu” (EFE, 2016, p. 1) por lo que se ve que el trabajo educativo es un agente para la catalizar importantes e históricos cambios.

La Fundación Apoyo Positivo (2016) considera que “la erradicación de la mutilación genital femenina y, por tanto, la defensa de los derechos de las mujeres y el respeto a su integridad física, pasa por legislar, pero también por educar y concienciar”, siendo que tal afirmación fue realizada en el marco de los cambios sobre este tema que a nivel parlamentario se han gestado en África. Esto es lógico puesto que nada se hace con cambiar las leyes si las personas desconocen sus contenidos y no se encuentran sensibilizadas con respecto a ellos.  

En territorios europeos como España, se han tratado de implementar protocolos que fomenten una reacción en cadena para prevenir la ejecución de la MGF. Ramos (2013), al preguntar cuál es la solución para controlar dicha situación en vista que migrantes la realizan cuando se trasladan a vacacionar en sus países de origen, indica que la educación es la respuesta de esta manera:

Si logramos convencer a los adultos de las terribles consecuencias que esta práctica conlleva para la salud de sus hijas, así como de la posibilidad de sustituir el ritual por uno sin violencia, no sólo evitaremos que cuando viajen a sus lugares de origen no mutilen a las niñas, sino que difundirán esa información entre sus familiares africanos (p. 1).

Con estas ideas, el gobierno de Colombia también ha usado las estrategias educativas para erradicar la ablación en la comunidad Embera Chamí. Hay que recordar que existe gran “importancia de trabajar más en la sensibilización… con talleres que imparten a profesionales y personas” (La Vanguardia, 2018, p. 1) y por ello capacitar al ser humano en este sentido es crucial para lograr la meta de suprimir la MGF para el año 2030. Desde este país se afirma que “con las comunidades indígenas estamos trabajando para que ellas mismas, mediante una reflexión y un diálogo traten de comprometerse a erradicar esta práctica que en realidad no da ningún beneficio a las niñas” (RCN radio, 2018, p. 1). Por esto el Ministerio de Salud (2020) se ha encargado de instruir a la etnia sobre la falsedad de mitos como que el clítoris puede alargarse hasta convertirse en un pene.

Así no resulta extraño que contra la ablación genital “…los expertos sólo ven un camino. Educación, educación y más educación. Para las mujeres y para los hombres. También para las comadronas y para el personal sanitario local” (Martín y Pérez, 2020, p. 1). En tanto se cultive a través de diferentes medios la oposición a la MGF, podrá de una u otra manera darse testimonio del impacto que tiene el acto educativo en la lucha contra la realización de este daño a mujeres adultas, adolescentes y niñas.

En atención a los propósitos de esta investigación, se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

1.      La MGF produce daños físicos y psíquicos difícilmente reversibles en las mujeres, por lo que no puede anteponerse una práctica por razones culturales a los derechos fundamentales que tienen las féminas.

2.      La educación es un medio para encauzar comportamientos inadecuados, por lo cual, a través de su potenciación, el Estado tendrá en sus manos una forma para consolidar la cultura del civismo y la empatía entre los miembros de su nación.

3.      El acto educativo puede ser determinante para erradicar la MGF si, de la mano con los cuerpos legislativos, se encarga de replicar las desventajas de su realización y favorece a través de diferentes canales e instituciones, el reconocimiento un verdadero empoderamiento de la mujer que tiene derecho sobre su cuerpo.

Igualmente se recomienda a las casas de estudios superiores y a las escuelas, que dentro de sus actividades organicen cursos, talleres, seminarios, jornadas y similares, a través de los cuales se informe a la población en general acerca de las implicaciones de la MGF. De esta forma se construirá una cadena para dar a conocer información crucial que ayude a comprender el por qué debe ser suprimido este procedimiento. Las clínicas de investigación y cátedras sobre el tema también serían de gran ayuda en el logro de esta meta.

Debe darse a la mujer el valor que tiene, porque las rancias estructuras que en anteriores siglos las consideraban como inferiores, han sido derribadas con la llegada del siglo XXI en la mayoría del planeta. Por eso no puede tomarse el cuerpo de ella como un objeto sobre el cual se puede aplicar cualquier mecanismo para condicionar su sexualidad o igualdad ante la sociedad. En la medida que todas las personas se comprometan a poner un grano de arena en miras a evitar la degradación de las féminas por medio de prácticas arcaicas como la que trata este artículo, se hará luz sobre la sombra de la ignorancia y, sobre todo, de la inequidad. Luchar contra la MGF depende del trabajo del Estado y los centros educativos, pero también son los ciudadanos quienes, como constructores de la sociedad, tendrán en sus manos la responsabilidad de hacer de este sueño una realidad.